Miguel Urioste habla de la tenencia de la tierra, el camino a través del TIPNIS, la Ley de Revolución Productiva y el caso Mallasilla.
De izquierda a derecha: Alberto Bonadona, analista económicoy Miguel Urioste, con periodistas de Página Siete.
Página Siete / La Paz
“Pueden haber loteadores de abarcas y de cuello blanco”
Miguel Urioste habla de la tenencia de la tierra y de los problemas en Mallasilla. Opinión. Tenemos un Presidente pragmático que se “sobrepondrá a sus principios”, dijo el entrevistado.
Esta semana conversamos con el experto en economía agrícola Miguel Urioste, miembro de la Fundación Tierra. El diálogo versó sobre el camino a través del TIPNIS, la Ley de Revolución Productiva y el caso Mallasilla.
Página Siete.- Sobre el caso Mallasilla, la posición de la Alcaldía ha sido aceptar el fallo, declararse como propietario y anunciar que saneará las tierras. ¿Qué opinión le merece?
El problema de límites urbano-rurales es un fenómeno común en América Latina, no sólo en Bolivia. La diferencia es que en otros países los derechos están asegurados a través de instituciones creíbles, públicas y de larga historia.
En Bolivia nuestro Estado es muy débil, nuestras instituciones son débiles y los procesos se politizan y obedecen a criterios no jurídicos.
El caso Mallasilla es una llamada de atención a la urgencia que tienen todos los municipios de establecer con claridad sus límites urbano-rurales y a partir de ellos sanear los derechos de los propietarios.
Debemos tener conciencia de que existen en el país loteadores y traficantes de tierras de ojotas y de cuello blanco. Entonces, si bien los pueblos originarios tienen derechos históricos sobre áreas ancestrales, es muy claro que estos derechos, por sentido común, en el caso de las comunidades circunvecinas a La Paz, los han perdido porque desde hace un siglo han sufrido transferencia de sus derechos propietarios.
Creo que la opción que ha propuesto la Alcaldía es acertada, no impugnar el fallo del Tribunal, aceptarlo y aplicar el saneamiento municipal.
Página Siete.- El tema de la tierra y la producción agrícola en Bolivia es un problema grave. Cada vez más jóvenes abandonan el campo y dejan de producir alimentos, afectando la seguridad alimentaria.
Eso es verdad. La ciudad implica una atracción muy grande para gente del campo, especialmente los jóvenes. Por eso la tierra cada vez tiene menos una vocación agrícola y más una vocación ganadera. La seguridad alimentaria está en dificultades. También la coca es un problema, porque muchos agricultores reemplazan sus productos alimenticios por la coca, debido a sus ventajas económicas.
Yo pienso que muchos propietarios de tierras del valle y altiplano, que hacen agricultura con alimentos estacionales, también tienen pequeños catos en los Yungas, Alto Beni y otras zonas.
El impacto del cultivo de la coca tiene un efecto mayor en la economía agrícola familiar campesina, en detrimento de la producción de alimentos.
A propósito, creo que la despenalización de las drogas sería lo único que podrá, en el largo plazo y estructuralmente, dar una solución al tema del circuito de la droga. Permitiría que nuestras economías recuperen sus capacidades normales de producción. Cuánta fuerza de trabajo, horas hombre y tierras están dedicadas a cultivar coca, cuando podrían estar produciendo arroz, quinua, cacao y otros alimentos en lugar de que los importemos.
Nunca antes Bolivia había importado tantos alimentos como en estos cinco últimos años. Se ha duplicado la producción comparada con los cinco años anteriores. Y hablamos de revolución productiva, estímulo al pequeño productor. Es una paradoja, un absurdo.
Página Siete.- En el debate de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que debe atravesar el parque Isiboro Sécure, ¿cuál es su posición?
El calentamiento global y la crisis energética nos están haciendo tomar conciencia de que el tema de preservación de los bosques y las aéreas naturales no es de románticos conservacionistas. Nos afecta a todos. Y los mejores protectores pueden (no digo que siempre lo son) ser los pueblos indígenas, si desarrollan capacidad de gestión territorial indígena compatibles con el medio ambiente.
En el caso concreto del TIPNIS –que es una reserva de biodiversidad–, los bolivianos deberíamos estar conscientes de que tenemos ahí, y en otros lugares del país, grandes tesoros que van a tener un valor incalculable dentro de 50 o 100 años en términos de producción de oxígeno, intercambio por carbono, etc. Y van a valer mucho más que una carretera.
