La secuela del caso Sanabria

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: ¿Nueva Ley de Hidrocarburos?

2. El Día: Señor Presidente, cierre el grifo

3. El Día: Bolítica

4. El Día: Por no hacerle caso a Evo

5. El Día: ¿Se fue una oportunidad?

6. Los Tiempos: BRASIL Y LAS CUENTAS PENDIENTES DE SU PASADO

7. El Deber: La secuela del caso Sanabria

8. Cambio: Debe presentar las pruebas

9. La Prensa: Las donaciones y su real destino

10. El Diario: ¿Cuánto dinero se recaudó por sobreprecio de carburantes?

11. El Mundo: "Sorpresas"

12. Opinión:

13. Clarín, Argentina: Indefensión frente a los incendios

---

El Día: ¿Nueva Ley de Hidrocarburos?

Tribuna

Desde el 2006 cuando asumió funciones el actual gobierno, un tema de recurrente tratamiento ha sido el cambio de la ley de Hidrocarburos, aunque contradictoriamente varios ejecutivos de YPFB de los últimos años (Aruquipa, Santos Ramírez, Morales Olivera, etc.),  fueron gestores de la ley  que pretendieron cambiar.

El 2006 ya se habría avanzado  un proyecto de ley con el argumento de la necesidad de reestructurar YPFB eliminando las vicepresidencias y creando solo gerencias operativas pero además  “(…) para hacer de YPFB una empresa corporativa independiente y eficiente, alejada del manoseo político” (La Razón 31 01 07)

A principios de 2007  hubo una segunda versión de proyecto de ley elaborado con la cooperación de Holanda Noruega y Canadá para dotar de recursos a YPFB porque una de las incoherencias era la falta de asignación de fondos para su funcionamiento.

A fines del 2008, el ministro del ramo nuevamente anunció que su despacho se encontraba trabajando en la nueva ley que formaría parte de un paquete de 26 leyes prioritarias para encausar la nueva Constitución Política del Estado.

El 2010 pareció que efectivamente se estaba trabajando en una nueva ley porque se dijo que en su preparación se priorizaba la industrialización y su flexibilización para incentivar la exploración, pero las ideas eran totalmente confusas porque se aseguró que la flexibilidad no buscaba atraer inversiones sino la estabilidad de precios del gas.

Casi todos los ministros de hidrocarburos sucedidos en los últimos 5 años pregonaron sendas nuevas leyes sin que ninguno haya concluido con un proyecto presentable. La explicación se encuentra en la carga ideológica del gobierno que no halla fórmulas de equilibrio entre el  estatismo y los intereses de las petroleras. Al gobierno le interesa que haya inversiones privadas pero manejadas por el Estado.

Se hubiera esperado que el año 2006, el Gobierno aprobara una nueva ley acorde a sus postulados y programas pero prefirió emitir una disposición eminentemente política, como fue el DS 28701, para introducir una administración estatista en la gestión de los hidrocarburos. Hoy,  con los escasos resultados alcanzados, es poco predecible que pueda ser exitosa una nueva ley que ratifique las premisas estatistas del Gobierno y aún en el caso de aprobarse una ley de hidrocarburos en esa línea, porque teniendo la mayoría parlamentaria puede aprobar cualquier proyecto de ley a sola insinuación del ejecutivo; su vigencia y aplicación sería turbulenta y nuevamente por un corto período de tiempo.

No otra cosa se podría augurar cuando después de cinco años de gobierno, el país se ha vuelto dependiente de los carburantes importados;  las reservas probadas tanto de líquidos como de gas han tenido un grave descenso, la gestión de la mayor empresa estatal YPFB Corporación ha sido ineficiente y ensombrecida por numerosos casos de corrupción; no hay ningún proyecto de industrialización en marcha; la imagen del país ante los inversores tiene la calificación más baja del mundo petrolero, para citar algunos factores que han contribuido a sumir el país en un profundo rezago latinoamericano.

Por los antecedentes expuestos, más aún después del fallido gasolinazo, que desnudó las falencias de la política petrolera y que ha llenado de dudas a los gestores de la política estatista, lo recomendable sería que el gobierno abandone la intención de  elaborar una nueva ley de hidrocarburos. Más le convendría continuar con la ley vigente, que aunque no es el mejor instrumento para desarrollar el sector, por lo menos es manejable y no le representa peligros como el gasolinazo.

