Buscando someter a Santa Cruz

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. Los Tiempos: HACIA LA RECTIFICACIÓN DE MÚLTIPLES ERRORES

  2. El Deber: Buscando someter a Santa Cruz

  3. Cambio: Independencia de la justicia

  4. La Prensa: Hacia la rectificación de múltiples errores

  5. El Diario: La Policía y la libertad de expresión

  6. El Mundo: Castigo

  7. Clarín, Argentina:

  8. El Día: Bolítica

  9. El Día: Los ‘suplicios’ de la política

  10. El Día: Lucha Contra la Corrupción

  11. El Día: Otro ejemplo que nos da Chile

  12. El Día: Maquinaria mediática

  13. El Día: La Ley de Comunicaciones llega con varias amenazas

  14. El Día: La impostura regional

  15. El Día: Color verde olivo

  16. El Día: Bolítica

  17. El Día: Entre traiciones y zancadillas

  18. El Día: Raúl Prebish y el efecto China

  19. El Día: Bolítica

  20. El Día: Mojones de plastilina

  21. El Día: La pobreza de los niños


Los Tiempos: HACIA LA RECTIFICACIÓN DE MÚLTIPLES ERRORES

Es de esperar que así como el Gobierno reconoce los errores cometidos en el sector hidrocarburífero haga lo mismo en otras áreas de su gestión



Durante los últimos días, muy poco después de haberse cumplido el quinto aniversario de la "nacionalización" de los hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) organizó el primer Congreso Internacional Gas y Petróleo al que invitó a ejecutivos de empresas petroleras extranjeras, especialistas y organizaciones del sector. Lo hizo con el expreso propósito de convencer a todos de que Bolivia quiere que vuelvan las inversiones necesarias para reactivar el sector hidrocarburífero nacional.

"No vamos a cerrar las puertas. Vamos a abrir las puertas en el marco de una presencia fuerte del Estado", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera en el acto de clausura. "El sector gasífero, petrolero, tiene en Bolivia grandes oportunidades. Les decimos a los inversionistas es un buen momento para invertir, las oportunidades se están abriendo", agregó.

El presidente de YPFB, por su parte, anunció que Bolivia se prepara para promover inversiones de exploración de gas natural y petróleo en 56 áreas reservadas disponibles. Para ello, el plan consiste en difundir paquetes de datos de áreas, estimar recursos, preparar licitaciones internacionales y organizar 13 ruedas de negocios en ciudades de Europa y Asia. "En las ruedas de negocios vamos a invitar, explicar, persuadir para que las empresas puedan interesarse e incluir en sus decisiones de inversión venir a Bolivia", dijo.

Tales palabras, como es por demás evidente, llevan implícito el reconocimiento de que lo hecho durante los últimos años estuvo muy lejos de lo que se esperaba. Tanto es así que no es exagerado decir que la política hidrocarburífera aplicada desde el 1º de mayo de 2006 se ha plasmado en un rotundo fracaso y que, si no se hacen las urgentes rectificaciones, el futuro de la economía nacional se vislumbra poco menos que catastrófico.

Que así sea no es ninguna novedad. Por el contrario, lo que hace el Gobierno es confirmar lo que durante los últimos años han estado advirtiendo reiteradamente todos los conocedores de la materia. La única diferencia es que esas opiniones, que hasta hace poco eran descalificadas en términos cuya agresividad denotaba no sólo una enorme soberbia, ahora son humildemente reconocidas como las más acertadas.

Sin embargo, que el Gobierno haya tardado cinco años en dar ese paso no sólo que se trata de un lapso que no se podrá recuperar, sino que el daño hecho tendrá hondas repercusiones sobre el futuro. Sin embargo, más vale tarde que nunca; y resulta esperanzador que el desprecio hasta ahora mostrado por la racionalidad, y su sustitución por concepciones ideológicas que, como ahora se ve, son equivocadas, esté llegando a su fin.

Ahora el Gobierno se ha comprometido a agilizar la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos. Es de esperar que su contenido sea lo que hace falta para salir de tan largo extravío. Y más deseable aún es que una similar rectificación de rumbos se produzca en otras áreas de la actividad económica y política de nuestro país donde los daños que ha ocasionado y sigue ocasionando el sectarismo ideológico son tan malos como los que sufrió el sector energético nacional.

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El Deber: Buscando someter a Santa Cruz

Si se analiza detenidamente la actual ofensiva gubernamental contra la Asamblea Legislativa Departamental, además favorecida por las flaquezas de una ‘oposición’ inmersa en su más profunda crisis, se colige enseguida la existencia de todo un plan para que la región cruceña termine bajo un firme control del Gobierno central. En una primera fase, se quiere a toda costa sumir a Rubén Costas en la más completa ingobernabilidad. Es probable que el epílogo del asunto sea remplazar al gobernador cruceño por alguien del MAS o, cruzando la vereda, pase a convertirse en dócil instrumento  del oficialismo.

Explicable, por parte del Gobierno nacional, tan ostensible empeño.  Actualmente, Santa Cruz, tanto por su desarrollo económico como por su crecimiento demográfico, es ahora una de las regiones de mayor peso político en el país.  Consecuentemente, pasar a controlarla, desde Palacio Quemado, le significaría, por lo menos hasta finales de su periodo quinquenal, un radical y decisorio avance en su ruta hacia la hegemonía total que persigue indisimuladamente.

En la ejecución del plan dejan sus huellas digitales operadores a control remoto, pero efectivo a  quienes halagó el ‘éxito’ en Pando, donde con fórmulas parecidas a las que ahora se aplican en Santa Cruz lograron no solo barrer de la Gobernación a Leopoldo Fernández, sino también recluirlo en una cárcel de La Paz tras someterlo a un intenso tiroteo procesal penal que todavía continúa.

Respecto a Santa Cruz, hay rasgos inéditos en el asunto, como el de convertir la Asamblea Legislativa Departamental en base de lanzamiento del plan. Con la incorporación a este cuerpo de una ‘yuracaré-moxeña’, cuya legitimidad de representación es legal y constitucionalmente cuestionada por la bancada opositora, el Movimiento Al Socialismo quiere, de entrada,  revertir a su favor la correlación interna de fuerzas en la Asamblea. 

La marcha a Santa Cruz  de campesinos afines al Gobierno hace recordar aquella otra de gente reclutada y movilizada por diligentes y eficaces operadores oficialistas para una acción que, en la localidad pandina de Porvenir, dio lugar a reacciones que encendieron la mecha de una explosión política que barrió a Leopoldo Fernández de la Gobernación de Pando.

El problema para el Gobierno es que Santa Cruz no es una región en la que  pueda ejecutar fácilmente planes que le dieron resultados en otros departamentos del país, por mucho que aplique tácticas dirigidas a causar división en las trincheras de la oposición.  Aun cuando lograse apoderarse de la Asamblea Legislativa Departamental, tendría que vérselas ante la firme reacción de todo un pueblo que, seguramente, saldrá a las calles a defender a un gobernador que no fue elegido a dedo desde Palacio de Gobierno de La Paz, sino por el pueblo mismo, en las urnas, por aplastante mayoría.

