Crisis alimentaria por acción y omisión

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: ¡La solución!

  2. El Día: Los nombres y su historia (II)

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Agárrense de las manos

  5. El Día: Pacto fiscal y autonomía

  6. Los Tiempos: NECESIDAD DE DIÁLOGO RACIONAL

  7. El Deber: La violencia castrense

  8. Cambio: La Paz no es segura

  9. La Prensa: Informar de las reservas de gas

  10. El Diario: Crisis alimentaria por acción y omisión

  11. El Mundo: Ofrecimientos

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: El Gobierno y la realidad del delito


El Día: ¡La solución!



¿Es o no es Verdad?

El Gobierno masista ha sido incapaz de cumplir en el país  lo que cualquier buena ama de casa tiene como tarea cotidiana en su familia. Es decir, cuidar de la despensa. Ya llevamos casi seis años en los que el MAS se empoderó de todos los poderes. Pero los gobernantes, deslumbrados como niños con juguetes nuevos se olvidaron de la despensa. Crecieron las protestas populares.  Sucesivamente, el Gobierno fue sacado de la manga varios culebrones, tales como el del terrorismo y otros que van apareciendo cada semana.  Últimamente nos entretuvo con la ilusión de que las playas del Pacífico estaban a un paso, merced a la habilidad diplomática del Sr. Presidente y de su canciller Choquehuanca.  Don Evo creyó que podía señalar día y hora a los chilenos para que entregaran por escrito su propuesta.  Los chilenos respondieron que abrigan buena disposición para encontrar un sucedáneo al enclaustramiento boliviano. Pero no con soberanía.

En estos afanes marítimos andábamos, cuando hete aquí que una ONG nos ha devuelto al terruño, planteando unas “propuestas orientadas a superar la crisis alimentaria”.  Las ideas que propone la ONG están al alcance del más modesto conocedor del mundo agropecuario y, sin embargo, el Gobierno no se había dado cuenta. ¡Es la despensa, hermanito…!

Esas propuestas son las siguientes: (La numeración es nuestra) 1. “Transformaciones de la producción de secano a riego” (¿Cuántas canalizaciones apoyadas por alguna entidad gubernamental, ha visto – querido lector – que rieguen los campos de secano con el agua captada de ríos, pozos, minas filtrantes o lagunas?) 2. “Programa de transformación de la ganadería bovina extensiva a intensiva” (Habrá que promover la construcción de establos  y otras “comodidades” para las benditas bestias) 3. “Programa nacional de sistemas agroforestales y la gestión integral del bosque”  (¿Usted ignoraba que a los madereros que observan responsablemente las normas de reforestación, les invaden las tierras para cultivar coca, y que no hay autoridad que impida la invasión de los parques nacionales? )  4. “Mejora de la ganadería altoandina” (Los buenos gourmets conocen lo sabrosa que es la carne del Altiplano. Debería promoverse la selección, cuidado alimenticio y sanitario de la cabaña)  5. “Asignación de recursos, seguro agrícola y sistema de alerta temprana” (El Gobierno masista prefiere llenarse la boca con declaraciones pomposas en favor del campesino originario, pero nadie sabe para cuándo concretará una política agraria progresista)  6. “Fortalecer y consolidar los bancos de germoplasma” (La selección de semillas y pastizales, así como de la cabaña bovina y lanar necesitan de un impulso gubernamental serio y sostenido)  7. “Acercar al productor y al consumidor. (La entidad gubernamental Emapa se ha aplazado a la hora de producir y distribuir lo necesario para la canasta familiar)  Y ahora, la última pregunta: ¿Cuál es la ONG que posee la clave del enigma alimentario? Se llama CIPCA y se lee, Centro de Investigación y Promoción Campesina.

Recapitulando: Habrá que esperar a las nuevas generaciones de chilenos para que su país  reconozca la soberanía de un puerto boliviano en el Pacífico. Y en las cosas del terruño, propongo una marcha de ciudadanos que me acompañen hasta la plaza Murillo al grito revolucionario, policlasista y plurinacional de “¡CIPCA al poder! ¿Cuándo? ¡Ahora!

 

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El Día: Los nombres y su historia (II)

Tribuna.