El Gobierno actual ya no es un gobierno fuerte ni creíble como para desarrollar grandes iniciativas ni acometer con vigor tareas postergadas. Una nueva ley de hidrocarburos añadiría además un factor adicional de polarización e incertidumbre al interior del propio  gobierno y tampoco cambiaría la percepción del mundo exterior.

Ir al Indice

El Día: Señor Presidente, cierre el grifo

Terra Nostra

La ciudadanía contempla azorada la evolución política del país. Cómo ha cambiado la apreciación del ciudadano de a pie en tan corto tiempo.  Sin duda, fue el gasolinazo  navideño del 2010 el que  hizo volar la tapa de la olla, hasta ese momento mantenida,  aunque a  presión, por la lealtad de los principales sostenedores del Gobierno, los “autodenominados”  movimientos sociales (siendo el más destacado, el cocalero del Chapare).  Se hizo patente lo señalado repetidas veces por voces opositoras, como también por otras simplemente técnicas y bien intencionadas: la ausencia de un programa de política económica. El fracaso era poco menos que rotundo, aunque existía la promesa del Gobierno de que atendería la agenda económica después de   sacar adelante la nueva CPE, de acabar con la oposición,  y de reforzar el control militar y policial sobre la población con miras a imponer las 100 leyes que amenazan la paz en todo el territorio nacional. 

Hay que recortar los subsidios a los combustibles porque “no da más” el estado de las finanzas públicas. La economía legal está en rojo. El espejismo se rompió y los discursos oficiales se tornaron sombríos tratando de justificar la medida. Evo el 2005 con el 53.7%, en su reelección del  2009, con la misma promesa de cambio, con el  64.2%. Era el país de exportadores. Ahora, al quinto año, el país de importadores no confía en el gobierno (84%), no cree lo que dice (87%) y no votaría por Evo a un tercer (ansiado) mandato (80.7%). A pesar de revertir el gasolinazo, la credibilidad está perdida.

Que no se la charlen señor Presidente. La reconducción del cambio ya es un mandato. Hace falta  más democracia (escuchar y respetar a todos) para poder trabajar en paz; hay que hacer más y mejor gestión, destrabando la  administración pública;  preste más atención al aparato productivo, primero quitando las trabas colocadas durante estos  años;  ponga voluntad en impulsar de nuevo la producción en los principales sectores,  dotando  de incentivos sin regalar la plata, invirtiendo para mejorar infraestructura  y servicios;  busque  inversión, con políticas abiertas de promoción tanto en el sector público como en el privado,  dejando de lado el celo contra la inversión extranjera que se someta a la ley; declare la  lucha frontal contra la pobreza, creando empleos.  Somos casi 10 millones y los vendepatrias se cuentan con los dedos de la mano.

¿Por qué es tan difícil escuchar? Dice F. Sabater  “La soberbia es el valor antidemocrático por excelencia”. La ambición de poder es algo legítimo, sobre todo en  los políticos. Pero el poder total está negado a los humanos. La ambición desmedida con frecuencia refleja pérdida de  control de apetitos y emociones, patologías ajenas a la responsabilidad de los pueblos. Además, en la CPE el Estado Plurinacional se declara pacifista, amante de la humanidad, del planeta y de todo el universo.  No importa. Es bueno recordarlo: nunca se tiene todo el poder, y aunque muchos lo intentaron, por muchos años, todos fracasaron.

