Robe autos tranquilo que en Bolivia se lo blanquean

- Selectos

Bolivia tiene una nueva Ley (No. 133 en portal) que permitirá regularizar y sanear la situación de vehículos indocumentados también conocidos como “chutos”.

image Miles de personas aguardan turno en la Aduana boliviana para legalizar autos de contrabando. (Foto EFE)

Fuente: Diario Judicial, Dju

Robe autos tranquilo que en Bolivia se lo blanquean

Robe en Argentina, úselo en Bolivia

Legalización de vehículos de contrabando.

Bolivia tiene una nueva Ley que permitirá regularizar y sanear la situación de vehículos que carecen de la documentación correspondiente,  también conocidos como autos “chutos”. Voces a favor y en contra. Resumen de los principales aspectos de la norma.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó una nueva Ley que permitirá la regularización de automóviles indocumentados. Los vehículos ingresaron a Bolivia de contrabando y muchos de ellos fueron robados en Argentina, Brasil y Chile.

La norma fue promulgada en el día de ayer por el primer mandatario del país vecino, Evo Morales, pese a las protestas de algunos ciudadanos, importadores y choferes.

La norma se denomina “Ley de Saneamiento Legal, Automotores a Gasolina, Gas Natural, Gas Vehicular y Diesel”. La Cámara de origen fue el Senado, y su sanción definitiva tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Bolivia que aprobó la Ley por mayoría de votos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), y la envió de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El artículo 1 de la Ley de Saneamiento determina que el objeto de la normativa es el de establecer “por única vez” un “programa de saneamiento legal” de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diesel, así como también de tractores, maquinaria agrícola, remolques, etc., que estén “indocumentados”, y que al momento de promulgación de la norma se encuentren en el territorio aduanero nacional, en depósitos aduaneros o zonas francas nacionales.

La Ley concede un plazo de quince días hábiles a los propietarios de vehículos que reúnan las condiciones del artículo 1 para llevar adelante el procedimiento que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la resolución correspondiente.

Las exigencias que tendrán que cumplir quienes pretendan acceder a este beneficio legal son: a) la presentación de un certificado emitido por la policía de Bolivia que acredite que no existe una denuncia por robo, b) el pago de los tributos de importación que exija la aduana y c) el pago de una multa equivalente al 50% del valor del tributo a pagar.

Están excluidos de la Ley de Saneamiento los automóviles que posean una resolución ejecutoriada en sede administrativa o judicial, los que estén en condiciones de chatarra o chocados, los que tengan sus elementos identificatorios adulterados, los que tengan el volante a la derecha y los que a la fecha de publicación de la norma estén fuera del territorio boliviano.

El primer mandatario de Bolivia dio su apoyo a esta Ley de “amnistía” pues según señaló estos rodados ilegales son adquiridos por la gente pobre, para mejorar su status, dado que son más baratos. Además indicó que todos los individuos tienen derecho a tener un auto.

La nueva ley ha originado ya una avalancha de automóviles desde las fronteras hacia el interior de Bolivia. Los vehículos que entraron a Bolivia de contrabando, son en su mayoría robados en países vecinos.

El gobierno ha manifestado que se prevé la legalización de entre diez y veinte mil “chutos”, como se les denomina popularmente en Bolivia a los vehículos que carecen de documentación. Sin embargo, los opositores a esta norma señalan que podría tratarse de más de cien mil rodados.

Entre tanto, la oposición parlamentaria acudió ante el Ministerio Público y planteó una querella penal con el objeto de invalidar la Ley que perdona delitos económicos como el contrabando. La querella fue entablada por los diputados de la Unión Nacional (UN), Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, contra los senadores del MAS, Isaac Ávalos y Fidel Surco por instigación pública al delito de contrabando y resoluciones contrarias a la Constitución.

Entre los sectores que se oponen a la Ley de Saneamiento se encuentra la Confederación de choferes de Bolivia, que sostiene que esta norma desembocará en que el tráfico sea un verdadero caos y en serios problemas para obtener combustibles.

Muchos medios chilenos, también criticaron la iniciativa boliviana. "El tráfico de drogas y el robo de vehículos van de la mano en la frontera entre Bolivia y Chile, donde se hacen “trueques” para cambiar un auto por kilos de cocaína" alertaron.

La legalización de vehículos indocumentados en Bolivia puso en alerta a las autoridades del norte de Chile que temen que la medida, avalada por ley, dispare el robo de autos en el  país vecino.

