José Guillermo Tórrez
La nueva Constitución Política del Estado, la nueva ley de política minera en ciernes, en proceso de aprobación en el Parlamento, crea la necesidad de un análisis profundo sobre el sector minero metalúrgico.
La tesis de distribuir nuestra economía entre el Estado, la actividad privada y la cooperativa requiere una fórmula real de adaptación. La minería necesita una nueva estructura de organización empresarial por ser uno de los factores más importantes de cambio. La Comibol tiene la dura tarea de vincular y encuadrar un modelo de desarrollo regional al interior de una descentralización administrativa y una desconcentración industrial, compatibilizando interrelaciones productivas con otros factores de producción, como la agricultura.
La minería actualmente funciona como un enclave, como la vieja época española, que establece un mecanismo de colonialismo interno con relación a los otros factores de la producción.
Esta descentralización y desconcentración que se produce con el proceso de las autonomías y en lo económico con la participación popular, obliga a la desconcentración gerencial y operativa de las empresas de Comibol. Esta descentralización debe compaginar con el desarrollo regional, con la participación de los gobiernos regionales (gobernaciones), alcaldías y otras actividades interesadas en el desarrollo de cada una de las comunidades y de sus departamentos, con criterios metodológicos y operativos que realmente respondan al tema social y al problema del espacio territorial.
No se puede comprender cómo hasta hoy, año 2011, siglo XXI, han podido convivir en el mismo espacio actividades productivas que entre sí tienen centenares de años de distancia, agricultura y minería. El avance tecnológico de un yacimiento y de un ingenio minero, sea éste estatal o privado, muestra a nuestra gente coexistiendo con el arado de palo egipcio a escasos metros donde está ubicada cualquier mina en explotación. El colonialismo interno pervive. Las empresas mineras que pagan salarios, que mantienen servicios sociales importantes, salud, educación, pulpería, son enclaves rodeados de poblaciones campesinas empobrecidas, transculturalizadas en un sistema de producción de verdadero congelamiento tecnológico, de anacronismo y de organización social sin ningún apoyo en cuanto a educación y a salud se refiere.
Este paso de la verdadera autonomía en Bolivia, que para muchos analistas obliga a los departamentos autonómicos a crear empresas autónomas, de acuerdo con el tamaño de nuestro organismo empresarial, en este caso Comibol como empresa, ha demostrado ser excesivamente grande. Las regalías que éstas pagan deben ser para solucionar este problema social lacerante, para esa gente que no recibe nada, y no depositar al tesoro para ese centralismo secante. Ese “gigantismo” no se compadece con el enclenque universo de nuestro tinglado industrial, no sólo minero, sino en general. Esta estructura provoca un desfase grave en el nivel de la empresa misma, y que se refleja en el “burocratismo” y en la ausencia de imaginación gerencial a nivel de las unidades productivas.
Es necesario un ordenado levantamiento de las reservas fiscales mineras con inversiones relevantes, de tal manera de sacar adelante esas áreas deprimidas.
Ha llegado la hora del poder regional, donde todos sus habitantes estarán con los ojos puestos en las decisiones de sus gobernadores y alcaldes, que deberán definir políticas que no sólo vayan a equilibrar la relación costo-beneficio de las empresas mineras, sino a construir en sus unidades genuinos polos integrales de desarrollo regional y de interrelación productiva con el medio rural, que no son políticas de izquierda o de derecha, sino simplemente de sentido común y de justicia social.
La Prensa – La Paz