Al margen de procesos penales, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi puede afrontar un juicio de responsabilidades por su denuncia de injerencia del Ejecutivo y el Legislativo en un fallo, anunció Ruddy Flores, titular del TCP.
Autoridad. El magistrado del TCP Gualberto Cusi, durante una entrevista con este diario, en julio.
La Razón / Yuvert Donoso / La Paz
El martes, el pleno del órgano de control constitucional le solicitó a Cusi su renuncia al cargo luego de rechazar las declaraciones que éste emitió en sentido de que hubo injerencia en el TCP para el dictamen de la sentencia del caso sobre la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para la apertura de una carretera.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos ya está verificando los alcances de las declaraciones (del magistrado Cusi) y será el pleno el que determine la fecha en la que sea presentada la denuncia con un juicio de responsabilidades, y las que son de carácter personal por injurias y calumnias, por la vía ordinaria”, expresó el presidente del TCP.
Flores aseguró, según ABI, que su colega apunta a formar un partido indigenista, para lo cual utiliza el Tribunal como palestra; por ello, la junta constitucional “analiza solicitar formalmente su renuncia”. En tanto, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, en declaraciones a ANF, pidió determinar si el magistrado Cusi se encuentra en “sus cabales”, en alusión a sus declaraciones.
Durante toda la jornada de ayer este diario intentó recoger la versión de Cusi, quien comprometió realizar una declaración de prensa respecto a la reacción de sus colegas. Sin embargo, en la mañana no accedió a ninguna entrevista y en la tarde no se presentó en sus oficinas. Su teléfono celular también estuvo apagado.
En Sucre, los periodistas hicieron guardia ayer en las oficinas del TCP para conocer las reacciones sobre el conflicto interno en esa institución. Los magistrados trabajaron con normalidad e incluso la gran mayoría de ellos almorzó en el interior del edificio.
Al ganar las elecciones en 2011, Cusi se proclamó titular del TCP y pretendió ocupar ese cargo. En otra ocasión causó polémica al señalar que consulta con las hojas de coca su sabiduría para eventuales decisiones jurídicas.
Trámite para el proceso
Las máximas autoridades judiciales de Bolivia, incluido el Fiscal General del Estado, pueden ser procesadas con base en la Ley 044, de juicio de responsabilidades, que permite procesarlas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Esta norma regula los procesos judiciales contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Fiscal General del Estado.
De acuerdo con el procedimiento de la Ley 044, la denuncia se la realiza ante la presidencia de la Cámara de Diputados, instancia que debe remitir los documentos ante la presidencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para su respectiva investigación. La citada comisión tiene dos caminos: presentar el proyecto de acusación al pleno de la Cámara o decretar el sobreseimiento del acusado.
FISCAL GENERAL CONFIRMÓ QUE EMITIÓ LA INSTRUCCIÓN A LA FISCALÍA DE BENI
Ordenan procesar a quien trabe consulta
Por Redacción Central | – Los Tiempos
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, muestra el programa del MSM el lunes. – Abi Agencia
El fiscal General del Estado, Mario Uribe, informó ayer que instruyó al fiscal de Distrito de Beni, Alejandro Cruz, iniciar procesos penales en contra de los dirigentes e indígenas que están obstaculizando la consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y por no acatar la Sentencia Constitucional 300 “de cumplimiento obligatorio”.
Cruz, quien negó que se estén siguiendo acciones legales por el tema de la consulta, ayer anunció la notificación por edicto de los mandamientos de aprehensión contra seis dirigentes y exdirigentes del Tipnis para que se presenten por otro caso.
El fiscal beniano manifestó que la Policía deberá, en cumplimiento de las normas en vigencia, ejecutar esos mandamientos y conducir a los aprehendidos hasta la Fiscalía para que respondan por las acusaciones de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Respecto a estas acciones legales, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, manifestó que existe una clara persecución judicial contra los dirigentes indígenas, “sembrada por Evo Morales para amedrentarnos y amenazar con meternos presos”.
Asimismo, denunció que la Gobernación de Beni se negó a entregar información sobre los distintos proyectos, para los que se habrían desembolsado recursos y que dieron lugar al inicio de esas acciones judiciales contra 11 dirigentes.
“Nosotros ya hemos expresado nuestra postura, si el Gobierno está pensando en meter preso a cualquier dirigente tendrá que meter preso a todo el Tipnis y a todos los ciudadanos que defienden el derecho del patrimonio del parque Isiboro Sécure", advirtió Vargas, al señalar que si le “meten en el pozo” (en la cárcel), desde allí seguirá defendiendo los derechos de los pueblos del Tipnis.
Aseguró que continuarán con la resistencia en Gundonovia y las otras comunidades del Tipnis, con el alambrado de los ríos y pistas, para impedir el ingreso de las brigadas para realizar la consulta que lleva adelante el Gobierno con el fin de avalar la construcción de una carretera a través del área protegida.
Al respecto, Uribe aseguró que el bloqueo se constituye en un “hecho punible” y de incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. “Se está obstruyendo la libre circulación, inclusive ya es un tipo penal autónomo en el Código Penal; entonces, de acuerdo a las circunstancias y al hecho, el señor Fiscal de Distrito de Beni, que conozca del caso, deberá calificarlo e iniciar el proceso penal”, manifestó.