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Cambio: Independencia de la justicia

El representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dennis Racicot, conceptuó ayer como histórico la elección —mediante voto popular— de las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, fijadas para el próximo 16 de octubre, ya que marcará un antes y un después en la administración de la justicia boliviana. Por eso abogó porque este inédito proceso fortalezca la democracia y la independencia de poderes.

"Estas elecciones judiciales de Bolivia son únicas e inéditas en el mundo, es un hecho histórico porque por primera vez un país da la posibilidad a su población de seleccionar directamente por el voto popular a las autoridades judiciales, además que estas elecciones son el fortalecimiento democrático que dará independencia del Órgano Judicial", dijo, citado por ABI, en una entrevista con los medios estatales.

Es decir, la elección de las autoridades judiciales por voto del pueblo es el camino por el que optó la democracia boliviana para garantizar la independencia del Órgano Judicial del resto de los poderes del Estado Plurinacional. Y este mecanismo democrático permitirá que los nuevos administradores de justicia respondan ante sí mismo y ante el pueblo que en las urnas les delegará su confianza.

Sólo de esta manera se podrá garantizar la imparcialidad y efectividad de los jueces a la hora de juzgar, no sólo las causas ordinarias que administren y las que involucran a los ricos y poderosos acusados de corrupción y otros delitos, sino también los actos administrativos del Gobierno.

Es que la independencia del Órgano Judicial es un requisito imprescindible en la consolidación de la institucionalidad democrática boliviana, por sus alcances para una correcta y despolitizada aplicación de la ley, que devuelva al pueblo su confianza en la justicia, pero fundamentalmente erradique el ignominioso cuoteo político de los altos cargos del sistema de administración de justicia.

No obstante, antes de la elección en las urnas de las nuevas autoridades judiciales —mediante el voto del pueblo—, es indispensable que la preselección de candidatos se apegue a un proceso imparcial y transparente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, libre de injerencias de sectores políticos, económicos y sociales.

Y una vez que el pueblo exprese su sentencia democrática e inapelable en las urnas, las electas autoridades judiciales —tras ser posesionadas— es de esperar que implementen la reorganización de la estructura administrativa del Órgano Judicial y la agilización de los procedimientos judiciales, mientras que el Estado garantice la asignación de suficientes recursos económicos, materiales y humanos para que se cumpla ese cometido.

Además, los nuevos jueces deberían incorporar en todos los juzgados nuevas tecnologías que permitan la digitalización de sus documentos y la cualificación de la gestión procesal; así como la profesionalización de todo el personal al servicio de la administración de justicia y la estabilidad laboral de los no titulares.

Sólo así se alcanzará el objetivo supremo de despartidizar, despolitizar y cualificar la justicia boliviana, cuyo cimiente serán los resultados que arroje la elección de sus nuevas autoridades del próximo 16 de octubre. Es que la institucionalidad de nuestra democracia requiere de un sistema judicial fuerte, transparente e independiente; que sea el puntal en la lucha contra el delito, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y otros males que amenazan a la población.

En ese contexto y una vez que fueron despejadas todas las dudas concernientes a una histórica cita con las urnas en cinco meses, Bolivia se apresta a señalar a la comunidad internacional un camino hasta ahora desconocido: la elección democrática, directa, diáfana y por voto popular de sus autoridades judiciales. Sin duda, un gran desafío.

Dentro de cinco meses Bolivia señalará a la comunidad internacional un camino hasta ahora desconocido: la elección democrática, directa, diáfana y por voto popular de sus autoridades judiciales. Sin duda, un gran desafío.

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La Prensa: Hacia la rectificación de múltiples errores

Es de esperar que así como el Gobierno reconoce los errores cometidos en el sector hidrocarburífero, haga lo propio en otras áreas de su gestión.

Durante los últimos días, muy poco después de haberse cumplido el quinto aniversario de la ?nacionalización? de los hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) organizó el primer Congreso Internacional Gas y Petróleo, al que invitó a ejecutivos de empresas petroleras extranjeras, especialistas y organizaciones del sector. Lo hizo con el expreso propósito de convencer a todos de que Bolivia quiere que vuelvan las inversiones necesarias para reactivar el sector hidrocarburífero nacional.

?No vamos a cerrar las puertas. Vamos a abrir las puertas en el marco de una presencia fuerte del Estado?, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera durante el acto de clausura. ?El sector gasífero, petrolero, tiene en Bolivia grandes oportunidades. Les decimos a los inversionistas que es un buen momento para invertir, las oportunidades se están abriendo?, agregó.

El Presidente de YPFB, por su parte, anunció que Bolivia se prepara para promover inversiones de exploración de gas natural y petróleo en 56 áreas reservadas disponibles. Para ello, el plan consiste en difundir paquetes de datos de áreas, estimar recursos, preparar licitaciones internacionales y organizar 13 ruedas de negocios en ciudades de Europa y Asia. ?En las ruedas de negocios vamos a invitar, explicar y persuadir para que las empresas puedan interesarse e incluir en sus decisiones de inversión el venir a Bolivia?, dijo.

Tales palabras, como es por demás evidente, llevan implícito el reconocimiento de que lo hecho durante los últimos años estuvo muy lejos de lo que se esperaba. Tanto es así que no es exagerado decir que la política hidrocarburífera aplicada desde el 1 de mayo de 2006 se ha plasmado en una desilusión y que, si no se hacen las urgentes rectificaciones, el futuro de la economía nacional se vislumbra poco menos que catastrófico.

Que así sea no es ninguna novedad. Por el contrario, lo que hace el Gobierno es confirmar lo que durante los últimos años han estado advirtiendo reiteradamente todos los conocedores de la materia. La única diferencia es que esas opiniones, que hasta hace poco eran descalificadas en términos cuya agresividad denotaba no sólo una enorme soberbia, ahora son humildemente reconocidas como las más acertadas.

Sin embargo, que el Gobierno haya tardado cinco años en dar ese paso no sólo que se trata de un lapso que no se podrá recuperar, sino que el daño hecho tendrá hondas repercusiones sobre el futuro. Sin embargo, más vale tarde que nunca, y resulta esperanzador por la racionalidad, y su sustitución por concepciones ideológicas que, como ahora se ve, son equivocadas esté llegando a su fin.

Ahora el Gobierno se ha comprometido a agilizar la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos. Es de esperar que su contenido sea el que hace falta para salir de tan largo extravío. Y más deseable aún es que una similar rectificación de rumbos se produzca en otras áreas de la actividad económica y política de nuestro país donde los daños que ha ocasionado y sigue ocasionando el sectarismo ideológico son tan malos como los que sufrió el sector energético nacional.

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El Diario: La Policía y la libertad de expresión

Mientras no se encare seriamente la reestructuración total de los cuadros policiales, persistirán los errores, y las políticas que se han impuesto en esta entidad a través de muchos años, se agrandarán. Sólo las autoridades del Gobierno parece que no se han percatado, conjuntamente los jefes policiales, de que hay una persistencia ingrata e irresponsable por continuar a través de senderos que no corresponden y que, cuanto menos se les ponga remedios integralmente, se ahondarán mucho más.