Retomando las ideas expuestas en el artículo anterior, estimo necesario añadir que los asuntos a los que allí hice referencia no deberían ser tomados con tono grave y formal.  No es que el hecho tratado en esas líneas carezca de importancia.  La tiene, y bastante mayor de lo que suele creerse.  Pero considero que no hay que estrellarse contra estos caprichos pasajeros o estas veleidades del gusto censurándolas tan a lo serio en vez de atenerse a la vieja recomendación de “castigare ridendo mores” (enmendar las costumbres riendo).  Es siempre preferible la ironía a la severidad del juicio. Sobre todo si se piensa que el nombre antepuesto al apellido nos viene padres hayan tenido el mal gusto de ponerle un nombre como Lincoln si su apellido es tan criollo como Domínguez!  La falta cometida tiene un calificativo bien concreto: cursilería.  Es una falta leve, si se quiere, pero capaz de irrogar daños a la larga, pues es seguro que la persona que haya de cargar con ese extraño binomio nominal que citamos como ejemplo tendrá que verse muchas veces en el caso de explicar que no se trata de un error si alguien ha entendido ese nombre mitad “gringo” mitad hispano, sino que efectivamente, ese es el nombre que figura en su documento de identidad.  La verdad es que son miles en nuestra América Latina los Johnnys y los Freddys y los Ronnys apellidados, sin embargo, con patronímicos ibéricos, a los cuales, ciertamente, los tales diminutivos anglosajones los sitúan en una condición un tanto desventajosa por la natural disonancia que producen las cosas que calzan mal unas con otras, dando impresión de desarmonía o incoherencia.

Tal vez sea más de lamentar que en el caso de los varones el uso de nombres cursis o extranjerizantes entre las mujeres.  En un idioma en que existen los nombres de Carmen, Isabel, Beatriz, Lucía, parece inconcebible que se hayan ido imponiendo nombres como Candy, Daisy, Nancy, Jenny, Winnie, etc.

Estos casos últimos de los Erland o las Bettys achicanados son sin duda manifestaciones de un afán imitativo o extranjerizante, tendiendo hacia lo yanqui.  Pero hay otros casos que provienen de una razón diferente: la descristianización. El nombre del bautizo tiene que ser, como es obvio, un nombre cristiano, esto es, procedente de la esfera de las creencias religiosas. Al faltar éstas, no es raro que se busquen apelativos que ya nada tienen que ver con ese mundo espiritual.  En otro orden de cosas, la novedad de los nombres vendrá de otro proceso que también se percibe dentro de la comunidad latinoamericana: la fragmentación.  Esta vez el elemento decisivo será el propósito de encontrar nombres tomados de una tradición local o nacional, como sucede en Chile con los Lautaros, los Caupolicanes o las Guacoldas, nombres todos ilustrados por Alonso de Ercilla en “La Araucana”.  En Uruguay acontece algo semejante con los personajes de “Tabaré”, la epopeya de Zorrilla de San Martín, de donde proceden Yamandú, Tabaré, Zapicaín.

Hay algo curioso y digno de ser advertido en esto de los nombres, sus orígenes y sus modificaciones.  El caso de Rusia es, a mi modo de ver, especialmente llamativo.  Después de 70 años de acción sistemática para arrancar de raíz las viejas creencias, los habitantes de la inmensa nación se siguen llamando como en los tiempos de Tolstoi, de Pushkin o de Pedro el Grande.  En efecto, los jerarcas del partido, lo mismo que los deportistas o los diplomáticos, se siguen llamando Sergei o Alexander o Mikail.  Esto parece ser un hecho general en la Rusia soviética, como si hubiera un consenso a este respecto.  Son una excepción rara los nombres de quienes se apartan en este punto de la vieja tradición familiar de los pueblos eslavos, formados en los hábitos de la Iglesia Ortodoxa.

No es esto, en cambio, lo que ocurre en los Estados Unidos.  Sólo un relativamente bajo porcentaje sigue utilizando allí nombres como Robert, Richard, Elizabeth, Joan.  Son mucho más frecuentes las denominaciones breves o monosilábicas que no se originan en nada, que responden a una mera invención determinada por el sonido eufónico de la palabra o por su efecto enérgico que da singularidad a la persona.  Y así aparecen apelativos como Clint o Rex o Chuck o Mirna o Sheila o lo que sea.  En este punto se advierte una cierta diferencia con lo que acontece en Inglaterra, donde todavía prevalecen los viejos nombres de los usos cristianos.  A mí me ocurre que, al comenzar una película en lengua inglesa, el reparto me dice si se trata de un filme norteamericano o inglés: si los nombres de los actores son William, Peter, Edward, sé que los diálogos se desarrollarán con nítido acento británico; si, por el contrario,  en la lista de los actores y realizadores aparecen los típicos nombres “inventados” de breve dicción sajona, estaré seguro de ver una filmación norteamericana.