Agregó que el cumplimiento de la Ley 222 y la Sentencia Constitucional 300, ambas referidas a la consulta, son de estricto cumplimiento, por lo que no se pueden permitir bloqueos ni cercos dentro de las comunidades que impidan ese proceso.
"Mi autoridad ya ha evacuado el instructivo correspondiente al señor Fiscal del Distrito de Beni para que proceda conforme a derecho, en caso de que se presente alguna acción de hecho que tenga alguna connotación de carácter penal que vaya a incumplir esa disposición legal", manifestó Uribe en inmediaciones de la Asamblea Legislativa.
Acción de cumplimiento
Exigiendo el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 300 por parte de los ministros de Obras Públicas y Aguas, el representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, interpuso un recurso legal en el Tribunal Constitucional en Sucre.
El presidente del Tribunal Constitucional, Rudy Flores, informó ayer que la Acción de Cumplimiento fue admitida y, mediante un proveído, se solicitó al Ejecutivo un informe sobre los extremos señalados en el memorial.
La Sentencia Constitucional 0300/2012 determinó la constitucionalidad de la Ley 222 y condicionó la realización de la consulta a la concertación entre el Gobierno y los indígenas de sus contenidos y procedimientos.
Como parte de este proceso, agregó, el Gobierno tiene un plazo de cinco días para remitir la información requerida al Tribunal.
“Cumplido el plazo se verificará con la respuesta o no, las acciones que jurídica y legalmente corresponden (…), el plazo está corriendo esta semana”, apuntó.
Los denunciados deben responder sobre el destino de más de 3 millones de bolivianos que habrían recibido para la ejecución de diversos proyectos en sus comunidades.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se reunió ayer en Trinidad con los propietarios de las embarcaciones que transportan alimentos y otros productos a las comunidades del Tipnis, quienes se quejaron por el bloqueo del río.
RECURSO
J El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió el recurso de “acción de cumplimiento” que presentaron los indígenas contra la consulta.
Sánchez insiste en presencia de veedores de ONU
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, reiteró ayer que existen dos veedores de las Naciones Unidas en el proceso de consulta del Tipnis, pese a que el organismo internacional negó el lunes pasado esa información.
El Ministro insistió en que los funcionarios de las Naciones Unidas, Villa Romero y Nicolás David, ingresaron al Tipnis en calidad de veedores del proceso de consulta, a pedido del representante alterno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.
"Cuando el señor Roberto Berroulds hablaba conmigo se refirió a que eran veedores y nosotros le solicitamos inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara que necesitaba todo el apoyo que se requiere para entrar al área del Tipnis, nosotros le hemos brindado todo el apoyo necesario; han entrado, pues, dos funcionarios de las Naciones Unidas y están todavía en el Tipnis y están saliendo hoy (ayer). Esa es la información que les puedo dar", dijo la autoridad.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo internacional aclaró que los funcionarios de la ONU ingresaron al Tipnis para realizar un “monitoreo de derechos humanos” y “no en calidad de veedores de la consulta”.
La aclaración se dio ante la aseveración del ministro Sánchez de que siete veedores internacionales, tres de la OEA, dos de la Unasur y dos de la ONU, estaban en el alto y medio Isiboro, siguiendo la consulta a los pueblos indígenas.
AVANCE
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, confirmó ayer que son 29 las comunidades que participaron del proceso de consulta en el Tipnis sobre la construcción de la vía Cochabamba-Beni.
Indicó que hasta el momento el proceso se lleva de “forma normal, no hay problemas ni dificultades que nos puedan preocupar”.
“Hasta el día de ayer teníamos el reporte de que se han realizado consultas en 28 comunidades y una comunidad ya estaba por concluir. Prácticamente estaríamos por 29, de las 69 comunidades. Lo que significa que faltarían como 40 comunidades todavía por realizar la consulta”, dijo, en coincidencia con el reporte que dio el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
Consultado sobre una posible ampliación de la conclusión de la consulta, Ovando dijo que las brigadas del TSE que acompañan el proceso se sujetan a la determinación del Órgano Ejecutivo y de las comunidades indígenas.
“Hasta la próxima semana debería concluirse la consulta, pero la ley establece 210 días de plazo y, en el caso de necesitar una ampliación, debería solicitarse una modificación de la Ley 222 que posibilite mover el cronograma de consulta en las comunidades”, dijo.
REUNIÓN DE LA CIDOB
La V Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que comienza hoy en la comunidad Las Brechas del municipio de Charagua, provincia Cordillera de Santa Cruz, buscará soluciones a los problemas internos de las organizaciones indígenas y evaluará el desarrollo de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
La información la dio a conocer Mariana Guazanía, secretaria de Género de la Cidob, quien dijo que hasta ayer aseguraron su participación nueve de 13 regionales de los pueblos indígenas.
Anunció que durante el evento se hará un planteamiento para la reconducción y fortalecimiento organizativo nacional, regional y subcentral de la Cidob.
“En esta comisión nacional analizaremos y solucionaremos todos los problemas orgánicos que tenemos en nuestra estructura”, remarcó Guazanía.
Tomás Candia, secretario de Juventudes de la Cidob, informó que los jóvenes indígenas participarán de la reunión porque están en contra de la directiva paralela de la Cidob que responde a los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la intromisión del Gobierno.