El fiscal especializado en robo de vehículos del Ministerio Público de Tarapacá, Patricio Llancamán, explicó al periódico El Mercurio de Santiago que hay una alerta especial ya que la amnistía podría llevar a un aumento de la "demanda" de autos robados, especialmente en Iquique, Antofagasta y Santiago. Argentina y Brasil, también enfrentan el mismo problema.

Por su parte, el presidente Evo Morales defendió la promulgación de esta polémica ley argumentando que muchos de esos vehículos que no tienen los permisos reglamentarios son propiedad de "gente pobre". "Todos tenemos derecho a tener nuestro auto", expresó el mandatario. "La ley ya está promulgada, estamos en el plazo, no hay nada que debatir", enfatizó.

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia:

LEY Nº 133

LEY DE 8 DE JUNIO DE 2011

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :

Artículo 1. (OBJETO). Establecer por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento de la publicación de la presente Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones establecidas en los siguientes artículos.

Artículo 2. (PROCEDIMIENTO Y PLAZO).

I. En los siguientes quince (15) días hábiles a partir de la publicación de la presente norma, los propietarios o poseedores de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, incluidos los tractocamiones, deberán registrar estos bienes ante la Administración Aduanera, conforme al procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

II. Los gobiernos autónomos municipales que posean registros de vehículos indocumentados, en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley, deberán remitir información de los mismos ante la Administración Aduanera.

III. El propietario del vehículo indocumentado registrado conforme al parágrafo I del presente Artículo, en el plazo de noventa (90) días hábiles siguientes del periodo de registro, procederá al despacho aduanero de su vehículo automotor cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 3 de la presente Ley, sin necesidad de despachante de aduana.

IV. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial establecerá el plazo y procedimiento para el saneamiento legal de los tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques indocumentados.

Artículo 3. (REQUISITOS PARA EL SANEAMIENTO DE VEHÍCULOS).

I. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores a gasolina y gas natural vehicular (GNV), se presentarán en la Administración Aduanera y someterán la mercancía a despacho aduanero de importación a consumo, adjuntando únicamente:

  1. Certificado emitido por DIPROVE de la Policía Boliviana que acredite la inexistencia de denuncia por robo;

  1. El pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe la Aduana Nacional;

  1. El pago de una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del tributo aplicable.

II. En el caso de vehículos a gas natural vehicular (GNV), la multa aplicable será del veinticinco por ciento (25%) del tributo omitido y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el parágrafo anterior.

III. En el caso de vehículos a diesel, la multa aplicable será del cien por ciento (100%) del tributo omitido y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el parágrafo I.

Artículo 4. (REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO APLICABLE A OTRAS MERCANCÍAS).

I. Los propietarios o poseedores de tractores y maquinaria agrícola indocumentados, podrán acogerse al presente Programa con el pago de tributos aduaneros y el pago de una multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del tributo aplicable, conforme a las tablas de valores y depreciaciones que al efecto apruebe la Aduana Nacional.

II. En el caso de los propietarios o poseedores de remolques y semirremolques indocumentados, podrán acogerse al presente Programa con el pago de tributos aduaneros y el pago de una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del tributo aplicable, conforme a las tablas de valores y depreciaciones que al efecto apruebe la Aduana Nacional.

Artículo 5. (DEPÓSITOS ADUANEROS Y ZONAS FRANCAS). Los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel prohibidos de importaciones que al momento de la publicación de la presente Ley se encuentren almacenados en los depósitos aduaneros y las zonas francas industriales o comerciales del país, también podrán acogerse al presente Programa con el pago de tributos aduaneros y de una multa equivalente al:

  1. Veinticinco por ciento (25%) del tributo aplicable en el caso de vehículos automotores a gasolina.

  1. Setenta y cinco por ciento (75%) del tributo aplicable en el caso de vehículos automotores a diesel.

  1. No se aplicará multa alguna para vehículos a gas natural vehicular (GNV).

Artículo 6. (EXCLUSIONES). Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa:

  1. Los vehículos que se encuentren con resolución ejecutoriada en sede administrativa o judicial.

  1. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasís remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha.

  1. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren fuera del territorio nacional.

Artículo 7. (CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL PROGRAMA).

I. Vencido el plazo excepcional de vigencia del Programa, se procederá a la confiscación de los vehículos indocumentados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 037 que Modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas.

II. Las instituciones públicas citadas en el Artículo 4 de la Ley 037 que apoyen en la confiscación de los vehículos indocumentados, tendrán prioridad en la adjudicación o entrega directa de los mismos.

