Una reciente encuesta de Ipsos confirma que una amplia mayoría de la población respalda a los indígenas defensores del TIPNIS y se opone a la construcción de la carretera que José Serra, ex candidato presidencial del Brasil, definió como la “autopista de la cocaína”.
Casi 2/3 de los bolivianos, el 65%, respondió al sondeo que la postura de los marchistas es válida o legítima, contra apenas un 28% que se alinea con la intransigente posición gubernamental.
Un dato sintomático es que los principales bastiones de la opinión contraria al polémico proyecto carretero se encuentran en La Paz (73%) y Santa Cruz (69%), indicando que la polarización occidente-oriente impulsada por el régimen de Evo Morales en años anteriores ha terminado su ciclo, siendo el tema del TIPNIS una oportunidad para el impulso de nuevas solidaridades nacionales o interregionales.
¿Resistencia local o referéndum nacional?
Tras la negativa del gobierno a dialogar, los integrantes de la IX Marcha decidieron el “repliegue estratégico” a sus comunidades, desde donde organizarán la resistencia a la amañada consulta que prepara el poder cocalero.
Se plantea entonces una suerte de “desobediencia civil indígena” desde los territorios que resultarían afectados por la rechazada carretera.
Sin embargo, y más allá de la evidente legitimidad de la nueva táctica definida por los indígenas, lo cierto es que la coyuntura es propicia para una lucha democrática a nivel nacional y no sólo local.
Escenario que bien podría construirse mediante un referéndum en toda Bolivia, tomando en cuenta que el Isiboro Sécure es un Parque Nacional cuya suerte es responsabilidad de todos…
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