Censo 2012 y Declaración de Durban contra el racismo

- Opinión

Moira Sandóval Calvimonte

Moira(1) No obstante ampliarse el plazo para el censo programado para el año 2011, la falta de consenso social, sobre varios aspectos de la boleta censal, así como una creciente desconfianza en el manejo de los datos y sus resultados, son las características sobresalientes del Censo 2012.

A diferencia de los censos practicados en nuestro país los años 1976, 1991 y 2001, este 21/11/2012 se realizará este importante hecho histórico, en medio de problemas de límites, de debates sobre pertenencias étnicas y ante la exclusión del mestizaje entre las opciones (exigida por la mayoría de la población) y la omisión de consultar sobre las prácticas religiosas.

Teniendo en cuenta que el artículo 56º de la Declaración de Durban -de la cual Bolivia es signataria- reconoce “la existencia en muchos países de una población mestiza con diversos orígenes étnicos y raciales y su valiosa contribución a la promoción de la tolerancia y el respeto en esas sociedades, y condenamos la discriminación de que es víctima, especialmente porque la naturaleza sutil de esa discriminación puede hacer que se niegue su existencia”., y con ello, impone la necesidad de incluir la existencia del mestizaje en cualquier diseño censal o constitucional.

De manera inequívoca, omitir la opción mestizo en el diseño actual del Censo, viola la Declaración de Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo de la Organización de Naciones Unidas y constituye un acto de discriminación social y negación con fines netamente políticos de invisibilizar en las estadísticas a la mayoría de los ciudadanos.

Una decisión de tal naturaleza, no tiene asidero doctrinal ni constitucional, pues los tratados internacionales guardan una categoría supraconstitucional y son de cumplimiento obligatorio. En consecuencia, con esta negación inserta en la pregunta 29 del Censo, nuevamente el Estado Boliviano procede fuera de la normativa vigente para la comunidad internacional y genera un automático antagonismo entre culturas.

Ningún estado o cultura ha podido ni ha querido renegar del enriquecimiento cultural que representa el mestizaje y sincretismo cultural producto de de las diferentes etapas en que fue colonizado. Este proceso tuvo efectos positivos y negativos, y es imposible desterrar del imaginario popular la influencia positiva.

Como bien decía el antropólogo brasilero Gilberto Freyre: “El mestizaje unifica a los hombres separados por los mitos raciales. El mestizaje reúne sociedades divididas por las místicas raciales y grupos enemigos. El mestizaje reorganiza naciones comprometidas en su unidad y en sus destinos democráticos por las supersticiones sociales”. En consecuencia, excluir la opción de mestizaje, tiende a crear división social, además de vulnerar tratados internacionales.

Este empecinamiento del gobierno de excluir el producto de la transculturación y sincretismo cultural, que representan en los mestizos, y al mismo tiempo incluir un recuento de pueblos originarios, no es otra cosa que un acto abiertamente racista, a la luz de los tratados internacionales y conlleva motivaciones políticas concretas.

Sin embargo, la explicación del sr. Ricardo Laruta, director del Instituto Nacional de Estadística, expresa las verdaderas intenciones del gobierno:“Se va a saber cuántos han respondido ‘mestizo’, va a haber una cifra. Pero al momento de procesar la pregunta, ya no se la va a tomar en cuenta, porque la pregunta N° 29 está orientada a que se contabilice la cantidad de pueblos originarios o afrodescendientes. Será un número que se lo va a contabilizar, digamos como anecdótico”.

En un escenario tan cuestionable, tengo una sincera curiosidad por saber a qué pertenencia étnica se adscribirá el vicepresidente Álvaro García, principal teórico de esta inexplicable discriminación. Sin duda, impulsar la ilegal exclusión del mestizaje en la boleta censal, lo muestra en toda su extensión humana, ética, intelectual y política: la negación existencial de sí mismo.

Por todo lo explicado, yo responderé la pregunta 29º marcando la casilla de la opción “no pertenece” que es igual a decir: “soy orgullosamente mestizo”.

