Indígenas de la IX Marcha por la defensa del TIPNIS rechazan intento de intervención

La Paz. Cercan Vicepresidencia y exigen al gobierno instalar diálogo con dirigentes genuinos.

A pesar del Acuerdo entre los indígenas t’simanes y mosetenes con el Ministro de Gobierno, la mayoría de éstos permanecerán en la Sede de Gobierno hasta que se solucione los puntos planteados por la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

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Los integrantes de la Fiscalía no pudieron comprobar la veracidad de la denuncia presentada. Foto: RAA

La Paz, 01 Jul. (ANF).- Luego que la noche del sábado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, hubiera firmado un Acta de Acuerdo con algunos representantes del Consejo Regional T’simane – Mosetene, y denunciado que no se les estaba permitiendo su salida con destino a su tierra de origen, dos Fiscales se hicieron presentes en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), pero ambos fueron echados de allí por miembros de la Columna de la IX Marcha.

Luego de la firma del Acuerdo, en el Viceministerio de Régimen Interior, con pobladores de la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón-Lajas (mosetenes y chimanes) prometiéndoles servicios de salud, proyectos de leche y carne, etc. Según se conoció, a este grupo de marchistas del Pilón-Lajas les prometieron retornarlos a sus comunidades, motivo por el cual cerca de la medianoche, en inmediaciones de la Calle Capitán Ravelo y la Avenida del Ejército aparecieron tres buses interdepartamentales, dos vagonetas de instancias gubernamentales y el equipo móvil del canal estatal, así como su equipo de noticias.

Los Fiscales Pasten y Monasterios ingresaron en el Coliseo y preguntaron si algunos de los originarios mosetenes y chimanes estaban detenidos por la fuerza, y al no haber pronunciamiento alguno, los dirigentes de la IX marcha, liderados por Adolfo Chávez expulsaron a ambos fiscales.

En ese intento, se dieron cuenta de una vagoneta de uso oficial perteneciente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que tenía su logotipo tapado a los costados de la puerta, y otra del Ministerio de Desarrollo Rural (placa 2527ADX) que fueron identificadas en la Avenida del Ejército, y sus conductores no supieron explicar su presencia en ese lugar argumentando que sólo estaban estacionados, a media noche y en vehículos oficiales. Mientras que la unidad móvil del canal estatal se retiró discretamente hacia San Jorge.

Los buses fueron identificados como un “TURBUS” con placa de control 404IRN; y otro Bus que solo tenía la identificación “Des De Pequeño”.

Por la mañana de este domingo, el dirigente Adolfo Chávez denunció que el aparato de Gobierno quiso desarticular la IX marcha, “con el traslado de hermanos chimanes contra su voluntad y con engaños, en un operativo en el que el gobierno dispuso dos vagonetas, dos camionetas oficiales y dos buses”.

Los fiscales Ana Pasten y F. Monasterios intentaron establecer si los originarios mosetenes y chimanes estaban retenidos en su contra, pero al evidenciar que no fue así los otros originarios que se hallaban allí los desalojaron.

“En este momento yo quiero denunciar estos actos, cómo es posible que venga el Gobierno a traer sus funcionarios para poder llevarlos a los hermanos en contra de su voluntad. Si hay algunos enfermos, sí los hay, pero producto del frío, pero ¿por qué? Porque el Gobierno hasta este momento no quiere instalar el diálogo con nosotros. Eso hemos hablado con la Fiscal y el Dr. Monasterios, nosotros hemos sido muy respetuosos. Hemos hecho ingresar a la fiscal, hemos aceptado al señor supuestamente dirigente”, relató el dirigente Celso Padilla.

La Fiscal Pasten “al final, lo único que estamos haciendo es cumpliendo nuestras funciones como Ministerio Público a raíz de una denuncia. Es lo único que estamos diciendo”. La declaración de la Fiscal Pasten tiene como antecedente inmediato el corillo que gritaban los integrantes de la IX Marcha: “Mandados por Romero”.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, en declaraciones a una radioemisora local señaló que “nadie los ha buscado, ellos han venido por propia voluntad, de manera libre, han pedido que se les apoye para sacar sus cosas e irse a Villa Fátima o irse a sus comunidades. En esa circunstancia, el grupo de la marcha han impedido que un grupo de ellos puedan salir, porque lo que nos han informado es que el grueso de ellos han salido ya”.

“Y uno de ellos ha denunciado que los amenazan que no los dejan salir que los tienen básicamente ahí encerrados”, dijo Romero.

Indígenas cercan Vicepresidencia y exigen instalar diálogo con dirigentes cuestionados

    La Paz, 1 jul (ABI).- Los indígenas amazónicos que rechazan la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) reforzaron el domingo el cerco humano al edificio de la Vicepresidencia del Estado e insistieron en instalar una mesa de diálogo entre el Gobierno y los dirigentes Adolfo Chávez y Bertha Bejarano, involucrados en denuncias de corrupción y hechos de narcotráfico, respectivamente.

    "El Gobierno, le guste o no le guste, se tiene que sentar con estas autoridades", afirmó el presidente de la Sub Central del TIPNIS, Fernando Vargas.

    Alrededor de un centenar de carpas fueron emplazadas en las calles Ayacucho y Mercado, donde decenas de indígenas (hombres, mujeres y niños) permanecen en vigilia desde el viernes, dos días después de su ingreso al centro de la ciudad de La Paz, tras una marcha de dos meses que partió desde Trinidad, Beni.

    Según Vargas, el Gobierno "está jugando a cansarnos, está jugando a sacar a los hermanos (de esa movilización)", dijo.

    Sin embargo, un grupo de nativos de la etnia T’simane – Mosetene decidió retornar a sus comunidades después de negociar el sábado con el órgano Ejecutivo la ejecución de algunos proyectos productivos y sociales.

    "Los escuchamos y atendimos su pedidos en salud, educación, infraestructura caminera, turismo, proyectos productivos, desarrollo rural y, luego de haber dialogado, suscribimos un documento. Ellos nos pidieron apoyo para poder retornar a sus lugares y nos informaron que era una decisión ya tomada, hablaron a nombre de 200 personas y no hubo ningún tipo de presión. El Gobierno no fue a buscarlos a ellos (…), ellos vinieron por propia voluntad", indicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

    Los medios televisivos reflejaron un altercado entre los dirigentes de la IX marcha y los indígenas disidentes, cuando éstos se disponían a abandonar y sacar sus "bultos" de las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde pernoctan los marchistas.

    "Los hermanos T’simanes – Mosetenes se fueron, el Consejo Chiman – Moseten eran 200 personas y creo que se fue más de la mitad", reconoció la presidenta del comité de esa marcha, Bertha Bejarano,  y subrrayó  que "los que retornaron a su comunidad anoche fueron pagados".

    La dirigente reafirmó que el inicio del diálogo depende del Gobierno y que, mientras tanto, permanecerán movilizados en La Paz.

    El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, insistió, por su parte, que la solución de ese conflicto pasa por anular la Ley 222, de consulta a los pueblos del TIPNIS sobre la "intangibilidad" de esa zona y la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

    No obstante, el Gobierno afirmó que esa figura es imposible de aplicar, pues la Consulta responde a una medida constitucional y, además, amparada por dos convenios internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las Naciones Unidas.