César Guzzetti, gerente para América Latina de la Gaffney Cline & Associates (GC&A), dirigió el estudio de conectividad de los campos Margarita y Huacaya; era funcionario de Tecpetrol, una petrolera argentina, socia de Repsol YPF.
Informe. César Guzzetti presentó a fines de marzo el estudio del campo Margarita. Foto archivo El Deber
El País, Tarija
Poco a poco se van develando los nexos entre Repsol YPF y Gaffney, Cline & Associates. Un periódico cruceño reveló ayer que César Guzzetti, gerente para América Latina de la Gaffney Cline & Associates (GC&A), era funcionario de Tecpetrol, una petrolera argentina que es, a su vez, socia de Repsol YPF en la explotación de gas de Camisea (Perú) y otros emprendimientos energéticos. Recordemos que este empresario dirigió el estudio de conectividad de los campos Margarita y Huacaya. En efecto, a poco de revelarse que Guzzetti está incluido en la lista de encausados por la firma de los investigados “petrocontratos”, debido a que en su momento ejerció la representación de Tecpetrol y Ledezma, se conoció también que el directivo tuvo estrechos vínculos societales cuando representó a Tecpetrol, socia de Repsol YPF.
En Tarija se ha cuestionado la supuesta independencia de Gaffney para realizar el estudio de conectividad de los campos Margarita y Huacaya entre Tarija y Chuquisaca, ambos pertenecientes al bloque Caipipendi, operado por Repsol YPF, empresa a la que el gobierno argentino ha anunciado expropiarle 51% de acciones que ésta detenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa argentina de petróleo que fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem.
Luego de conocerse el resultado del estudio de la Gaffney, que ha reportado conectividad en uno de los reservorios de Margarita (el H1b), que se extendería hasta Chuquisaca, la consultora anunció que este 19 de abril hará conocer los factores de distribución que se utilizarán luego para calcular la distribución de regalías por la producción de hidrocarburos en los pozos de esos campos.
Según líderes de la oposición en Tarija, GC&A fue contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para hacer el citado estudio en base a un Reglamento de Campos Compartidos y a información técnica proporcionada por Repsol YPF, pero que no la obligan a hacer sus propios estudios y pruebas para contrastar los documentos de Repsol. A ésta, a su vez, la sindican de manipular información para forzar resultados del estudio y evitar inversiones en pozos y desarrollo de campos.
Tecpetrol, empresa de la que Guzzetti fue un importante ejecutivo, es socia actual de Repsol YPF en Perú, en el Consorcio Camisea. Actúan explotando los ricos yacimientos de gas de los Lotes 88 y 56, en Camisea, junto a Hunt Oil, que tiene el 25,2%, SK que tiene el 17,6% y Repsol tiene el 10%, además de Pluspetrol con el 27,2% (es la empresa que se encarga de la operación) y Sonatrach (empresa estatal de Argelia) que tiene el 10%.
“PETROCONTRATOS”
El año 2011, la Asamblea Plurinacional de Bolivia autorizó el enjuiciamiento de varios exejecutivos de empresas petroleras transnacionales y exdirectivos de YPFB que suscribieron contratos con el Estado para la explotación de gas y petróleo, en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga. Esos contratos no fueron avalados por el Congreso de la República.
En septiembre de 2011, la Comisión de Justicia Plural recomendó que los exejecutivos sean procesados en la vía ordinaria en base a la Ley 004 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, aplicando el principio de retroactividad.
El requerimiento acusatorio presentado ordena el procesamiento penal de Eduardo Ayala Ayala, Miguel Cirbián Krutzfeldt, Valentín Eduardo Toribio, Luis Felipe Vásquez Zambrano, Roger Gilbertson y Fernando Martínez Fresneda Moreno, así como contra Roland Cruveille, Larry Blackwell, Salomón Akly Manuel, Alan Balcázar Ortiz, Teodoro Marcó, Carlos Tadic Calvo, Jhon Dunn, Roberto Gasser Bravo, Roberto Felipe Dipinto Cafiero, Gerson José Faría Fernández, Fernando Ruíz Paz, Jorge Perczyk y César Guzzetti.