Hoy el Estado Plurinacional está en la mira, escudriñadora, del lente universal.  El caso del general René Sanabria es un detonante. Por el bien del país, el  Presidente tiene  que escuchar, tiene que  mirar alrededor. Qué solución tan simple.  Verá que, al  contrario de lo que le dicen, no hacen falta más estudios ni investigaciones para determinar que la cantidad de coca sembrada supera ampliamente la cantidad que hace falta para el consumo tradicional. Verá que es fácil deducir que la mayor parte, quizás más del 80%,  se desvía a actividades ilegales, y que por tanto, el  éxito de la interdicción que le susurran,  por el mayor número de toneladas de droga incautada, es en realidad la constatación palmaria de que se produce muchísimo más  que antes, de que está  industrializada la producción de droga. Verá que, aunque nos duela, no todo son  maquinaciones de la DEA –la encarnación del diablo-, en su obsesivo intento de hacer daño al país y a su gobierno.  Hay que recordar también que  al principio había coca solamente en los Yungas y que el acullico estaba restringido a poblaciones andinas y, más todavía, estaba limitado a la familia real y a unos pocos ligados a  grupos de poder.  Es triste constatar que en un gobierno “descolonizador”, empeñado en desterrar la marginación, la discriminación, todo signo de servidumbre y esclavitud, se difunda  el acullico de la coca, el signo patético de la explotación de  campesinos e indígenas,  para eso se lo utilizó durante siglos antes y después de la colonia. Que no le digan señor Presidente que la coca no es cocaína. Está en la hoja de la coca, en estado natural, como está la sacarosa en la caña de azúcar o el agua en el río. De paradoja en paradoja, hemos pasado de un país con “acullicadores” a un país con sembradores de coca para la  producción de cocaína en cantidades insospechadas, nunca vista, ni en los peores momentos como fue durante  los gobiernos militares comprometidos con el narcotráfico. Si bien es cierto que el fenómeno económico y social del tráfico de cocaína no es nuevo en el país, su desborde, su magnitud,  sí que lo es,  y hay grupos criminales incrustados en la sociedad boliviana metidos en redes internacionales de narcotráfico.  

Ahora le empiezan a hablar de “despenalizar” el consumo de cocaína, poniendo como ejemplo a los  efectos de la  ley seca sobre el alcohol, sin mencionar que el 30% de las muertes en el mundo (OMS 2011) están relacionados con su ingesta, y las cifras son peores cuando se refieren  a muertes prematuras, de jóvenes entre 15-29 años. Similar a correr a hacer atajos mientras un grifo derrama el agua sobre las faldas de una montaña. Si no hay coca, no hay cocaína, y aunque el infierno  sea  algo personal, no debemos crear las condiciones para tenerlo más cerca. Señor Presidente, cierre el grifo.

Ir al Indice

El Día: Bolítica

Los opositores solicitaron un informe escrito a Saavedra y Cueto sobre el contrabando, en el que incluyeron preguntas con contenido de “burla” y “sarcasmo” a la investidura de la Asamblea y de las autoridades del Estado".

Héctor Arce
Pres. cámara de diputados

---

Se dice que: Una de las preguntas del informe de 13 diputados de Convergencia Nacional causó indignación en el oficialismo y el presidente de la Cámara Baja decidió procesarlos".

---

Se solicita conocer si Inteligencia del Ejército tiene datos sobre si los burros, llamas y mulas que se dedican al contrabando de gasolina, diesel, GLP, harina, azúcar lo hacen por cuenta propia o en complicidad o ayuda de terceras personas".

Osney Martínez
DIPUTADO DE CONVERGENCIA NACIONAL

Ir al Indice

El Día: Por no hacerle caso a Evo

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, acaba de colocar al presidente Morales a la altura de un profeta ya que atribuye el terremoto que azotó Japón este viernes al calentamiento global y la resistencia del mundo moderno de hacerle caso a las advertencias que ha venido haciendo el jefazo sobre los peligros del efecto invernadero, la indiscriminada industrialización y otros excesos que cometen los países capitalistas. Qué hubiera pasado si el profeta Evo hubiera existido hace miles de años, como Moisés, como Mahoma o Abraham y el mundo le hubiera prestado atención. Tal vez nunca se hubieran producido los terremotos ni los cataclismos que han azotado al planeta desde la prehistoria, cuando ni siquiera habían descubierto la rueda ni el fuego. Si le hubieran hecho caso, tal vez hoy estuviéramos rodeados de mamuts y tigres dientes de sable; los dinosaurios no hubieran desaparecido y los seres humanos viviríamos en el paradisiaco mundo de las cavernas, rodeados de fieras y tantas especies que perecieron por culpa de fenómenos como el que acaba de ocurrir en Japón.

Ir al Indice

El Día: ¿Se fue una oportunidad?

