Noticias. Los exministros de Goni Sánchez, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, junto a 5 excomandantes militares fueron acusados dentro la presentación de los alegatos finales.
Sucre: Fiscal General del Estado, Mario Uribe, formalizó la solicitud de 25 años de cárcel ante la Corte Suprema de Justicia para los siete imputados por los hechos de septiembre y octubre de 2003.
Luego de dos años y dos meses de juicio, Uribe concluyó con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, donde se puntualizó los delitos cometidos por cada uno de los imputados relacionando lugares, pruebas y testimonios que se presentaron y que los miembros del tribunal de Sentencia escuchó a lo largo de este tiempo en juicio oral.
“El Ministerio Público ha demostrado categórica y contundentemente, con pruebas que se han introducido la existencia de los hechos acusados, la participación y las responsabilidades de esos hechos de todos los acusados presentes”, dijo.
Se pidió sentencia condenatoria con agravantes, que sumarían unos 25 años, para los generales Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Rocabado Mercado, excomandante en Jefe accidental y Jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas; Juan Véliz, excomandante general del Ejército; almirante Luis Alberto Aranda Granados, excomandante General de la Fuerza Naval; y Oswaldo Quiroga, excomandante General de la Fuerza Aérea; quienes ostentaban dichos cargos durante septiembre y octubre de 2003.
Según la Fiscalía General del Estado Plurinacional, se probó que hubo concurso real e ideal de los delitos que atentan contra los derechos de las personas afectadas en los hechos de 2003.
Todos ellos son culpables para el Ministerio Público tras las pruebas presentadas, de los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio y sus dependencias, resoluciones contrarias a las constitución y las leyes.
Por otro lado, el Ministerio Público solicitó para los exministros de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, la pena máxima por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves.
Esta acusación está respaldada por abundante prueba, aseguró.
Se presentaron 328 testigos entre autoridades nacionales de aquella época, sacerdotes, periodistas, policías, militares, médicos, investigadores, peritos dirigentes sindicales, dirigentes campesinos y principalmente los testimonios de las víctimas y de familiares de los fallecidos. (Erbol)
Ref. fotografía. NAN
