Espionaje telefónico. Sectores sociales indignados con acusaciones de Evo; fuertes críticas a su gobierno por violar normas

Sistema legal prohíbe “pinchazos” telefónicos. Marchistas anuncian un proceso en la CIDH contra el Presidente Evo. Indígenas temen que sus teléfonos hayan sido pinchados. Embajada de EEUU en Bolivia negó que apoye la movilización indígena.

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Los marchistas cumplen su octavo día de marcha en protesta por el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Foto El Deber



Boris Miranda / Página Siete

Sectores sociales indignados con acusaciones de Morales

Marchistas anuncian un proceso en la CIDH contra el Presidente Evo.

Condena. Indígenas y dirigentes de movimientos sociales rechazaron las acusaciones del Presidente, quien vinculó, con extractos telefónicos, a marchistas con EEUU.

Las acusaciones del presidente Evo Morales provocaron rechazo e indignación dentro y fuera de la marcha. Dirigentes de sectores sociales anunciaron procesos judiciales y masificar la movilización contra la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

No sólo fueron los directos aludidos los que le contestaron al Primer Mandatario; figuras de la disidencia del Movimiento Al Socialismo y la Central Obrera Boliviana también criticaron las denuncias hechas por el Jefe de Estado el fin de semana.

Lázaro Taco, dirigente de la CIDOB y uno de los líderes de la marcha, anunció que los indígenas denunciarán por espionaje a Morales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Presidente presentó extractos telefónicos de presuntas conversaciones telefónicas entre tres dirigentes de la marcha indígena con un funcionario de la embajada de EEUU.

El mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Marqas y Ayllus del Qullasuyu, Rafael Quispe, afirmó que cuando concluya su gestión en el Conamaq iniciará un proceso contra el Presidente.

“Ya no hay derecho a la privacidad. Nosotros no hemos visto una prueba clara de las acusaciones que ha hecho hasta ahora; si empieza a tocar esos temas primero tiene que probar. Solamente son excusas para desarticular al movimiento que es legítimo”.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, Adolfo Chávez, indicó que las denuncias realizadas por Morales alejan las posibilidades de un acuerdo entre la columna de marchistas y el Gobierno.

“Se dieron oportunidades y no ha habido diálogo. Mientras (el Presidente) tenga su agenda cargada y no tenga tiempo para los pueblos indígenas vamos a seguir así de distanciados”.

Evo Morales afirmó, a partir de un extracto de llamadas telefónicas, que Roxana Marupa, la esposa de Chávez, conversó con Eliseo Abelo, funcionario de asuntos indígenas de la Embajada de Estados Unidos, desde su celular. El Presidente hizo la misma acusación contra el diputado Pedro Nuny y el dirigente de Conamaq Rafael Quispe.

Además de mostrar los documentos que certificarían los contactos telefónicos, el Mandatario no reveló más datos sobre el contenido de las conversaciones.

El Gobierno asegura que no se realizó ningún pinchazo o escucha telefónica y que los extractos de las llamadas se obtuvieron de las empresas de telecomunicaciones gracias a un requerimiento del Ministerio Público.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, le pidió al Ejecutivo que frene la “persecución” a los líderes de sectores sociales críticos.

“La comunicación no es para ninguna persecución, estamos equivocados y tenemos que reflexionar, en vez de buscar cabezas de turco o culpables, señor Presidente de la República, tenemos que ir al lugar a través de un dialogo sincero, ese diálogo franco para buscar y encontrar”.

Mientras que Lino Villca, ex senador del Movimiento Al Socialismo y dirigente de los cocaleros de Yungas, criticó las acusaciones de Morales y manifestó que su sector podría acoplarse a la movilización.

Reacciones ante las acusaciones de Evo

Desde la marcha Lázaro Taco, dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), afirmó que se presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Evo Morales.

Proceso Por su parte, el mallku Rafael Quispe, del Conamaq, adelantó que presentará una demanda contra Morales cuando concluya su gestión como dirigente de tierras altas.

