Decenas de personas apostadas al frente del Ministerio de Justicia demandan el resarcimiento del Estado por su condición de “víctimas políticas de gobiernos defactos”. Pidel al Ejecutivo cumplir con la ley 2640 de 2004, según informó el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, Julio Llanos Ramos. La norma “tiene por objeto establecer el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales, que violaron y conculcaron los derechos humanos y, las garantías consagradas en la Constitución Política del Estado y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bolivia”, afirmó.
Llanos agregó que entre el año 1964 y 1980 unas 25.000 personas fueron aprehendidas por los distintos gobiernos de corte dictatorial, entre ellas se presume que hayan unos 500 desaparecidos y 1.200 calificadas para recibir este beneficio que el gobierno boliviano se comprometió a subsanar, según la Ley 2640. “Tenemos una ley que ha sido promulgada el 2004 y desde esa fecha ningún gobierno ha podido dar solución a nuestra demanda. Pedimos al pueblo boliviano que nos den su apoyo porque deben saber que muchos hemos sido ultrajados por los gobiernos que cumplieron el Plan Cóndor y encerrados por meses sin ver la luz. No tenemos miedo a la represión y menos a las amenazas”, señaló.
Fuente: QNMP.
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