La mediterraneidad de Bolivia y la Asamblea General de la OEA

Marcelo Ostria Trigo

MarceloOstriaTrigo_thumb1 El pasado miércoles 8 de junio, los diarios de todo Bolivia informaron sobre el resultado de la ofensiva de la cancillería local para obtener la reiteración en San Salvador del respaldo de los miembros de la OEA, reunidos en Asamblea General en La Paz, en 1979, para que Bolivia, en negociaciones directas con Chile, obtenga una salida útil y soberana al océano Pacífico.

Se han difundido ya los argumentos expuestos por los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile, y las intervenciones de varias delegaciones.



De la larga exposición del canciller de Bolivia, hay poco por rescatar: fue una repetición de argumentos, sin propuestas. Mostró confusión de instancias y procedimientos e, inclusive, incurrió en una mezquindad, ya que no puso de relieve los dos procesos negociadores con Chile (1950 y 1975) en los que el gobierno de ese país se avino en tratar la cesión a Bolivia de una franja territorial, con soberanía, que vincule a nuestro país con el mar.

Esto es importante porque, con esas negociaciones formales, quedaron desvirtuadas las tradicionales argumentaciones chilenas de que porque los tratados de límites son siempre intangibles, Bolivia no podía pretender una solución de su mediterraneidad con la cesión de Chile de un territorio soberano que la vincule al mar, ya que, supuestamente, se modificaría el tratado de límites vigente desde el 20 de octubre de 1904. En verdad, en ninguna de las negociaciones en las que más se avanzó para obtener una solución razonable –las de 1950 y 1975–, hubo propuesta alguna para la revisión, modificación, denuncia o sustitución del tratado de límites entre los dos países. Se trató de concretar una solución que en nada modificaría el tratado original, pues se refería a un territorio diferente al delimitado entre Bolivia y Chile como consecuencia de la guerra del Pacífico.

Nuevamente, ahora, se ha puesto en evidencia que la frustrante etapa para consolidar un clima de confianza mutua boliviano-chilena, llevada adelante durante todo el período de la presidenta Michelle Bachelet, fue simplemente una maniobra para ‘marear la perdiz’ o, dicho de otro modo, para ‘tramitarnos’ sine die. Y se lo consiguió por cuatro años. Era la época en que el presidente de Bolivia, en su duelo verbal con el presidente del Perú, llegó a vaticinar que Chile obtendría un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo de los límites marítimos entre los dos países. Los vínculos así se fortalecían, pero no tanto como para avanzar en el tema principal.

No se tomó en cuenta el escaso alcance de nuestra diplomacia, tan mermada ahora, que se limita a menos de la mitad de los miembros de la organización hemisférica, mientras Chile tiene representaciones diplomáticas en casi todos ellos y, por supuesto, más posibilidades de gestionar apoyos, haciendo valer el mayor peso adquirido desde 1979.

Pero todo cambió. Ya no se pudo disimular la absoluta falta de progreso en este tema incluido en una agenda de 13 puntos que se discutía entre funcionarios de segundo nivel. Y tampoco se pudo ignorar que se habían levantado barreras que, por ahora, son infranqueables, como la disposición constitucional boliviana: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano” (Artículo 268, II.) y por la política chilena con Bolivia expuesta públicamente por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la que su gobierno sólo está llano a ofrecer todas la facilidades a Bolivia, pero no a ceder un territorio, es decir, nada de soberanía. Hubo ingenuidad –por decir lo menos– al creer que, recurriendo nuevamente a la OEA, se haría cambiar al Chile de 2011.

Tampoco resultó cierto que se había creado un clima de armonía para facilitar la solución del viejo problema que separa a los dos países. Por el contrario, en Chile ha crecido en los últimos años la corriente opositora a una cesión territorial a Bolivia. Mejoras al libre tránsito, mejoras en las instalaciones portuarias, mejoras en las vías de vinculación entre los dos países, pero nada más.

El actual gobierno de Bolivia llegó a la frustración precisamente en momentos en que comenzaban sus problemas internos exacerbados por el gasolinazo de diciembre de 2010. Esto coincidió con la imposibilidad de seguir ocultando que no se había avanzado en la solución del problema de la mediterraneidad. Chile, por su parte, había obtenido cuatro años de tranquilidad, sin reclamaciones bolivianas. Fue un buen logro que no le costó mucho; sólo la parcialización del gobierno de Michelle Bachelet en Unasur sobre los sucesos de Pando.

Era de esperar que, terminadas las cándidas ilusiones de los autores del diseño de la nueva política exterior boliviana, se reinicie el duelo diplomático entre los dos países y otra vez en el seno de la OEA. El resultado ya está a la vista, aunque se procure mostrar que se obtuvo una “victoria” diplomática.

