Todo indica que la designación de un nuevo Fiscal General para suceder a Mario Uribe (foto) estará tan viciada como la anterior selección de autoridades judiciales.
La postulación al cargo de Betty Yañíquez, Isabelino Gómez, Henry Zuasnábar y, hoy, el mismísimo Marcelo Soza, confirma que el proceso está enfocado en la elección de un nuevo Inquisidor General, encargado de la persecución a opositores.
En efecto, el “currículum” de los mencionados fiscales apunta en ese sentido, siendo alfiles de distintas operaciones gubernamentales para la judicialización de disidentes.
Confirmando todo esto, el oficialismo señala que para la selección del nuevo Fiscal General no será tenido en cuenta el puntaje de méritos, sino simplemente el criterio de si “cumple o no cumple”.
Al eliminarse el examen meritocrático, todo quedará reducido a una carrera entre los fiscales más adeptos al partido de gobierno.
La norma de convocatoria establece que serán excluidos del proceso de selección quienes tengan una militancia política probada, aspecto que no fue respetado en la elección de magistrados del año pasado. Nada hace prever que ahora se hagan las cosas de mejor manera.
El 2011, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, subrayó en su informe sobre Bolivia la existencia de una “crisis en la administración de justicia”, algo que una selección parcial o sesgada del nuevo Fiscal sólo podrá perpetuar o agudizar…
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