Catastro, la herramienta del buen gobierno municipal

Ingrid Wichtendahl

WICHTENDAHL1 Es altamente positivo que la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos hayan coincidido en la necesidad que tiene nuestro municipio de contar con un Registro Catastral formal y transparente como lo han anunciado estas tres importantes instituciones. Sin embargo la propuesta que le hacen a la Alcaldía de crear una fundación para que se ocupe del registro catastral es una idea nada apropiada ya que el Catastro no es un negocio ni tampoco un servicio. El Catastro es por esencia una competencia de gobierno que no debe, ni puede ser delegada a terceros así sea una fundación.

Debe entenderse que hoy el catastro ya no se limita solamente al registro del terreno y la construcción sino que se ha convertido en el instrumento técnico clave del buen gobierno y la gestión territorial. Un catastro moderno es un catastro con múltiples fines por ello se lo conoce como Catastro Multifinalitario. Éste constituye no sólo el inventario de la riqueza inmobiliaria de una ciudad o municipio y el soporte de su sistema tributario sino que además es el banco de datos imprescindible para la elaboración de sus políticas de desarrollo económico, social y urbanístico. A partir de la Agenda 21 aprobada en 1992 durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro quedó clara la importancia que tiene una información territorial confiable como apoyo en la toma de decisiones orientadas a preservar el medio ambiente y a promover el desarrollo sostenible.



Hoy no cabe duda que contar con una base de datos catastral es una decisión altamente política que fortalece la institucionalidad de un gobierno, mejora la solvencia y autonomía financiera de la entidad, brinda seguridad jurídica a los ciudadanos y transparenta la gestión del territorio.

Es pues indiscutible el carácter público del Catastro. Si bien la Ley de Municipalidades, vigente desde 1999, en un exceso neoliberal, permite conceder a la empresa privada la administración y construcción del Catastro, ello no significa que sea una disposición acertada o compartida por otras legislaciones. Prueba de lo señalado es el fracasado contrato de tercerización del catastro licitado en 2003 que no llegó a ejecutarse ya que la empresa se limitó a obtener información física prescindiendo absolutamente de la identificación de titulares catastrales y otros datos jurídicos esenciales en cualquier catastro.

El interés genuino de los gremios profesionales y la Cámara de la Construcción porque la ciudad tenga un catastro inmobiliario debe enfocarse en exigir al Gobierno Municipal que asuma con responsabilidad su deber inexcusable de poner la herramienta catastral al servicio del desarrollo del municipio cruceño.

¡Que la alcaldía no actúa con transparencia! Justamente el catastro multifinalitario es la herramienta de la transparencia. ¡Que es ineficiente! Pues exíjase capacidad y eficiencia, que se deje de lado el clientelismo político y los intereses sectarios. Que de una vez se instituya la carrera administrativa en la municipalidad cruceña, tal como manda la Ley desde 1999. Es indispensable tener recursos humanos estables y eficientes, donde valga el mérito profesional y no el favor político. Es imperativo formar equipos multidisciplinarios con funcionarios de carrera, íntegros, que respondan al interés colectivo y no a los políticos de turno que les dan el cargo para contar con una administración capaz de llevar adelante la institución del catastro, así como también para generar políticas, planes y programas a largo plazo propias de un verdadero gobierno municipal como merece Santa Cruz.