El DS 21060 está con candados, requiere 8 leyes para derogarlo

La norma dio pie a la enajenación de los recursos naturales y canceló los derechos laborales.

image El Decreto Supremo 21060, que dio pie a la enajenación de los recursos naturales y canceló derechos laborales, tiene varios candados y sigue vigente en varios aspectos. El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, afirmó que se necesitan, al menos, ocho leyes para desactivarlo en todos sus alcances.

“Nosotros hemos señalado que el Decreto Supremo 21060, en su esencia, ya había sido trastocado”, dijo el Ministro en un programa de televisión de la Red Uno al referirse a una de las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB).



Al calor del conflicto que mantienen los trabajadores con el Gobierno por un mayor incremento salarial (15 por ciento), la demanda de abrogar el Decreto 21060 nuevamente ha cobrado importancia y es parte del debate que sostiene la dirigencia sindical con las autoridades del Ejecutivo.

Durante la reunión con dirigentes de la COB, “hemos analizado y explicado que parte de la esencia del Decreto 21060 había sido la enajenación de los recursos naturales. Cuando se recuperaron los hidrocarburos (en 2006), luego las eléctricas y la recuperación de otras empresas, ya se empezó (a desactivar el decreto), pero faltan algunos aspectos”, dijo el Ministro.

Explicó que “al ser un decreto (el 21060), muy hábilmente el Gobierno de entonces se encargó de ponerle candados con leyes, (que ahora) nosotros debemos terminar de desmontar con la promulgación de (otras) leyes”.

En ese sentido, manifestó que la intención de la actual administración es aumentar la participación estatal en la economía. Cuando “llegamos al Gobierno, la participación del Estado en el Producto Interno Bruto (PIB) era alrededor del 13 por ciento”, mientras que el 87 por ciento se había privatizado. Pero ahora “con mucho orgullo queremos decir que la participación estatal es del 33 por ciento”.

Pese al incremento de la participación del Estado en la economía, Coca aclaró que faltan algunas leyes que hay que desactivar. En ese contexto, señaló que el 1 de mayo “debemos dar sepultura al Decreto 21060”, aunque “sabemos que hay leyes que no pueden salir en una semana”.

Agregó que son alrededor de ocho leyes que fueron identificadas y en las que se avanzará para que los beneficios del Estado lleguen a todos los bolivianos.

Libre contratación y salarios congelados

El DS 21060 dispuso la libre contratación y se congelaron los salarios, mientras que en el sector privado la fijación de los salarios se abandonó a las negociaciones directas entre personas empleadas y la patronal.

De este modo, la ausencia para proteger a las trabajadoras y trabajadores se constituyó en un patrón de conducta general del Estado ante los conflictos entre la sociedad y el sector privado. A la vez, la patronal quedó en condiciones de despedir libremente a quienes se les oponían. Además se suprimió una serie de festivos sin ninguna compensación.

Estas medidas tuvieron un gran impacto en la distribución de los ingresos, pues se daba primacía a las ganancias de los capitalistas a costa de la reducción de los salarios (P. Ramos Sánchez 1986), citó el investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Benefició a la banca y los especuladores

En el sector financiero, el Decreto 21060 suprimió las medidas que hasta ese momento habían limitado la libertad de movimiento de los capitales privados. En ese sentido, se liberalizaron los recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores en beneficio de la banca y los especuladores financieros.

Además se dispuso la venta de oro acumulado por el Banco Central y se puso a la economía nacional a rotar en torno al valor del dólar.

Esta liberalización hizo posible el saqueo más fácil de los recursos naturales, pero en lo relativo a las empresas del Estado se aplicó la política opuesta. Estas empresas debían enfrentar un mecanismo de control fiscal que les quitaba agilidad frente a las compañías privadas. (P. Ramos Sánchez. 1986).

Privatización de las empresas del Estado

El DS 21060 impuso la descentralización de las empresas del Estado y obligó a sus subsidiarias a elaborar sus propias políticas de administración y de operaciones.

Las subsidiarias de Comibol debían concertar entre ellas y terceros contratos de servicios de una amplia gama. Esta medida era el primer paso para privatizarlas, pero también obedecía al desagrado con que el Gobierno las veía debido a su autarquía y a que tenían el monopolio de los sectores estratégicos de la economía.

Las empresas más pequeñas, por ejemplo, transportes, fundiciones y Karachipampa, fueron disueltas. La Corporación Boliviana de Fomento, que fue un instrumento fundamental para la diversificación agroindustrial del país, fue liquidada pese a haber sido creada por ley (Medina Pinedo y Mariaca Bilbao).

Se arrebató la comercialización a YPFB

El DS 21060 prohibió los monopolios y oligopolios, que afectó directamente al Estado. Una prueba de ello es que la distribución y comercialización de hidrocarburos fueron arrebatadas a YPFB y entregadas directamente al sector privado.

Se estableció un régimen de precios para el sector de los hidrocarburos y derivados de acuerdo con el dólar. También se anuló con carácter retroactivo la normativa que reducía el precio del barril pagado por el Estado a las empresas contratistas para el abastecimiento del mercado interno. Con ello, Bolivia empezaba a pagar más por la energía para su abastecimiento, y las empresas transnacionales Tesoro y Occidental obtenían un obsequio de 33 millones de dólares por año. (Medina Pinedo y Mariaca Bilbao, 1996).

Fuente: Periódico CAMBIO