Artimañas del fraude

- Opinión

José Gramunt de Moragas

Por Jose Gramunt de Moragas La Ley del Régimen Electoral, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas, es uno más de los triunfos del autoritarismo masista, en el marco de su inescrupulosidad para el fraude. Una verdadera filigrana. Con esta ley, tenemos al MAS per saecula saecullorum sin alternativa posible. Con esta ley, ni usted ni yo ni nadie sabremos de verdad sobre quiénes manejan los distintos niveles del Poder Judicial. Éste o el otro magistrado podrá ser un jurisconsulto experimentado y probo, pero el otro podrá ser un ignorante y sinvergüenza.

Vean ustedes, amables lectores, lo que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional: prohíbe a los medios de comunicación “generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes”, igualmente prohíbe “dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante”. Pero al mismo tiempo, permite que los representantes del Estado puedan “emitir opiniones y realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones”.

En efecto, por medio de estas normas discriminatorias están preparando la seudolegalidad del fraude electoral, tratando de convencer a los papanatas de que el país se ha librado de los jueces prevaricadores y de los fiscales delincuentes. Con estas marrullerías, el Gobierno omnipotente habrá cerrado el circuito del poder absoluto.

Tal como ha venido ocurriendo desde que don Evo ocupa el sillón presidencial, la ley se maneja a su capricho. La verdad es que siempre hubo malos jueces dispuestos a someterse a las órdenes del poder político o del económico. Pero, en mi recuerdo, nadie como el Gobierno que nos desgobierna ha sido tan hábil para manipular el ordenamiento legal. Y, a su vez, hacer creer a sus paniaguados, a fuerza de prebendas, que la Asamblea Plurinacional legisla según los principios universales de la justicia y en provecho real del pueblo boliviano. Los que dirigen este vodevil político se burlan de su público atontolinado.

Por medio de las artimañas que se tejen en la Ley del Régimen Electoral, el Gobierno quiere hacernos creer que habrá toda clase de libertades para la elección popular de magistrados y jueces. Pero, no tendremos las surdidas y garantías de que elegimos a un postulante probo, honrado y buen legisperito. Lo malo es que con las contradicciones o las torcidas intenciones del legislador, podrán ser elegidos abundantes ignorantes y sinvergüenzas.

A todo esto, el Sr. Vicepresidente ha terciado en el debate del Gobierno con los periodistas, y ha iluminado el camino descubriéndonos la distinción entre información y propaganda. O sea que el postulante, limitado a dar información, no podrá declarar más que “sus generales”, para lo cual le bastará mostrar su documento de identidad. Pero ni el periodista podrá preguntarle ni el postulante responderle —pongo por caso— sobre lo bien o lo mal que funciona el sistema judicial y de cómo mejorar sus servicios en beneficio de la sociedad. Éste es un nuevo caso en el que los que mandan abusan de las artimañas y no de la razón, con el fin de embaucar a los papanatas y dar luz verde al fraude.

La Razón/ANF