El empresario de la coca

Gary Prado Araúz

GARY Hace algunos días escuché y vi al presidente Evo Morales hacer una declaración con motivo de la efeméride chuquisaqueña. Decía entonces el primer mandatario: “Los empresarios deben definirse, o están para emprendimientos de desarrollo o para hacer política”.

Me quedó la frase dando vueltas en la mente y recordé que alguna vez Morales Ayma había declarado que él posee algo así como 2 o 4 catos de coca en El Chapare, que hace años que no puede trabajar personalmente y que algunos compañeros se los administran. Vale decir, que a su nombre se contrata personal para cosechar tres o cuatro veces al año la coca y luego ésta se comercializa. Los administradores, debido al culto a la personalidad -me imagino- no cobran y luego depositan el dinero en alguna cuenta del líder cocalero.



Si mis conocimientos de microeconomía no están mal, el presidente Morales es un “empresario de la coca”. Vale decir, que es propietario de unas parcelas de tierra en las que tiene sembradíos de coca y, como el carece de tiempo, otras personas le hacen el trabajo. Esas personas cobran un salario o jornal, que se deduce de las ganancias que los catos de coca rinden. El presidente de los bolivianos es un “empresario de la coca”, además exitoso, porque a partir de tal labor empresarial se incorporó a las organizaciones gremiales, se hizo dirigente y concluyó, a nombre de los otros empresarios de la coca de seis federaciones, de organizaciones civiles y agrupaciones políticas, encumbrándose en la presidencia de la añeja República de Bolivia.

Resumiendo, el presidente Evo Morales es un exitoso empresario de la coca que tiene y ejerce el derecho a “hacer política”. Pero él, desde su encumbrada posición advierte a otros empresarios que deben definirse: “o están para emprendimientos de desarrollo o para hacer política”. Pregunto: ¿no es eso discriminación? O sea, el empresario de la coca sí puede hacer política. Los empresarios de la madera, por ejemplo, no pueden.

Peor aún si los empresarios son cruceños. Para ellos, como un bono, viene el inefable fiscal Marcelo Soza blandiendo el hacha investigadora del supuesto “Terrorismo II”.

Es tan burda cuanto evidente la terrorífica acción, que no quedan dudas respecto a su contenido. Si en Santa Cruz se reproducen las condiciones capitalistas de producción y ese modelo se corresponde con un modelo democrático liberal de política y gobierno, hay que atacar a Santa Cruz, prohibiendo a sus empresarios “hacer política” y a los que sean medio respondones los investigará -hasta su quinta generación ascendente- el inefable fiscal Soza.

No es argumento válido, para la intencionalidad discriminadora y profundamente política del gobierno, el hecho que ya se investigó a varios empresarios cruceños y que algunos de ellos están acusados en el bullado y desprestigiado caso “Terrorismo I”. No es argumento que recursos públicos se destinaron para investigar -durante dos años- todo lo que se quiso investigar sobre las andanzas de Eduardo Rosza en Bolivia y que lo único que se ha encontrado es bochorno para el propio gobierno, por la impericia, la deslealtad interna y la pésima labor de investigación.

Ahora, como si no se hubieran escudriñado cuentas bancarias, propiedades inmuebles y movimientos económicos de un gran grupo de empresarios, se vuelve a anunciar la inquisidora investigación.

¿Será mera casualidad o esto se hace cuando se definieron las irregulares y arbitrarias reglas del juego para la elección de magistrados del poder judicial? Me quedo con la segunda opción y la lectura está clara. Los empresarios cruceños de cualquier rubro no pueden hacer política, por lo tanto ni intenten siquiera favorecer de un modo u otro a los candidatos que por anchas o angostas pasen el filtro masista en el Senado. Si se atreven, Torquemada los investigará hasta el tuétano.

Por muchos esfuerzos que los masistas pongan en aparentar ser los paladines de la democracia, el subconsciente totalitario los traiciona y cada vez se les cae más el barniz.