Se anuncia que se irá más allá; a una acción judicial contra Chile -no se sabe cuál sería la demanda-, pretendiendo simultáneamente involucrar a la OEA y proseguir con el diálogo. Es más: se insistió -aún se lo hace– en que Chile presente una propuesta por escrito para la solución de la mediterraneidad de Bolivia. ¿Acaso el gobierno, a través de la cancillería, no ha estudiado en estos cuatro últimos años cuál sería la fórmula factible que consulte los intereses bolivianos, que debe esperar una propuesta de la otra parte? ¿O se quiere salir del paso simplemente rechazando una eventual iniciativa chilena –seguramente sin cesión de soberanía– alejando aún más las posibilidades futuras de un diálogo constructivo y fructífero?

¿Se pensaba, acaso, que el presidente Piñera fuera a emprender un ostensible retroceso de su ya fijada política de no aceptar ninguna cesión territorial? Y, en el hipotético caso de que Chile proponga una solución sin ceder soberanía, ¿el gobierno boliviano sería capaz de aceptar esa propuesta y contradecir el precepto constitucional, precisamente incluido por iniciativa del partido del presidente de Bolivia? Todo indica que se incurrió en una culpable falta de previsión y de adecuado manejo diplomático.

Escoger la vía de la OEA buscando que el continente influya en el gobierno chileno para que acepte una solución de la mediterraneidad, con la cesión de un territorio soberano, fue nuevamente el producto del desconocimiento de los antecedentes sobre lo que sucedió desde 1979 en adelante. Es más: constituye un imperdonable error de cálculo. Se dice -no hay confirmación de ello- que se pretendía obtener una nueva resolución en la que se inste a una solución de la mediterraneidad de acuerdo con las bases establecidas en la resolución de 1979; es decir reponerla, aunque nunca fue abandonada. No se tomó en cuenta el escaso alcance de nuestra diplomacia, tan mermada ahora, que se limita a menos de la mitad de los miembros de la organización hemisférica, mientras Chile tiene representaciones diplomáticas en casi todos ellos y, por supuesto, más posibilidades de gestionar apoyos, haciendo valer el mayor peso adquirido desde 1979.

Las reacciones de los miembros de la organización hemisférica reunidos en El Salvador muestran que el apoyo a Bolivia ha mermado, casi se ha esfumado. Inclusive las delegaciones de los gobiernos de Chávez y Ortega -aliados del gobierno del Movimiento al Socialismo- se cuidaron de apoyar abiertamente al canciller boliviano, prefiriendo unas declaraciones tímidas. El delegado de Correa, enmudecido.

Sin pena ni gloria, por errores, sectarismo y poca visión, ha quedado atrás un nuevo capítulo de la larga y esperanzada marcha que nos empeñamos en seguir para llegar a la solución de la mediterraneidad que sufre nuestro país.

Cada vez que hay un fracaso o una frustración, las opciones se reducen, y los interregnos son más largos. Ahora, por culpa de una diplomacia aventurera.

¡Y así, aún se pretende una disparatada acción judicial internacional! Habrá que reiterar lo que ya debería ser sabido: la Corte Internacional de Justicia, no considera temas políticos. Es más: de lo contrario se pondrían en entredicho las fronteras de una gran mayoría de los países, que fueron fijadas luego de guerras internacionales. Pese a que, no se encuentre lógica jurídica a esto de avalar la conquista por la fuerza, es una realidad que el derecho internacional aún no ha llegado a evolucionar lo suficiente en esta materia.

Pero, fuera de cualquier consideración jurídica, prevalece el hecho de que nacimos como un país con costa sobre el océano Pacífico, que fue arrebatada, y que, por ello, procuramos recuperar nuestra cualidad marítima. Insistimos e insistiremos en esta porfía de volver al Pacífico. Pocos fueron tan claros en describir el sentir boliviano como un esclarecido diplomático chileno que les dijo a sus compatriotas: “No nos echemos -los chilenos- tierra a los ojos, no incurramos en la simpleza, la ilusión de creer que Bolivia a la larga se olvidará del litoral perdido. El país del altiplano continuará clamando por el mar. No es capricho suyo, es cuestión de identidad, de patria, inolvidable, insoslayable, inmodificable” (Oscar Pinochet de la Barra. “¿Puerto para Bolivia?”, Revista ¿Qué pasa? 09.01.2004).

Seguramente, con los últimos tropiezos causados por la improvisación diplomática, se han alejado por un tiempo las posibilidades de que, en un nuevo intento, Bolivia y Chile, curados ya del patrioterismo y abandonadas las amenazas, arriben a un acuerdo honorable. Para ello, no existe fecha límite, porque “…hay algo más fuerte que la voluntad caprichosa de los hombres y que acabará por imponerse: el imperativo geográfico… Complemento esencial de la montaña es el mar y hacia éste acaba de abrirse paso, aunque para ello requiera de siglos, cuya duración, por otra parte, resulta relativa dentro del concepto de eternidad con que hay que considerar la vida de los pueblos” (Alberto Ostria Gutiérrez).

América Economía