“Video-soborno”: Fiscales amedrentan a periodistas; gremios de prensa defienden vigencia de Ley de Imprenta

Terrorismo. Fiscal Soza conmina a periodista a violar Ley de Imprenta y revelar la fuente del video sobre ‘El Viejo’. Gremios alertan que el fin es amedrentar a la prensa.

image (De izq. a der.) Juan Javier Zeballos, Secretario Ejecutivo de la ANP, John Arandia, presentador de televisión de Cadena “A”, Marcelo Soza, fiscal asignado al presunto caso de terrorismo

El Diario



Fiscal Soza pretende amedrentar a periodista

Caso “video-soborno”

• Representantes de instituciones del periodismo sostienen que se debe respetar la confidencialidad de la fuente.

La convocatoria del Ministerio Público a declarar en calidad de testigo al presentador de televisión John Arandia fue criticada por instituciones del periodismo porque consideran que con esta actitud, el fiscal Marcelo Soza pretende amedrentar al periodista por haber difundido un video relacionado al caso Rózsa, donde Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, recibe un presunto soborno de 31.500 dólares para salir del país.

El fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, durante una entrevista en un programa televisivo nocturno, dijo que esta actitud “apunta al amedrentamiento de periodistas por un acto que se constituirá en un nefasto antecedente para el ejercicio de la profesión, en el cual los periodistas antes de difundir algún hecho noticioso tendrán que pensar dos veces, porque “cualquier fiscal nos llamará a declarar. Considero que es dañino para la democracia”.

“Están una vez más echando la culpa a los periodistas, como si los medios de comunicación y los periodistas fuésemos culpables del desajuste interno que parece mostrarnos el Gobierno, en sus más delicadas estructuras que en sus más sensibles aparatos está sufriendo una crisis”, sostuvo.

Por otro lado, tanto el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, como el presidente de la APLP, Ronald Grebbe, coincidieron en afirmar que “se debe respetar la confidencialidad de la fuente periodística, por ser el eje central del ejercicio profesional y fundamento principal de la Ley de Imprenta”.

Fiscal Soza conmina a violar Ley de Imprenta

En claro desconocimiento de la normativa vigente

Quiere que el periodista que dio a conocer el vídeo revele la fuente.

•Vulnerando el procedimiento penal, afirmó que el vídeo que muestra a Villa Vargas recibiendo dinero, no constituye una prueba.

• John Arandia y el Defensor del Pueblo fueron convocados a declarar

• ANP brindará todo su respaldo al canal y al director del programa.

Tras la filtración del video en el que se observa a Ignacio Villa Vargas, testigo clave del supuesto caso de terrorismo, recibiendo dinero, el fiscal de la causa Marcelo Soza, en claro desconocimiento de la normativa vigente, conminó a los medios de comunicación que difundieron la grabación a explicar cómo obtuvieron el documento.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos sostuvo que el fiscal Marcelo Soza está exigiendo violar la Ley de Imprenta, al pretender que el periodista John Arandia revele la fuente del video que muestra el (supuesto) soborno a Villa Vargas, denominado “El Viejo”.

El pasado jueves en la noche fue difundido en el programa “A todo pulmón” de la red televisiva Cadena A, el video que muestra el presunto soborno, imágenes que causaron amplia controversia entre autoridades de Gobierno, la oposición y la población en general.

Ante esta situación, en horas de la mañana de ayer, el fiscal Soza, aseguró que los responsables de los medios de comunicación que difundieron el video que muestra a Villa Vargas recibiendo dineros serán convocados por el Ministerio Público para establecer quiénes entregaron esos materiales.

En ese marco, líderes de la oposición afirmaron que en lugar de investigar la procedencia del dinero para sobornar a Villa Vargas y quiénes son los sobornadores, se estrella lamentablemente contra un canal televisivo.

El fiscal Soza afirmó que el presentador del programa “ A todo pulmón”, John Arandia está en toda la obligación de revelar la fuente que habría hecho llegar hasta este canal este video, en claro desconocimiento de la normativa vigente.

Para aclarar este aspecto, cabe señalar que los principios que fundamentan, la confidencialidad de la fuente, además de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el procesamiento de los periodistas por los Tribunales de Imprenta son pilares que están vigentes en la Ley de Imprenta desde el 19 de enero de 1925.

