Juan Marcelo Columba-Fernández
Semántica y construcción de sentido en el lenguaje político
La semántica según la definición clásica del filósofo norteamericano C. Morris, estudia la relación entre los signos y aquello que significan o evocan, es decir, sus referentes. Hace algunos meses, una destacada periodista cruceña en un interesante escrito titulado “La semántica política”, indicaba que en casos de proyectos políticos autoritarios como el del actual partido gobernante boliviano, la relación entre palabra y cosa designada se extingue y se transforma en engaño con el objetivo final de manipular políticamente a las masas. La apreciación de la autora es acertada, sin embargo, es válido hacer notar que esta relación de correspondencia entre palabra y realidad no es una característica constitutiva del lenguaje político. Esta relación, en las palabras emanadas desde las instancias de poder, es el resultado de una “construcción” de sentido de los actores políticos en función de una finalidad particular. No se trata de una “correspondencia traicionada” entre el signo y la realidad. Esta relación de sentido en el lenguaje político, encuentra interesantes elementos de reflexión en el reciente conflicto sobre la modificación del precio de los hidrocarburos en Bolivia y el uso de los términos “nivelación” y “gasolinazo”.
La mañana del domingo 26 de diciembre de 2010, siguiendo una mañosa tradición de anuncio de medidas impopulares durante los festejos de fin de año, el gobierno boliviano promulgó el Decreto No.748 mediante el cual suspendía la subvención para la gasolina y el diésel, originando así un incremento de más del 80% en el precio de estos carburantes. La población boliviana, después del “shock” inicial que implicó tal medida, reaccionó contundentemente realizando masivas movilizaciones urbanas que terminaron por forzar al gobierno a la derogación de esta catastrófica medida para la economía popular, pues significaba un incremento irracional en el precio del transporte público y de los productos básicos de consumo familiar.
Durante los cinco días de incertidumbre entre la promulgación y derogación del decreto, los bolivianos estuvieron sometidos a un martilleo continuo de “spots” televisivos y mensajes oficiales emitidos desde las instancias de poder donde los ministros del área, otras autoridades gubernamentales y simpatizantes del régimen, balbuceaban ineficaces justificativos para la adopción de la impopular medida económica. Una de las intervenciones “clave” que defendía el decreto, sincronizada con la declaración realizada por el Presidente boliviano desde una zona rural, fue la del vocero gubernamental quien insistió en que la medida en cuestión debía denominarse “nivelación” y no “gasolinazo”, haciendo surgir de esta manera una suerte de disputa semántica en la designación de la medida gubernamental.
Si bien el término “gasolinazo” no se encuentra inscrito en la más reciente versión del Diccionario de la Real Academia Española, su uso no es infrecuente y normalmente se entiende como un “alza”, “aumento”, “subida” o “incremento” en el precio de los hidrocarburos. La medida económica adoptada por el gobierno reactivó este concepto en la memoria colectiva de los bolivianos, en lo que los lingüistas llaman un proceso onomasiológico, donde se le asignó el nombre de “gasolinazo” a esta idea de incremento abrupto de precios. El término se puso en circulación y los gobernantes intentaron intervenir nuevamente sobre el lenguaje mostrando una actitud autoritaria que intenta normar el uso del término correcto para designar la medida. Paradójicamente, fue el propio Vicepresidente boliviano quien anunció el mentado decreto refiriéndose a “… un incremento de los precios de los líquidos: diésel, gasolina…”
“Llamar las cosas por su nombre” no es una actividad frecuente ni propia de la política. Para los actores políticos esta relación nombre-realidad es ajena a su ámbito porque intentan construir significados adecuados a sus objetivos de gobierno, no interesa en absoluto una correspondencia inequívoca con los hechos y cosas en el mundo sino que el término y su significado puedan crear una ilusión o imagen favorable al proyecto político que defienden.
En este sentido, el vocero y autoridades gubernamentales intentaron designar bajo el nombre de “nivelación” a la modificación en el precio los hidrocarburos. Este término, indexado en el diccionario de la Academia, significa “igualar” o “poner a igual altura dos o más cosas”. La construcción de sentido que el gobierno intentaba instalar en la opinión pública, era la de un precio que se encontraba por debajo de lo que debía y era necesario igualarlo a otros, los precios en el extranjero. Lo que callaron los tupidos gobernantes bolivianos es que los países limítrofes con los que se quería nivelar los precios, tienen un nivel de vida mucho más elevado que el de Bolivia y naturalmente este nivel de vida no podía ser “igualado por decreto”.
El caso de estos dos términos permite llegar a algunas conclusiones preliminares. Primero, el estudio del discurso o lenguaje político debe considerar sentidos producidos por el “uso” de los términos y expresiones, no así una correspondencia de constatación entre palabra y mundo real. El sentido del lenguaje político es fundamentalmente pragmático pues surge en la praxis del lenguaje y, al ser la política un campo de intervención y acción, debe considerar elementos contextuales como los interlocutores quienes construyen sentidos. En segundo lugar, en el caso aludido también cobra importancia el conocimiento cultural compartido de la población donde, el término “gasolinazo” y su concepto fueron reactivados en la memoria popular en base de experiencias previas. Tercero, la distancia entre la ilusión creada por el lenguaje político y la constatación de una realidad diametralmente diferente, sin correspondencia alguna, parece ser la causa de la ineficacia del discurso producido por los gobernantes bolivianos. La feroz oposición al decreto se encontró completamente justificada, ante una realidad económica donde el precio del transporte y los alimentos habían comenzado a aumentar sin control alguno; era imposible e inmoral aceptar esta imposición económica y semántica que el poder pretendía implantar en una población, hasta este evento, adormecida.
Finalmente, es importante destacar que los emisores políticos, en este caso los actuales gobernantes bolivianos desde sus lugares de poder específicos, elaboran un sentido conveniente a sus objetivos e intentan ponerlo en circulación en la esfera pública. El gobierno boliviano ha sido exitoso en la difusión de términos y expresiones de sentido impreciso como “descolonización” o “vivir bien” que se escuchan en la boca del más zafio de los partidarios del régimen, pero con la “nivelación” y con la economía en general, parece no haber tenido tal fortuna.