Está claro: el fenómeno de los nombres es variable y multifacético como todos los usos y hábitos sociales.  Hay corrientes espirituales que hacen cambiar el repertorio de los nombres por efecto de la imposición de modas y transformaciones de las costumbres.  Pero también hay casos en que estos cambios se producen dentro de un gran marco determinado por la solidez y permanencia de los elementos tradicionales.  Sea como fuere, en los nombres tiene el observador de los hechos sociales una mirilla –como la de una cerradura- por donde pueden verse curiosas manifestaciones de las variadas influencias que pesan sobre la sensibilidad humana.  Jorge Siles Salinas es miembro de las Academias Bolivianas de la Historia y de la Lengua, correspondientes  de las Reales Academias Españolas

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El Día: Bolítica

En cuanto a las expectativas que pueda o no mostrar ese resultado, es difícil saberlo porque con Chile ya tuvimos tantas negociaciones frustradas; ahora mismo estamos a la espera de algunas definiciones que parecen no llegar nunca".

Agustín Saavedra Weise
Ex cancilLer de Bolivia


Se dice que: Un 45% de los bolivianos consultados -en una encuesta para Página Siete- está de acuerdo con un canje territorial con Chile, como fórmula para obtener una salida al océano Pacífico".


Ese 45% no esta bien informado de lo que significaría un canje territorial, porque es un instrumento válido pero condicionado. Eso representa el 0,3% de nuestro territorio,¿de dónde saldrá ese 0,3%? ¿De La Paz, Oruro, Potosí o de los tres? ".

Fernando Salazar
INTERNACIONALISTA

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El Día: Agárrense de las manos

Los propios autócratas bolivarianos están confirmando las sospechas de que el dominó árabe podría saltar el charco y comenzar a hacer estragos en América Latina con aquellos regímenes que ellos creían, iban a durar para siempre. El nerviosismo que los embarga los ha hecho cambiar de opinión acerca de las revueltas que se están propagando como reguero de pólvora en el Medio Oriente. El presidente Morales apoyó las protestas que derrocaron al líder egipcio Hosni Mubarak, pero calla cuando le llega el turno a su amigo Gaddafi. Hugo Chávez y el nicaragüense Daniel Ortega acaban de romper el silencio y ya sea desde el twitter o por medio de mensajes televisivos, le han enviado su apoyo al estrambótico caudillo libio. No les queda otra, hay que hacer causa común. En el plano de los hechos también toman sus precauciones. El “Mussolini tropical” no tuvo más remedio que ceder ante las presiones de estudiantes que montaron una huelga de hambre exigiendo la liberación de los presos políticos. Temía que todo esto acabe en un “egiptazo”, miedo que también ha cundido en el Palacio Quemado, donde ordenaron el traslado del preso político más notable de Bolivia, Leopoldo Fernández, a la cárcel de Chonchocoro.

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El Día: Pacto fiscal y autonomía

Editorial

La importancia de concretar un Pacto Fiscal en el marco de la nueva Ley de Autonomías, ha inducido a los representantes de los municipios del país a interiorizarse sobre el asunto. En ese contexto, resulta destacable se haya organizado y llevado a buen término el reciente diálogo “Lineamientos estratégicos para la construcción de un Pacto Fiscal”, en nuestra ciudad. La participación de expertos internacionales, asambleístas y autoridades departamentales y nacionales, junto a representantes de los 337 municipios del país, ha puesto de relieve todo lo que significa la gestión municipal y la definición de competencias y responsabilidades de cada uno de los niveles de las autonomías.

Habrá que admitir que la necesidad de construir un acuerdo nacional para traducirlo en una norma que permita la realización de un auténtico Estado Autonómico resulta tan imperiosa como ineludible, a no ser que se pretenda mantener la vigencia histórica, pero retrógrada, de un Estado centralista con “autonomías”.  La norma en cuestión debe establecer claramente las competencias de los gobiernos autónomos municipales, departamentales e indígenas. Desde ese punto de vista, se supone al Pacto Fiscal como producto de un acuerdo político explícito o implícito de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado para cumplir con los objetivos de desarrollo del país.