Por ello, Zeballos afirmó que las exigencias del fiscal Soza violan totalmente la Ley de Imprenta y no sólo que va en contra de esta Ley sino de todas las normas internacionales que defienden la Libertad de Expresión que ha ratificado el Gobierno boliviano. “Estos aspectos son lamentables, los periodistas no estamos obligados a dar la fuente de información de las noticias y las informaciones que recibimos, mucho más aún si la fuente da información correcta”, expresó.

El artículo 8 de la Ley de Imprenta, menciona que el secreto en materia de imprenta es inviolable.

Asimismo, el ejecutivo de la ANP calificó a las exigencias de Soza como amedrentamiento y un atentado a la libertad de expresión que al canal televisivo Cadena A se le esté pidiendo la fuente de información del video que ha recibido.

Zeballos dejó en claro que ante estos atropellos, la ANP brindará totalmente su apoyo a la red televisiva y al periodista John Arandia, porque esta institución apoyará a todo lo que signifique defender la libertad de expresión.

Finalmente, indicó que Arandia está en todo su derecho de negarse a dar la fuente de información; no hay ningún tipo de obligación pues la Ley de Imprenta es clara, norma que está en plena vigencia cumpliendo precisamente hoy 86 años de vida, por lo que se le hará un homenaje en la Asociación de Periodistas de La Paz.

CITACIÓN

El Ministerio Público convocó a declarar en calidad de testigo al presentador de televisión John Arandia y al defensor del Pueblo, Rolando Villena por el caso del video donde Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, recibe una presunta coima de 31.500 dólares para salir del país.

La información la dio a conocer ayer la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, quien indicó que las citaciones fueron emitidas por el representante del Ministerio Público asignado al caso del video de “El Viejo”, Edward Mollinedo.

Indicó que el periodista Arandia está citado para mañana y el Defensor del Pueblo para el día siguiente.

Asimismo, la fiscal mencionó que se notificó a Nuñez del Prado, quien resultó implicado en el hecho, también a Edson Ali Espinoza, cuya imagen aparece en el vídeo donde se entrega dinero a Villa Vargas.

En tanto, el fiscal Mollinedo confirmó las citaciones luego del inicio de las investigaciones para obtener información sobre este hecho. “De antemano se ha citado al señor Rolando Villena, Defensor del Pueblo y al señor John Arandia, asimismo, se solicitó información sobre la estadía del señor Nuñez del Prado, puntualizó.

Confirmó también que todas las personas que fueron citadas por los medios de comunicación están siendo buscadas por el Ministerio Público para citarlos, acotando que posteriormente se identificará a aquellos que entregan el dinero y que estableciendo la veracidad del video, inmediatamente asumirán otras investigaciones que amerite.

Apuntan a periodistas en el caso del video

La oposición exige se forme una comisión especial para garantizar la imparcialidad en la investigación. La Fiscalía General exige objetividad y celeridad en la investigación

image Posición. Marcelo Soza ofreció ayer declaraciones a la prensa en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

La Razón

El fiscal Edward Mollinedo citó ayer a un periodista de Cadena A para que informe sobre el origen del video sobre Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo. El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, hizo el mismo anuncio en una breve pausa en sus vacaciones.

“Los que han recepcionado este video, tengo entendido que son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo obtuvieron ese video”, declaró Soza, quien además puso en duda la autenticidad del material.

En el video se observa la entrega de 31.500 dólares a El Viejo, quien era considerado testigo clave del caso terrorismo y luego pasó a ser un acusado. “Ésta es tu última platita. Esta tarde te están pasando a medidas cautelares, quieren que te detengan, por eso tienes que cruzar la frontera ahora, si no estás perdido”, advierte la persona que entrega el dinero, identificado por varias fuentes y en distintos medios de comunicación como Carlos Núñez del Prado.

Luego se confirmó que Núñez del Prado fue director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, secretario general del Defensor del Pueblo y Defensor de La Paz. Poco después de difundido el video, esta persona renunció a la Defensoría.