Respaldo Lino Villca, ex senador del Movimiento Al Socialismo, indicó que los cocaleros de Yungas alineados en su movimiento pueden respaldar la movilización como rechazo a las acusaciones.

Persecución Pedro Montes, ejecutivo de la COB, pidió al Gobierno no acusar a dirigentes críticos.

Fuertes críticas al Gobierno por control telefónico

LOS INDÍGENAS TEMEN QUE SUS TELÉFONOS HAYAN SIDO PINCHADOS.

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La marcha de los indígenas, ayer en la ruta San Ignacio de Moxos-Puerto San Borja, en el departamento de Beni. Foto El Deber.

Por Agen­cias  y Los Tiempos, 23/08/2011

Los indígenas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la oposición y analistas criticaron la actitud y argumentos jurídicos del Gobierno de Evo Morales, que denunció a los dirigentes que presiden la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con un extracto de llamadas, mientras que la Embajada de EEUU en Bolivia negó que apoye la movilización, que ayer cumplió ocho días.

Pese a los ataques, los más de 1.400 marchistas reanudaron ayer –a las 6:00 de la mañana– la caminata desde San Ignacio de Moxos y llegaron hasta Puerto San Borja, donde acamparon.

Los indígenas también temen que el Ejecutivo los esté espiando con escuchas de sus conversaciones telefónicas y analizan emitir un pronunciamiento público rechazando las acusaciones de Morales quien, durante una entrevista con los medios estatales, dijo el domingo que tres dirigentes conversaron recientemente con el asesor de la Embajada en asuntos indígenas, Eliseo Abelo.

“Se ha cumplido con las normas legales. Jamás vamos a actuar ilegalmente. Hay leyes y a veces hay que apelar a fiscales y tener esta información (…). No es espionaje y seguro la prensa de la derecha va a posesionar que es espionaje”, indicó anoche en Cochabamba el Primer Mandatario ante las críticas.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos explicó en un comunicado que, como cualquier otra misión diplomática en Bolivia y en el mundo, “mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana.  Este diálogo es el trabajo cotidiano de la diplomacia; y es usual y apropiado”. Además negó que haya otorgado ningún tipo de apoyo a la marcha indígena.

“Compartimos la visión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  y el Gobierno boliviano que el tema del Tipnis debe ser solucionado mediante el diálogo y consultas según establecen las leyes bolivianas y los estándares internacionales”, indicó.

El Gobierno, en tanto, insistió con su denuncia y el ministro Carlos Romero –que reemplaza al canciller David Choquehuanca–, anunció anoche que la Cancillería cursó una convocatoria al encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, John Creamer, para que explique su supuesta relación con la marcha indígena. La reunión está prevista para hoy por la tarde.

Romero y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, volvieron también a criticar el pliego de demandas de los indígenas indicando que recién las conocieron este fin de semana. Sin embargo, durante la última asamblea nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en julio, los dirigentes plantearon que su principal demanda era que la carretera a Beni no pase por el Tipnis, pero adjuntaban otros requerimientos de los pueblos que participarían en la movilización.

Ilegalidad

Aunque Llorenti dijo ayer que el Gobierno no cometió ninguna ilegalidad al solicitar, vía requerimiento fiscal, el extracto de llamadas de los dirigentes indígenas, Rafael Quispe, del Conamaq, el diputado Pedro Nuni y Roxana Marupa, esposa del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, abogados constitucionalistas y penales, cuestionaron la actitud y procedimientos.

El fiscal que hizo el pedido fue Félix Peralta quien actualmente sigue el caso contra el Movimiento Sin Miedo (MSM) por la campaña por el voto “No”.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que el Gobierno contraviene la Constitución, los principios universales de respecto y resguardo de los derechos fundamentales.

Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) admite en su artículo 25 la restricción del derecho a las comunicaciones privadas vía correspondencia, pero sólo mediante orden judicial, como excepción a la regla de la inviolabilidad.