En los últimos días, los extremos han llegado al colmo porque el anterior Comandante de la Policía instruyó o, más propiamente, dispuso que ningún policía, de la categoría o grado que sea, puede emitir declaraciones, opiniones ni criterios de ninguna clase. Esta peregrina idea sólo se le pudo ocurrir a quien está imbuido de una vocación dictatorial con la que, con seguridad, los integrantes de la entidad no están de acuerdo.

Que hay reglamentos, modalidades, criterios y órdenes para un comportamiento acorde con la disciplina en cualquier entidad cuartelaria (y la Policía lo es) es innegable; pero que se ingrese en el campo de disminuir o anular la libertad de expresión como obligar a sus integrantes a renunciar a la libertad de pensamiento que conforma el conjunto de libertades y derechos que tienen todos los seres humanos, es irresponsable e indigno.

Tanto el Ministro de Gobierno como algún miembro de la misma Policía, han emitido aclaraciones que tardíamente no significan ni implican absolutamente nada, el daño ya está y la instrucción -pese a rectificaciones- pesará mucho en el ánimo de muchos oficiales y tropa de carabineros que no “querrán contradecir las órdenes recibidas” o, en casos, se creerá que las rectificaciones sirvieron sólo “para cumplir órdenes” y que, en la realidad de los hechos, subsiste la prohibición.

Desde hace muchos años, y en muchos gobiernos, se ha comprobado la necesidad de reestructurar los cuadros policiales; sin embargo todo sigue igual y hasta ascensos a generales continúan con la posibilidad de que nunca terminen; los presupuestos en subida, parte de las recaudaciones que hace la Policía ingresa y no se sabe cómo se lo gasta; la seguridad ciudadana y la propiedad privada están libradas a la malandanza de pandilleros y delincuentes; los policías sólo están para salvaguardar bancos y entidades, servicios por los que se paga mucho dinero. La corrupción sigue en la entidad y sólo se emite comunicados que anuncian “sanciones y cambios” que nunca se producen.

El país vive inseguro con una entidad que no da paso alguno en procura de mejorar su servicio, reemplazar al mal elemento y crear condiciones para que haya credibilidad por parte de la comunidad; por supuesto, las autoridades del Ministerio de Gobierno viven la ilusión de cumplir con la intención de contar, así sea a largo plazo, con una policía que efectivamente cumpla con sus deberes y responsabilidades.

Toda crítica constructiva de los medios de comunicación es mal vista por los jefes policiales que no entienden la necesidad de cambiar comportamientos para cumplir efectivamente con la Constitución, las leyes, los reglamentos y, sobre todo, con el pueblo que vive en total indefensión y, en casos, con temor a los mismos policías, dado el comportamiento que en muchas oportunidades muestran, especialmente cuando se trata de reprimir marchas y manifestaciones donde se olvida los derechos humanos y se hace escarnio de la dignidad de las personas.

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El Mundo: Castigo

La decisión de realizar cambios fundamentales en la administración de la Policía Nacional no es sino un castigo por las faltas denunciadas en los últimos tiempos, sobre errores y delitos cometidos por esa institución.

En muchas oportunidades, los gobiernos han intentado trasladar la función relacionada con el sistema de identificación nacional a otras instancias de la administración del Estado, pero la organización policial se opuso en forma terminante y obligó a las autoridades a retroceder.

Varias veces hemos comentado la actitud del Gobierno con relación a la Policía y las Fuerzas Armadas que en alguno momento se constituyeron en las instituciones favoritas de las autoridades con incremento de sueldos y otros beneficios. La actitud gubernamental estaba clara, ante la necesidad de atropellar las normas, inclusive la Constitución, el Gobierno necesitaba del respaldo de instituciones capaces de imponer el orden por la fuerza.

Hemos escuchado con frecuencia que algunas medidas sólo pueden ser tomadas por gobiernos autoritarios, dotados de la fuerza necesaria para hacer que sus determinaciones no tengan vuelta.

Efectivamente, la Policía fue utilizada en momentos importantes para tomar acciones que fueron criticadas por la comunidad, pero que tenían apoyo del Gobierno, como ejemplo bastaría con citar el caso de La Calancha, cuando la ciudadanía se puso frente al proceso arbitrario con que se ponía en consideración el proyecto de Constitución Política del Estado o la toma del aeropuerto de Cobija por las Fuerzas Armadas.

Así como en algunos momentos la intervención de la Policía fue directa y violenta, en otros casos, siguiendo las mismas directivas, actuó con una pasividad censurable, permitiendo que los acontecimientos tomen un rumbo poco deseable, como pasó en el enfrentamiento de Porvenir donde los policías fueron espectadores, para que la culpa recaiga en el Gobernador.

Otro de los temas de importancia relacionados con la policía era el de la seguridad ciudadana y en muchos casos, en especial en Santa Cruz, la total ausencia de la fuerza del orden ha dado lugar a numerosas situaciones de violencia, fuera del control policial y que en muchos casos obligaron a la intervención directa de los vecinos.

No obstante ese desempeño dócil de la Policía, sus miembros se excedieron en sus atribuciones y terminaron involucrados en hechos del todo censurables al extremo de que el Gobierno haya considerado que el comandante de la instrucción estaba directamente relacionado con el problema de la clonación de placas de vehículos; poco tiempo atrás vimos como otro alto jefe policial que fue jefe de inteligencia contra el narcotráfico, fue detenido en el exterior cuando intentaba llevar droga con destino a los Estados Unidos.

En algún momento, fueron las mismas regiones las que intentaron crear policías regionales para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Esperamos que ahora el trabajo administrativo de identificación estará mejor en manos del Poder Electoral, aunque con el riesgo de otra forma de manipulación, para poder garantizar la permanencia del MAS en el gobierno, por el tiempo que sus dirigentes han ofrecido estar a la cabeza del Estado.

En reiteradas oportunidades vemos que esa posibilidad de imponer la fuerza ha servido para doblegar algunas voluntados con promesas que en algún momento fueron cumplidas, pero que luego de un tiempo, cuando los servicios ya no eran necesarios, las condiciones cambiaron radicalmente.

Recordemos en caso de los votos que apoyaron el referéndum para la aprobación del proyecto de Constitución Política y que después de un tiempo fueron olvidados por quienes en ese momentos fueron favorecidos y nos queda ver en qué medida los votos que apoyaron la posesión de la representante yuracaré – mojeña en la Asamblea Departamental Cruceña reciben la retribución ofrecida y que con seguridad no ha de ser un respaldo permanente.

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Opinión:

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Clarín, Argentina:

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El Día: Bolítica

De los extranjeros que tenemos en Bolivia, 646 privados de libertad son de varios países, la más alta son peruanos con 211 internos, seguidos de colombianos con 104; brasileños, 88; argentinos, 50; españoles, 46; y chilenos 26′.

Antonio Sueiro
Director De Régimen Penitenciario


Se dice que: la cantidad de reos extranjeros vinculados con las drogas va en aumento y una parte de la población extranjera detenida es afectada por la dependencia de las drogas.


