Roger Cortez HurtadoLa inesperada articulación de una coyuntura puede pulverizar hasta los planes más meticulosos de quienes se creen inusualmente listos; claro que, más de la mitad de las veces, pasa que quienes suponen ser muy listos terminan defraudados, ya que el primer síntoma de la falta de esa cualidad es la tendencia a sobreestimarse.La sentencia judicial sobre los hechos de octubre de 2003 tendría que considerarse por parte del Gobierno como una victoria, en tanto que sienta un precedente internacional en materia de violación de derechos humanos durante la vigencia de un régimen democrático. Sin embargo, ningún vocero oficial ha esbozado ni la mínima sonrisa, porque el desenlace judicial del prolongado proceso le resulta al régimen extraordinariamente inoportuno.Si alguien piensa lo contrario, suponiendo por ejemplo que la sentencia podría reforzar de alguna forma la credibilidad y capacidad de convocatoria oficial, se equivocaría al omitir que la escala de prioridades gubernamentales está coronada, por encima de cualquier otra consideración, por el especial cuidado que despliega en su relación con las Fuerzas Armadas. Y sin duda esa especial atención de las autoridades ha sido impactada por el desenlace judicial que aquí se comenta, porque según declaraciones de voceros oficiosos de la institución castrense, la sentencia contra ex jefes militares estaría provocando malestar interno y repudio ante una presunta obsecuencia de los actuales comandantes.La discusión sobre la necesidad de juzgar “a todos los responsables” es artificial y desvía la atención sobre las importantes consecuencias del fallo judicial, al ignorar, entre otras cosas, que la absoluta asimetría de bajas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes es un hecho excesivamente elocuente sobre la naturaleza de los sucesos.La sentencia de octubre pone al descubierto el carácter completamente ilusorio de una estrategia que ha pretendido asegurar la lealtad castrense por medio de concesiones y halagos. Un criterio similar se ha usado con dirigencias de organizaciones sociales, mientras el desprecio y la prepotencia son la actitud cada vez más corriente ante las reivindicaciones sociales.