Para ello, debe quedar claramente establecida no sólo la cantidad, destino y origen de los recursos necesarios para una mejor gestión de los gobiernos autónomos en beneficio de la ciudadanía, sino que se hace preciso asumir cuáles competencias corresponden a cada uno de los niveles de autonomía. No hay que olvidar que estas competencias tienen que ver con la salud, educación, mantenimiento de las vías camineras, fijación de tablas de catastro, valores, impuestos departamentales, locales, cobro de peajes en trancas, por citar algunas, y que no pueden ser confundidas de modo alguno. Prepararse para discutir tan importantes asuntos habla muy bien de los representantes de cada nivel de gobierno.

Para Santa Cruz el futuro Pacto Fiscal resulta de gran trascendencia en la medida que se conoce que le han ido postergando de manera injusta no sólo los recursos que merece de acuerdo al factor demográfico, por tocar uno solo de los puntos, sino los propios recursos que genera su actividad productiva. Por ello, conviene tener muy presente los criterios de evaluación de su productividad y eficiencia, las normas para hacer del pacto un asunto transparente, con requisitos de institucionalidad referidos a la contratación de personal y de bienes, entre otros temas fundamentales, para definir el rol que los ciudadanos le asignan al Estado. En otras palabras, que la autonomía sea auténtica.

Siendo el Pacto Fiscal una herramienta política, se supone un liderazgo sincero de parte del Gobierno, de manera que la inclusión sea norma y no la excepción. Además, resulta decisiva la participación de la sociedad civil para evitar se impongan los intereses de grupo, tomando en cuenta la realidad boliviana y no otra. En el debate del Pacto Fiscal debe prevalecer la brevedad, sustentada por el conocimiento de derechos y deberes, de lo contrario sería tarea de nunca acabar. Resulta fundamental la confianza entre participantes, ya que se busca el bien común, de modo que los esfuerzos se unan para financiar y vigilar el gasto público necesario para el desarrollo del país en su conjunto.
 

Se supone al Pacto Fiscal como producto de un acuerdo político de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado para cumplir con los objetivos de desarrollo del país.
 

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Los Tiempos: NECESIDAD DE DIÁLOGO RACIONAL

Para hallar una solución satisfactoria, es imprescindible que las autoridades cumplan su deber y actúen con visión de servicio y equidad

La jornada de hoy es el comienzo de una semana que puede ser muy agitada o, más bien, de diálogo para enfrentar el delicado y complejo tema del precio de las tarifas de transporte masivo.

Las posibilidades de arribar a acuerdos de largo aliento son tan reales como las que permitan que se imponga, más bien, la irracionalidad y la búsqueda de confrontación entre los sectores más necesitados del departamento y del país.

Dejando de lado la retórica, la demanda de incrementar las tarifas del transporte masivo es legítima. Es evidente que hay un aumento generalizado de precios y los transportistas, como todos los sectores, tienen derecho a obtener ingresos que les permitan vivir decentemente y prestar en mejores condiciones este servicio. Al mismo tiempo, es claro que un incremento desmesurado no se justifica porque tienen acceso a apoyos estatales y muchos sectores de la población recibirían un impacto tal que probablemente no podrían resistir.

Entre ambos polos -los transportistas y los usuarios– debe actuar el Estado, promoviendo principios de racionalidad, solidaridad y justicia. Pero, desde el año pasado, cuando las autoridades del poder central se dieron cuenta de que estudios realizados por la Autoridad del Transporte demostraban que se justificaba un incremento de las tarifas, trataron de evadir su responsabilidad y traspasarla -sin las normas legales necesarias, como señalamos el viernes pasado– a los municipios y las gobernaciones. Ahora, con señalar que no autorizan este incremento creen que han cumplido su papel y asumen una actitud pasiva ante la reticencia de los sectores involucrados a la negociación.

Esta forma de actuar ha provocado que el gremio de los transportistas haya ido radicalizando su posición agregando, además, una demostración de poder contundente el jueves de la pasada semana, cuando bloquearon internamente la ciudad y las principales vías de comunicación con el resto del país. Concluida la demostración procedieron unilateralmente a fijar la tarifa en Bs 1,80 en el área urbana y 2,30 hacia las provincias cercanas, ante el rechazo, aún verbal, de dirigentes vecinales y las autoridades de la Gobernación y la Alcaldía.

Ante ese estado de situación, es hora de que éstas actúen con la debida responsabilidad y asuman el desafío de encontrar una solución al problema. Todo indica que -más allá de los deseos de popularidad– es preciso negociar un incremento de tarifas, pero también que el transporte masivo ofrezca a la ciudadanía más responsabilidad y mejor atención. En definitiva, de lo que se trata es de atender racionalmente las demandas de las partes en beneficio del bien común.