La mayoría de los casos, los privados de libertad purgan condenas o son procesados por la Ley 1.008; un tema muy complicado y que a nivel de los derechos humanos de la población migrante se debe analizar en profundidad’.

Rolando villena
Defensor del Pueblo

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El Día: Los ‘suplicios’ de la política

Qué hubieran dicho Abraham Lincoln, John Kennedy, Gandhi y Andrés Ibáñez si alguna vez les hubiesen dado la oportunidad de quejarse de los avatares de la política. Seguramente no habrían mencionado al chantaje como la peor de las ingratitudes de esta actividad, que siempre ha sido –y seguirá siendo-, sucia y, sobre todo, muy peligrosa. De hecho, todos los personajes nombrados líneas arriba murieron defendiendo sus ideas y conocieron seguramente los egoísmos y las miserias humanas que rodean a las artes relacionadas con el poder. Lamentablemente hay algunos que creen que la política es juego de niños, algo así como un “hobby” que se puede alternar entre los amigos de la “frater”, tal como lo han mencionado algunos analistas. Estos aprendices de políticos intentan jugar en las grandes ligas frente a individuos que no tienen familia ni oficio conocidos y que dedican las 24 horas del día a elucubrar todo tipo de estrategias para ocupar cualquier espacio que dejen libre los otros, aquellos que dicen que no están dispuestos a sufrir chantajes en la política. Desafortunadamente, la política les tiene preparados éste y muchos otros suplicios. ¡¡¡Pobrecitos!!!

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El Día: Lucha Contra la Corrupción

Recientemente el presidente Morales ha anunciado la remoción de la máxima autoridad de la Policía Nacional y ha posesionado en su lugar a un nuevo Comandante, a quien ha encomendado mejorar la lucha contra corrupción interna y superar junto a su Estado Mayor las reiteradas irregularidades que están cometiendo algunos oficiales de la institución del orden.  En los hechos, ha quedado en evidencia que el plazo de noventa días otorgado por el Primer Mandatario para eliminar la corrupción dentro de la Policía ha resultado claramente insuficiente. Resulta obvio que se requieren medidas radicales y de largo aliento para obtener logros en el extenso camino de la lucha contra la corrupción.

De esta manera, pese a las perspectivas prometedoras, existe escepticismo sobre el anuncio gubernamental de iniciar mecanismos de control por parte de la sociedad civil en la responsabilidad de la administración y recaudación de los recursos policiales que se generan en las reparticiones de Identificación  y Tránsito. Por una parte, pesa de un modo superlativo la sospecha que la referida administración y recaudación por parte de un ente civil se vaya a convertir en un nuevo botín político, donde conmilitones y oportunistas resulten en un remedio peor que la enfermedad. Además, tomar el control de Identificación alienta sospechas sobre un fraude oficialista de cara a las elecciones.

Además, el solo hecho de que el problema no resuelto de las denominadas "placas clonadas" siga siendo un incordio dentro de la institución del orden, muestra de cuerpo entero que la corrupción constituye un monstruo muy difícil de eliminar con soluciones parciales e inmediatistas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la corrupción relacionada con el narcotráfico, donde un ex comandante policial detenido en el exterior está involucrado y todavía no se han esclarecido todos sus nexos en el país? Sin duda que hace falta una mayor cooperación internacional en varios campos y que la sola idea de refundar la Policía Nacional se vislumbra como una empresa sino utópica, al menos titánica.

Es posible, asimismo, que el Gobierno haya asumido que la lucha contra la corrupción exige no sólo decisión y cálculo, sino también don de oportunidad para avanzar paso a paso. El anuncio de la administración y recaudación de los recursos de Identificación y Tránsito hubiera sido impensable hasta hace poco, dada la resistencia desde el interior de la institución del orden para que esa medida se concrete. Sin embargo, las sucesivas irregularidades detectadas en diversos órdenes en la Policía y que han provocado los cambios de mando, han dado lugar a resquicios que el Gobierno ha sabido aprovechar para relanzar sus propuestas e introducir medidas de suyo polémicas y oportunistas.

No obstante, el reto del Gobierno no estriba tan sólo en rescatar a la institución del orden de la corrupción en que se halla atrapada, que será una tarea de largo aliento y con sus peculiares dificultades, sino que está obligado a demostrar ante la ciudadanía y la opinión pública que la administración y recaudación de los recursos que genera la Policía no dará pie a entes civiles de naturaleza clientelar y prebendalista, a la que son tan afectos los partidos en función de Gobierno, puesto que constituyen auténticos botínes políticos cuya función básica ha sido satisfacer apetitos de grupo y personales.

Pesa de modo superlativo la sospecha que la referida administración y recaudación de recursos policiales por parte de un ente civil, se vaya a convertir en un botín político.

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El Día: Otro ejemplo que nos da Chile

La reciente difusión de las cifras de crecimiento económico de Chile correspondientes a marzo llaman la atención por lo exuberantes. Durante dicho mes, el Producto Bruto Interno (PBI) chileno se expandió el 15,2 por ciento con respecto a un año atrás, reflejando la fortísima recuperación respecto del período en que ocurrió el dramático terremoto que afectó al país. Más allá de este transitorio aumento, la economía chilena crecerá más de 6% en 2011, completando un ciclo de 28 años, que se inició en 1984 y que llevó a que entre dicho año y 2011 el PBI chileno aumentará a un ritmo anual promedio del 5,3. Durante ese mismo período, la economía argentina se expandió a un nivel anual promedio del 2,9%, cerca de la mitad del crecimiento observado en Chile. No sólo es distinto el ritmo al que se expandieron ambas economías a lo largo de ese período; durante esos 28 años, la economía chilena se contrajo únicamente en dos oportunidades, 1999 y 2010, en ninguno de ambos casos en más del 2 por ciento. Por el contrario, la Argentina se contrajo en diez de los 28 años analizados con tres caídas anuales superiores al 6 por ciento.

Chile puso en práctica a mediados de los ’80 un conjunto de reformas que lo llevaron a construir la economía más sólida de América Latina, y una de las más respetadas en el mundo. En primer lugar, Chile abrió su economía al mundo, lo que le permitió desarrollar actividades en las que cuenta con ventajas comparativas e importar el resto de los bienes necesarios para el consumo y la inversión. Los aranceles de importación son muy bajos, del 5 por ciento, y no existen restricciones cuantitativas ni para las importaciones ni para las exportaciones.

En segundo lugar, Chile mantuvo una conducta fiscal responsable, ahorrando en los períodos de bonanza para luego poder aumentar el gasto en períodos más difíciles. Durante 2006 y 2007, cuando el precio del cobre generó un boom de ingresos para el fisco chileno, el superávit fiscal sumó 16 puntos del PBI entre ambos años. Acciones como ésa permitieron que en 2009 el gobierno incurriera en un déficit fiscal del 4,5 por ciento del PBI para paliar los efectos que la crisis internacional provocó sobre los sectores de menos recursos.

