El censo puede abrir la caja de Pandora

Demanda. El Gobierno necesita de ocho meses a un año para realizarlo y no se haría la encuesta nacional de población y vivienda hasta junio de 2012. Aseguran que sus resultados se aplicarán en 2013

imageEncuesta. Un joven aplica el cuestionario a una niña durante el censo de población y vivienda de 2001. En esa oportunidad se contó a 8,1 millones de bolivianos



El Deber, Pablo Ortiz

Parece un enorme ejercicio el hecho de contar personas, su nivel de instrucción, condiciones de vida y autoidentificación, pero el censo nacional de población y vivienda, que debió realizarse en 2010 y probablemente se haga en 2012, puede ser una caja de Pandora que traiga consigo una serie de conflictos interregionales. Así lo advierte el politólogo Carlos Cordero y lo secundan autoridades que, sin embargo, consideran que todo puede solucionarse con apego a las leyes y a la Constitución.

Cordero explica que la mayoría de los líderes locales que han reclamado por la realización del censo (básicamente dirigentes barriales de El Alto y concejales y cívicos cruceños), han expuesto razones económicas para su realización, pero, recuerda, los resultados previsibles del censo cambiarán la distribución departamental de la Cámara de Diputados.

Concretamente, se prevé que Santa Cruz pase a ser el departamento más poblado del país, por encima de La Paz y con ello le correspondería al menos cuatro diputados más para alcanzar los 29 escaños que hoy le corresponden a La Paz. Esto llevaría a una redistribución en departamentos considerados ‘expulsores’ de personas o con crecimiento poblacional bajo, como Potosí y Oruro, lo cual configurará un posible conflicto.

Para esto ya se prepara el Comité pro Santa Cruz y su presidente, Herland Vaca Díez, explica que al departamento nunca se le dio fácilmente lo que le corresponde. Un ejemplo de ello es que, con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, Santa Cruz incrementó de 22 a 25 diputados cuando le correspondían, por peso poblacional, al menos uno más. “Ahora, según algunas proyecciones, a Santa Cruz podrían corresponderle hasta siete diputados”, dijo el líder cívico cruceño.

Para Cordero, la nueva Constitución Política del Estado cometió un error al limitar a 130 la cantidad de escaños en la Cámara Baja. Recuerda que no será fácil convencer a otras regiones de ceder escaños y que, en 2005, la última vez que se dio esta situación, hubo paros cívicos y movilizaciones en regiones que ganaban diputados y en las que los perdían. En esa oportunidad, ante la premura del proceso electoral y el fin del mandato de Eduardo Rodríguez Veltzé, que constitucionalmente no podía excederse de los seis meses, se procedió a redistribuir los escaños parlamentarios por decreto. Así, Santa Cruz ganó tres bancas, mientras que La Paz, Oruro y Potosí perdieron de a una.

José Luis Santistevan, asesor del Concejo Municipal de Santa Cruz, considera que esto no deberá ser un problema en la medida en que se cumpla la Ley 2105, que da potestad de modificar la distribución de la representación política con cada censo.

Sin embargo, Gabriela Montaño, senadora del MAS, señala que se debe cuidar cierto equilibrio regional para garantizar un desarrollo armónico del país y evitar mayores desigualdades. Ese mismo criterio cree que se debe aplicar para el denominado nuevo pacto fiscal, un acuerdo político al que deben llegar el Gobierno central, las gobernaciones y los 337 municipios seis meses después de conocidos los resultados del nuevo censo. Montaño considera que no puede continuar la desigualdad de recursos que se da actualmente y que no se debe apostar solo por uno o dos polos de desarrollo en todo el país.

Óscar Vargas, concejal de Santa Cruz, considera que sí es necesario ese pacto fiscal, ya que en la actualidad, asegura, el nivel central de Gobierno se queda con el 75% de los recursos, mientras que el restante 25% se distribuye entre nueve gobernaciones y 337 municipios.

A esto se suman los cálculos de lo que deja de percibir el departamento cruceño por falta de un censo. Según las cifras de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, los 56 municipios cruceños debieron ingresar Bs 1.880 millones más y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno otros 470 millones en estos años. Vargas explica que solo el municipio de Santa Cruz de la Sierra debería percibir cada año aproximadamente Bs 270 millones. Santistevan añade que este monto es casi equivalente al presupuesto de Desarrollo Humano de la ciudad (salud, educación, cultura y deportes), por lo que el municipio cruceño no solo podría mejorar las 270.000 raciones de desayuno escolar, sino también dar almuerzo e incluso atenciones médicas en las escuelas.

Estos datos provienen de lo que ‘vale’ un ciudadano boliviano en cualquier punto del país. Actualmente, el municipio de Santa Cruz recibe como transferencia unos $us 60 por habitante. La ciudad, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, tiene medio millón de personas más que en 2001.

