Fiscal abre investigación a Evo Morales por posesión de 5 magistrados; Gobierno no ve delito

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El Presidente tomó juramento a algunos magistrados del Tribunal Constitucional y Agroambiental sin que dieran su declaración jurada.

image Palacio. El fiscal Uribe (izq.) firma un documento en favor de los niños con el Defensor, el jueves.

La Razón / Yubert Donoso / Sucre

Fiscalía abre investigación en contra del Presidente

El Ministerio Público abrió una investigación penal preliminar contra el presidente Evo Morales Ayma, por la supuesta comisión de tres delitos, cuando tomó posesión a cinco magistrados del Órgano Judicial sin que éstos hubieran presentado, previamente, su declaración jurada de bienes y rentas.

La decisión fue asumida por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, según una resolución a la cual tuvo acceso La Razón, luego de que el 19 de marzo, el dirigente campesino Rufo Calle presentara una proposición acusatoria en contra del Jefe de Estado y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional Efrén Choque Capuma, Ligia Velásquez Castaños, Mirtha Camacho Quiroga y Soraida Chanez Chire, además de la magistrada Deysi Villagómez Velasco, del Tribunal Agroambiental.

Las cinco autoridades judiciales no prestaron su declaración jurada antes de ser posesionadas en sus cargos. Según el registro del Tribunal Supremo de Justicia, esta instancia ya devolvió al Fiscal Uribe su requerimiento, haciéndole conocer que la Sala Penal Primera conocerá el caso.

Consultada sobre la resolución, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, declaró ayer que la investigación “no prosperará” en la apertura de un caso contra el Primer Mandatario. Coincidió en que los magistrados que no presentaron a tiempo su declaración jurada de bienes deben ser investigados por Diputados, pero separó de éstos la actuación del Presidente.

Resolución. “Mediante proveído de fecha 19 de marzo de 2012, con los argumentos en el mismo, se dispone el inicio de la investigación, únicamente, en contra del Excmo. Presidente Constitucional del Estado de Bolivia Don Juan Evo Morales Ayma, por la supuesta comisión de los delitos: uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, previstos y sancionados por los artículos 146, 153 y 154 del Código Penal”, señala la resolución.

El artículo 146 del Código Penal, referido al uso indebido de influencias, está en el capítulo de delitos cometidos por funcionarios públicos y ordena una sanción con presidio de dos a ocho años y una multa de 100 a 500 días. Los artículos 153, de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y 154, de incumplimiento de deberes, según la norma, prevén reclusión de un mes a dos años.

Las 56 nuevas autoridades judiciales, que fueron elegidas por voto popular en las elecciones del 16 de octubre, juraron a sus cargos el martes 3 de enero, durante la inauguración del Año Judicial 2012 en Sucre. En esa ocasión, el presidente Morales fue el encargado de posesionarlos.

Al presentar su memorial, Calle explicó a La Razón que el artículo 235 numeral III de la Constitución señala que es obligación de los servidores públicos prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. En su memorial citó el artículo 6 del Decreto Supremo 26257, que indica “para prestar declaración de bienes y rentas, dice que ésta debe realizarse antes de tomar posesión del cargo”.

La resolución firmada por Uribe el 20 de marzo fue remitida a la Presidencia y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual comunica oficialmente que el Ministerio Público decidió iniciar una investigación preliminar contra Morales.

Algunos Datos de la Contraloría

Bienes

Cuando el dirigente campesino Rufo Calle presentó la denuncia, el 19 de marzo, se constató que el 4 de enero, un día después de jurar al cargo, presentaron sus declaraciones de bienes los magistrados: Efrén Choque con un monto de Bs 10.440, Ligia Velásquez (Bs 60 mil), Mirtha Camacho (0) y Soraida Chanez (0). El 5 de enero lo hizo Deysi Villagómez Velasco con bienes por valor de Bs 571 mil.

Ayllón afirma que actuación de Morales no fue delito

Consultada con respecto al documento de la Fiscalía, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, declaró ayer que la investigación “no prosperará” en la apertura de un caso contra el Primer Mandatario. “De ninguna manera”, la actuación del presidente Evo Morales en la toma de posesión de los magistrados, puede ser considerada como un delito, afirmó la ministra.

En el caso particular de la investigación por supuesto uso indebido de influencias, Ayllón explicó que esta tipificación se refiere al hecho de que una persona en función pública abusa de un cargo para beneficiarse a sí o a terceros. “En este caso no hubo beneficio”, concluyó.