Chile ha mantenido a rajatabla la independencia del Banco Central. Ello ha redundado en un esquema de baja inflación, que en los últimos años bajó hasta niveles cercanos al 3 por ciento. Al haber logrado reducir sensiblemente la tasa de inflación, nuestros vecinos ahorran en su propia moneda, y los depósitos en los bancos permiten que el stock de crédito bancario al sector privado chileno sea equivalente al 71 por ciento de su PBI en comparación con el 13 en la Argentina.

Los increíbles avances macroeconómicos no hubieran sido posibles sin un marco institucional sólido. Desde el retorno de la democracia, todos los presidentes chilenos han cumplido su mandato, y ninguno ha intentado modificar la Constitución para permitir la reelección por más de un período consecutivo. Ningún presidente del Banco Central ha sido destituido, y mientras los argentinos hemos visto pasar en los últimos 28 años 23 ministros de Economía y 19 presidentes del Banco Central, los chilenos tuvieron sólo 12 y 9, respectivamente. Más aún, para el cálculo del balance fiscal estructural, utilizan las estimaciones que surgen del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre y del Comité Consultivo del PBI tendencial, ambos compuestos por personas entendidas externas al gobierno, incluidos tanto académicos como expertos provenientes del sector empresarial.

En este proceso de crecimiento y mejora institucional la educación jugó un rol crucial. Chile encabeza hoy el ranking de educación en América Latina según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, (PISA, por sus siglas en inglés), aplicado a jóvenes de 15 años. En particular, durante 2009, Chile obtuvo el puesto 44° en dicha prueba, mientras que la Argentina se ubicó en el 58°. La mejora en la calidad de la educación experimentada por Chile en los últimos años se hace evidente al comparar los resultados para dicha prueba en el año 2000. Tan sólo diez años atrás la Argentina ostentaba el primer puesto a nivel regional mientras que ahora se ubica séptimo entre los países latinoamericanos.

No nos debe llamar la atención entonces el desempeño relativo de ambos países en las últimas décadas. En 1984, el PBI per cápita chileno representaba apenas el 56 por ciento del PBI argentino. Actualmente, esta ratio es del 95, lo que da cuenta del distinto resultado obtenido. Estos resultados no son casuales: las envidiables políticas aplicadas del otro lado de la cordillera son una muestra de que el esfuerzo y la persistencia rinden sus frutos y de que el recurrente cortoplacismo y los bandazos que muestra nuestro país tienen costos dramáticos en términos de instituciones, crecimiento, desarrollo y pobreza.

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El Día: Maquinaria mediática

L a maquinaria mediática del Gobierno, destinada a mantener al público atontado con escandalotes, escandalazos,  promesas sin fundamento y éxitos imaginarios, se mantiene sobre dos pilares fundamentales.  Una de las columnas  es la utilización oportuna del efecto sorpresa que despierta  la atención incluso de los somnolientos.   El otro es el efecto culebrón que entretiene el cotillero de los mentideros políticos.

La principal  sorpresa (secreto a voces) que el MAS tenía preparada cuando ganó las primeras elecciones generales fue la llamada nacionalización de los hidrocarburos.  Aunque una vez promulgada con charanga, serpentinas y confeti se achicó a un ajuste de impuestos. La otra cantinela que el Gobierno repite hace  casi seis años como viejo loro amaestrado es que la industria petroquímica está a punto de arrancar.  Pero no arranca.  Todo hace pensar que por falta de capacidad de los funcionarios masistas encargados de la tarea. Ahora, el Sr. Presidente exige a las petroleras que no hagan política sino que inviertan en exploración.   Imagino que la respuesta de esas empresas, si es que la dan, será la de siempre: la consabida seguridad jurídica.

Volviendo a la estrategia del culebrón, un día – jornada macabra – fueron ejecutados a mansalva tres supuestos terroristas.  Aquella valerosa acción policial habría terminado con un supuesto complot separatista cruceño y la amenaza de un magnicidio en la cabeza del jefe del Estado.  Pero al poco tiempo la maquinaria mediática gubernativa resucitó el caso poniendo a un fiscal obsecuente encargado de alimentar opíparamente a los medios de comunicación que seguían dando por cierto lo que había sido un montaje oficialista.  ¿Hasta cuándo el culebrón seguirá serpenteando para mantener distraído a un público morboso?

Nos prometieron el parto de los montes (La mitología cuenta que lo que parió el monte fue un ratón).  Descendiendo del Olimpo, la realidad es que el Mutún que nos prometían convertiría a Bolivia en productora y exportadora de acero, no ha podido cumplir lo convenido porque carece del gas suficiente como para alimentar los altos hornos que se necesitan. Porque, hasta ahora, la empresa siderúrgica Jindal “produce” más papel de periódico que pellets y acero.

Otro reciente chispazo distractivo fue la destitución del comandante general de la Policía nacional porque un cabo que le servía de asistente manejaba un vehículo con la placa clonada. De ahí se descubrió que la falsificación de placas era un negocio conocido y no sancionado.  Este hecho anecdótico, determinó – siempre con  retraso – que el ministro de Gobierno anuncie que la administración de los documentos de identificación personal y otras licencias de las que la Policía disponía, con excesiva frecuencia previa lubricación bajo la mesa, pasarán a otras instituciones de carácter civil. La idea parece buena, con tal de que no quede en anuncio y que, si se pone en práctica, sea con funcionarios aptos, honrados, en número suficiente y dotados del equipo necesario para no seguir martirizando a  los ciudadanos con interminables colas.  Porque “no hay personal preparado”,  “faltan computadoras”,  “no hay tinta para la impresora”, etc.

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El Día: La Ley de Comunicaciones llega con varias amenazas

Una nueva amenaza se cierne sobre los medios de comunicación: la nueva Ley de Telecomunicaciones que ha entrado en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proyecto tiene como primera amenaza la declaratoria de transitoria de todas las licencias de funcionamiento de los medios de comunicación, de modo que a partir de la aprobación de la norma, todo quedará en fojas cero y los medios de comunicación radiales y televisivos tendrán que volver a hacer sus trámites y es ahí donde la Autoridad de Transporte y Comunicaciones (ATT) pondrá su filtro, especialmente contra aquellas cadenas que “son enemigas número 1” del proceso de cambio impulsado por el actual Gobierno.

De acuerdo a la actual Ley de Telecomunicaciones, las licencias de funcionamiento son concedidas por un período de 20 años.

Según el Decreto Supremo emitido en diciembre de 2010, las frecuencias adquiridas por el sector de telecomunicaciones quedan bajo la modalidad transitoria, debido a que las disposiciones finales del texto constitucional, establecen la anulación de concesiones, hasta la aprobación de una nueva norma.

Algunos diputados opositores ya han lanzado el grito al cielo al señalar que la nueva norma se convertirá en una poderosa herramienta para censurar a los medios opositores porque establecería un control de la información y estatización de los medios de comunicación.

“La ATT, se estaría erogando el control de los medios de comunicación, el retiro de las concesiones, porque como establece la CPE, todas las concesiones fenecen, por lo que se dará una estatización”, advirtió la diputada Piérola.

La otra advertencia está contenida en que la norma también servirá para regular los  sitios web y pobres los que no comulguen con el Gobierno.

