Estatuto Autonómico: “El balance es negativo”

URENDA Entrevista a Juan Carlos Urenda, proyectista del Estatuto.

P. ¿Cuál es el balance a tres años de la aprobación del Estatuto?

Juan Carlos Urenda: El balance es absolutamente negativo en relación con las aspiraciones populares cruceñas expresadas en las urnas. El Estatuto está en realidad respaldado directa e indirectamente por cuatro referéndums: 1) El referéndum nacional vinculante para las autonomías departamentales del 2 de julio de 2006; 2) Los referéndums de mayo y junio de 2008 para la aprobación de los estatutos departamentales, en donde se precisó en forma milimétrica el tipo de Autonomía reclamada; 3) El referéndum revocatorio de 10 de agosto de 2008 en el que fueron ratificadas las políticas, acciones y gestión de los prefectos (cuyas políticas, acciones y gestión en ese momento estaban expresadas en los estatutos aprobados), y 4) El referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 donde ganó el NO en los cuatro departamentos de la media luna, en buena medida por oposición a una propuesta de texto constitucional que no coincidía con el espíritu de los estatutos aprobados.



P. ¿En qué avanzamos, en qué retrocedimos, cuáles las causas?

J.C.U: Avanzamos en haber incorporado en la Constitución una estructura institucional relativa a los gobiernos departamentales (ejecutivo y asamblea elegidos por voto popular) similar al esquema planteado por los estatutos, así como constitucionalizar las autonomías municipales e indígenas.

Retrocedimos en muchos sentidos a saber:

1. La Constitución recortó aproximadamente el 70% de las competencias aprobadas por los estatutos. Las competencias que asigna la Constitución a los gobiernos departamentales no constituyen competencias de autogobierno.

2. Las competencias de educación y salud, las más importantes para la vida de los ciudadanos, fueron recortadas, a favor del nivel central de gobierno que mete la mano en la gestión.

3. Se abrogó las leyes de Participación Popular y la de Descentralización Administrativa sin sustituirlas adecuadamente.

4. Se condiciona el uso de las regalías a una ley del nivel central.

5. No se transfirió a favor de los gobiernos departamentales, municipales e indígenas ni una competencia y ni un solo boliviano. Las causas son dos: un Gobierno Central excesivamente centralista y gobiernos departamentales que parecen no entender la magnitud del proceso iniciado y se consuelan con decir que “este es un proceso largo…”.

P. ¿Cómo ve en adelante el proceso autonómico con un Gobierno centralista que parece que tomó la bandera de la autonomía para que ésta no se le descontrole?

J.C.U: Muy mal. La Autonomía no es otra cosa que la transferencia de competencias del nivel central de gobierno a los otros gobiernos subnacionales del país, y eso, naturalmente, no se puede hacer sin la voluntad del Gobierno Central que es el que tiene que desprenderse de competencias y recursos. El gobierno del MAS hizo una conversión sin fe. No cree en el proceso autonómico. El Ministerio de Autonomías, en los hechos, no ha autonomizado nada porque no ha gestionado la transferencia de un solo centavo para alguna competencia específica. Las competencias exclusivas departamentales, transferidas mediante la llamada Ley Marco de Autonomías, no pueden ejercerse porque no se transfirió recursos para su ejercicio y tampoco se transfirió competencias.

P. ¿ Cómo observa el tema de la compatibilización de los Estatutos con la CPE que hasta ahora se hace?

J.C.U: La Asamblea Legislativa Departamental está frente a una ecuación imposible: Tiene que recortarle al estatuto cruceño (aprobado con el 85.6%) aproximadamente el 70% de sus competencias para obedecer a una Constitución que el pueblo cruceño rechazó con el 65%. A eso llamo yo “ecuación imposible”. Acceder a esa ecuación significaría traicionar la voluntad del pueblo cruceño expresada en cuatro referéndums y un acto de postración penoso.

El camino, la salida, que la he mencionado hasta el cansancio, consiste en reconocer tres cosas: 1) que el diseño institucional de los gobiernos subnacionales es bueno. 2). que la distribución de competencias establecidas en la Constitución es demasiado centralista con 83 competencias asignadas al nivel central de Gobierno, lo que hace inviable la implementación de un proceso autonómico auténtico y útil. 3) que las autoridades elegidas no están haciendo nada por este proceso. Hay que generar una corriente de opinión en el país en el sentido de que las cosas como están no funcionan y hay que modificar la Constitución parcialmente para reordenar el sistema de asignación de competencias. Yo he publicado una propuesta en ese sentido denominada “Hacia la reconducción del proceso autonómico. Proyecto de reforma constitucional del régimen de distribución de competencias” que está disponible para los que lo quieran utilizar. Los cívicos están a favor de esta tesis.

El Día – Santa Cruz