El mismo artículo, parágrafo 3, establece que “ninguna autoridad pública ni persona particular u organismo podrá interceptar conversaciones telefónicas a través  de la instalación de sistemas de intercepción”, sin excepciones.

El abogado penalista Arturo Yañez señaló que la solicitud de extractos de llamadas debe ser hecha en el marco de un proceso penal y por un juez.

Otro especialista en derecho penal, que prefirió no dar su nombre, dijo que es posible que un fiscal pida el extracto a una empresa telefónica, pero no es lo correcto ni lo más común porque esa prueba no tiene valor legal y debería ser pedida por un juez, cuando hay un proceso, una denuncia formal y, sobre todo, un delito, lo que en el caso de la marcha indígena no existe.

Agregó que, en este caso, el Gobierno se aprovechó de su influencia en el Órgano Judicial.

Respuesta

J La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirma que mantiene comunicación con diversos sectores sociales como cualquier misión diplomática. Negó que apoye la marcha.

Dirigentes molestos

El dirigente del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, uno de los acusados por el Gobierno, negó las denuncias y anunció un proceso legal contra el Ejecutivo.

El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, cuya esposa fue involucrada por el Ejecutivo en las llamadas, pidió al presidente Evo Morales no meterse con su familia y dijo que “su acción de amedrentarme no va a funcionar”.

Recordó que en 2007 fue él quien denunció un complot político de la embajada de EEUU contra la Asamblea Constituyente.

El diputado oficialista Pedro Nuni explicó, según un reporte de Valle Press, que las versiones del Presidente son muestra de que no tiene voluntad para el diálogo y que no caerá en “bajezas”.

FISCAL GENERAL

El fiscal general del Estado, Mario Uribe, dijo anoche en declaraciones a Cadena A que el procedimiento del Gobierno, al pedir a un fiscal pedir el registro de llamadas, es legal y citó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa por la mañana, Llorenti no citó ese artículo y dijo que se apoyaron en el artículo 306 del código y los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que sólo indican las atribuciones de los fiscales.

Derechos humanos

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera, dijo que intervenir llamadas en el país es atentar contra los derechos de los ciudadanos. Recordó que las personas tienen el derecho a la privacidad y la intimidad en sus comunicaciones.

Dijo que esta situación perjudicará al diálogo que el Gobierno busca con los representantes de los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

OPOSICIÓN

Asambleístas de la oposición calificaron como “espionaje” los extractos telefónicos que fueron divulgados por el Gobierno.

El diputado Fabián Yaksic (MSM) mencionó que es “peligroso” que el país esté ingresando a un escenario de “desconfianzas”.

El diputado Andrés Ortega (CN) mencionó que los extractos telefónicos están vinculados al “terror” que quiere provocar el Gobierno.

Por su lado, la diputada Elizabeth Reyes (UN) dijo que el Gobierno vulnera la Constitución.

OFICIALISTAS

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Edwin Tupa, anunció que en los próximos días convocará al diputado Pedro Nuni (MAS) para conocer sus versiones de los supuestos contactos telefónicos que tuvo con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

“Nosotros, en lo personal, como bancada nacional, vamos a reunirnos con el colega Pedro Nuni, nos vamos a sentar, vamos a dialogar de acuerdo a las llamadas telefónicas que ha recibido, tenemos los extractos”, indicó el legislador.

Tupa dijo que Nuni fue designado diputado “gracias a la sigla del MAS” y por ello debe explicar si tuvo comunicación con funcionarios de la Embajada norteamericana.

Analizan la acción judicial y política sobre las llamadas

Página Siete

El especialista en derecho de Telecomunicaciones Jorge Auza y el analista político Marcelo Silva opinaron sobre el extracto de las llamadas que supuestamente demuestra comunicación entre funcionarios de la Embajada de EEUU y algunos dirigentes indígenas.

Auza explicó que la nueva Ley de Telecomunicaciones establece que en casos de seguridad nacional se podrá autorizar escuchas telefónicas, aunque aún falta el reglamento; sin embargo, el especialista aclaró que en este caso no hubo un “pinchazo”.