Con el acuerdo transitorio de volver a prestar el servicio de transporte público por sólo una semana, con una tarifa concertada anteriormente con sectores sociales, los transportistas de Santa Cruz han decidido levantar un prolongado paro de ribetes históricos que ha perjudicado enormemente a la población. Hubiera sido deseable que se evite el uso de la intransigencia para lograr objetivos, cuando el problema, a ojos vista, requería además de una aceptación del incremento de los pasajes por parte de los usuarios, el respeto del principio de la autoridad municipal como el ente institucional responsable de modificar tarifas y el acatamiento de las normas legales establecidas.
 
La opinión pública ha percibido que la ciudadanía está en condiciones de asumir un alza de los precios de los pasajes dentro de un marco razonable, con la condición de que el transporte público urbano ofrezca, también en un plazo racional, la mejora del servicio. Esto significa por una parte, cambio y/o adaptación de las unidades vehiculares, comodidad, seguridad, limpieza, regularidad de recorrido. Por otro lado, que de una vez el servicio de transporte público forme parte del anhelado reordenamiento del tráfico vehicular de la ciudad, con licitación de líneas para mejorar y ampliar el servicio a los barrios más necesitados, y con respeto a las paradas para recoger y dejar pasajeros.
 
¿Se habrá perdido una oportunidad dorada para solucionar un problema de larga data como es el servicio de transporte público? Todavía es prematura una afirmación concluyente por la complejidad del problema mismo. Pero sin duda el paro mismo ha sido una afrenta mayúscula a la población usuaria para llegar al mismo punto cero, con tarifa en alza. Pese a todo, ahora el autotransporte sabe que su servicio es insatisfactorio y está más sensibilizado con las demandas de la población. Por otro lado, los denominados “trufis” deben ser regulados y supervisados más temprano que tarde, y lo mismo los taxis, un sector señalado repetidamente como abusivo en cobro de tarifas.
 
Lo rescatable del conflicto es que se ha ratificado que los responsables para fijar tarifas y modificarlas son las alcaldías, en virtud de su autonomía. No obstante, se ha puesto en evidencia que se hace preciso, cuanto antes, una normativa legal que deje sentado claramente este aspecto. No podía ser de otra manera si de verdad se pretende aplicar lo que señala la nueva Constitución y la Ley de Autonomías. De esta manera, tanto transportistas como autoridades ediles podrán definir el curso de los acontecimientos dentro de los días que se han fijado como plazo, en estricto cumplimiento de las leyes nacionales y del ordenamiento jurídico local. Se espera sensatez y responsabilidad.
 
Todo parece indicar que todavía es posible llegar a acuerdos duraderos, que beneficien a todos, tanto a transportistas como a la población usuaria. Las autoridades municipales podrán, en virtud de las coincidencias, ejercer su rol administrativo como corresponde, de manera que el servicio de transporte público urbano sea el que corresponde a una ciudad líder del país. Santa Cruz necesita un servicio público de transporte seguro y ordenado, cómodo y económicamente accesible a una población de usuarios digna de mejor suerte. Debe prevalecer el criterio ecuánime de sus autoridades locales para beneficiar al conjunto de la comunidad, sin prerrogativas para ningún sector en especial.

Pero sin duda el largo paro del autotransporte ha sido una afrenta mayúscula a la población usuaria para llegar al mismo punto cero, con tarifa en alza.

 

Ir al Indice

Los Tiempos: BRASIL Y LAS CUENTAS PENDIENTES DE SU PASADO

La pugna entre Rousseff y las Fuerzas Armadas de su país confirma que el olvido no es la mejor fórmula para que un país se reconcilie con su pasado

Cuando sólo han transcurrido algo más de un par de meses desde que el 1 de enero pasado asumiera la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff ha dado un paso que sin duda someterá a una dura prueba a su naciente gestión gubernamental. Ha decidido saldar una asignatura que su país tenía pendiente con el periodo de la dictadura militar de hace 30 años y al hacerlo ha puesto en serio riesgo las buenas relaciones con las Fuerzas Armadas que hasta ahora y desde 1985 sostuvieron sus antecesores.

La decisión de Rousseff tiene una especial importancia porque Brasil es el único país de América Latina que no ha hecho hasta ahora un ajuste de cuentas con su pasado dictatorial y porque ella misma fue protagonista principal de esos tiempos de violencia, odios y resentimientos que dejaron heridas tan hondas que aún hoy están abiertas.