Distribución de escaños para asambleístas indígenas

Concretamente, con los resultados de la pregunta Nº 29, el gobierno pretenderá armar una nueva distribución de representantes en la Asamblea Legislativa, amparados en que la distribución de escaños es proporcional a la cantidad de habitantes. De acuerdo a la Ley de Régimen Electoral vigente, la composición de la Cámara de Diputados deberá ser modificada con los resultados de un censo, mediante ley expresa.

Ello permitirá que la futura distribución de escaños, para los pueblos originarios, sea en número inferior al que les corresponde constitucionalmente, en virtud a que la representación de estos pueblos no ha sido todavía regulada por la Ley Electoral vinculando la representatividad a la calidad y no a la cantidad.

La plataforma de nueve puntos de la Novena Marcha Indígena realizada este año, incluía un proyecto de reformas a la Ley Electoral, en lo que concierne a la representación indígena, con un enfoque cualitativo y no cuantitativo. Con la respectiva fundamentación, proponía que a todas las 36 naciones indígenas vinculadas a una lengua, territorio y cultura uniforme, les corresponde un escaño en la Asamblea Legislativa, debiendo ser en consecuencia 36 asambleístas, siguiendo el criterio de representación cualitativa.

Es decir que los representantes indígenas, deberían ser elegidos por sus procedimientos propios y luego, comunicar a las autoridades del Órgano Electoral el nombre de su delegado, para conformar la Asamblea Legislativa. Procedería similar procedimiento de selección de los representantes indígenas para asambleístas departamentales por minoría, en congruencia con el artículo 66 de la Ley Electoral Nº 026.

Si en realidad, la representatividad que debieran ejercitar es de naturaleza cualitativa, conforme al procedimiento de selección señalado, cuál sería entonces el interés del gobierno por cuantificar a los integrantes de las 36 naciones indígenas? Evidentemente se busca fundamentar con cifras y datos una distribución que siga criterios numéricos cuantitativos en vez de cualitativos.

A esta pretensión gubernamental, se suma la euforia de ciertos grupos que, pretendiendo apoyar a la defensa de TIPNIS, se arrogan una representación e identidad étnica que no es real, como el jefe del MSM, Juan del Granado, quien señaló horas atrás, que se autoidentificará como chimán. Esta confusión e inducción a cuantificar y levantar estadísticas de la pertenencia étnica de los pueblos originarios, es totalmente funcional a los propósitos del gobierno, de eliminar la representación simbólica cualitativa.

Adicionalmente a los propósitos políticos descritos, que nada tienen que ver con obtener datos fiables para planificar la distribución de recursos e inversiones -como debiera ser la finalidad del censo- existe la posibilidad de que los resultados del mismo, puedan ser manipulados por el gobierno, para justificar la distribución de recursos, favorablemente hacia sus sectores preferidos. No debería sorprendernos que en los resultados, figure en las estadísticas que la mayoría de la población consume coca y por ello, pretenda justificarse la expansión legal de los cultivos de dicho alcaloide.

El Censo 2012, se desarrollará en un panorama de incertidumbre sobre futuras medidas que adoptaría el gobierno hacia la propiedad privada e impuestos, ello podría desmotivar a que las respuestas sean totalmente sinceras en la información que proporcionen (por miedo o desconfianza). Asimismo, la obligatoriedad de censarse en comunidades y no en el lugar real de residencia, podría también generar datos ficticios.

Empero, se debe considerar que a pesar de todas sus debilidades, mediante los resultados del Censo, el país va a mirarse a sí mismo. Por tanto, ese reflejo debe ser lo más próximo a la realidad. En este sentido, proporcionar datos falsos, como autoidentificarse con una nación sin pertenecer a ella, no contribuirá en nada a la lucha de los pueblos indígenas, todo lo contrario: consolidará el discurso del gobierno de que los pueblos indígenas de tierras bajas son grupos minoritarios para la representación parlamentaria.

Estos son los riesgos de las interpretaciones que podría hacerse de los resultados del censo, en caso de aplicarse para fines más políticos que técnicos. Esperemos que del Censo se obtengan conclusiones para encaminar las inversiones y distribución de recursos hacia el desarrollo de Bolivia y no para fomentar divisionismos de la sociedad.