TIPNIS. Si no se logra un trazo alterno al parque, el dinero irá a otras iniciativas. El presupuesto general considera “renegociar” el financiamiento.
En el MAS aseguran la construcción de los tramos I y III del proyecto vial
La Razón – Iván Paredes – La Paz
En el MAS aseguran que la construcción de los tramos I y III de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos llegará hasta su conclusión, mientras que el presupuesto para el tramo II está garantizado, pero pasará a otros proyectos si no se consolida una ruta alterna al TIPNIS.
El presidente de la Comisión de Planificación, el diputado masista Marcelo Elío; el senador y jefe de bancada del MAS, Isaac Ávalos, y el aliado del oficialismo, Javier Zabaleta, informaron, por separado, que la construcción de los dos tramos beneficiará a las comunidades aledañas a la obra.
La ley corta vetó el paso de la carretera interdepartamental por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Elío informó que buscan vías alternas a la inicial ruta, pero de no lograrlo destinarán el dinero que estaba presupuestado para este tramo hacia otros proyectos.
Para consolidar esta estrategia, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2012 la renegociación del crédito de 332 millones de dólares concedidos por Brasil para garantizar una de las alternativas abiertas a partir de la vigencia de la ley corta de protección del parque, cuyo núcleo ha sido declarado intangible.
El presidente Evo Morales anticipó el 18 de noviembre que el proyecto vial será inviable si no pasa por la reserva. “Si quieren camino, necesariamente tiene que pasar por el TIPNIS; no hay otra alternativa, no hay otra opción”, advirtió ese día.
Ávalos explicó que la decisión de avanzar en los dos tramos es para beneficiar a los habitantes de las poblaciones asentadas a lo largo de la obra. “De ahí, los hermanos indígenas pueden conectar caminos… la renegociación del crédito, entonces, es para llevar a otro lado esos recursos, no queremos perderlos”, sentenció.
El tramo I, que tiene 47 kilómetros, va de Villa Tunari a Isinuta, mientras que el III, con 82 kilómetros va de Monte Grande a San Ignacio de Moxos. El II tiene una extensión de 177 kilómetros y debía pasar de Isinuta a Monte Grande, por el medio del TIPNIS. Morales afirmó el 1 de octubre que sólo resta por desmontar 60 kilómetros de bosque para unir esta área.
El presupuesto total de la infraestructura asciende a 415 millones de dólares, de los que 230,1 millones están destinados al tramo II.
El senador oficialista y dirigente cocalero Julio Salazar respondió a sus colegas que lucharán porque los recursos económicos del proyecto permanezcan en Cochabamba y garanticen la vinculación con Beni. “La vía interdepartamental debe ser ejecutada por el TIPNIS o por otro lado”, insistió.
La marcha indígena de Trinidad a La Paz logró la aprobación de la ley que protege su territorio. Una comisión del sector logró con el Gobierno un virtual acuerdo sobre el reglamento de la ley que, entre otros aspectos dará paso a un proceso de demarcación de las zonas intangibles y fijará áreas de aprovechamiento.
Alternativas. El diputado aliado del oficialismo, Javier Zabaleta, abrió la posibilidad de suspender el crédito del tramo II. “Se verán varias propuestas para ejecutar ese presupuesto, como la opción de construir un tramo alterno al TIPNIS, ejecutar otras obras o suspender el monto del contrato”, planteó.
Ávalos aseguró que no modificarán la ley corta, aunque en el propio oficialismo surgieron, el viernes 25, corrientes para retomar la propuesta de la consulta para definir la suerte de la vía.
“Se respetará la norma, a pesar de que existe pena por los indígenas del parque porque no podrán acceder al desarrollo”, lamentó el senador, mientras que el también diputado masista Edwin Tupa informó que pedirá para Santa Cruz el dinero que no se ejecute.
La empresa OAS no detuvo los trabajos de construcción y avanza en los primeros seis kilómetros del tramo I y ocho del tramo III de la carretera entre Cochabamba y Beni.
Apoyarán acciones
Decisión
El dirigente de los interculturales o colonizadores, Gustavo Aliaga, informó que apoyarán las movilizaciones de los cocaleros del Chapare y de otros sectores de Cochabamba a favor de la carretera Cochabamba-Beni.
Indígenas marcharán a La Paz para pedir vía
Organizaciones afines al oficialismo y el Consejo Indígena del Sur (Conisur) —sector que agrupa a comunidades del TIPNIS— ratificaron para el 18 de diciembre el inicio de la marcha hacia La Paz a favor de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
“Las comunidades del TIPNIS saldrán rumbo a La Paz. Ellos quieren la carretera, quieren desarrollo”, informó el diputado Eleuterio Guzmán (MAS), quien representa al Conisur.
El legislador explicó que la movilización partirá de la comunidad de Santo Domingo y cruzará parte del parque. Prevén llegar a La Paz y entrevistarse con el presidente Evo Morales para solicitarle la construcción de la vía.
La marcha indígena de Trinidad a La Paz logró la aprobación de la ley corta que vetó la construcción de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Indígenas y Gobierno llegaron el domingo a un virtual acuerdo sobre la reglamentación de la norma, pero hasta ayer no lograron ratificarlo.
El diputado indígena de oposición Julio Cortez criticó la movilización del Conisur y denunció que la marcha es impulsada por el Presidente. “Acá existe una ley y deben respetarla”, afirmó. La marcha en contra de la ley corta partirá el 18 de diciembre.
