Tipnis. Expertos: Conisur no debe ser parte de la consulta; ministro reconoce vacío jurídico

Indígenas reconocen a una sola comunidad del Conisur. Ministro Romero reconoce vacío jurídico en la consulta. ONU condiciona participar en la “consulta previa” del TIPNIS. Cidob: Amenazan con huasca a las comisiones del Gobierno

Expertos dicen que Conisur no debe ser parte de la consulta

Indígenas reconocen a una sola comunidad del Conisur. DEBATE: Especialistas consideran que el Gobierno tiene una información falsa respecto al tema. El Ministerio de Obras Públicas maneja una lista levantada por el SERNAP.

Página Siete / La Paz – 22/03/2012



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Al menos tres expertos y dos fundaciones coinciden en que las comunidades del Conisur no deben ser consultadas sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos porque dejaron la estructura orgánica de los pueblos indígenas para constituir sindicatos.

Los indígenas de tierras bajas reconocen sólo a la comunidad originaria de Santísima Trinidad, de las que existen en el área del polígono 7 colindante con TIPNIS; sin embargo, el Gobierno ha reconocido a 17 para que participen de la “consulta previa” que se realizará del 15 de mayo al 15 de junio.

La empresa consultora Rumbol SRL, que en 2011 hizo un estudio ambiental para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dice que 15 de 16 comunidades indígenas de la zona colonizada del polígono 7, que están afiliadas al Conisur, no son parte del título ejecutorial que entregó en 2009 el INRA.

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, anunció que en la consulta participarán 17 comunidades del Conisur, organización afín al MAS y que marchó pidiendo la anulación de la ley corta que protege el TIPNIS.

Iván Bascopé, director regional del Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS-La Paz) pidió ayer al Gobierno precisar de dónde salen las 17 comunidades y dijo que los datos que maneja el Ministerio de Obras Públicas están alejados de la realidad.

“Si se refiere a comunidades del Conisur, esta información es totalmente falsa. Tenemos conocimiento por mapas y por información de los corregidores del TIPNIS, que en la zona del polígono 7 colonizada, existen alrededor de nueve comunidades y que Santísima Trinidad es la única que mantiene una estructura organizativa con visión indígena y que pertenece a la regional de la CPEMB (Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni)”, dijo.

Según Alejandro Almaraz, abogado y ex viceministro de Tierras del Gobierno del presidente Evo Morales, el Conisur renunció a ser parte de la TCO para adherirse al saneamiento individual adoptado por las organizaciones sindicales de colonizadores y la mayoría se dedica básicamente “al cultivo excedentario de coca y secundariamente al de yuca, arroz y plátano, y están al margen de la gestión del parque”.

El antropólogo Xavier Albó declaró hace unos días que las comunidades que están dentro del polígono 7 no son parte de la TCO del TIPNIS y que “ni ellos ni los cocaleros deben ser objeto de una consulta porque no afecta a su propio territorio”.

Asimismo, la Fundación Tierra precisó que solamente la comunidad Santísima Trinidad que está al medio del polígono 7 es la única que mantiene una estructura organizativa indígena mientras las otras comunidades fueron absorbidas por los sindicatos de colonizadores

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, afirmó por su parte a Página Siete que “los que están en el polígono 7 no tienen derecho propietario colectivo. Por lo tanto, ellos no tienen derecho a decidir nada sobre el TIPNIS porque están dentro de la línea roja colonizada. Sólo a la comunidad Santísima Trinidad se la toma en cuenta, es la única que se respeta”.

El Gobierno aplica estrategia política

Para la Fundación Tierra, el Gobierno está aplicando una estrategia política desde octubre del año pasado, para lograr un apoyo indígena en la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacoi de Moxos (Beni) que pase por el TIPNIS.

“El Gobierno viene aplicando una estrategia desde octubre cuando empezó a cambiar el concepto de intangibilidad de la Ley 180. La campaña siguió con las empresas que tenían convenios con los indígenas y propuso investigarlas y controlarlas”, declaró Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.

Añadió que las autoridades gubernamentales insistieron en dividir a las comunidades indígenas impulsando la marcha del Conisur (Consejo Indígena del Sur) y “lo convirtió en un mecanismo de legitimación de la Ley 222” que viabilizó la consulta.

Dijo que ahora que está ejecutando la ley, el Gobierno no va a poder demostrar que hay buena fe en ese cometido y que sea previa. Pidió a los organismos de derechos humanos que velen y denuncien el incumplimiento del derecho de los indígenas.

Un ministro reconoce vacío jurídico en la consulta

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció ayer que el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas en el país tiene vacíos jurídicos y carece de eficacia.

“Hay que reconocer que el procedimiento de consulta a pueblos indígenas todavía tiene vacíos jurídicos y sus procedimientos no han sido de los más eficaces y por eso se está trabajando en una ley marco que pueda subsanar este déficit”, declaró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa, en la que se refirió al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Navanethem Pillay.

Según el organismo, en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas se evidenció un “estancamiento”, principalmente en su derecho a ser consultados a fin de obtener su consentimiento libre e informado.

En consecuencia sugirió la adopción de una legislación que establezca los procedimientos de consulta.