A la lista se añaden nombres como el de Ronald Lewis Brewer, Carlos Alberto Garibaldi, Eduardo Blanco Sequeiros, Carlos Roberto Munizt Ruiz, Eduardo Enrique Pezzi, Edward Eugene Miller, Jaime Guardia Romero, Allison Hall Denson, Mauricio Taborga Tejada, Luis Taurins, William Mc Clung, Jorge Martignoni, Jhon Naphan y Gonzalo Dorado.
El proceso penal se llevará a cabo en La Paz, a cuyo efecto la Fiscalía General ha citado por edictos a varios de los involucrados. Entre los citados aparece el cuestionado César Guzzetti.
ACCIONES Y REPERCUSIONES EN TARIJA
Al enterarse en Tarija de este hecho, legisladores y cívicos rechazaron esta situación anunciando pedir explicaciones a las autoridades nacionales.
Consultada al respecto, la senadora Rhina Aguirre (MAS) recomendó tomar con mucha responsabilidad este tema y que se certifique la denuncia antes de emitir un criterio, ya que es un tema muy delicado. “Una cosa es conducta de tipo casi personal y otra son los estudios que se tengan que hacer con técnica y ciencia, no con otros tipo de intereses”, indicó a tiempo de señalar que de todas maneras el estudio del campo Margarita ya está avanzado.
El diputado oficialista Luis Alfaro (MAS) aseguró que hay muchas versiones, tanto de manera institucional como de forma personal, tanto en el marco de acciones de carácter sancionadas por el Código Penal, como de carácter administrativo a las empresas que han hecho los estudios de exploración en el campo Margarita – Huacaya. “Será una instancia que tenga que evaluar si (esto) pone en riesgo la transparencia del resultado”, opinó Alfaro reiterando que de forma personal considera que Tarija debe realizar su propio estudio, ya que sería el único camino para dar tranquilidad y garantías, si es que hay una relación cercana entre el estudio propio y el de la Gaffney o marque una diferencia, puesto que “interesa el resultado técnico”.
Por otra parte, informó que hoy presentará una petición de informe oral al Ministerio de Hidrocarburos, para que se esclarezca una serie de dudas respecto al comportamiento de Repsol en Bolivia, en especial en torno al trabajo del campo Margarita. “Para que podamos encontrar a los responsables y que las instituciones tarijeñas reorienten la lucha ante los responsables”, concluyó.
INVESTIGACIÓN
Por su lado, el secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, excusándose de una postura institucional, manifestó que este tema debe ser investigado y se debe establecer cuáles eran las condiciones de contratación y que si en estas se debía tomar en cuenta si la empresa contratada (GC&A) no tenga cuentas pendientes con la justicia. “No conozco los antecedentes y no podría dar una opinión”, dijo Ruiz a tiempo de adelantar que el tema será analizado personalmente para brindar un criterio certero sobre la realidad de los hechos.
REACCIONES
De la misma manera, el vicepresidente de la Comisión Multisectorial en Defensa del Campo Margarita y dirigente campesino, Ariel Vergara, coincide en que esta situación debe ser investigada por hallar elementos oscuros que deben ser informados a la población tarijeña. “Vamos a presentar un requerimiento de auditoría de información (…) aquí el Gobierno tiene mucho que ver; aquí se está jugando intereses políticos violando los derechos de propiedad de Tarija”, añadió.
Vergara adelantó que esta situación obliga a la Multisectorial a reunirse de emergencia y asumir alguna medida. “Tiene muchos hechos de nulidad, realmente ha sido fraudulento este estudio a espaldas de Tarija”, afirmó.
El dirigente exhortó al presidente Evo Morales tomar cartas en el asunto frente a lo que considera una falta de capacidad del ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, y del presidente de YPFB, Carlos Villegas.
El Comité Cívico del Departamento y la oposición de la Brigada Parlamentaria de Tarija anunciaron que enviarán una nota al Gobierno exigiendo que se pronuncie al respecto, como también se incluya esta información en la interpelación que procuran realizar Sosa y Villegas.