Ayer se confirmó que el fiscal Mollinedo convocó a diferentes periodistas a declarar. Hoy en la tarde lo hará John Arandia, de Cadena A. También se encuentran en la lista Alfredo Rada, Carlos Núñez del Prado, Edson Alí y el defensor, Rolando Villena.

“Realizaremos todos los actos tendientes a establecer la verdad de cómo habrían ocurrido estos hechos y establecer la identidad de las personas que participan”, afirmó Mollinedo, quien tiene a su cargo el caso.

Soza, paralelamente, insistió en que su colega debe indagar sobre el origen del video y quiénes recepcionaron el documento para “identificar a las personas y establecer sanciones”. “Una vez que tengamos a la persona quien ha armado este video, se va a llegar a los demás participantes de esto”, insistió el fiscal.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó el lunes que el contenido del documento pretende debilitar la investigación sobre el caso terrorismo, que concluyó con una imputación a 39 personas, entre ellas líderes cruceños como Branko Marinkovic y Guido Náyar.

El fiscal general, Mario Uribe, demandó que la investigación se agilice y se encamine en el marco de la legalidad. Se ha coordinado, afirmó, para que “esta investigación se lleve adelante bajo el principio de objetividad, legalidad y celeridad”.

La senadora de oposición Centa Reck demandó formar una comisión especial para investigar este caso. “Tenemos que exigir una investigación equilibrada de este tema que tanto dolor está trayendo a Bolivia, además de tanta persecución”, planteó.

Mientras que el senador del oficialismo Eugenio Rojas afirmó que esta alternativa está contemplada en las normas internas.

Soza anticipó que el video no incidirá en el proceso encaminado y que se perfila una segunda parte tendiente a identificar a los que financiaron al grupo de Eduardo Rózsa, abatido junto a Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöt Tóásó fueron encarcelados.

“Esa prueba ilícita (el video) tendrá primero que ser lícita para hacerlo valer posteriormente. Caso contrario, no tiene ningún valor”, insistió Soza en una primera declaración pública luego de difundido el contenido del material. Para ello, dijo que tendría que presentarse una denuncia formal con ese video.

Insistió en que es fundamental saber por qué aparece el video hoy y no antes de que concluya la etapa de investigación. “Para la Fiscalía, extraña esa situación, que recién aparezca el video”, señaló la autoridad.

La diputada de oposición Norma Piérola anunció que citarán al representante del Ministerio Público para que informe sobre el caso. Un día antes, su correligionario, el diputado Luis Felipe Dorado, demandó la suspensión de Soza. El fiscal general, Mario Uribe, descartó esa posibilidad.

El caso Rózsa y el proceso

Fuerzas de élite de la Policía desarticularon el 16 de abril del 2009, en Santa Cruz, al grupo irregular comandado por Eduardo Rózsa, que fue abatido junto a Árpad Magyarosi y Michael Dwyer. Fueron capturados y encarcelados Mario Tadic y Elöt Tóásó. El Viejo, Ignacio Villa Vargas, fue considerado en una primera etapa como testigo clave; vinculó a varios líderes político-empresariales con el caso Rózsa. La Fiscalía imputó a 39 personas, entre ellas a Villa Vargas, quien desapareció. Se lo volvió a ver cuando se difundió un video en el que recibe dinero para huir.

UN pide al Defensor que renuncie

La diputada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes pidió ayer, a nombre de su partido, la renuncia del defensor del Pueblo, Rolando Villena. “Unidad Nacional le pide al señor Villena, para poder devolver credibilidad, confianza y respeto a esta institución, su renuncia hasta que no haya claridad absoluta en el nexo que ha habido en este caso", sostuvo.

Afirmó que no se puede tener una Defensoría al servicio del Gobierno, y donde existan funcionarios que hayan tenido problemas, incluso con la justicia.

En la conferencia de prensa, la diputada distribuyó una hoja con los antecedentes de Carlos Fernando Núñez del Prado, donde se reporta que el ex funcionario de la Defensoría incluso estuvo recluido en el penal de San Pedro en la década de 1970, acusado de alzamiento armado y de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"¿Cómo este señor con estos antecedentes pudo entrar y tener un cargo tan alto en la Defensoría? Unidad Nacional pide responsabilidad al señor Villena para enfrentar a la población y darle una explicación real para devolverle a la institución la certidumbre y la confianza que el pueblo necesita", señaló Reyes.