Tenemos que poner en la balanza y mirar estrategias de largo plazo. Bolivia no es un país agrícola, es un país forestal, la vocación de Bolivia es el bosque. Tenemos que aprender a manejarlo sostenible y productivamente.
El extractivismo puro y duro de los tiempos pasados hoy tiene que negociar con la demanda de ambientalismo y como tercer elemento, con los derechos de los pueblos indígenas. Su opinión debe ser tomada en cuenta. El indígena debe tener información respecto a las ventajas y desventajas del impacto ambiental y los beneficios que traerá la posible carretera.
El caso TIPNIS puede ser paradigmático y obligará al Estado a ser más cuidadoso con los derechos de los pueblos indígenas.
Por otro lado, nuestro país necesita carreteras; somos un país que no está conectado, que no está vertebrado. La densidad de carreteras en Bolivia está cuatro veces por debajo del promedio de América Latina.
Las carreteras, sin embargo, tienen que obedecer un diseño de interés nacional y la pregunta en este caso es: ¿no se está sobreponiendo un interés geopolítico de un poderoso vecino (Brasil) y su política de geoexpansión, a través de la construcción de carreteras dentro del programa que se denomina IRSA?
El Estado boliviano debe realizar un diseño de la carretera que rodee el parque, que no lo atraviese directamente. Aunque haya que hacer un trazo más largo y más caro.
Página Siete.- Usted menciona al “extractivismo de tiempos pasados”, pero parece ser que estamos en el momento de mayor auge de esa corriente: camino por el TIPNIS, exploración de petróleo en el Madidi, carretera posible a Ixiamas, plan de hacer una represa en el Estrecho del Bala, etc.
Sí, es evidente que hay una contradicción clara en el discurso de protección de la Madre Tierra y de la identidad cultural con estas actividades desarrollistas.
Tenemos un Presidente que es pragmático y que finalmente va a sobreponerse a sus propios principios, porque él sabe que necesita mayor exploración en hidrocarburos para poder mantener el creciente ritmo de gastos que tiene el aparato estatal, que en cinco años ha duplicado el número de empleados públicos y la inversión pública.
Y para hacer eso sostenible se necesita mayor inversión extractiva y por lo tanto es evidente que estamos en una fase de extractivismo, que los conservacionistas llaman neoextractivismo popular.
El argumento de quienes lo defienden señala que el producto de este extractivismo se distribuye socialmente y se reinvierte en inversiones ambientalmente compatibles con el desarrollo. Pero eso, obviamente, está en discusión.
La expansión de la hoja de coca afecta a la seguridad alimentaria en el país
Durante el desayuno de trabajo de esta semana y en el marco del análisis de la realidad productiva del país, el economista agrícola y especialista en desarrollo rural Miguel Urioste sostuvo que “el cultivo en expansión de la hoja de coca se ha convertido en un competidor feroz de la seguridad alimentaria. Muchos campesinos abandonan sus tierras por la baja rentabilidad y migran a las zonas cocaleras por mayor rentabilidad”, aseguró el experto. El efecto es que dejan de producir alimentos.
En otros países una forma de combatir la disminución de la productividad y la migración a las ciudades “son los subsidios, para que la gente no abandone sus zonas agrícolas. En Bolivia podría haber un sistema ordenado y lógico similar”, sostuvo Urioste.
Dijo también que un proceso en ese sentido está en marcha desde hace años. “A partir del año 94, con la aprobación de la Ley de Participación Popular y la asignación de la coparticipación per cápita”.
Según Urioste, la idea detrás de la reciente Ley de Revolución Productiva es entregar subsidios a la población rural por la vía de transferencias directas y transferencia condicionales. Para ello han creado un fondo concurrente departamental y municipal.
“Es un aspecto positivo de la ley la transferencia de recursos, a través del Banco de Desarrollo Productivo, a productores pequeños, en un sistema similar al plan Hambre Cero de Brasil, que resultados tan positivos ha dado a ese país. Ese plan es correcto, excepto que coloca como intermediarios a sindicatos campesinos y creo que eso generará ineficiencia y corrupción. Pero la idea de las transferencias es correcta”.
Otro aspecto positivo de la ley son el fondo concurrente, que un es fondo crediticio del BDP, y el fondo indígena que tiene ya recursos del 5% del IDH.
Urioste mencionó, entre otros, un aspecto negativo: la aceptación de los transgénicos. “El Gobierno, de forma mañuda, ha incorporado la habilitación de la importación de semilla transgénica de variedades no originarias de Bolivia; es el caso de la soya, maíz, sorgo, trigo etc., que obedece, seguramente, a una presión de los sectores empresariales del oriente”.