Por María Teresa Zegada socióloga.
Desde hace algunos días circulan en Cochabamba libros públicos para recoger propuestas ciudadanas con el fin de construir el Estatuto Autonómico del departamento.
No se puede sino aplaudir dicha iniciativa porque refleja la voluntad de la Asamblea Legislativa Departamental de generar un proceso participativo y plural que involucre a ciudadanos e instituciones regionales en la construcción colectiva de dicho instrumento.
Es evidente que los estatutos deben ser plurales y abarcar el conjunto de intereses de las regiones para lograr una verdadera legitimidad y convertirse en mecanismos útiles a los fines de descentralización propuestos en la Constitución.
Sin embargo, una rápida valoración de los procesos en todos los departamentos permite constatar no sólo la lentitud, sino el estancamiento del proceso autonómico.
A más de un año de la elección de autoridades subnacionales por voto directo y de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, en los departamentos de la “media luna” se ha avanzado muy poco en la adecuación de los estatutos -que se habían aprobado hace más de tres años- a la nueva Constitución, a través de seminarios, conformación de comisiones y tímidos ajustes o reformas; en tanto que en los demás departamentos los estatutos se encuentran en una fase lenta de elaboración, uno de los casos más avanzados es La Paz, pero aún falta la parte más importante del proceso, que es su socialización.
Ni qué decir de las cartas orgánicas o de los estatutos de la autonomía indígena originario campesina, con salvada excepción. En general, el avance hacia las autonomías es lento y con escasos resultados; al parecer las nuevas autoridades autonómicas no han asumido su rol y continúan en las lógicas de administración del pasado.
Resulta extraño, pues la inicial aceleración del proceso autonómico lo convirtió en un tema absolutamente insoslayable de la agenda política nacional, condujo a su precipitada incorporación en la nueva Constitución, a los referendos en las regiones e incluso a la toma de instituciones en nombre de las autonomías; pero de pronto entra en una fase de letargo colectivo y estancamiento que no condice con las urgencias discursivas y movilizadoras anteriores.
Este hecho confirma una vez más que las transformaciones políticas avanzan en la medida en que existen actores sociales y políticos comprometidos con ellas, capaces de generar discursos y símbolos -como fue en su momento la autonomía en ciertas regiones-, interpelar a la sociedad, así como desplegar acciones estratégicas que generen escenarios de alta conflictividad y que fuercen a modificar políticas o, como en este caso, estructuras institucionales históricas.
Los actores que tomaron en su momento las banderas de la autonomía se han replegado prácticamente al anonimato personal e institucional, sin pasar la posta a los que los sucedieron. Pero este estancamiento demuestra también el enorme peso que tiene el Estado centralista en la administración y en la cultura política nacional, cuya inercia es alimentada por los intereses del partido gobernante al que, sin duda, le favorece la concentración de los factores de poder para mantener un relativo control y estabilidad política en todo el territorio nacional.
Fuente: www.paginasiete.bo