La tercera amenaza llega de la mano del posible adoctrinamiento que intenta el Gobierno exigiendo a los medios de comunicación que transmitan todos los mensajes presidenciales.

La pregunta del millón es si esto no significa la obligatoriedad de transmitir los actos de hasta cinco horas en los que usualmente participa el Presidente o Vicepresidente.

Si es así la intención del Gobierno aparentemente es abrir otras sucursales de Bolivia Tv, canal usado a su discreción y pagado con nuestros aportes, que transmite principalmente los actos proselitistas del Gobierno.

El periodismo es una profesión de servicio a la sociedad y en el caso de los medios de comunicación, su objetivo es informar, educar y entretener. Si pretenden cambiar ese objetivo entonces tendremos que hacernos respetar…

• Periodista y abogado

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El Día: La impostura regional

Algunos inocentes creen que el jueves pasado se produjo la capitulación de la dirigencia “opositora” de Santa Cruz, con la posesión de la asambleísta de la etnia yuracaré-mojeña inventada por el Estado Plurinacional. Ese fue apenas uno de los tantos remezones que se han producido luego de la rendición voluntaria e inexplicada hasta el día de hoy, que protagonizaron el actual gobernador de Santa Cruz Rubén Costas y su colega beniano, Ernesto Suárez, quienes rompieron la unidad del Conalde y decidieron aceptar la convocatoria ilegal y amañada del referéndum revocatorio del 2008.

Lo ocurrido hace unos días en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, aunque parezca increíble, fue apenas el resultado de una puja por pegas en la que resultaron vencedoras unas ratas que abandonan un barco que comenzó a hundirse hace mucho tiempo y que, obviamente serán ellas precisamente, las aliadas de los futuros inquilinos del inmueble de la avenida Omar Chávez. Lo del jueves ha sido el ingreso triunfal del MAS a aquel edificio y lo ha hecho a su estilo, con una grosera imposición y burlándose de todos con un truco folclórico, cuya finalidad es ofender y humillar a la ciudadanía, que todavía creía en los discursos trillados y las poses desafiantes de los que hace mucho entregaron los sables.

Lo único que ganaron Rubén Costas y Ernesto Suárez con aquella actitud fue figurar de últimos en la lista del patíbulo autoritario del MAS. Ellos deberían saber y tal vez Leopoldo Fernández pueda contarles, que hay cosas peores que la cárcel. La prueba es Pando, convertido en una plataforma de exportación de cocaína hacia el Caribe; en el canchón de unos aventureros que cometen abusos indecibles con la gente sencilla y humilde de esa alejada región. Todo lo que ha ocurrido después de esa famosa conferencia de prensa que dejó atónitos a los bolivianos que creían que había una forma de salvar a la democracia, ha sido el resultado de una única rendición, que la abrió el ex presidente Jorge Quiroga y la sellaron dos prefectos que hasta ese día eran los abanderados de la autonomía y de la defensa del estado de derecho.

La toma de Pando, el exilio de miles de ciudadanos, el encarcelamiento de cientos de opositores, el derrocamiento de decenas de alcaldes, la persecución de empresarios, dirigentes cívicos y ahora jueces, la destitución del gobernador de Tarija y por supuesto, la posesión de una impostora en la Asamblea de Santa Cruz, el pie de toque del último gran golpe, son consecuencia de un acto que tiene pendiente un juicio político. Lo mismo podría decirse de las secuelas que aún les espera a los habitantes de esta región, cuyos medios de vida y de producción están amenazados.

El MAS no viene sólo a romper un pacto político y a repartirse las pegas de la Gobernación. Su intención es destruir el hábitat de esta región, despojarla de su patrimonio para entregarla a esa nueva élite de cocaleros y traficantes de tierras y por supuesto, desbaratar por completo el tejido social que permitió el establecimiento de un pacto y unos consensos que dieron como resultado un modelo exitoso, sostenible y con un inmenso potencial. ¿Quién va a responder por esto?

A medida que se van multiplicando las señales de sumisión, la ciudadanía que le confió el voto a los que prometieron defender la democracia, se va dando cuenta que lo que hay en realidad es una impostura disfrazada de oposición en el departamento. Los verdaderos opositores están presos o en el exilio.
 

A medida que se van multiplicando las señales de sumisión, la ciudadanía que le confió el voto a los que prometieron defender la democracia, se va dando cuenta que lo que hay en realidad es una impostura disfrazada de oposición en el departamento. Los verdaderos opositores están presos o en el exilio.

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El Día: Color verde olivo

El ex comandante nacional de la Policía, Ciro Farfán, ha comenzado a despertar dudas sobre su destitución. El oficial dijo que antes de que surja el escándalo sobre la camioneta con las placas clonadas, él le había entregado al Ministerio de Gobierno una abultada lista de policías vinculados a graves hechos delictivos. Entre los inculpados hay numerosos capitanes, coroneles y también oficiales de alta graduación.  Según publica la red Erbol, Farfán ha dicho que en la Policía existe una estructura de corrupción que es de conocimiento del Gobierno. Afirma que faltaban tres semanas para que cumpla el plazo de tres meses que le dio el presidente Morales para erradicar la corrupción de la Policía y que justo cuando le pasó “la listita” a las autoridades correspondientes, saltó lo de la camioneta. Se ha dejado entrever que entre Farfán y el Ministro de Gobierno había cortocircuito y eso se deja ver en la actitud agresiva de Sacha Llorentty hacia el General destituido, actitud que se extiende a toda la institución. Seguramente no ha caído nada bien en la Policía la lectura de aquella lista de” jergas coimeriles”. Fue un acto de humillación que los policías saben bien de dónde viene y hacia dónde apunta.

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El Día: Bolítica

Vemos que este anteproyecto de Ley es una nueva arremetida contra los medios de comunicación que pone en riesgo la libertad de prensa, es inconstitucional, porque se atenta contra la libertad de trabajo, la libertad de prensa y la propia CPE".

Franz Araúz
Federación de periodistas independientes de Santa Cruz


Se dice que: El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, dispone que todas las radios y canales de televisión, tendrán la obligación de transmitir los mensajes presidenciales de Evo Morales gratuitamente.


Que todos los mensajes del Ejecutivo sean transmitidos gratuitamente por todos los medios de comunicación va a significar ideologizar a este país, escuchar una sola parte, una sola versión al mejor estilo de Cuba
y Venezuela".

Wilmann Cardozo
DIPUTADO DE TARIJA

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El Día: Entre traiciones y zancadillas

Hasta hace unas semanas pensábamos que de alguna manera los cruceños sabríamos ponerle las cartas sobre la mesa al Gobierno y frenarlo en sus atropellos; insistíamos en que éramos un bastión inexpugnable, la Santa Cruz imparable. Sin embargo, ahora tenemos que reconocer que somos demasiado vulnerables. No sólo que fuimos incapaces de poner coto a la injustificable demanda de un asiento en la Asamblea Legislativa Departamental del inventado pueblo "yuracaré-mojeño", que logró su propósito, sino que, para colmo, hubo componendas con olor fétido dentro de la coalición que acompaña al gobernador Rubén Costas. Hubo traición al Gobernador, pero desgraciadamente él no ha controlado la situación.