Ello porque las semanas pasadas se ha podido comprobar que los paros de transporte afectan tanto a los choferes como a las usuarios. No sólo se trata de las dificultades que se tiene para el traslado de un lugar a otro, sino que la falta del transporte masivo es el río revuelto que permite a los inescrupulosos aprovecharse de las necesidades inmediatas de la gente.

Por tanto, entre los extremos mencionados, es posible encontrar una solución intermedia, siempre y cuando las autoridades cumplan su deber y actúen con visión de servicio y equidad.

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El Deber: La violencia castrense

La violencia en los cuarteles y centros de formación militar del país no es de ahora, sino de vieja data. Puede decirse que encarna una tradición que empieza en los tiempos coloniales, cuando los golpes, el látigo y todo tipo de violencia constituían el método disciplinario empleado por los de arriba contra los de abajo en la estructura castrense hispánica enviada a tierras del Nuevo Mundo.

Después de su fundación, tras la Independencia nacional gestada en 1825, nuestras Fuerzas Armadas no se despojaron, sino conservaron tan deplorable talante. “La letra entra con sangre”, era el lema que regía en sus filas, donde abundaban los castigos severos, no pocas veces mortales, contra cuantos subordinados desobedecieran a sus superiores o incurrieran en actos de indisciplina.

Se configuró así una personalidad militar proclive al empleo de la fuerza y la violencia, de la cual sus exponentes más repudiables fueron algunos militares que por medio de golpes de Estado llegaron a la Presidencia de la República.

Antes de la Guerra del Chaco, el gobierno de turno quiso modernizar la estructura militar boliviana con fórmulas prusianas, a las que no era ajena una radical disciplina que no hizo sino fortalecer la práctica de la violencia en cuarteles y centros de formación militar del país.

El Colegio Militar de Irpavi se convirtió en una suerte de academia de enseñanza tácita y adicional de tan condenable tradición. A los ‘mostrencos’ (cadetes recién ingresados) se los recibía y ‘bautizaba’ con golpizas y ejercicios físicos extremos. Convertidos en oficiales, hacían después lo suyo en los cuarteles contra los conscriptos y soldados bajo su mando. 

Es lamentable e inadmisible que en los tiempos de hoy semejante forma de tratar a los subalternos se siga cobrando víctimas, a veces fatales, en los cuarteles y otras reparticiones de formación e instrucción militar.

Un último caso al respecto es el ocurrido en la famosa Escuela de Cóndores de Sanandita, en el departamento de Tarija, donde por motivos disciplinarios un subteniente de Ejército fue castigado a golpes hasta la muerte. Lo peor es que sobre este episodio, igual que en algunos otros que le precedieron, empieza a caer una estela de humo que parece que velará por completo autorías y responsabilidades penales.

Es tiempo ya que las Fuerzas Armadas bolivianas destierren de su seno la violencia como método disciplinario. Si para ello es necesario radicalizar las respectivas sanciones de su código disciplinario, pues que lo haga.

Sólo precedentes penales de eficaz fuerza intimatoria podrán dar fin con tradición tan censurable en el seno de la institución castrense.   

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Cambio: La Paz no es segura

Más de 800 predios —de ellos 400 viviendas desmoronadas— y más 5 mil personas damnificadas y desamparadas es el saldo preliminar del deslizamiento de tierras que entre la noche del sábado y la madrugada de ayer domingo afectó a siete barrios paceños ubicados en la ladera Este de la ciudad de La Paz. Una nueva tragedia —que ya se hace periódica— que desnudó la deficiente infraestructura sanitaria y trabajos de estabilización de suelos por parte de la Alcaldía paceña, según denunciaron las víctimas que viven un drama humano.

Gran parte de los barrios Valle de las Flores, Kupini II, Pampahasi Bajo, Central, Meseta, Cervecería y Callapa se vinieron abajo, ante la impotencia de los vecinos que apenas tuvieron tiempo para salvar la vida. Mientras la tierra cedía bajo sus pies, los infortunados vecinos abandonaron precipitadamente sus casas con sus hijos pequeños entre sus brazos. Los más ‘afortunados’ lograron recuperar parte de sus pertenencias, pero la mayoría vió impotente cómo su vivienda caía y sus sueños de techo propio se hacían trizas ante el embate de la naturaleza, alimentada por las intensas lluvias y la falta de prevención por  parte de las autoridades municipales.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las voces que pedían auxilio se multiplicaron y la ayuda tardó en hacerse presente en los barrios que se venían abajo. Por eso, los vecinos denunciaron que las autoridades ediles presumiblemente no les advirtieron de la magnitud del desastre que se avecinaba.