III. Si cumplido el proceso de saneamiento legal se evidencia que el vehículo a la fecha del registro establecido en el Artículo 2 de la presente Ley no se encontraba en territorio nacional, se anulará la Declaración Única de Importación (DUI) y se consolidará el pago de tributos, multas y otros conceptos a favor del Estado, sin perjuicio del procesamiento por contrabando.

Artículo 8. (PROHIBICIÓN DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS INDOCUMENTADOS).

I. Ninguna entidad o autoridad municipal, policial, militar o civil, registrará, autorizará u otorgará placas de circulación a los vehículos que no tengan regularizada su importación o derecho propietario.

El incumplimiento a la presente prohibición, será sancionado por la Administración Aduanera con una multa equivalente al cien por ciento (100%) del tributo omitido, la que en el caso de instituciones públicas será debitada de forma automática por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de los recursos de la entidad pública infractora.

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales remitirán trimestralmente a la Administración Aduanera, el detalle de los vehículos registrados en su jurisdicción, legalmente importados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Las o los propietarios o poseedores de vehículos automotores y mercancías que se acojan al Programa establecido en esta Ley, podrán solicitar a la Administración Aduanera un plan de pagos, mediante cuotas iguales y consecutivas por un plazo de hasta un año, con la garantía del mismo bien objeto de saneamiento y una tasa de interés del seis por ciento (6%) anual.

SEGUNDA. Para el saneamiento bajo el Programa establecido en la presente Ley, de los vehículos alcanzados por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) se aplicará una alícuota del diez por ciento (10%) de este impuesto; en el caso de motocicletas, la alícuota aplicable del ICE será del cinco por ciento (5%); en el caso de vehículos a gas natural vehicular (GNV) la alícuota aplicable del ICE será de cero por ciento (0%).

TERCERA. Los propietarios de vehículos indocumentados que se acojan al presente Programa, en sustitución al pago por almacenaje, pagarán al Tesoro General de la Nación, por única vez un importe equivalente al cuatro y medio por ciento (4,5%) sobre el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del vehículo objeto de saneamiento legal, de acuerdo a las tablas que aprueba la Aduana Nacional.

Los costos por almacenamiento y otros servicios efectivamente prestados por el concesionario de los depósitos aduaneros o zonas francas, en el caso de los vehículos prohibidos de importación que a la fecha de publicación de la presente Ley se encuentren almacenados en los mismos, serán pagados en un importe equivalente al dos por ciento (2%) sobre el cincuenta por ciento (50%) del valor del vehículo objeto de saneamiento legal, de acuerdo a las tablas que apruebe la Aduana Nacional.

CUARTA. En el caso de las mercancías sujetas al presente Programa, que tengan pagados en su integridad los tributos aduaneros de importación, podrán someterse al despacho aduanero de importación sin la aplicación de la multa correspondiente.

El presente Programa también alcanza a los vehículos automotores que se encuentran en zonas francas que tengan Resolución Biministerial de revocatoria de la concesión.

Los vehículos automotores que hayan sido admitidos bajo el Régimen de Importación Temporal para Reexportación de Mercancías en el mismo estado, con anterioridad a la vigencia de los Decretos Supremos N° 29836 y N° 0123, podrán ser reexportados en el mismo estado o cambiar al régimen aduanero de importación al consumo de conformidad a las normas vigentes al momento de su admisión temporal.

QUINTA. La Aduana Nacional de Bolivia, en el plazo de quince (15) días calendario, que corren a partir de la publicación de la presente Ley, deberá emitir la norma reglamentaria para la aplicación del Programa.

SEXTA. La Policía Boliviana, mediante DIPROVE emitirá el certificado que acredite la inexistencia de denuncia por robo, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, con el pago único de cincuenta bolivianos (Bs. 50).

SÉPTIMA. Salvo para los casos previstos en la presente Ley, las prohibiciones establecidas en los Decretos Supremos N° 28963, N° 29836 y N° 0123, quedan plenamente vigentes.

OCTAVA. Para el cumplimiento del programa de saneamiento legal establecido en la presente Ley, el Tesoro General de la Nación podrá asignar recursos, de acuerdo a disponibilidad financiera, a la Aduana Nacional para la Ejecución del Programa y al Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, para la adquisición extraordinaria de placas de circulación de vehículos automotores.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dos días del mes de junio de dos mil once años.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los ocho días del mes de junio de dos mil once años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Solíz, Luís Alberto Arce Catacora.