Aunque no hubiéramos estado muy convencidos de que la fuerza de Santa Cruz era como la de hace unos años, nunca dejamos de confiar en nuestra dirigencia y de afirmar que el MAS no podría capturar jamás las instituciones cruceñas. Ahora se ve que sólo eran nuestros buenos deseos. O nuestra estúpida equivocación. La dirigencia opositora Verde está desorientada, sin haber logrado consolidar su enorme respaldo ciudadano, y hasta algunos empresarios, que parecían plantar la cara, están sometidos a los caprichos del Gobierno. Ahora resulta que todos en general, tienen deseos de negociar con el MAS para sobrevivir. Algo hay que decir, sin embargo: los cruceños, casi sin excepción, tenemos nuestra cuota de culpa, ya sea por soberbia, ya por dejadez, ya por miedo.

El hecho más patético está sucediendo en estas horas, repetimos, cuando medio centenar de nativos originarios principalmente de Cochabamba –los ya famosos yuracarés– marcharon a pie a lo largo de kilómetros para llegar a una Santa Cruz que esperó impasible la bofetada. Los pocos yuracarés marchistas se tomaron el escaño que pretendían y chitón. Ahí se sucedieron incalificables hechos de traición entre los asambleístas de Costas, como días antes vimos, apesadumbrados, los vergonzosos rezos y sollozos del Presidente de la Asamblea, e intentos desesperados de pactos con el oficialismo, y en el fondo, pánico.

Lejos han quedado los tiempos en que Santa Cruz era, para todo el país, garantía de sostén de la democracia y esperanza de bastión inexpugnable ante la trapacería masista. Nos perdieron el respeto entre los masistas collas que se multiplican como hormigas y copan los gremios más combativos de la ciudad y  los quintacolumnistas acruceñados, colaboracionistas que, desde dentro de casa, han dado estocadas certeras en órganos vitales contribuyendo a abrir camino al persistente intento de dominación aimara en nuestro departamento. Lo que los incas no pudieron en su tiempo frente a los bravos chiriguanos, hoy parece algo inevitable y para mayor vergüenza, fácil.

Cruceño que muestra una pancarta contra S.E. va preso sin más vueltas. Ciudadano que, como protesta, porque el Gobierno hace burla de la Constitución, la despedaza y la quema por inservible, cae en manos de un fiscal. Y las amenazas y las persecuciones en el añejo y desacreditado "caso Rózsa" siguen, de la mano de aquel fiscal que quería irse a su casa porque ya no tenía cómo sostener una acusación inconsistente. Sin embargo, los cruceños quedamos ante los ojos de mucha gente con nuestra imagen dañada, como unos encubiertos separatistas. Todo esto, es ampliamente sabido, lo debemos a tramposas conjuras palaciegas.

Si Santa Cruz, donde se suponía que estaba la resistencia sólida al avasallamiento, no es capaz de frenar a un Gobierno mediocre, inculto, caótico pero insultante, la situación se torna muy grave. Y más peligrosa todavía cuando, en plena democracia, el respaldo popular que obtiene la oposición no le sirve para nada porque el Gobierno la desconoce a través de ardites de la peor calaña. Todo adversario del MAS puede estar seguro de que ya tiene un fiscal que lo está investigando porque manejan la "justicia" a su gusto. Muchos de ellos ya están encarcelados o perdieron su mandato. El oficialismo tomó Pando, Tarija, se robó varios municipios, tiene bajo arresto domiciliario al gobernador beniano y ahora merodea, artero, la alcaldía de Oruro y se relame por la Alcaldía de La Paz.

¿Y la Gobernación cruceña? ¿Qué del gobernador Costas? ¿Acaso lo van a perdonar? Rubén Costas, después de la debilísima actitud de los Verdes y sus aliados ante el medio centenar de yuracarés descalzos que llegaron con arcos y flechas hasta las puertas de la Gobernación, está en un inminente peligro de ser destituido. Con una mayoría filomasista en la Asamblea y con tembladera en las piernas de paso, la democracia autonómica cruceña peligra. Esto, para que el Vicepresidente siga felicitando e incitando a quienes violan  las normas constitucionales.

El MAS disfruta derrocando administraciones legítimamente elegidas. Siempre hay algún vericueto legal para justificar el abuso. Pero a ver quién se atreve a poner en duda la legitimidad de un masista fraudulento o pillo. El que lo haga comete un atentado contra la democracia. Ellos son intocables, legalistas; la oposición son los desechables, la carne para los cuervos. Así se está acabando el estado de derecho.

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El Día: Raúl Prebish y el efecto China

Uno de los economistas latinoamericanos más importantes fue Raúl Prebish, fundador de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En los años cincuenta, Prebish analizó el deterioro de los términos de intercambio como una de las causas del atraso y subdesarrollo de la región. En base a datos sobre exportaciones e importaciones mostró, desde una perspectiva de largo plazo, que los precios de las materias primas que exportaba América Latina tendían a bajar, mientras que los precios de los bienes industriales que se compraba de las  economías desarrolladas tendían a subir.  Comparando los precios de exportación e importación, se verificó una tendencia estructural a recibir cada vez menos ingresos, hecho que era una de las causas de la pobreza y vulnerabilidad de América Latina. La solución propuesta por Prebish fue una estrategia de substitución de estas importaciones caras, para ello los países de la región debían promover procesos de industrialización y diversificación productiva. En los años sesentas y setentas, varias economías iniciaron este camino con diferente éxito, tal vez los que más avanzaron fueron Brasil, Argentina y México. Uno de los problemas que enfrentó el proceso de substitución de importaciones fue la falta de recursos para la inversión local. A partir del nuevo milenio, se inicia un ciclo comercial que parece ir contra ruta del concepto de deterioro de los términos de intercambio, porque en la primera década del siglo se ha registrado un mejora sustancial  de los precios de las materias primas que América Latina exporta, en especial del petrolero, gas natural, minerales y cereales, que al contrario del pasado, proporcionan inmensos recursos a las economías latinoamericanas para que puedan retomar procesos de industrialización.

El auge de los precios de los productos básicos, que se tradujo en incrementos significativos de los ingresos de exportación de América Latina, se debió al aumento de la demanda de los chinos. Éstos compran cada vez más petróleo, minerales y cereales de la región, pero al mismo tiempo el mayor consumo chino en el mundo también ha influido, de manera indirecta, a que los precios de los productos básicos suban a nivel internacional. De manera simple una parte relevante de la bonanza externa de la región se la debemos al efecto China. Rhys Jenkins ha calculado este valor en su trabajo "El ‘efecto China’ en los precios de los productos básicos y en valor de las exportaciones de América Latina" Revista CEPAL, 103, Abril 2011. El estudio analiza el comportamiento de los precios de los siguiente grupos de productos: Energía, Minerales y metales, Oleaginosas (soya y sus derivados), comidas y bebidas tropicales, productos cárnicos y forestales.  Según Jenkins, para el año 2007, las ganancias de América Latina derivadas del mayor precio de los recursos naturales atribuible a la demanda china estaría en torno a 56 mil millones de dólares.  Para el caso boliviano, la estimativa de ganancia varía entre un 40 y 23,8 por ciento si tomamos como punto de partida el 2002, a través de tres productos:  gas natural (vía incremento del barril de petróleo), minerales y soya.  En valores estaríamos hablando una cifra que oscila entre 1.400 y 830 millones de dólares que se origina en el efecto China.  América Latina y en especial Bolivia, le debe más a la revolución capitalista china que a la revolución socialista dizque en curso.  Aunque la práctica común por estas tierras es ganase indulgencias de ingreso de exportaciones con Avemarías ajenas, y sin decir Jesús.  Los tercos hechos muestran que el efecto China es mucho mayor que el efecto Evo.

