El legislador opositor espera el salvoconducto para trasladarse a Brasil. Fuentes de la Cancillería boliviana informaron que no hay plazos perentorios para que las autoridades den el salvoconducto a Pinto.
Gobierno se declara apenado por concesión de asilo a Pinto
TRÁMITE. Experta señala que el Gobierno brasileño puede beneficiar al senador con el refugio. La Cancillería aún no tiene ningún texto oficial de pedido de salvoconducto.
Página Siete / La Paz
El senador opositor Róger Pinto Molina. APG
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lamentó la concesión de asilo político al senador de Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto. Sin embargo, el Gobierno aseguró que hasta ayer no había ningún documento oficial con respecto a Pinto.
“Estamos apenados, si es que el Gobierno de Brasil ha transmitido oficialmente esta decisión. Nos dará pena. Pero es simplemente una presunción de otorgamiento de asilo”, declaró a los medios de prensa.
Pinto pidió refugio en la embajada brasileña de La Paz el 28 de mayo pasado y, alegando ser víctima de persecución política, presentó una solicitud de asilo político, que le fue concedido por el Gobierno brasileño.
La primicia sobre la concesión de asilo político la hizo conocer Página Siete el miércoles 6, con información de fuentes serias que explicaron que la decisión fue informada a las autoridades bolivianas y que Brasil solicitó al canciller David Choquehuanca el salvoconducto respectivo para permitir la salida del país del senador Pinto.
Según el texto de la Nota 141 publicada en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, “el Gobierno brasileño decidió conceder asilo al boliviano Róger Pinto Molina, a la luz de las normas y prácticas de los países latinoamericanos, del derecho internacional y del párrafo X del artículo 4 de la Constitución”.
Fuentes de la Cancillería boliviana informaron que no hay plazos perentorios para que las autoridades den el salvoconducto a Pinto, que es el último paso del procedimiento para que el Gobierno brasileño pueda trasladarlo a su país.
Además, afirmaron que hasta este sábado no se conocía de ningún documento oficial de la embajada de Brasil sobre el estatus del senador pandino y que cuando sea recibido oficialmente se analizará el pedido.
El diputado opositor Adrián Oliva dijo que la Cancillería no tendría ningún argumento para rechazar el salvoconducto para el legislador Pinto.
Karen Longaric, jurista experta en derecho internacional privado y público, explicó que la Cancillería es la que debe hacer el trámite del salvoconducto, junto con la Dirección General de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno.
“Con eso concluirá el trámite para que el senador Pinto salga de Bolivia y se quede con el estatus de asilado en Brasil”, dijo.
Agregó que Pinto puede quedarse con el estatus de asilado o beneficiarse con la condición de refugiado. “Para ese efecto, deberá coordinar Brasil con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR) en ese país”.
Señaló que la figura de refugio político tiene un principio de “no devolución”. En este caso, es muy difícil posteriormente quitarle ese estatus, salvo que el Estado “persecutor” demostrara mediante una sentencia ejecutoriada que Pinto hubiera cometido un grave delito tipificado en el ámbito internacional, como el de terrorismo o de crímenes de lesa humanidad.
“El caso del asilado es una figura que puede mostrar un poco más de debilidad, porque el Estado asilante puede quitarle el estatus de asilado el momento que considere conveniente. No tiene protección tan fuerte y categórica como la condición de refugiado”, expresó la especialista en derecho internacional.
Los procesos continuarán
Los procesos penales contra el senador opositor boliviano Róger Pinto Molina, asilado en la embajada brasileña en La Paz, continuarán pese a que el vecino país le concedió asilo político.
El presidente de la bancada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, garantizó que continuarán las 20 causas penales contra Pinto por delitos como el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija, en Pando, la región de la cual fue prefecto.
“Tenemos que devolver a la población lo que le fue robado. Pinto tiene que responder ante las leyes del país”, aseguró Rojas.
Brasil ha otorgado asilo político a numerosos ciudadanos bolivianos, en especial pandinos, opositores al Gobierno del presidente Evo Morales, ya desde 2006.