La guerra por los movimientos sociales

indigenas-de-tierras-bajas Parece ser la nueva etapa estratégica para el régimen cocalero de Evo Morales. Dada la creciente disidencia de los movimientos sociales (indígenas del oriente y occidente, obreros, maestros, gremialistas, transportistas, etc.) la prioridad gubernamental apuntaría a dividir las organizaciones que agrupan a estos colectivos, para reducir su poder de protesta y mostrar mediáticamente que “una parte” de estos apoyan al oficialismo.

Por lo visto, los maletines ya no asegurarían la fidelidad de las organizaciones matrices, pero al menos harían posible el surgimiento de corrientes pro-gobiernistas.

De esta forma se llega al intento de generar una “CIDOB paralela”, utilizando algunas organizaciones indígenas de tierras bajas.



Claro que este no es un caso aislado, sino una nueva aplicación de un método de división social varias veces practicado por el gobierno de Evo Morales en los últimos seis años.

Recordemos la creación de una COD paralela en Santa Cruz, que encabezara el hoy asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia. O los intentos de conformar un “Comité Cívico Popular” contrapuesto al Comité pro Santa Cruz.

Es parte de una lógica cuasi totalitaria, donde las organizaciones sociales deben subordinarse a la dirección del Estado.

En este contexto, la dicotomía queda planteada entre autonomía social o subordinación estatal.

Así lo planteó tiempo atrás la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez, ex esposa del vicepresidente García Linera, al afirmar que “los movimientos sociales ganaron pero perdieron” con el evismo, ya que el régimen habría eliminado la autonomía de las organizaciones populares mediante mecanismos de cooptación económica…

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