Desde la cárcel, el expresidente de YPFB y otrora hombre fuerte del MAS, rompe el silencio tras nuevos escándalos de corrupción en la estatal petrolera que como siempre no afectan al titular Carlos Villegas que goza de pleno respaldo del gobierno de Evo Morales. Santos Ramírez sostuvo que “la verdadera corrupción está ahora, en la presente gestión de Carlos Villegas”.
Santos Ramírez. Expresidente de YPFB: «Se legalizó la corrupción»
Revela sobreprecio y pide destituir a Villegas.
El ex hombre fuerte de Yacimientos reveló al periodista José Pomacusi que los informes de Gerson Rojas y Agustín Ugarte indicaron a Carlos Villegas continuar con la Gulsby. No entiende cómo se pasó de $us 85 millones a $us 160 millones para construir la planta de Río Grande.
Argumento. Ramírez se apoya en diferentes informes que señalan que los trabajos en Río Grande iban bien encaminados.
Con ritmo pausado y voz tranquila, Santos Ramírez, el expresidente de YPFB y otrora hombre fuerte del MAS, rompió el silencio y en una entrevista con el director del programa televisivo No mentiras, José Pomacusi, narró su verdad. EL DEBER tuvo acceso al diálogo en toda su extensión.
– Está detenido desde febrero de 2009, ¿en todo esto qué hay de verdad y qué de mentira?
– Es bueno explicar de qué se trata la planta de Río Grande, el interés y el beneficio que representa para el país. Seguro que nos preguntamos por qué construir una planta en Río Grande y para responder a esta pregunta se debe tomar en cuenta el contrato actual de exportación de gas a Brasil.
Este país no paga por los líquidos (GLP y gasolina) que se van con el gas. Por este tema se hizo una negociación con Petrobras durante la gestión del expresidente Lula da Silva, en la que se planteó al Gobierno brasileño que pague por los líquidos que se le vende. Por eso se definió que este país pague entre $us 120 y $us 180 millones cada año por estos líquidos. Sin embargo, esto no era suficiente, pues aún cobrando este monto seguía habiendo GLP y gasolina que no se estaba pagando. Por eso se determinó la construcción de una planta separadora de líquidos y así terminar con la subvención, que actualmente llega a los $us 800 millones.
– ¿Se pudo comprobar el desvío de dinero del que se le acusa?
– En absoluto. Hay una auditoria técnica de la que forma parte Gerson Rojas y Agustín Ugarte en la que se señala que el dinero…
– ¿Gerson Rojas y Agustín Ugarte, los implicados en el caso AESA?
– Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Estos indican que el pago de $us 13 millones que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto.
Los mismos funcionarios Rojas y Ugarte han demostrado al presidente de YPFB, Carlos Villegas, que esos pagos fueron realizados y que esta empresa no es fantasma, sino que es la más prestigiosa a escala internacional, eso lo dice la misma auditoría.
– ¿Y el tema de las garantías?
– Esa ha sido una tremenda mentira. Yo tengo los documentos que Carlos Villegas manda a la Corte Suprema en las que indica que la firma de este contrato era un daño lesivo al Estado. Pero luego de un informe jurídico del 11 de junio de 2009, firmado por las asesoras legales y penales María Cristina Criales Saara, Karina Escobar Martínez y Mónica Ramírez Márquez, se indica desistir con esta demanda, pues han comprobado que por el tema de las garantías hubo un pago de $us 3,3 millones como anticipo de obras, más los $us 6,1 millones en beneficio de YPFB, dinero que se cobró. Esto demuestra que este contrato sí tenía una garantía.
-Desvío de dinero no comprobado, la empresa fantasma existe y las garantías que se creía que no había existen.
– Todo eso se ha desvirtuado y lo que queda en el proceso es el manejo de unos $us 500.000 y $us 800.000 que me habría entregado. En este punto ha quedado demostrado que ningún testigo, ni del Ministerio Público ni de YPFB, ni de los otros indicó que me habían entregado ese dinero, lo que hay son suposiciones y bajo esto, debido a las presiones de Nardy Suxo y de otros funcionarios, se llegó a esta sentencia y que estamos apelando.
– ¿Quienes son Gerson Rojas y Agustín Ugarte?
– Son técnicos contratados por Carlos Villegas, que al firmar la segunda licitación de Río Grande se legalizó la corrupción debido al sobreprecio de este proyecto.
– ¿Esa planta en principio fue cotizada en $us 85 millones?
– Sí así es, pero no se tomó en cuenta la auditoría de Rojas ni de Ugarte que indicaba que se debía continuar con la construcción de la planta separadora, pues ya tenía un avance del 65,5%. La misma por $us 86 millones iba a tener la capacidad de procesar 200 millones de pies cúbicos de gas y de ese procesamiento se separaba cada día 350 toneladas de GLP y 600 barriles de gasolina natural por día. Ese era el contrato.
Hay otro informe (TRGD007) entregado a Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medioambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía.
Ante esto el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso. No hay explicación técnica, no hay explicación financiera para que la actual planta cueste $us 160 millones más $us 30 millones por el servicio de ingeniería. Así lo informó Rojas, que ahora está detenido.
– ¿Cómo se puede explicar eso?