Oposición demanda a Evo por contrato
Asambleístas de Convergencia Nacional (CN) presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y otras autoridades del Gobierno por la comisión de cinco delitos en la firma del contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
El senador del oficialismo Isaac Ávalos calificó como “política” la demanda que presentó la oposición ante la Fiscalía. Diez representantes de la oposición presentaron la proposición acusatoria por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a leyes, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
“Esta acusación es por las irregularidades que se evidencia en el proceso de contratación de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari”, explicó el diputado Adrián Oliva (CN).
Añadió que las irregularidades fueron refrendadas por la Contraloría General. “Esto debe ser investigado y en caso de verificarse todos los extremos planteados en la acusación, los responsables deben ser sancionados”, añadió el legislador.
Ésta es la tercera demanda contra Evo Morales y Álvaro García. Las dos primeras proposiciones acusatorias presentadas fueron por la represión policial a la marcha indígena en Yucumo, el 25 de septiembre.
Representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) acusaron al Presidente y Vicepresidente por 11 delitos, entre ellos genocidio.
Oliva mencionó que existen cuatro irregularidades en el contrato de la vía, entre ellas, dijo que el contrato fue modificado y enmendado en 28 oportunidades y que la licitación fue hecha con un solo proponente.
García, en reiteradas ocasiones rechazó denuncias contra el contrato firmado con OAS.
El MAS perfila usar dinero de la vía TIPNIS en otras obras
El presupuesto general considera “renegociar” el financiamiento.
Postura. Legisladores oficialistas no descartan utilizar los recursos en beneficio de otras regiones; el proyecto de ley financial aún es debatido en la Asamblea Legislativa.
Maquinaria de OAS que trabajaba en el tramo I de la vía.Archivo digital
Página Siete / La Paz – 30/11/2011
Legisladores del MAS no descartan utilizar en otras obras viales los recursos que estaban destinados para construir el segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El Gobierno de Evo Morales tenía previsto construir esa carretera, cuyo tramo II iba a atravesar el TIPNIS; sin embargo, la continuidad de obras en ese trazo fue suspendida tras que el Presidente aprobó la ley corta.
Se declaró intangible al parque y se descartó la construcción de cualquier proyecto caminero.
Sin embargo, hasta entonces el Gobierno no tomó ninguna decisión sobre los contratos suscritos con la empresa OAS, encargada de la construcción de la vía, y el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), que otorgó 332 millones de dólares para la obra.
Hay una contraparte del Estado que asciende a 83 millones.
Empero, el proyecto de ley financial para el Presupuesto General del Estado 2012 autoriza al Ejecutivo “renegociar los contratos comerciales y de financiamiento suscritos para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en las condiciones más favorables y menos morosas posibles a favor del Estado”.
Al respecto, el senador Isaac Ávalos (MAS) aseguró que el crédito considerado en el presupuesto general no es para la carretera del TIPNIS, sino para realizar otras obras camineras.
“Se renegociará el monto, pero no para que se haga la carretera ahí (en el TIPNIS), es renegociar para llevar a otro lado esos recursos; no queremos perder esos recursos, se pueden aprovechar en otros proyectos. En el tramo I y III hay pueblos y gente, eso queda ahí, el II no se toca”, señaló.
El tramo II tiene 177 km de largo y cada kilómetro cuesta aproximadamente $us 1,5 millones.
Ávalos agregó que la conexión entre regiones no está descartada.
El diputado oficialista Marcelo Elío explicó que el artículo 32 del proyecto de ley financial autoriza al Estado negociar un “refinanciamiento” del crédito para un “eventual cambio de lo que es el trazo de la carretera”.
“Es para que se pueda buscar un trazo alternativo, pero renegociar también puede implicar cancelar el crédito”, señaló Elío.
Consultado sobre el uso de los recursos para otros proyectos, el diputado dijo que “con seguridad en cualquier parte del país recibirían con beneplácito ese monto que los dirigentes del TIPNIS rechazaron”.
Acotó que el monto de la “renegociación” dependerá del diálogo entre el Ministerio de Economía y Finanzas con el organismo financiador (BNDES).
Para el diputado Javier Zavaleta, el Ejecutivo debe “honrar” los contratos de ejecución (OAS) y de financiamiento (con BNDES) que ya fueron firmados.
“Seguramente se van a barajar varias propuestas cuya elección dependerá de ahorrar gastos al Estado y la disponibilidad de los ejecutores como de los financiadores; hay varias opciones, como ejecutar ese presupuesto en otro tramo que no sea el TIPNIS, ejecutar otro tipo de obras adicionales o suspender el monto”.
Tierras fiscales para los colonos
De acuerdo con el reglamento de la ley corta del TIPNIS, el Gobierno desalojará a los colonos que se asentaron ilegalmente en este parque nacional. El senador Isaac Ávalos no descartó dotarles de tierras fiscales.
“Hay tierras fiscales, hay para ganadería, para producción en Pando y Beni, no creo que sea mucha gente, se habla de unas 200 personas. Si fueran 1.000 ó 2.000 ya es grave, se necesita presupuesto”, explicó.
Según la Ley 1715, todo asentamiento posterior a 1996 es ilegal, por tanto se ejecutarán labores de rastrillaje e inspección para verificar la irregularidad.