Inflación y salarios

Rolando Morales Anaya

Rolando-Morales-A. Es legítimo que los trabajadores busquen reponer el poder de compra de sus ingresos laborales mermados por la inflación, pero si lo logran, generarán más inflación que dará lugar a nuevos pedidos de incrementos salariales aumentando el riesgo de entrar en una espiral inflacionaria.

Pero, por cuestión de ética, no se les puede pedir que retiren sus demandas mientras rubros innecesarios del gasto público crecen desmedidamente.



Con el objetivo de frenar la inflación, el Gobierno ha adoptado dos medidas en el campo monetario:

1) disminuir paulatinamente el precio del dólar,

2) retirar dinero del público ofreciendo captar depósitos en el Banco Central con tasas de interés elevadas.

La primera medida busca aumentar la oferta de bienes incrementando las importaciones pero puede tener efectos contraproducentes.

Por una parte, los agentes económicos, al perder confianza en el dólar y también en la moneda nacional debido a la inflación, aumentarán la demanda de bienes incrementado sus precios.

Por otra parte, al volverse más baratos los bienes importados pueden llegar a sustituir a sus similares producidos localmente, lo que generará recesión y desempleo. La segunda medida, además de proporcionar ganancias fáciles a los especuladores, es incompatible con la política de expansión del gasto público.

Dicho en palabras sencillas: el estado gasta a borbotones y después paga para recoger el dinero dilapidado.

La política monetaria puede ser eficiente en la medida en que sea acompañada de una política fiscal destinada a contener el gasto público innecesario.

Entre los años 2006 y 2011, el gasto de las Fuerzas Armadas aumentó en el 65% llegando a 294 millones de dólares (según publicaciones internacionales, bordea los 400 millones de dólares).

El de la Policía aumentó en 74% subiendo a 270 millones de dólares. Estos datos contrastan con el incremento de los ingresos laborales sólo en un 30%.

Se compró aviones de guerra cuyo uso es indefinido. En el desfile del 23 de marzo, el público apreció hermosos y costosísimos caballos.

El Palacio Quemado compró un avión presidencial en el exorbitante precio de 40 millones de dólares.

El sector público ha renovado su parque automotriz con hermosas vagonetas Toyota y Nissan.

Los viajes de las máximas autoridades dentro y fuera del territorio nacional son carísimos.

No se conoce resultados de algunas inversiones públicas significativas como la de Papelbol.

No se entiende la compra de un satélite por el exorbitante precio de 350 millones de dólares en un contexto de hambre y desempleo en Bolivia.

Bolivia debe hacer lo posible para evitar una espiral inflacionaria que dañaría a todos.

Por ello, es necesario recurrir a todas las políticas posibles para evitarla.

En particular, tiene que repensarse el monto y la composición del gasto público buscando contener el gasto en los rubros innecesarios y asegurar mayor equidad y eficiencia.

Esto no solamente por una cuestión económica y de ética pero también para evitar el resquebrajamiento de la estabilidad política y social.

Página Siete – La Razón