Expolio consumado – Una agresión que merece una respuesta

Expolio consumado

imageLa expropiación del 51% de YPF abre un conflicto que tendrá graves consecuencias para Argentina

La decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el 51% del capital de YPF, sociedad participada mayoritariamente por Repsol, supone a todos los efectos una declaración de hostilidad económica que debería ser repudiada por las instituciones internacionales e impugnada en los tribunales. La certeza de la expropiación, con la que se ha amenazado durante meses con la intención de socavar la resistencia de Repsol y abaratar el precio de las acciones de YPF, va más allá de la ruptura circunstancial de la seguridad jurídica que se presupone en un país democrático; es una quiebra intencionada del acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina en noviembre de 1991 y abre un periodo de grave incertidumbre para las empresas españolas en Argentina y para todos los inversores extranjeros.

La arbitrariedad de la decisión no radica en el ejercicio del derecho de un país a obtener la máxima rentabilidad de sus materias primas en beneficio de sus ciudadanos, sino en el procedimiento tortuoso con el que el Gobierno de Cristina Fernández ha llevado a Repsol YPF a una situación sin salidas racionales. Procedimiento que el Gobierno español no ha sabido contrarrestar con la presión diplomática adecuada. YPF ha cumplido escrupulosamente todos los términos financieros, económicos y laborales establecidos en sus contratos. No hay razones que justifiquen no ya la expropiación, sino ni siquiera la retirada de las concesiones. Si las autoridades argentinas están convencidas de que será de mayor utilidad para sus ciudadanos una gestión distinta de sus recursos energéticos, el camino adecuado es la negociación transparente con la concesionaria.

Declarar “sujeto a expropiación” el 51% del capital de YPF va más allá de la reivindicación de los recursos energéticos del país. El Gobierno argentino se apropia, sin precio ni estructura de capital aceptada después de la operación, del capital humano y financiero de una empresa, sin explicaciones y por decreto. Este es el hecho, equivalente a un expolio, que la comunidad internacional debe repudiar y sancionar con medidas proporcionales al daño cometido por el Gobierno argentino. La vía jurídica es la adecuada para Repsol, pero debe coordinarse con una negociación para salvar una participación holgada en YPF que minimice los efectos de la expropiación.



Los ciudadanos argentinos deben ser conscientes de que la expropiación de YPF no responde a la preservación de las reservas petroleras del país, sino a los efectos de una política errónea que ha conseguido hacer deficitaria la balanza energética del país. No es difícil pronosticar que la YPF dominada por la camarilla que gobierna Argentina perderá cualquier posibilidad de beneficio y se convertirá en otro instrumento estéril de subvenciones que acabará por dilapidar los recursos del país. La expropiación de YPF es una huida hacia adelante que sitúa a Argentina al margen de la comunidad económica internacional.

Editorial elpais.com

Una agresión que merece una respuesta

EL Gobierno argentino anunció ayer la expropiación de YPF, en un acto de delito flagrante contra el derecho internacional. A la vista de los hechos, cabe decir que la vuelta de Argentina al tercer mundo sin duda ha comenzado de manos de Cristina Fernández de Kirchner, que ha resucitado los peores fantasmas del peronismo. Ayer, la acción de YPF sufrió un fuerte revés, pero también el precio de las materias primas argentinas. El riesgo de devenir "un apestado internacional" no es retórico.

Al final, la amenaza se ejecutó. Cristina Fernández propuso al Parlamento la expropiación del 51% del capital de YPF para poner fin a "una política de vaciamiento" de la compañía controlada por Repsol, con un 57% del capital. El actual ministro de Planificación, Julio de Vido, cuya carrera política estaba en fase declinante y ha movido muchos hilos en esta historia, será el "interventor" de YPF durante el proceso de nacionalización de la filial de Repsol, acompañado del viceministro de Economía, Axel Kicillof, amigo personal de la familia de la presidenta.

A través de una participación de apenas el 0,02% del capital, el Estado argentino mantuvo en YPF una acción de oro, cuyo uso ha demostrado hasta qué punto esta cláusula es incompatible con la libertad de empresa. La cotización de la acción de YPF fue suspendida ayer en la Bolsa de Nueva York, tras desplomarse un 20% a raíz del anuncio de la expropiación.

Entre los argumentos utilizados por Cristina Fernández para vestir su agresión hay la acusación a YPF de no invertir lo suficiente para frenar el declive de las reservas nacionales. La compañía rechazó las críticas y afirmó que preveía inversiones este año por valor de 3.420 millones de dólares. El presidente de Repsol, Antoni Brufau, se mostró en cualquier caso dispuesto en todo momento a negociar con el Gobierno argentino.

En febrero, YPF elevó fuertemente la estimación de recursos de su gran yacimiento patagónico Vaca Muerta, que podría alcanzar 22.800 millones de barriles equivalentes de petróleo. El desarrollo intensivo de la cuenca neuquina, donde está instalado, requeriría una inversión anual de 25.000 millones de dólares y podría duplicar la producción del país en una década. Tal perspectiva despertó toda clase de ambiciones.

La decisión de requisar YPF se inscribe en la vieja estrategia de los grupos dominantes en Argentina de absorber la riqueza del país sea quien sea el protagonista de su creación. Esta costumbre ha provocado muy malas experiencias al país, que sólo ha logrado superar la suspensión de pagos de su deuda gracias a la evolución favorable de los precios internacionales de las materias primas, especialmente el de la soja. Ayer, el precio de la soja se desplomó tras el anuncio de la nacionalización en el mercado de futuros de Chicago al liquidar masivamente posiciones los operadores. La sanción de los mercados puede ser muy dura para un país cuyo modelo económico hace aguas y cuyo Gobierno ha nacionalizado los fondos privados de pensiones.

Por su parte, la Unión Europea debe respaldar de forma contundente a España en sus acciones legales. Se ha dicho repetidamente que el hecho de pertenecer a la UE tiene la ventaja de que cuando uno de los socios sufre una agresión puede contar con el apoyo del resto de los países que la forman. En esa situación estamos y ahora toca actuar con la máxima energía ante un país tentado por la radicalización política.

Editorial lavanguardia.com