Ahí está la respuesta, para Santistevan, del porqué el Gobierno no tiene apuro para hacer censo. Explica que Bolivia tiene 2,5 millones y 3 millones más de habitantes que en 2001. Eso implica que el Gobierno deja sin distribuir en el Tesoro General de la Nación entre $us 150 millones y 180 millones, que corresponden a gobiernos municipales y universidades.

Montaño, sin embargo, recuerda que sin la nacionalización de los hidrocarburos, aunque haya habido censo en 2010, los municipios no estarían recibiendo ni la mitad de los recursos actuales.

Sin embargo, tanto Vargas como Santistevan recuerdan que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos provienen de la ley de 2005 y de los decretos de Rodríguez Veltzé, no solo de la nacionalización de 2006.

    Las cifras   

500.000

habitantes más tiene Santa Cruz de la Sierra, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas. El dato es considerado conservador.

Bs 270

millones es lo que deja de percibir el municipio cruceño por falta de datos frescos de población. Se podrían construir nueve hospitales.

1 millón

de pobres hay en  Santa Cruz. Es el 38% de la población departamental, el porcentaje más bajo del país, pero el tercero más alto en población.

75%

de los cruceños vive en ciudades. Ese es el estimado del INE y habría crecido un 12% en la última década. El campo se vacía.

Bs 2.350

millones calcula la Gobernación que ha perdido Santa Cruz (municipios y Uagrm) por falta de ajustes poblacionales entre 2001 y 2011.

El Comité quiere unir a los municipios y la Gobernación

Para Herland Vaca Díez, presidente del Comité pro Santa Cruz, es importante devolver a la organización cívica su carácter de defensora de los intereses cruceños. Por ello, tratará de que la Gobernación, los 56 municipios y a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se unan. Consultado si es un giro a la política tradicional del Comité, que basaba su fuerza en otras instituciones de orden privado, Vaca Díez aseguró que su intención es defender el interés de todos y no es de unos cuantos.

El médico nefrólogo se mostró molesto por la aceptación de la Uagrm al decreto del Gobierno que condiciona el uso del 15% de los recursos que recibe del IDH. En su opinión, esa es una forma de lacerar la autonomía universitaria y está destinada a hacer política con plata ajena. “Si usted ahora pregunta a los universitarios quién les dio las becas de estudio qué cree que le responderán”, preguntó Vaca Díez.

Para él, esta es una medida destinada a debilitar la capacidad de movilización de las instituciones que reclamarán por un censo en el primer semestre de 2012.

Eso tampoco está garantizado. Al Gobierno le lleva entre ocho meses y un año preparar un censo y, según explicó la senadora oficialista Gabriela Montaño, se debe realizar en una época del año en que sea posible acceder a todo el territorio nacional. En el primer trimestre de 2012 esto estará condicionado por las inundaciones que suelen anegar gran parte del oriente.

Si no se puede hacer de manera rápida, para Vaca Díez es vital que desde 2012 se compense de algún modo los recursos a las regiones, pero el Gobierno solo se compromete a hacerlo desde 2013.

Posibles conflictos   

Nuevo mapa congresal

Solo hay 130 escaños

Los 130 escaños que otorga la Constitución para la Cámara de Diputados (en la antigua Constitución era el total de ambas cámaras), parecerán pocos una vez se conozcan los datos del nuevo censo. No solo habrá demandas de departamentos como Santa Cruz por ver su peso poblacional representado en Diputados, sino que también los indígenas reflotarán sus demandas para aumentar sus siete bancas de elección por usos y costumbres que tienen en la actualidad. Así lo recuerda el politólogo Carlos Cordero y lo confirma Gabriela Montaño, senadora del MAS. Ante la promesa de mayor espacio para los indígenas después del censo, se afectarán las circunscripciones uninominales de las ciudades.

Por un nuevo pacto fiscal

Para buscar equilibiros

En la actualidad, los municipios reciben recursos de cuatro fuentes: los impuestos coparticipables, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la compensación por el índice de pobreza (Ley del Diálogo Nacional) y a través de recursos propios.

Las gobernaciones tienen cuatro vías, recursos propios, IDH, regalías y fondo de compensación. El nuevo pacto fiscal tocaría poco el dinero de los municipios, ya que existe cierto equilibrio. Sin embargo, la disputa estará en las gobernaciones, ya que los departamentos que no producen petróleo tienen sus ojos puestos en los ingresos de los productores.

Más gente, más recursos

Santa Cruz se beneficia

Si se toma como parámetro el crecimiento intercensal de las encuestas nacionales de 1992 y 2001, el departamento de Santa Cruz tiene 16 entre los 36 municipios con crecimiento poblacional más acelerado del país. El Carmen Rivero Tórrez, municipio de Germán Busch, tenía un porcentaje de crecimiento anual del 8,8%, el más alto del país.

En lo que a ciudades se refiere, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra son las que mayor índice de crecimiento tienen y se prevé que vean multiplicados sus recursos.

Los municipios de Potosí, parte de Cochabamba, Oruro y Chuquisaca eran regiones ‘expulsoras’.