Núñez del Prado fue secretario general del Defensor del Pueblo y, posteriormente, asumió la titularidad de la Defensoría de La Paz. Poco después de revelarse el video, donde se lo vincula con la entrega de dinero a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, renunció y desapareció.

Para la diputada, Villena conocía que Núñez del Prado trabajó en el Ministerio de Gobierno, y añadió que no entiende cuáles son los nexos que ambas instituciones tienen. Lamentó que no se hayan aclarado los hechos que rodean al caso.

Gremios alertan que el fin es amedrentar a la prensa

Periodistas reivindican la vigencia de la Ley de Imprenta ante el pedido de la Fiscalía a un comunicador de revelar cómo consiguió el video en el que ‘El Viejo’ recibe dinero

image

Cobertura. Un grupo de reporteros aguarda una conferencia del Vicepresidente en el Palacio, el 2010.

La Razón

Luego de que la Fiscalía citó al periodista John Arandia a revelar cómo obtuvo el video que muestra a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, recibiendo dinero, representantes de cinco gremios de prensa ratificaron la vigencia de la Ley de Imprenta, el secreto de fuente y alertaron que la acción sólo busca frenar el periodismo investigativo.

“Los que han recepcionado ese video, tengo entendido que son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo obtuvieron ese video”, dijo ayer el fiscal Marcelo Sosa y más tarde se conoció que Arandia fue citado a declarar por el fiscal Edward Mollinedo.

Desde Sucre, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Ramiro Echazú, dijo que con estas actitudes sólo se busca acallar a la prensa. “Nos extraña que el Ministerio Público quiera de alguna forma atemorizar o acallar las voces de los periodistas que hacen investigación, lo que pone incómodos a algunos sectores”.

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe, expresó que “sencillamente buscan que los periodistas dejemos de investigar y dejemos de trabajar con libertad”. Además, reivindicó la vigencia de la Ley de Imprenta que hoy cumple 86 años de su promulgación.

Mientras que el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusión, Raúl Novillo, citó a la Constitución Política del Estado que —recordó— reconoce a la Ley de Imprenta cuando se refiere a que los principios de la labor periodística se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Esa ley, subrayó Novillo, es la Ley de Imprenta. En tanto, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinovic, indicó que es el secreto de fuente es inviolable y que la única ley que ampara a los comunicadores es ésta.

En representación de la Asociación Nacional de la Prensa, Javier Zeballos  consideró la citación de Arandia a la Fiscalía una “ofensiva indirecta a la prensa”, y sugirió al periodista no asistir a declarar, porque lo protege la ley.

La ley de imprenta

Artículo 8

“El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

Artículo 9

“El editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente (Tribunal de Imprenta), es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.

Qué dice la OEA

La Organización de Estados Americanos, en la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, establece en su artículo 8: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

La Constitución

La Constitución Política del Estado reconoce la Ley de Imprenta. El inciso II del Artículo 107 indica: “La información y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Ésos se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación de organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

Dirigentes de gremios de prensa se pronuncian

Ronald Grebe

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia

La Ley de Imprenta, que en su artículo 8 dice que el secreto de imprenta es inviolable, está absolutamente vigente. Vamos a apoyar a nuestras organizaciones.  

Ramiro Echazú

Conf. de Trabajadores de la Prensa

Nuestro apoyo a John Arandia que si hubiera cometido un error debe ser sometido mediante lo que manda la Ley de Imprenta, lo que dice un Jurado de Imprenta.

Juan J. Zeballos

Asociación Nacional de la Prensa

Este 19 de enero se cumplen 86 años de la La Ley de Imprenta y sabemos que es el instrumento más idóneo para sancionar los delitos de periodismo.

Pedro Glasinovic

Asociación de Periodistas de La Paz

La Ley de Imprenta está vigente y ratificamos plenamente su vigencia, porque es la única que nos ampara, y por ello además el secreto de fuente es inviolable. 

Raúl Novillo

Asociación Boliviana de Radiodifusoras

Se pretende quebrantar aquel derecho que tiene el periodista al secreto de fuente. La Ley de Imprenta está vigente y la Constitución también nos da la razón.