Este tema se abrió en debate a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure argumentan que no fueron consultadas cuando el Gobierno decidió construir la carretera por su territorio que a su vez es parque o reserva nacional. Las tensiones con el Gobierno continúan por este tema.

Amenazan con huasca a las comisiones del Gobierno

Página Siete.- El presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, aseguró que los funcionarios del Gobierno que ingresen al    TIPNIS para ejecutar la “consulta previa”, serán recibidos con latigazos por las comunidades.

“Si quieren hacerse dar huasca (latigazos), así como han llevado a otros dirigentes, seguramente, van a tener que untarse la espalda con sebo de caimán o entrenarse para recibir. Los mismos hermanos lo han manifestado así”, manifestó a Página Siete.

Recordó que las comunidades que integran el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han decidido rechazar la consulta en sus comunidades, con la amenaza de castigos.

Chávez asegura que las comunidades no están interesadas en que el Gobierno realice la consulta, establecida en la Ley 222, puesto que ésta no se está realizando previamente, sino es “póstuma a los contratos ya establecidos entre el Gobierno y la empresa constructora OAS”.

El dirigente anunció también que la III Comisión Nacional de la CIDOB se realizará del 25 al 26 de marzo en la ciudad de Santa Cruz, donde 13 presidentes regionales definirán de dónde saldrá la IX Marcha programada para el 20 de abril. (MAM)

ONU condiciona participar en la “consulta previa” del TIPNIS

Dennis Racicot espera que se dé un “diálogo constructivo”

LLAMADO. El organismo espera un acercamiento de las partes y evitar la marcha. Los indígenas de tierras bajas señalan que no habrá diálogo si antes no se deroga la Ley 222.

imagePágina Siete / La Paz – 22/03/2012

El Gobierno entregó motores en el TIPNIS en días pasados. Foto AFKA

El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Dennis Racicot, confirmó que su entidad ha definido condicionar al Gobierno, su participación como observadora internacional, en la “consulta previa” definida en la Ley 222 sobre la construcción de una carretera que pase por el TIPNIS, a un diálogo previo con los indígenas que viven en la región.

“Hemos buscado un diálogo constructivo, acuerdos previos sobre la forma de la consulta con las organizaciones. Nosotros seguimos en esta misma línea que antes de participar, nosotros queremos ver que haya ese diálogo constructivo y que haya un acuerdo previo”, declaró ayer en una conferencia de prensa.

Con ello, Racicot espera que los problemas que se ciernen sobre el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se puedan resolver pacíficamente. Reconoció que el hecho de realizar la consulta es un paso importante para encontrar puntos de coincidencia.

El pasado 15 de febrero la coordinadora residente del Sistema de NNUU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, adelantó que su organización quería construir un “proceso de diálogo y confianza” con los actores que participarán en la consulta previa.

“Estamos dispuestos a aportar criterios técnicos basados en estándares internacionales, instrumentos legales que hay, pero primero que todo llamaríamos a ese proceso de diálogo y construcción de confianza”, dijo.

El martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el Gobierno está dispuesto al diálogo con la dirigencia indígena -que anuncia iniciar una marcha el 20 de abril- para mostrar los criterios técnicos para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y la “consulta previa”.

Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), cerró cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno, sin que antes derogue la Ley 222.

“No tenemos nada que hablar. Si se anula la Ley 222 que está fuera de tiempo, recién puede haber algún diálogo. Mientras tanto, no podemos hablar de diálogo”, expresó el dirigente.

Consultado sobre la decisión de la ONU, el director regional del Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS-La Paz), Iván Bascopé, dijo que le parecía grato ese pronunciamiento, pero “el Gobierno tendría que paralizar la consulta hasta que plantee una consulta previa, libre e informada como un requisito”, declaró.

Informe de NNUU

Reserva Dennis Racicot dijo que no se podía pronunciar sobre las leyes 180 y 222 sobre el TIPNIS, porque están pendientes cuatro recursos sobre la inconstitucionalidad de ambas leyes.

Tribunal Dijo que esperaba que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda definir el carácter de ambas leyes.

Diálogo NNUU cree que una solución permanente al problema del TIPNIS se encontrará con un “proceso de diálogo constructivo”.

Partes Racicot pidió al Órgano Ejecutivo que busque la forma de involucrar a todas las partes del conflicto.

“La Policía excedió en uso de fuerza”

Según el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, la Policía, que reprimió la VIII marcha de indígenas en Defensa del TIPNIS, excedió su fuerza en su intervención el 25 de septiembre pasado.

“(Los marchistas) enfrentaron distintos tipos de atropellos y, un día después de que el canciller (David Choquehuanca) fue obligado por los marchistas a caminar siete kilómetros, culminaron en la intervención policial. Miembros de la Policía recurrieron a un uso excesivo de la fuerza, a pesar de la presencia de mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad”, destaca el informe leído ayer por el representante de esa oficina en Bolivia, Dennis Racicot.

El informe señala también que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular con respecto a su derecho a ser consultados a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.

Reconoció que el presidente Morales presentó excusas públicas al respecto.

El informe de las Naciones Unidas recomienda investigar exhaustivamente esos hechos, identificar a los responsables, juzgarlos respetando sus derechos a la presunción de inocencia como al debido proceso y sancionarlos.