Muñoz: Gobierno ejecuta nueva persecución política contra Doria Medina

El diputado opositor, Mauricio Muñoz, considera que el ataque político judicial a Soboce genera inseguridad jurídica y promociona una mala imagen para el país, porque ahuyenta a las inversiones extranjeras.

imageEl empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina en un acto oficial en Soboce. Foto archivo internet

La Paz, 20 Abr. (ANF).- El Gobierno determinó ejecutar una nueva persecución política judicial contra del jefe nacional de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, bajo el argumento de un supuesto daño económico que habría ocasionado la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuyo socio mayoritario es el empresario cementero.



Esta afirmación corresponde al jefe adjunto de Bancada de PPB-Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz, quien calificó de arremetida agresiva las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera contra esta empresa privada, la clase política opositora y la Central Obrera Boliviana (COB).

Para la oposición legislativa, este discurso de confrontación, además de seguir con la denominada persecución política contra el jefe de Unidad Nacional, significa un atentado contra la propiedad privada.

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió ayer a Soboce) garantizar la producción de cemento en el marcado interno y “dejar de chantajear” al sector de la construcción y al Gobierno. Pues de lo contrario el Gobierno podría tomar fuertes medidas para garantiza el abastecimiento de ese producto.

Muñoz considera que el Gobierno trata de desestabilizar a la empresa privada, pues en el caso de Soboce se determinó congelar sus cuentas financieras mediante orden judicial y se impulsan procesos contra sus ejecutivos, “en el marco de un atentado contra la inversión privada”.

“Exigimos al Gobierno que respete la empresa privada y a quienes invierten a favor de la producción, del desarrollo del país, pues eso genera empleos. El gobierno atenta contra la estabilidad de una de las empresas más grandes como en Soboce que tiene historia en el país”, dijo

Señaló que no se trata de defender a las personas sino a instituciones y la inversión privada, al considerar que el ataque político judicial a Soboce genera inseguridad jurídica y promociona una mala imagen para el país, porque ahuyenta a las inversiones extranjeras. “El Estado debería trabajar con la empresa privada en la explotación de los recursos naturales, pensar en generar riqueza para el país y no continuar con esta persecución y desestabilización empresarial”, sostuvo.

El viernes pasado, la juez Tercera de Partido en Materia Civil y Comercial, Betty Nogales, ordenó la congelación de las cuentas bancarias de Soboce a raíz de un presunto daño económico de más de 100 millones de dólares que supuestamente se habría ocasionado a la ciudad de Sucre, empresa que fue accionista de Fancesa en los últimos 10 años.

El gerente general de la empresa Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Armando Gumucio, anunció la presentación de un recurso de apelación para revertir el fallo judicial que congela sus cuentas, toda vez que esa medida pone en riesgo las fuentes laborales de más de 4.000 empleaos directos e indirectos.