Pero lo que llama la atención son las denuncias que muchos vecinos expresaron al vicepresidente Álvaro García Linera: las autoridades ediles no atendieron los pedidos para la renovación de embovedados, tuberías de agua y la canalización de los ríos que atraviesan el Distrito 17 en el que se edificaron los siete barrios afectados.

Y en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado desde ayer en la escuela Sergio Villegas, García Linera comprometió que las víctimas no serán abandonadas. Según los testimonios recogidos por varios medios de comunicación, el municipio paceño no priorizó aquellas obras que pudieron haber evitado la tragedia o al menos paliado sus debastadoras consecuencias.

Al margen de las viviendas desmoronadas, también se perdieron canchas deportivas, calles y avenidas que fueron destruidas completamente por el deslizamiento de tierras a raíz de las intensas lluvias que, desde hace más de un mes, castigan diariamente a la ciudad sede de gobierno.

Pero la ladera Este no es el único Distrito urbano que sufre las consecuencias del temporal. Otras zonas, como Irpavi, podrían ser en las siguientes horas víctimas de los desbordes de los ríos que lo atraviesan. Según el alcalde paceño Luis Revilla, una mazamorra amenaza a ese barrio residencial ubicado en la Zona Sur, y los geólogos determinarán en qué momento se enviará maquinaria pesada para prevenir las consecuencias.

Todas las denuncias sobre un presunto incumplimiento de deberes del municipio paceño tienen que ser esclarecidas, pero en esta hora en que la tragedia se ensañó con al menos 5 mil seres de humanos—, es el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, el municipio y todas las entidades que tienen que ver con el tema, el que dará las respuestas que esperan los damnificados.

Sin embargo, es pertinente que las autoridades del municipio de La Paz expliquen al pueblo qué obras de infraestructura implementaron en los últimos años para prevenir la tragedia que hoy viven los vecinos de siete barrios. Mientras tanto, urge dotar a las víctimas refugios temporales, alimentos, agua y atención médica, y en el mediado plazo implementar un programa de vivienda social que devuelva la fe y la esperanza a quienes hoy sufren las consecuencias de la dejadez y del cambio climático.

En ese contexto, la tragedia de hoy desnuda una dramática realidad: La Paz no es segura.

Es pertinente que las autoridades del municipio de La Paz expliquen al pueblo qué obras de infraestructura implementaron en los últimos años para prevenir la tragedia que hoy viven los vecinos de siete barrios.

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La Prensa: Informar de las reservas de gas

El informe sobre reservas de gas es importante para que los países que compran gas boliviano, o tienen interés en hacerlo, sepan a qué

atenerse.

El informe sobre las reservas de gas que encomendó el Gobierno a la Ryder Scoot contiene datos de enero de 2010; fue entregado por la empresa en agosto pasado, pero el Gobierno ha decidido mantenerlo en secreto.

Es decir que los datos de ese informe tienen un año y un mes de antigüedad. En estos trece meses, la explotación ha sido intensa, como se puede observar en las estadísticas sobre las exportaciones, que han tenido plusmarcas.

Significa que el informe, por el que se pagó tres millones de dólares, está obsoleto, aunque se mantenga en secreto. Darlo a conocer ahora serviría solamente como un indicador de la situación que se presentaba en enero del año pasado.

En los últimos días, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el ministro de Hidrocarburos, Juan Carlos Gutiérrez, optaron por ?pasarse la pelota? de la responsabilidad concerniente a la entrega del informe a la opinión pública.

Lo que se sabe de las reservas, gracias a filtraciones del informe de la empresa, es que están por debajo de los 10 TCF (trillones de pies cúbicos). Según los expertos, las reservas medidas el año pasado eran de 8,35 TCF ó 9,50 TCF.

Medir lo que se ha consumido durante el presente año sería fácil si es que las autoridades pidieran los informes a las empresas productoras.

Quizá corresponda ahora ordenar una nueva certificación de las reservas, pero sería bueno que los resultados que ese estudio produzca sean comunicados a la opinión pública de manera oportuna.

Eso es importante para que los países vecinos que están comprando gas boliviano, o que tienen interés en comprarlo en el futuro, sepan a qué atenerse. Por el momento, la duda sobre la veracidad de los datos filtrados del informe ha creado mucha incertidumbre en los países vecinos, lo que abrió la sospecha de que Bolivia ha dejado de ser una potencia gasífera en el Cono Sur.

