El Estado Plurinacional y los conflictos sociales

- Opinión

Daniel A. Pasquier Rivero

daniel-pasquier El presidente del Estado Plurinacional (EP) expone públicamente su decisión de quedarse por siempre en el poder. En términos cronológicos, por su edad, no parece lo adecuado: ya es cincuentón. El MAS, su partido, terminó en gresca callejera en el último congreso nacional; el horizonte luminoso y tranquilo se disipa a pesar de la ausencia de alternativas políticas a la vista. Las bases del Pacto de Unidad, que lo llevaron al poder, se reducen al sector comprometido con el cultivo y expansión de cocales, son el grupo fuerte, junto a una “nueva rosca” con poder político y económico ligado al control de la burocracia y recursos del Estado. ¿Para qué generar más líos?

Las inversiones del Estado. Primero se define gastar plata, 1.200 millones de dólares (MD) y después, veremos en qué. Heterodoxo a todas luces. Esas cabecitas ingeniosas del gobierno. Veamos. YPFB, la esperanza del país, recibe cientos de MD exportando gas, pero gasta cada día más importando combustible y habrá que esperar el impacto de los 100.000 autos chutos nacionalizados. Paro Evo, ¡un cáncer! Nadie dice, cómo resolverlo. Mientras, los inversores en serio, esperan “seguridad jurídica”.

Ante el fracaso de YPFB, previsible, Petrobras se volcó a la exploración de “shale” gas, desde Cuba a África; 200.000 MD en un quinquenio. Antes, Brasil importador neto, apostó a Bolivia, y perdió. Gracias a eso, ahora es exportador. Argentina el 2008 compró ocho buques tanques de gas, previendo el desastre, gas mucho más caro que el boliviano; el 2012 cuenta con 56. Las declaraciones sobre el Mutún suenan a fracaso: el negocio no es exportar hierro, sino acero; si, pero hay que garantizar la provisión de gas. No importa si ESM o Jindal Steel Bolivia tienen la razón: no arranca. Datos que pintan la cruda realidad y no la que pintan las separatas y spots pagados por YPFB, “pour le gallerie”.

En el sur, los de Bermejo denuncian ante el Ministerio Anticorrupción, por daños al Estado, a tres funcionarios de alta jerarquía del gobierno: la ex ministra de Producción, Susana Rivero, a la ex presidenta de la directiva de AZUCARBOL Patricia Ballivián y a la actual ministra Teresa Morales. Se han gastado un millón de dólares en un proyecto que ahora no se ejecuta. Dilma Rousseff ha destituido a seis de su gobierno por casos similares.

Descrédito, desconfianza, proyecta el gobierno, y no es por culpa de las transnacionales. Hoy se firma una ley, mañana se empeña en lo contrario. Ni la CPE se salva. Ocurrió con la 180, el TIPNIS: se demanda respetar derechos constitucionales de los pueblos indígenas, en especial, el derecho a la consulta previa cuando se trata de explotar o afectar recursos naturales presentes en su territorio. Salió la 222 y van seis meses de la represión policial en Chaparina y la justicia se ocupa de perseguir a los dirigentes indígenas; el principal responsable suelto y representante en un foro internacional sobre derechos humanos.

El gobierno sigue denunciando “la crisis del capitalismo”, pero no se ocupa del hambre, el desempleo, la inseguridad que campea en la mayoría de la población boliviana. Los obstáculos a la inversión tienen su impacto directo sobre la producción, el empleo, la distribución de los ingresos y el acceso al “vivir bien”, refrendado en la CPE. Más de 200 municipios enfrentados por cuestión de límites, hasta el ridículo de Tiquipaya y Colcapirhua. Qué pasó a Juana Quispe, concejal de Ancoraimes, ¿asesinada por venganza? Había denunciado a sus colegas y al alcalde por acoso y violencia física, vejámenes sufridos en carne propia.

Para el gobierno, no es suficiente, ahora ataca al sector salud. De los males que se pueden mencionar del sector, deficiencias de infraestructura, de equipamiento y de administración, corresponden al Estado, en todos sus niveles, que debería “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo” (Art. 9, inc. 5, CPE). Mandato constitucional, incumplido. Como también, incumple, literalmente el Art. 48, inc. III “Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. El Decreto que genera la discordia, el 1126, por muy Supremo que sea, ¿por encima de la Constitución? No consta más que de un artículo, y hasta el 8/3/2012 no tenía ninguno, ya que el Ministro del ramo convocó a los responsables locales de salud para ponerlo sobre el tapete y fortalecer la toma de decisiones del EP (Boletín del M.S. 515). El problema parece otro, en palabras del Ministro, “dentro de poco tendremos a disposición 1.000 médicos de Cuba”, ya tenemos “400 médicos SAFCI, 2.000 médicos cubanos en el país” “que no responden a este viejo sistema”. Obvio. Reconoció que en “seis años de gobierno todavía la salud no ha llegado a los sectores más desprotegidos”, y pidió sugerencias para poner “a consideración del Gabinete Ampliado, que mañana y el sábado se reunirá en Coroico”. Mañana. ¿Quién decidió lo aprobado el 24/3, Reglamento de 5 capítulos y 20 artículos? ¿Otra vez los cubanos? Allí también se decidió gastar 1.200 MD de las RIN.

El Estado, “el mayor explotador laboral”, según el CEDLA. Señala que el sector privado sigue siendo el principal creador de empleo (52.4 %), frente a un sector estatal que, a pesar de su crecimiento en los últimos años, no llega al 20%. Lo grave, la mayor parte de esos empleos son todavía “precarios”. El Estado busca, suena a Venezuela, Cuba, mediante amenazas y empleo la subordinación de la población a sus fines. Mañana, pasado, veremos marchar al país entero, quizás detrás de la IX Marcha que arranca en Chaparina el 25/4. Pero al gobierno le importa la reelección de Evo; la campaña del 2014, en marcha. El mito del socialismo, ¿en su última fase? El poder, a cualquier precio. ¡Eso es muy peligroso!

El Día – Santa Cruz




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