“Los registros de llamadas se entregan mediante una simple orden fiscal; dentro de un proceso de investigación se solicita el registro y la operadora telefónica debe darlo, ya sea a solicitud de parte o de oficio. Es un listado de llamadas hechas y recibidas, sin entrar al contenido, es decir, la charla que se sostuvo”, dijo.

Agregó que, según la norma, sólo se podrán realizar las escuchas telefónicas en caso de riesgo en la seguridad nacional y en el marco de la lucha contra el narcotráfico. “Pero estos registros de llamadas son relativamente fáciles de obtener”.

Al respecto, Silva señaló que las declaraciones del Gobierno buscan deslegitimar la marcha indígena aseverando que hay un elemento “conspirador” en la movilización.

“La marcha no tiene elementos de riesgo para la estabilidad gubernamental; al contrario, si el Ejecutivo la resuelve de buena forma puede ser un elemento que le dé mayor legitimidad a su acción política; de lo contrario, el impacto en la opinión pública puede traducirse electoralmente en un voto nulo para las elecciones del 16 de octubre”, dijo.

Sobre las llamadas, Silva agregó que se trata de un elemento político de amedrentamiento.

“El Gobierno está buscando un hostigamiento a la dirigencia indígena, que posteriormente podría estar sujeta a un proceso jurídico penal por sedición u otro delito ; es un mecanismo de judicialización”, subrayó.

Dudas Legales ¿’Pinchazos’ o Registros?

Llamadas telefónicas y conflicto por el Tipnis.

El Día, Santa Cruz

El ministro de la Presidencia dice que el seguimiento a las presuntas llamadas de dirigentes indígenas a la Embajada de EEUU se realizó por la "seguridad del Estado". EEUU asegura que no otorgó "ningún tipo de ayuda" a la marcha.

image Abogados pusieron ayer en duda el carácter legal de los"registros telefónicos" que el Gobierno realizó a presuntas llamadas de dirigentes indígenas a la embajada de Estados Unidos, que para algunos opositores son, llanamente. "pinchazos telefónicos".

Según el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, no se puede hablar de "pinchazos" o "intercepciones" de llamadas telefónicas, sino de "registros".

El domingo pasado, el presidente del Estado, Evo Morales, acusó al titular del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq), Rafael Quispe; al diputado indígena Pedro Nuni y a Roxana Marupa, esposa del líder de la Cidob, Adolfo Chávez; de contactarse con el funcionario de la diplomacia norteamericana, Eliseo Abelo, antes y después de la caminata. Presentó como prueba hojas impresas en las que se advertía la fecha, hora y tiempo de las presuntas llamadas.

Demandarán al mandatario.  El titular de la Conamaq, Rafael Quispe, anunció que las afirmaciones del mandatario serán respondidas mediante una demanda legal.

Instó a Morales a ocuparse de los reclamos indígenas y de las exigencias de sectores sociales, en el marco de las disposiciones de la  Constitución Política del Estado.

‘Que no se meta con mi familia’. El secretario ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, pidió a Morales "que no se meta" con su familia.

“Al presidente lo está destruyendo su egoísmo y doble moral y no está bien dejarse llevar por la soberbia porque le hace decir cualquier cosa e inventarse temas para descalificar a los indígenas movilizados”’, afirmó Chávez.

Objeciones legales.  Cuatro abogados cuestionaron los "registros telefónicos" del gobierno, al considerarlos ilegales y violatorios de derechos individuales reconocidos por la Carta Magna.

Por su parte, el presidente de la subcentral de Pueblos Indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas Mosúa, comentó que la versión del Gobierno sobre los supuestos contactos telefónicos son actos de "amedrentamiento".

Ironía periodística. La periodista Amalia Pando, conductora del programa  “En Directo” de Radio Erbol, comentó ayer que ahora los ciudadanos tienen  que saludar primero al ministro de Gobierno Sacha Llorentty, antes de hablar por teléfono.