Pero además, el informe debería servir para que los usuarios bolivianos tengan confianza. En este momento, cuando se promociona el uso del gas natural en los motorizados, parece un grave error el dejar en duda la capacidad del país de producir gas natural para el consumo interno.

Por otro lado, la industria boliviana que usa gas natural tiene que hacer sus proyecciones de crecimiento, pero no podría hacerlas si está en duda la producción del combustible. Si tuvieran que usar otro combustible, los industriales tendrían que tomar previsiones.

Esta es, en suma, una información necesaria. No se la puede ocultar bajo ningún pretexto. Por lo demás, la ley ordena que YPFB haga conocer las cifras sobre las reservas todos los años. Es poco serio ocultar esta información, pero además es una violación de las leyes.

Si las reservas son muy escasas, habrá que tomar las medidas correspondientes alentando las inversiones en el sector. Si Bolivia ha de seguir viviendo de esos ingresos, resulta hasta tonto no tomar previsiones para contar con el gas que se debe vender.

Por eso es importante, ahora, hacer un nuevo informe sobre las reservas y divulgarlo sin ningún tipo de temor.

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El Diario: Crisis alimentaria por acción y omisión

La segunda autoridad del Estado Plurinacional instaurado por el partido de Gobierno actual, ha declarado, como en un acto de contrición o autocrítica, que la crisis económica, en particular de alimentos básicos que padece el pueblo boliviano, se debe a que no se previó lo que iba a suceder, y endilgó a los empresarios privados la culpa de la inflación y, además, de las huelgas, paros y manifestaciones callejeras que, en días pasados, llegaron a un extremo de conmoción pública.

El acto de arrepentimiento del Vicepresidente, formulado con motivo de la presentación de un libro sobre asuntos culturales, fue recibido por la opinión pública como confesión de parte, que confirma que el Gobierno no tomó a tiempo diversas medidas económicas y que, en cambio, todos los esfuerzos estaban dedicados a asuntos políticos de mínima cuantía, como declaró un dirigente obrero, diciendo que mientras el Titanic naufragaba, sus autoridades estaban bailando en la cubierta al son de alegre música.

La afirmación del Vicepresidente es correcta, pero sólo en alguna medida, ya que la crisis que soporta estoicamente el pueblo boliviano, en cuanto a alimentos se refiere, tiene otras causas que o bien no se las quiere mencionar o bien se las presenta en forma tergiversada, de tal manera de tender una cortina de humo ante la población para que apacigüe su malestar frente a la marcha dudosa de la nave del Estado en medio de un mar embravecido, en medio de escollos visibles e invisibles y la crítica situación económica del país.

Mientras las altas cumbres del poder hacen esas afirmaciones (a confesión de parte, relevo de prueba), la oposición destaca que la crisis no sólo se debió a la imprevisión gubernamental, sino que fueron las mismas autoridades las causantes de la situación ya que, además de no prestar atención a los problemas, dictaron una serie de medidas antieconómicas con un proyecto populista destinado a instaurar en el país un supuesto socialismo sobre la base de las comunidades indígenas originarias, sin atravesar previamente el desarrollo de la etapa capitalista.

La raíz principal de la crisis que atraviesa el pueblo boliviano se encuentra en la formulación de esa “estrategia” y de ella provienen todos los problemas menores que, además de incontables, son aplicados con grandes anuncios, como combatir al capitalismo, formar frentes internacionales, alentar grandes programas ideológicos y, en general, perder la perspectiva histórica. Esa visión es todavía más aguda desde el momento en que el Gobierno sostiene como objetivo reconstruir el ayllu, es decir un “populismo de derecha” que mira al pasado y que, naturalmente, terminará en un enorme cero. En esa forma la autoconfesión oficial confirma que pecó de acción y omisión, lo cual condujo a la crítica situación actual.

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El Mundo: Ofrecimientos

Cualquier encuentro que se produce entre las autoridades nacionales y los representantes de Santa Cruz sirve para que los gobernantes nacionales hagan elogios a la autoridad y al pueblo cruceño, pongan en evidencia su laboriosidad y prometan trabajar juntos por el desarrollo nacional.

Lo acontecido el 26 de febrero en San José de Chiquitos se encuadra dentro de ese panorama y si bien es algo reiterado, representa una nueva esperanza para el pueblo cruceño y sus autoridades.