Aunque ciertamente, habrá alguien del Gobierno que sostenga que el éxito chino capitalista es, en realidad, un resultado del luminoso proceso de cambio nacional, es decir, que la cola mueve al perro en la globalización. Posterior a la crisis del 2008, el efecto China continuó siendo muy grande porque nuestras exportaciones sobrepasaron los 7 mil millones de verdes. De hecho en el decenio 1999–2009, las exportaciones se incrementaron en 16,3 por ciento, el más grande de la región latinoamericana, en cuanto en el decenio anterior apenas habían aumentado en 2,6 por ciento. El estaño que hace unos años costaba 4 dólares la libra fina, ahora no baja de 14 verdes, el oro sobrepasa los 1.500 dólares la onza, el gas natural sigue también elevado. En términos económicos, estamos frente a una revolución en los precios, el resto es poesía. El choque de ingresos en los últimos 5 años debe estar en torno de 20 mil millones de dólares que lamentablemente no se los ve en la inversión ni el empleo.

Ahora bien, es desconcertante, para decir lo mínimo, que frente a este excelente  contexto de precios de las materias primas impulsada por la demanda china,  la producción de minerales (en el 2010, sólo la producción de estaño y wolfram aumentó), alimentos y petróleo en el país sea menor.  ¿Será una ingeniosa manera de luchar contra el neoliberalismo? Si el precio sube, nosotros ofertamos menos, así aboliremos una ley más, la ley de la oferta y la demanda.  En cuanto el gran Raúl Prebisch debe estar rezando, en el cielo de los economistas,  para que aprovechemos la mejora substancial de los términos de intercambio propiciada por la China y realicemos una revolución productiva.

 

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El Día: Bolítica

Se atropellaron las leyes,  la Constitución, los estatutos con el único propósito de tomar la Asamblea Legislativa Departamental. Lo que el MAS perdió con el voto quiere tomarlo por la fuerza, con una justicia controlada por el gobierno".

Rubén Costas
Gobernador de Santa Cruz


Se dice que: El gobernador Rubén Costas, luego de conocer los resultados de la sesión de la Asamblea Departamental, que pone al MAS en mayoría, dijo que desde esa instancia se producirá un golpe de estado contra la autonomía.


Rosmery Gutiérrez no representa al pueblo yuracaré, ellos la desconocen porque no vive en el pueblo. Están llegando a Santa Cruz los verdaderos yuracarés a reclamar un curul para el pueblo mojeño y otro distinto para el yuracaré".

José Luis Blanco
"Buita Matata" (Gran Cacique) del Pueblo Yuracaré

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El Día: Mojones de plastilina

En los últimos días se ha estado hablando de flan, plastilina y también de mantequilla. Han usado estos términos para referirse a lo que quedó de la otrora aguerrida dirigencia cruceña, esa que levantó los mojones de la autonomía y los plantó en toda la región y en muchas partes del país. Algunos siguen creyendo que Santa Cruz puede ser oposición o tal vez dar señales de resistencia frente al avasallamiento autoritario del régimen gobernante. Lo triste no es que sigan multiplicándose los gestos de sumisión y cobardía frente a la imposición, sino que la gente continúe creyendo que en el departamento todavía hay líderes capaces, por lo menos, de defender los medios de vida y de producción de los dos millones de ciudadanos que habitan esta tierra. Alguien tiene que dejar las cosas en claro y firmar la capitulación de una vez por todas, de frente al pueblo y sin tapujos. No le hace nada bien a la democracia seguir con esta impostura regional de frases trilladas y discursos baratos que insisten que en que “no lograrán arrodillarnos”. Hace mucho que estamos besando el suelo y hace mucho que debimos cambiar esos mojones de “cuchi”, por postes de plastilina o mantequilla.

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El Día: La pobreza de los niños

En los últimos años Bolivia ha dado importantes pasos en la lucha contra la pobreza extrema, esfuerzos que han merecido el reconocimiento internacional y han permitido entre otros logros, una notoria disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, a la sazón indicadores de calidad de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad boliviana: las mujeres y los niños. Sin embargo, resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño, que además de mostrar en toda su magnitud la insuficiencia de lo realizado hasta ahora, perfila la dramática perspectiva del llamado futuro de Bolivia.

El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sobre la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, viene a confirmar el hecho que el desafío prioritario de los gobiernos de la región estriba en atacar las causas primigenias que provocan las dolorosas características de la pobreza infantil, justamente porque la riqueza de sus recursos humanos del futuro está en entredicho. Como una dura bofetada a cualquier pose triunfalista sobre este tema, el informe de la CEPAL resulta lapidario: Bolivia se encuentra entre aquellos países que evidencian mayor pobreza infantil.

Esto significa que en el país no se están cumpliendo a cabalidad las instructivas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que toma en cuenta factores básicos como la nutrición, el acceso al agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda, el número de personas por habitación, la asistencia a la escuela y el acceso a los medios de comunicación e información. Resulta obvio que la insuficiencia de la satisfacción de estas necesidades fundamentales contribuye a un empeoramiento de la situación de pobreza y exclusión social, lo que muestra en última instancia la inmensa tarea pendiente gubernamental.

Para superar las dramáticas características de la pobreza infantil en Bolivia, hará falta un sostenido y sincero esfuerzo por la pacificación del país, de manera que se llegue a una fructífera concertación oposición-oficialismo para impulsar políticas públicas dirigidas a la inversión en la infancia, la reducción de las persistentes desigualdades económicas, territoriales, étnicas y de género, con énfasis en el aliento a la producción, con estímulo a la inversión privada, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad particular. El reto para el Gobierno consiste en que todas las intervenciones públicas a nivel multisectorial estén dirigidas a eliminar la pobreza infantil, para el consiguiente beneficio colectivo.

Conviene advertir que no se trata tan sólo de integrar las políticas sociales, las de empleo y las macroeconómicas, de buscar soluciones integrales para la convivencia civilizada de las opciones políticas en el escenario económico social, sino sobre todo de asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, con mayor provisión y calidad de los servicios básicos y la ampliación de los sistemas de protección social. Se trata de desarrollar tareas multidiversas para beneficio del colectivo nacional, con énfasis en la infancia, cuyos indicadores de calidad de vida reflejan que aún prevalece la retórica sobre la acción.

Resulta sensato reconocer que todavía queda mucho por hacer en contra de la pobreza en general, y en especial de la pobreza con rostro de niño.

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