“El Gobierno está utilizando una mentira para quitarle validez social y autoridad moral a esta marcha que, sin duda, es un jaque al Gobierno”, afirmó Pando.

Posición de la Embajada. En un comunicado público, la Embajada de los Estados Unidos aseguró que no prestó "ningún tipo de apoyo a la marcha indígena" y sostuvo que "mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana" como parte de un cotidiano trabajo diplomático.

"Compartimos la visión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  y el Gobierno boliviano que el tema del Tipnis debe ser solucionado mediante el diálogo y consultas, según establecen las leyes bolivianas y los estándares internacionales", dice el comunicado.

16 Demandas

Conforman el pliego petitorio de los 34 pueblos indígenas que  están en la marcha por el Tipnis.

‘Con pinchazos  el presidente Evo Morales busca el control de los indígenas. Es una medida ilegal porque viola la privacidad’

Santiago Berríos

Abogado Constitucionalista

‘Se violó la privacidad que es el derecho de los bolivianos. Es una flagrante ilegalidad y abuso’

Miguel Coya

Abogado Penalista

‘La comunicación es inviolable. Por eso, al revelar las llamadas se vulneran las garantías constitucionales’.

Iván  Bascopé

Abogado del Cejis

"Es mala práctica del ejecutivo pues denota que utilizan los sistemas de seguridad del Gobierno para pinchar teléfonos’.

Arturo Yáñez

Abogado

GOBIERNO:

‘Seguridad del estado’ justifica seguimiento telefónico

ROMERO.-El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijo ayer que el seguimiento a los contactos telefónicos que establecieron los dirigentes indígenas con personeros de la embajada de Estados Unidos tiene que ver una medida de “seguridad de Estado”.“Son temas que por razones de seguridad de Estado, legítimamente tenemos derecho a saber, a esclarecer. Queremos que se transparente esto. Si alguien le molesta que pidamos una explicación, creo que no se está entendiendo la lógica del Estado que es proteger su seguridad, es el interés supremo del Estado”, remarcó Romero./OXÍGENO.

Sistema legal prohíbe “pinchazos” telefónicos

Afirma ex titular de Corte de Justicia.

El Diario, La Paz

Según el ex titular de la Corte Superior de Justicia, William Alave, los artículos 21 y 25 de la Constitución Política del Estado sostienen claramente que en nuestro sistema legal están prohibidas las intercepciones tanto de llamadas telefónicas, telegráficas y otras comunicaciones particulares.

Dejó en claro que el tema de los “pinchazos telefónicos”, aún no está normado; sin embargo, ayer el ministro de Gobierno Sacha sostuvo que las llamadas interceptadas a dirigentes que encabezan la marcha por el TIPNIS, se efectuó con requerimiento legal emitido por el Ministerio Público.

Sobre el tema, el abogado penalista Arturo Yañez precisó a ANF que esta situación se constituye en una mala señal para el Ejecutivo, pues denota que se utilizan los sistemas de seguridad nacional para “pinchar llamadas telefónicas”.

Intercepción de llamadas telefónicas no está normado

Afirman que la obtención del extracto de llamadas telefónicas y escuchas, debe canalizarse a través de una investigación penal y pedida de un fiscal designado al caso, donde un juez otorgue la autorización pertinente.

El ex presidente de la Corte Superior de Justicia, William Alave, mencionó ayer que la intercepción de llamadas telefónicas, conocida tambien como “pinchazos”, aún no está normado, en tanto el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, en conferencia de prensa, dijo ayer que las llamadas interceptadas a dirigentes que encabezan la marcha por el TIPNIS, se efectuó con requerimiento legal emitido por el Ministerio Público.

“La actual Ley no establece esa situación de la intercepción de llamadas, lo que nos guía a ver que la Constitución Política del Estado, debería estar por encima de las demás normas. No está normado ningún tipo de “pinchazos” telefónicos o intercepciones de correos o medios magnetofónicos, salvo que la Ley lo establezca de esa manera,” precisó Alave.

