Gonzalo Villegas Vacaflor
Estamos al extremo de decir que Bolivia es un organismo enfermo, donde se pone el dedo “brota pus”. Y trascurridos eventos fundacionales, reformas constitucionales y ensayos políticos, económicos, cabría preguntarnos si vivimos en una sociedad enferma donde se han perdido todos los valores fundamentales, que no hay corruptos sin corruptores y admitir la prevaleciente y peligrosa displicencia en diversos estratos de nuestra sociedad, arropada de conformismo, de resignación y hasta de aceptación. Es alarmante la aceptación de un elevado porcentaje de la población, indiferente y resignada observa con pasividad todo lo que sucede últimamente. Y esta conducta se conecta con ciertos actos lindantes con una peligrosa patología reflejada, a menudo, en los altos dirigentes de todas la tiendas políticas neoliberales o militantes del cambio porque utilizan el poder como fin y no como medio de transformaciones de las estructuras de la sociedad. La crisis de seguridad ciudadana que aflige a Bolivia es resultado de la conjunción de condiciones de pobreza, desempleo y exclusión de la población, con la corrupción e ineficiencia que impera en las esferas del Estado Plurinacional y en sus brazos operativos los cuerpos policiales y el aparato judicial, parte de cuyos integrantes se coluden con el crimen organizado. Con la permisividad del actual gobierno, la mundialización del capital y se consolidan los grandes negocios ilícitos y las mafias transnacionales. El narcotráfico se ha convertido en una de las actividades económicas más lucrativas del planeta.
A pesar de la nueva Constitución Política del Estado, la administración pública mantiene la mayor parte de los vicios que ha tenido siempre. La deshonestidad continúa operando de manera irrestricta; no existe transparencia ni rendición real y periódica de cuentas a la ciudadanía, y se carece de responsabilidad social. El marco jurídico general permitió y sigue permitiendo una administración pública penetrada desde arriba por la corrupción. Propicia el uso de los recursos públicos con fines políticos y personales, el enriquecimiento ilícito, la manipulación de la ley, el tráfico de información reservada y el comercio de influencias políticas. Hoy esas prácticas siguen siendo corrientes en el llamado gobierno del cambio. Los vicios que dominan aún las esferas más altas de la administración pública hacen que los ciudadanos veamos obstaculizada y muchas veces frustrada la gestión de nuestras demandas. Es impostergable someter plenamente la administración pública a las normas y al derecho para asegurar que cumpla su función y responsabilidades sociales. Las prácticas clientelares que han prevalecido en la administración deben ser erradicadas. Todos los funcionarios públicos tienen que estar sujetos a la evaluación de los ciudadanos y cumplir con un perfil profesional que garantice la eficacia de su gestión. Es indispensable mantener una campaña permanente contra la cultura de la corrupción, para que la población comprenda que se trata de un cáncer que corroe a la sociedad, que todos debemos evitarla y no participar de ella.
En Bolivia no existe un cabal Estado democrático de derecho: hay la tendencia a no respetar las leyes, lo que explica la debilidad a la hora de impartir justicia y la inclinación de sentencias y resoluciones a favor del que más tiene o paga más. El ejercicio discrecional y abusivo de la autoridad y la impunidad de los agentes del poder público colocan a los ciudadanos en total indefensión. La ausencia de frenos y contrapesos en los órganos representativos del poder deriva en injusticia e inseguridad jurídica de los ciudadanos. La cantidad de procedimientos administrativos necesarios para alcanzar la protección de la justicia, el costo y el desconocimiento que muchos tienen de los trámites también obstaculizan la vigencia del Estado de derecho.