Como ahora resulta imprescindible recordar, Rousseff fue en sus tiempos juveniles activa militante de uno de los más radicales movimientos revolucionarios brasileños y autora de actos que serían intolerables en un Estado de derecho como el que hoy rige en su país. Fue también víctima de la ferocidad con que la dictadura militar reprimió a quienes se oponían a sus designios; fue sometida a torturas y encarcelada durante casi dos años y nunca dejó de dedicar sus mejores esfuerzos a que en su país se restablezca la vigencia de la libertad y la democracia.

Hasta ahora, y desde que en nombre de la pacificación nacional y de la conveniencia de mirar al futuro más que al pasado fue aprobada la Ley de Amnistía, que daba por perdonadas las atrocidades cometidas por ambos bandos en conflicto durante el Gobierno militar, parecía que Brasil había encontrado en el olvido la mejor fórmula para reconciliarse con su pasado. Pero como ahora se ve, las heridas no estaban del todo restañadas y todavía son tantas las voces que piden "hacer justicia a la historia" como las que insisten en tender un velo sobre ella.

Según Rousseff y quienes respaldan su iniciativa de crear una "Comisión de la Verdad", el propósito de la iniciativa no es reavivar odios y resentimientos sino sólo esclarecer los hechos de aquel periodo para que su recuerdo sirva como un buen motivo para evitar que se repitan.

Quienes se oponen, en cambio, creen que recuperar la memoria puede ser algo peligroso. Las Fuerzas Armadas temen que dicha comisión pueda acabar pidiendo la revisión de la Ley de Amnistía hoy vigente. Sostienen que recordar el pasado "provocará tensiones y serias desavenencias al traer a discusión hechos ya superados". Para los militares, la iniciativa de Rousseff "va a abrir una herida en la conciencia nacional" y "promover revanchas políticas".

Así, por primera vez desde que 1985 se restableciera la democracia brasileña, se ha abierto la posibilidad de una confrontación entre el poder civil y el militar, lo que en sí mismo se constituye en una fehaciente prueba de lo lejos que todavía está Brasil, como todos los países latinoamericanos, de dar por superado ese capítulo de la historia. Algo similar a lo que ahora se está dando en el país, donde las Fuerzas Armadas se niegan a abrir los "archivos de las dictaduras" sin que las autoridades correspondientes hagan respetar la ley, como se lo hizo en la década de los 80, cuando nos convertimos en el primer país en encarcelar, luego de un debido proceso, a un ex dictador y sus principales colaboradores.

Ir al Indice

El Deber: La secuela del caso Sanabria

El Gobierno nacional se ha puesto muy nervioso con el tema del general de policía René Sanabria, ahora sometido a un proceso legal en Estados Unidos por haber intentado llevar 60 kilos de cocaína boliviana a ese país.

El tema ha desplazado al drama de la inflación de la actualidad periodística y a las secuelas del error garrafal del anuncio de un gasolinazo en diciembre. Un sofocón de desprestigio ha venido a sepultar al sofocón de ineptitud en el manejo de la cosa pública.

Todos los días alguna autoridad del más alto nivel dice algo sobre Sanabria, convertido en la punta del ovillo de algo que se percibe como tenebroso, como un cáncer que ha tomado el cuerpo del Gobierno.

Lo último que dijo el presidente Morales sobre este tema fue que quienes lo aluden están tratando de involucrar a él y a su gobierno en delitos de narcotráfico. Tan nervioso se ha puesto el Presidente que en la Cámara baja se ha difundido la intención oficialista de prohibir que se hagan alusiones de humor sobre éste y otros temas. Como se sabe, tratar de frenar el humor es lo último que hacen los gobiernos que han cometido errores, antes de irse.

El propio vicepresidente García Linera anunció que iniciaría una acción legal contra el senador Róger Pinto, quien dice tener pruebas de que el general Sanabria fue designado en cargos clave del Ministerio de Gobierno y de la lucha contra el narcotráfico a pesar de que existían indicios que lo descalificaban. Pinto quiere exhibir esas pruebas ante el propio presidente Morales, pero lo que ha hecho el Gobierno es descalificarlo y luego amenazarlo.