La ex autoridad judicial dejó en claro que se debe partir de las garantías constitucionales, las cuales están establecidas en la Carta Magna en su artículo 410 que establece el principio de observación, donde previamente, ante cualquier norma y ley, la Constitución Política del Estado ejerce su control.

Mencionó que los artículos 21 y 25 de la Constitución señalan claramente que en nuestro sistema legal están prohibidas las intercepciones tanto de llamadas telefónicas, telegráficas y otras comunicaciones particulares.

“Ninguna Ley y norma pueden ir en contra de este artículo de la Constitución Política del Estado. En todo caso, habría alguna excepción pero tendría que ser discutido, primero bajo un control de constitucionalidad, y luego, bajo un control judicial; eso sería el espacio de excepcionalidad que daría a la norma a efectos de una investigación de un proceso que se podría hacer”, indicó la ex autoridad.

En tanto, el abogado penalista Arturo Yañez precisó a ANF que esta situación se constituye en una mala señal para el Ejecutivo, pues denota que se utilizan los sistemas de seguridad nacional para “pinchar llamadas telefónicas”.

Para el jurista, la obtención del extracto de llamadas telefónicas y escuchas, debe canalizarse a través de una investigación penal y pedida de un fiscal designado al caso, donde un juez otorgue la autorización pertinente.

GOBIERNO

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en conferencia de prensa, expresó ayer que las llamadas interceptadas a dirigentes que encabezan la marcha por el TIPNIS, se efectuó con requerimiento legal emitido por el Ministerio Público.

“Quiero descartar de manera categórica que se trate de “pinchazos”, intercepción de llamadas; lo que hemos encontrado fue un registro de llamadas que ha sido autorizada por la autoridad competente” , manifestó.

Llorenti dijo que todo se efectuó en el marco del ordenamiento jurídico, lo que señalan las normas, el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, e incluso la propia Constitución Política del Estado, la cual faculta a llevar adelante ese tipo de solicitudes.

“El Código de Procedimiento Penal en su artículo 306, la Ley Orgánica del Ministerio público en su artículo 44 y 45 señala disponer de los fiscales de materia y en sus atribuciones están la de intervenir en todas la diligencias de la etapa preparatoria, velando que dentro del término legal se cumpla la etapa del proceso,” indicó.

El Ministro de Gobierno mostró el memorial que se entregó al Ministerio Público, solicitando se evacúe un requerimiento para tener el extracto de las llamadas de esas líneas telefónicas, indicando que fue el fiscal Félix Peralta, quien emitió esa autorización.

ASAMBLEA DERECHOS HUMANOS

A su turno, la representante de la Asamblea de los Derechos Humanos, Yolanda Herrera, prexisó que se están cometiendo graves situaciones, las cuales no generan un escenario favorable para un diálogo con los pueblos indígenas y el Gobierno.

“Entendemos que el Estado tiene que manejar los niveles de seguridad pero no creemos que un dirigente tenga que someterse a niveles de investigación , que en vez de favorecer dificultará los caminos de confianza y de credibilidad de todo lo que se está añorando, como es el diálogo,” indicó.

FISCAL GENERAL

Sobre el tema el fiscal general del Estado, Mario Uribe en contacto con Cadena A, aseveró que la presentación de una petición fundamentada ante el Ministerio Público, es legítima, y que en consecuencia, se habría otorgado el requerimiento correspondiente para obtener los datos o registro de las llamadas de la empresa correspondiente

Aclaró que la escuchas de conversaciones o comunicaciones telefónicas no pueden realizarse, además mencionó que por expresa prohibición del artículo 25 de la Constitución Política de Estado están prohibidas las escuchas.

“En el caso específico, no se trata de escuchas sino que se franqueó información que consta de los registros correspondientes, para saber que llamadas telefónicas existen. Esta información el Ministerio Público a diario lo utiliza, recurre a estos registros para viabilizar las diligencias de una investigación y se basa en el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal,” aseguró el fiscal.