El Memorándum de justificación que acompaña a la Determinación Presidencial emitida ayer por Barak Obama (que declara el “fracaso demostrable” de Bolivia en la lucha antidrogas), señala a la expulsión de la DEA como uno de los factores que reducen la capacidad boliviana para hacer frente a los traficantes de drogas.“Durante los últimos 12 meses, el gobierno de Bolivia ha fallado de manera demostrable en hacer los esfuerzos suficientes para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales”.“Los Estados Unidos reconocen que Bolivia ha tomado algunas medidas para frenar el tráfico ilegal de drogas y la producción, y mantiene su compromiso con el diálogo bilateral destinado a sentar las bases de una relación cooperativa y productiva que incluya acciones conjuntas que han de adoptarse con respecto a las cuestiones de interés mutuo, incluyendo medidas antidrogas”.“Durante el año pasado, los Estados Unidos mantuvieron su apoyo al gobierno de Bolivia en los programas de lucha contra el narcotráfico. Los esfuerzos del gobierno (boliviano), en particular aquellos con el apoyo del gobierno de los EEUU, tratan de alcanzar algunas metas en la interdicción y erradicación. Sin embargo, Bolivia sigue siendo uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca para la cocaína y otras drogas ilegales”.“La capacidad de Bolivia para interceptar las drogas y los traficantes más importantes disminuyó tras la expulsión de enero de 2009 del personal de la Drug Enforcement Administration (DEA) de EEUU, mientras que el desempeño del país en el desmantelamiento de las organizaciones de traficantes extranjeros de drogas que operan en Bolivia ha mejorado ligeramente en años recientes al respecto. Este logro es gracias a los esfuerzos nacionales de Bolivia y la cooperación con los países vecinos, especialmente Brasil. La expulsión de la DEA en 2009 perjudicó gravemente a la capacidad de Bolivia contra el narcotráfico, en especial con respecto a la interdicción. En su conjunto, los resultados de erradicación e interdicción no han sido suficientes para competir con las crecientes tendencias de las drogas que han traído de vuelta a Bolivia a altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína”.“El 2011 el gobierno de EEUU estimó que los cultivos de coca de Bolivia de 30.000 hectáreas fueron ligeramente inferiores a la estimación de 2010 de 34.500 hectáreas. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estimó 31.100 hectáreas de cultivo para el 2011, un ligero aumento con respecto a su estimación de 2010 de 30.900 hectáreas. Mientras que Bolivia aún no ha revertido los aumentos en el cultivo neto de coca de los últimos años, parece que la producción se ha estabilizado”. Mención al caso Sanabria
El Memorándum también hace mención al caso del general René Sanabria, quien “se declaró culpable en Estados Unidos de cargos federales de tráfico de cocaína. Sanabria era el jefe de una unidad de élite de la inteligencia antidrogas boliviana en el momento de su detención”.“Estados Unidos alienta a Bolivia a fortalecer sus esfuerzos para lograr controles más estrictos sobre el comercio de la hoja de coca y detener la desviación hacia el procesamiento de cocaína, de acuerdo con los tratados internacionales; proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos de las drogas, la corrupción y el tráfico de drogas, y lograr una reducción neta en el cultivo de coca”.“En el corto plazo, los narcotraficantes seguirán aprovechando las oportunidades para procesar la abundante hoja de coca en Bolivia, para pasta base y clorhidrato de cocaína”. “El gobierno necesita mejorar el entorno jurídico y normativo en las actividades de la seguridad y la justicia, para combatir eficazmente la producción y tráfico de drogas, lavado de dinero, la corrupción y otros delitos transnacionales, para llevar las empresas criminales ante la justicia mediante el imperio de la ley”.“De acuerdo con la Sección 481 (e) (4) de la FAA, la determinación de haber fracasado manifiestamente no da lugar a la denegación de ayuda humanitaria y antinarcóticos. Es de vital interés nacional para los Estados Unidos conceder una exención para que se permita la continuidad de los fondos para los programas de asistencia”.