Los medios de comunicación se han esmerado en reproducir las expresiones del Presidente del Estado Plurinacional y con seguridad en poco tiempo, escucharemos nuevamente que los medios solo se encargan de atacar a las autoridades centrales; en el caso que nos ocupa podría ser por la falta de voluntad para cumplir lo propuesto, como ha sucedido en anteriores oportunidades.

Recordemos que un encuentro en Cochabamba sirvió para hacer conocer el mismo propósito, en una reunión en había cinco gobernadores de los cuales sólo uno está vigente, mientras otro se encuentra refugiado en el Paraguay, otra ha decidido abandonar la lucha política y un tercero está destituido.

Y no se trata solo del Presidente, recodemos que cuando se celebraba el bicentenario del la revolución de septiembre, fue el Vicepresidente del Estado quien tuvo similares expresiones y que pronto fueron desvirtuadas por una persecución que si bien tiene sus momentos de tregua, no deja de ser permanente y que se va incrementando paulatinamente con nuevas acusaciones.

El pueblo cruceño parece tener más memoria que la que se da en otras latitudes y en tal sentido, recibe las expresiones con esperanzas, pero no deja de recordar que la palabra expresada en oportunidades anteriores no se cumplió como se pensaba.

El deseo de trabajar por el bien del país y de la región ha sido reiterado en todos los actos realizados en este fin de semana, sean en el Gobierno departamental, en el Concejo, la Alcaldía, la Brigada o el Comité Cívico y en todos los casos aparecen también las dudas de que los ofrecimientos ajenos sean cumplidos, por lo que en la mayor parte de los casos se ha recordado que la lucha por la autonomía es una constante que el pueblo cruceño sabe que recién comienza.

Algo que vale la pena poner en evidencia y que ha de ser de gran satisfacción para quienes no quieren a los cruceños, es el hecho de que se muestre en reiteradas oportunidades una franca división dentro de las instituciones, falta de consenso en la Brigada Parlamentaria, notorias ausencias en la posesión de un autoridad cívica o de líderes que deciden mezquinar su apoyo a otros dirigentes regionales en una clara señal de que tampoco hay voluntad de crece dentro de casa.

El pueblo cruceño tiene como una cualidad ser orgullosos de su origen, su región y su cultura, vale la pena que los líderes compartan esa forma de ver la realidad y se propongan trabajar en conjunto.

Si las autoridades del gobierno central cumplen sus ofrecimientos Bolivia será beneficiada, si ellas no lo hacen, los cruceños tendrán oportunidad de mostrar cómo se debe trabajar, para crecer y mantener el liderazgo regional y nacional.

Pese a los 450 años de vida de la ciudad, el sueño de sus fundadores es todavía una quimera, está en las manos de los cruceños del siglo XXI hacer que esos sueños puedan concretarse y mostrar al mundo que no se equivocaron.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: El Gobierno y la realidad del delito

El mismo día en que se produjeron tres asesinatos, dos en la Provincia de Buenos Aires y uno en la Capital, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sostuvo que hay un descenso en el índice de criminalidad en la Provincia.

Las afirmaciones de la ministra no sólo chocan con la realidad más inmediata y con la percepción que tiene la mayor parte de la población, sino que no están justificadas con estadística alguna. Más aún, en primer lugar, las estadísticas oficiales sobre delito llegan tan sólo hasta 2008 y, en segundo término, muestran que, luego de una caída a partir de 2002, se produjo un ascenso en el número de delitos ese año en relación a 2007 y una tendencia creciente, leve pero sostenida, en el número de delitos contra las personas desde 1998. También dan cuenta un aumento en la tasa de asesinatos por habitante desde 2006.

Es decir que el Gobierno no tiene o no publica estadísticas actualizadas de uno de los problemas que más preocupa a la población y que es de enorme importancia en la medida que involucra la vida de las personas.

El Gobierno ha dado un paso positivo al reconocer la existencia de la inseguridad, luego de haberla negado durante años, con la creación de un ministerio del ramo y la adopción de algunas medidas para mejorar la cobertura policial en la Provincia de Buenos Aires. Pero las declaraciones sin fundamento no contribuirán a cambiar las percepciones de la ciudadanía en relación al tema ni, mucho menos, una realidad que está cobrando la vida de muchas personas.

La ministra Nilda Garré sostuvo que se está reduciendo la criminalidad en una jornada en que fueron asesinadas tres personas y sin presentar informaciones que avalen sus dichos.

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