También ha lanzado el Gobierno advertencias y amenazas a periodistas y medios de comunicación que tratan el tema y que han comenzado a recibir informaciones del exterior sobre lo que se perfila como una enorme organización de narcotraficantes.

La jueza norteamericana que tiene a su cargo el caso Sanabria ha anticipado que el general boliviano tiene tres opciones: cien años de cárcel, cadena perpetua y lo que se conoce como ‘protección del testigo’. Esto último significa que Sanabria podría ayudar a descubrir toda la red de conexiones de su organización tanto dentro del Gobierno boliviano como en otros países, a cambio de una disminución de su condena.

Es decir que, como se sospechaba, esta historia apenas ha comenzado. Y podría terminar tocando nombres hasta ahora insospechados. Esto explicaría el nerviosismo que se siente en algunas esferas gubernamentales.

Protestar contra Estados Unidos, despotricar contra la DEA, amenazar a parlamentarios opositores y a medios de comunicación forman parte de un comportamiento equivocado. El Gobierno nacional tendría que corregir las políticas que aplica y que han ido alentando  la producción de coca y con ella la fabricación y tráfico de cocaína.

Hay que entender que no se puede defender a ultranza el cultivo de la hoja de coca haciendo abstracción de que es la materia prima de la droga más peligrosa y más difundida del mundo. Y de un poder económico que amenaza con tomar el control del país.

Ir al Indice

Cambio: Debe presentar las pruebas

El senador Róger Pinto denunció hace un par de días que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, conocía de los vínculos con el tráfico de drogas del ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), general (r) René Sanabria, y que pese a contar con esa información la autoridad gubernamental "no hizo nada" para investigar esos presuntos nexos que llevaron al jefe policial a ser detenido en Panamá por efectivos de la Drug Enforcement Agency (DEA), luego de un seguimiento internacional.

El legislador opositor incluso aseguró que para "probar" sus temerarias acusaciones supuestamente contaría con "un testigo", quien presuntamente corroboraría su denuncia.

Además, en el marco del plan opositor que utiliza todos sus medios para desacreditar al Gobierno nacional, Pinto emplazó al presidente Evo Morales para que interponga un proceso penal en contra de Llorenti, para "demostrarle al país que no tiene nada que ver con esta actividad". Es decir, el senador de marras intentó vincular al Jefe de Estado con el narcotráfico, ni más ni menos; aunque ante la falta de pruebas el legislador intentó aclarar que nunca planteó una relación directa del presidente Morales, el vicepresidente García Linera o el ministro Llorenti con el tráfico de drogas.

No obstante y más allá de sus acusaciones políticas, con objetivos también políticos; Pinto está obligado no sólo a presentar al supuesto testigo sino las pruebas que respalden —ante un tribunal jurisdiccional— que Llorenti conocía de los nexos con el narcotráfico de Sanabria. Empero, el mismo legislador opositor, en las últimas horas, admitió que no cuenta con las pruebas de sus afirmaciones, pero que su testigo "presentaría documentación que sí avala que el Ministro (Llorenti) estaba informado sobre el caso".

Y lo que corresponde —en el marco de la querella penal por desacato que pesa en su contra— es que Pinto compruebe todas y cada una de sus acusaciones, porque no es admisible que la democracia que construimos todos los bolivianos sea instrumentalizada por oscuros intereses nacionales y extranjeros que, en el caso que comentamos, intentan forzar el retorno de la DEA a territorio boliviano y buscan estigmatizar a la administración de Evo Morales como a un gobierno supuestamente comprometido con el narcotráfico. En este contexto, lo que Pinto pretende —y otros voceros de la oposición más radical— es ‘lavar’ la imagen de la DEA y desacreditar al Gobierno boliviano en el plano internacional. Por eso es nesario recordar que el papel que cumple esa agencia estadounidense en la lucha contra el tráfico de drogas, es tan oscuro como los intereses que representa.

Un ex agente estadounidense antidrogas, Michael Levine (muerto en circunstancias no esclarecidas), en su libro La Guerra Falsa, detalló con lujo de detalles los nexos de narcotraficantes bolivianos con la DEA, cuya lucha lejos de combatir el narcotráfico, no hace otra cosa que controlarlo en beneficio de intereses imperialistas de domino político internacional.