– No hay manera de hacerlo. A no ser que hubo un sobreprecio donde se legalizó la corrupción y eso lo dije hace seis meses.
– ¿Se debería suspender al actual presidente de YPFB?
– Para que se cumpla lo que viene pregonando nuestro hermano presidente, lo primero que se debe hacer es levantar la reserva del caso y, lo segundo, se debe tener en cuenta que toda persona que está en el poder tiene la posibilidad de manejar su investigación, por eso una suspensión o una sustitución hasta que concluya este caso sería lo correcto.
Como lo hicieron con Santos Ramírez.
Situación
Más de tres años en prisión
Santos Ramírez lleva más de tres años en la cárcel de San Pedro y en este tiempo considera que su caída fue una trampa de algunos funcionarios que vieron en él una persona capaz de llevar adelante el proyecto político de Evo Morales y que por celos o temor buscaron sacarlo de la arena política.
Considera que a pesar de haber sido expulsado del MAS, su ideología política sigue intacta y que eso nadie se lo podrá quitar. Recuerda que apostó con Leopoldo Fernández, el otro peso pesado detenido en San Pedro, que el MAS iba a ganar en las últimas elecciones y por acertar se hizo de unos Bs 1.000.
Recuerda cómo el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le arrojó tres papeles en los que le incriminaba el desvío de dinero, que Gulsby era una empresa fantasma y la falta de garantía.
Santos Ramírez considera que le tendieron una trampa
Caso corrupción de YPFB.
El Diario, La Paz
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, considera que “le tendieron una trampa” en el supuesto caso de corrupción y recepción de comisiones, que involucraron a sus familiares políticos a raíz del asalto y asesinato del empresario tarijeño Jorge O’connor Darlach, ejecutivo de la petrolera Catler Uniservice.
Ramírez que fue estrecho colaborador del presidente Evo Morales, en entrevista cedida al programa televisivo “No Mentiras de PAT”, dijo que, ante acusaciones y documentos que fueron mostrados por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana en presencia del Jefe de Estado, ahora está en condiciones de demostrar que esas acciones fueron parte de una gran mentira.
Asimismo, Santos Ramírez que está recluido en la cárcel de San Pedro por tres años y medio, cuestionó porqué en el caso que lo involucraron se dispuso una investigación de cara al pueblo y porqué ahora se instruye reserva en la investigación sobre denuncias de corrupción en YPFB dirigido por Carlos Villegas.
PIDE “TRANSPARENCIA” AL PRESIDENTE
Santos Ramírez sostuvo que “la verdadera corrupción está ahora, en la presente gestión de Carlos Villegas”. “Yo quiero que me den la oportunidad de presentar mis pruebas. Ya llegará el tiempo de aclarar. Todo lo que ha puesto (Juan Ramón Quintana) sobre la mesa es una gran mentira”, expresó.
“Álvaro: ustedes han sentenciado mi muerte civil y política. Cuando en un caso se lucha y en otro caso hay reserva, esto me preocupa. ¿Por qué las reservas? ¿Qué se quiere ocultar?”
“Hermano presidente, vamos a ser transparentes. Dónde está la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo? La lucha contra la corrupción no puede tener reservas”, sostuvo.
Asimismo, dijo que quiere probar que no causó daño económico a YPFB, al tiempo que pide aclarar quién mandó matar al ingeniero Jorge O’Connor y plantea la sustitución de Carlos Villegas.
REESTRUCTURACIÓN
Santos Ramírez recordó que estaba diez meses en YPFB y se le ordena reestructurar, nacionalizar acuerdos y acciones de las empresas privadas. No se había hecho nada antes, a pesar de que ya había la orden previamente.
“Nardy Suxo y otros dijeron tres cosas: que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Todo esto resultó ser falso. Las denuncias hicieron pensar que yo había cometido un delito. Me llaman a reunión en Palacio con el presidente y Juan Ramón Quintana me echa unos papeles, me bota un contrato y me acusa de que había depositado el dinero en otras cuentas que no correspondían, que había hecho el contrato con una empresa fantasma y que no existían las garantías correspondientes. Yo no tenía la documentación para contrarrestar en ese momento. Luego resulta que nada de eso se comprueba. Hay una auditoría realizada por Gerson Rojas y Agustín Ugarte, Jefe de ingenieros y jefe técnico, que corroboran los pagos de 13 millones se habían entregado correctamente a la empresa.
Yo quisiera explicarle al Presidente, con absoluto respeto que vea que ahora tengo toda la documentación correspondiente. El 90% se ha logrado recabar luego del juicio. Cuando se está privado de libertad es casi imposible ver al Presidente. El 30 ó 40% de los documentos están judicializados, y hay otros que han sido rechazados por los fiscales”.
Refiriéndose a Juan Ramón Quintana dijo: “Si Santos Ramírez firmó el contrato con el señor Miguel O’Connor, ¿cómo es que a mí se me condena y los otros firmantes salen absueltos? Si el contrato está mal, ¿por qué no se condena a todos los que firman? Se indica que hay un avance del 65%, dentro de lo legal. Yo conversé con el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, que me dice que hay mucha presión de Nardy Suxo y otro funcionario de Gobierno: “Va a ser difícil que te podamos absolver porque estoy bajo mucha presión”. “Parece que tenía otros procesos”, acotó.