“No es algo que pueda preocupar o que vaya a provocar otro tipo de reacción, (una investigación de este tipo) es natural y normal en democracia, y va a concluir en un rechazo de la denuncia inicial”, agregó. Ayllón coincidió en que, de acuerdo al documento de la Fiscalía, los magistrados que no presentaron a tiempo sus declaraciones juradas de renta deberán ser investigadas por la Cámara de Diputados.

Precisó que lo que ha hecho la Fiscalía es disponer el inicio de una investigación preliminar, el primer paso de un procedimiento penal que tiene varias fases. “Primero está la investigación preliminar, que es a lo que ha dado paso la Fiscalía, luego viene la etapa investigativa, en la que tienen que comprobarse la existencia del hecho delictivo y la participación del sujeto señalado. De ahí, recién se abre la investigación formal del caso y se acumulan elementos tanto para la acusación como para el juicio oral”, explicó la ministra.

Uribe pide juicio para cinco magistrados

El fiscal general, Mario Uribe, determinó remitir a la Asamblea Legislativa los antecedentes contra cinco magistrados, que no declararon sus bienes y rentas antes de ser posesionados, para que se les inicie un juicio de responsabilidades.

En el memorial dirigido al presidente y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Uribe comunica oficialmente que “se ha dispuesto la remisión de fotocopia legalizada del memorial fechado el 19 de marzo de 2012 y fotocopias simples de la documentación adjunta al mismo, ante la presidenta de la Cámara de Diputados, para el ejercicio de acción penal que corresponda conforme derecho”.

Esa acción penal es planteada contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional Efrén Choque, Ligia Velásquez, Mirtha Camacho y Soraida Chanez, y del Tribunal Agroambiental, Deysi Villagómez, quienes no presentaron su declaración jurada de bienes antes de ser posesionados por el presidente Evo Morales.

Esas autoridades judiciales son acusadas de cometer los delitos de omisión de declaración de bienes y anticipación y prolongación de funciones, tipificados por los artículos 149 y 163 del Código Penal, de conformidad al artículo 26 numeral II de la Ley 044.

El artículo 26 numeral II a la que hace referencia el fiscal, señala: “corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria”.

La Ley 044 fue promulgada para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente del Estado y o de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, de altas autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Fiscal General acusa a Evo por tres presuntos delitos

El Gobierno asegura que la demanda no prosperará.

Dato. El Presidente tomó juramento a algunos magistrados del Tribunal Constitucional y Agroambiental sin que dieran su declaración jurada.

Pagina Siete / La Paz – 14/04/2012

El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, solicitó el inicio de una investigación al presidente Evo Morales por presuntos tres delitos al posesionar a magistrados que no presentaron su declaración jurada de bienes. El Gobierno rechazó tales acusaciones y adelantó que la demanda no prosperará.

El informe de 20 de marzo, firmado por Uribe, detalla el inicio de la investigación contra Morales por “la supuesta comisión de delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes”. El dirigente campesino Rufo Calle presentó mediante un memorial, del 19 de marzo, una proposición acusatoria contra el presidente Morales y los magistrados del Tribunal Constitucional Efrén Choque Capuma, Ligia Velásquez Castaños, Mirtha Camacho Quiroga y Soraida Chanez Chire; y la magistrada del Tribunal Agroambiental Deysi Villagómez Velasco, quienes incumplieron con la declaración jurada de bienes antes de su posesión del 3 de enero del presente año.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, informó a este diario que “estamos hablando de una etapa preliminar que indudablemente concluirá con un rechazo de denuncia” contra el Presidente.

Desvirtuó cada una de las acusaciones hechas al dignatario. Por ejemplo, negó que el Presidente hubiera emitido “órdenes” para que sea acusado de resoluciones contrarias a la Constitución; tampoco existió -explica Ayllón- favores a sí mismo o a terceros para que sea demandado por uso indebido de influencias; y descartó el incumplimiento de deberes porque “hacen a una normativa enteramente administrativa que no genera responsabilidad penal”.

Sin embargo, los magistrados acusados de no haber presentado su declaración jurada de bienes tendrán otro tratamiento. Dijo que pasarán a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para su investigación.

“Estas autoridades (diputados) harán el proceso investigativo y si encuentran suficientes elementos para presumir la existencia de ese hecho y la participación de esas autoridades, entonces se las imputará, se hará un proceso investigativo en una etapa de seis meses; y si se reúne la suficiente prueba, tendrán la acusación y consiguientemente la sanción, si corresponde”, declaró la ministra de Justicia.

Pero también existe la posibilidad, según Ayllón, de que la Comisión de Diputados pueda rechazar la denuncia en caso de considerar que el hecho no existió o de que las personas no participaron del mismo.