Es que el capitalismo —señala Jorge Echazú— no reconoce límites de carácter ético o moral y desde este punto de vista considera el negocio de la droga como uno cualquiera y por tanto, mientras más anuncia su combate al narcotráfico, lo que hace en realidad es estimular este negocio. En ese contexto, la arremetida opositora para que vuelva la DEA y sus esfuerzos por vincular al gobierno con el narcotráfico son parte de un plan diseñado para desestabilizar nuestra democracia y el proceso político de cambios estructurales.

Además, la ética política exije al senador Pinto asumir plenamente la responsabilidad de sus declaraciones y no intentar victimizarse como "un perseguido político", es decir, tiene que dar la cara, responsabilizarse del alcance de sus acusaciones y no esconderse detrás de otras personas, como su ‘testigo’ de marras. Dicho de otro modo, no puede tirar la piedra y esconder la mano.

Pinto debe asumir plenamente sus acusaciones y no intentar victimizarse como "un perseguido político"; tiene que dar la cara y no esconderse detrás de otras personas. Es decir, no puede lanzar la piedra y esconder la mano.

Ir al Indice

La Prensa: Las donaciones y su real destino

Las donaciones de alimentos y ropa entregadas a dirigentes vecinales tendrían un destino desconocido, pues no llegarían a parte de los damnificados.

En verdad, las manifestaciones a favor de los damnificados del denominado megadeslizamiento de la ladera este de la ciudad de La Paz han demostrado la capacidad solidaria del pueblo de Bolivia. De todos los rincones del país han llegado señales de hermandad hacia quienes lo han perdido todo ante las fuerzas de la naturaleza. Incluso se ha visto casos de barrios aledaños que se han organizado de manera súbita para preparar alimentos y repartirlos entre las familias que se han quedado sin techo, o en las personas particulares que aún hoy se hacen presentes en la zona para hacer entrega de alimentos o vituallas a las víctimas.

Este sentimiento de adhesión moral y material hacia las víctimas de los derrumbes se ha sentido en forma transparente en la respuesta a las convocatorias realizadas por instituciones municipales o estatales, lo mismo en aquellas campañas organizadas por instituciones privadas que también han querido sumar sus esfuerzos para atenuar la desgraciada situación de esas miles de familias que ahora quedan sin absolutamente nada. Es así que muchas empresas bancarias, de comunicación social e industriales o de comercio se han adherido a estas campañas, canalizando los aportes que de una u otra forma les hacía llegar la población.

Las mismas respuestas han tenido las instituciones públicas que canalizan donaciones de alimentos y vituallas destinados a los damnificados que son enviadas desde el interior y el exterior del país. En este sentido, hay que destacar la tarea emprendida por la Alcaldía Municipal, que ha reforzado el número del personal que asiste a las víctimas de los desastres. También es necesario mencionar la organización de eventos en beneficio de las víctimas, como el caso del partido de fútbol organizado por el Viceministerio de Deportes o el festival artístico-musical que se realizará desde el mediodía de hoy en el Teatro al Aire Libre. Mención especial para los deportistas y artistas que se han sumado de manera desinteresada a este esfuerzo.

Sin embargo, llaman la atención las permanentes quejas de grupos de familias damnificadas que aseguran que toda aquella ayuda anunciada públicamente no les ha llegado de ninguna manera y siguen sintiendo la carencia de colchones, frazadas y sobre todo alimentos, o el hecho de que los cisternas de agua no llegan a una parte masiva de los damnificados. También se han dado situaciones inadmisibles como aquella de gente deshumanizada que incluso ha optado por cobrarles el uso de baños. Es normal, nos dicen, que aquellas donaciones de alimentos y ropa entregadas a dirigentes vecinales tengan un destino desconocido, pues no llegan a quienes son parte de los campamentos.

Todo esto nos lleva a suponer que el trabajo de reparto realizado tanto por las instituciones del Gobierno como del municipio no refleja la transparencia deseada. Tal vez sea necesario que ?dejando de lado sus diferencias partidarias? estas entidades fusionen su capacidad organizativa y realicen un trabajo conjunto que, además de hacer llegar todo aquel apoyo a los damnificados sin diferencia alguna, permita a la población de todo el país ver con claridad que todas sus manifestaciones de solidaridad han tenido como destino aquel que originalmente había dispuesto.