El vicepresidente del Comité Pro intereses del departamento, Mario Cavero, convocó al Gobierno emitir una postura oficial sobre esta noticia. “Ojalá tengan la capacidad de entender que si este problema lo sacan del concepto constitucional y del artículo 368, el pueblo de Tarija no aceptará el resultado (del estudio de Margarita) y esto será un precedente que se hará ante los tribunales para que se pueda buscar nuestro derecho”, manifestó.
Cavero aseguró que esto denota que YPFB no tuvo cuidado en la selección de la empresa para el estudio de Margarita y adelantó que la institucionalidad tarijeña evaluará la situación y enviará una nota a las autoridades nacionales para que expliquen el porqué no se revisó los posibles antecedentes que podrían tener algunos ejecutivos de la GC&A.
Asimismo, adelantó que se pasará la información a la Brigada Parlamentaria de Tarija, la cual está convocando al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB para que expliquen la situación del conflicto por el campo Margarita. “Pasaremos esta información para que puedan incluirla en la interpelación al ministro y al presidente de YPFB para dar una respuesta clara a Tarija y al país sobre la situación jurídico legal del ejecutivo máximo de la empresa GC&A a la que le han dado un tema tan importante como es Margarita, de forma inconstitucional”, señaló.
INTERPELACIÓN AUTORIDADES
El diputado Wilman Cardozo (Alianza Social, AS) adelantó que hoy a primera hora presentarán una petición de informe escrito a las autoridades hidrocarburíferas, paralelo a la interpelación pendiente. “Esto agrava la situación de la Gaffney con relación al estado y sus conflictos que tiene”, indicó a tiempo de señalar que es menester del Legislativo y del Gobierno investigar esta situación.
Empero, recordó que el lunes pasado el presidente de YPFB les cursó una respuesta señalando que no puede dar ningún informe de avance del estudio que está realizando la GC&A. “Dice que pidamos recién el 19 de abril, cuando ya esté dado el informe final”, indicó.
Cardozo reveló que el informe escrito será utilizando como una acción judicial en el futuro, como también la solicitud de informe oral o interpelación, “para debatir la relación jurídica y la relación de este ciudadano de la empresa Gaffney con el estado que supuestamente estaría involucrado dentro de los juicios de Goni y de Tuto”.
El diputado lamentó que esta situación no paralice el avance del estudio y la presentación de informe final, puesto que mañana será presentado para el resultado final.
El asambleísta Johnny Torres (Camino al Cambio, CC) lamentó que esta información sea escondida por el Gobierno, al igual que los actuales problemas que tiene la Repsol en el país como en Latinoamérica. “(La Repsol) aquí muy cerquita tiene problemas – en Argentina están nacionalizando – están sacando a la Repsol del país y en Bolivia lo mismo, y el gerente de la Gaffney tiene problemas”, manifestó.
Torres dijo además que “hay que ser claros con el Gobierno”. “Ya habíamos anticipado que la propia Repsol habría sido expulsada de la bolsa de valores porque estaba inscribiendo el campo Margarita como si fuera de su propiedad, siendo que no es así”, recordó.
En segundo lugar, Torres aseguró que la GC&A es una empresa vinculada a la Repsol al igual que la Rayder Scott, elementos que la oposición presentó al Gobierno antes de la firma de contrato para el estudio en Margarita, pero que de igual manera se tomó la decisión de contratara a la GC&A. “Deja muy en claro, la dudosa procedencia de la Gaffney como de todos los resultados que trata de hacer en este estudio y la mala fe del gobierno”, dijo.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
La Comisión Mixta de Justicia Plural concluyó un informe el 6 de septiembre de 2011 para que junto al Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional inicien un juicio de responsabilidades a los expresidentes Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada y excluir al expresidente Carlos Mesa por el caso denominado “Petrocontratos”, junto a 33 ejecutivos de las empresas petroleras que en ese entonces estaban establecidas en Bolivia.