En Bolivia campea la violencia política contra las mujeres

- Selectos

Existen al menos diez casos de autoridades acosadas e intimidadas.

Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Ley contra el Acoso y la Violencia Política cumple seis meses de vigencia. Pese a la norma, los casos suman y suman.

image Afiche promocional de la Campaña UNETE contra la violencia hacia las mujeres. Foto ilustrativa radiofides

A mediados de este año, la concejala Mónica Tudela denunció un hecho de corrupción. Un mes después falsificaron su firma en un documento oficial del Concejo Municipal que hacía viable el hecho irregular y la amenazaron de muerte para que deje de presionar.

Ella no tiene dudas y afirma que el amedrentamiento vino del alcalde de Puerto Quijarro y de otros concejales.

La autoridad suplente del municipio cruceño es una de las pocas, aún en ejercicio, que se animó a hacer público su caso, con nombres y apellidos. Pese a que la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres cumple seis meses de vigencia, el miedo aún persiste y, por consiguiente, también la impunidad.

De hecho, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) reveló a este medio que dos terceras partes de las amenazas, vejaciones o agresiones a mujeres que ejercen cargos municipales no son denunciadas.

Cuarenta y ocho de cada 100 concejalas en el país, según un estudio de Acobol, alguna vez fueron víctimas de esta clase de hechos, la mayoría de los cuales quedó en la impunidad.

En coincidencia con el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que se recuerda hoy, Ideas presenta diez casos de concejalas que todavía se encuentran en situación de peligro por la presión de otras autoridades o sectores sociales.

Sus testimonios se encuentran disponibles en el sitio web www.paginasiete.bo, junto a otros recursos (videos, grabaciones, estadísticas) que conforman un reportaje multimedia, que también se complementará en futuras ediciones impresas y en el que analistas y autoridades reflexionan sobre este fenómeno de discriminación, sus causas y posibles salidas.

En situación de peligro“Es triste. Quisiera hablar de lo que me pasa. He sido elegida (en abril de 2010). Desde la primera sesión no me dejaban entrar. Se iban a sesionar donde no podía llegar, ellos tenían movilidades y yo no”.

“Gané un amparo constitucional y ni así me dejaron ingresar. Hicieron ampliados y cabildos en los que me querían hacer renunciar a la fuerza; me arrastraron por la plaza, ni a mi hijo de diez años han respetado. (Comienza a llorar) No me he rendido. Les dije que si querían podían matarme”, denunció Juana Quispe -en vida concejala por Ancoraimes- seis meses antes de su misteriosa muerte.

Quispe tenía 43 años cuando fue asesinada. Su cuerpo fue hallado por la Policía el pasado 12 de marzo, a orillas del río Orkojahuira, en La Paz.

Las pesquisas del Ministerio Público hallaron indicios de responsabilidad en dos concejales del municipio del que era autoridad: Pastor Cutili y Basilia Ramos. Las investigaciones avanzan lentamente y los familiares piden la imputación del alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca (MAS).

Antes del trágico desenlace, Quispe denunció las amenazas de muerte ante Acobol y otras entidades. Ningún medio las registró, ninguna autoridad se preocupó hasta que ya fue demasiado tarde.

Como este caso -que a la larga impulsó la aprobación de la ley contra el acoso- y el de la concejala Tudela existen muchos otros cuyas protagonistas están en peligro latente. Uno de ellos es el de Kary Middagh, máxima autoridad municipal (interina) de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.

La cruceña y su esposo se salvaron de recibir un disparo hace unos meses gracias a que el revólver del agresor no funcionó. Ella denunció a otro concejal de haber jalado el gatillo. Según su relato, su colega la siguió después de una discusión que tuvieron en una sesión.

En los últimos dos meses, una vigilia se instaló en las afueras de la Alcaldía de San Ignacio para impedir que Middagh ejerza su cargo. El caso llegó a instancias judiciales, pero no hubo intervención de la Fiscalía ni diligencias policiales.

No siempre hay una amenaza de muerte de por medio, pero las intimidaciones contra mujeres autoridades son un hecho cotidiano en todos los departamentos del país.

Acobol contabilizó 160 denuncias a nivel nacional en 2011. En el 35% de los casos, la intimidación vino de parte de otros concejales. En nueve de cada 100 se encuentra involucrado el alcalde y en el 15%, miembros del Concejo en complicidad con la máxima autoridad.

Éste es el caso de Wilma Tintaya, concejala electa por el municipio de Ixiamas, de La Paz. La autoridad es dueña de un puesto de venta en el mercado de su localidad y por ello uno de sus colegas la acusó de “mercadera”.

“Comenzó a agredirme verbalmente diciéndome que yo soy una mercadera, yo le dije que por qué me estaba hablando así (‘) y ahí ha empezado a agredirme físicamente; me ha empujado, me ha pegado, me ha tirado al suelo, me ha golpeado, me ha revolcado en el piso. Ahí estaban presentes todos los concejales y nadie hizo nada”, relató.

Por esa golpiza que recibió hace tres meses, el médico forense otorgó 15 días de baja a Tintaya, quien ahora espera que el caso sea tratado a través de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.

La violencia no discriminaLos amedrentamientos no reconocen color político ni bandera ideológica. Así sucedió en el municipio de Tarvita, en Chuquisaca.

La concejala masista Magda Haase Pérez fue obligada a presentar su renuncia presionada por el resto del Concejo, cuyos miembros también pertenecían al Movimiento Al Socialismo. La intención, según ella, es que se habilite a un suplente que haría viable la compra irregular de autos todoterreno.

Los munícipes y la autodenominada “policía sindical” de la población organizaron un cabildo y cercaron la plaza principal de Tarvita a finales del año pasado. Haase fue retenida frente a los sectores sociales oficialistas hasta que aceptó firmar su carta de renuncia.

Al día siguiente de aquella vejación fue obligada a presentar esa carta de renuncia en persona ante el Concejo para que su dimisión parezca un acto “voluntario”.

Desde entonces la ex autoridad recorre los juzgados de Sucre en busca de recuperar su cargo. Pese a sus gestiones, su caso no ha sido tipificado con la nueva ley.

Las dificultades para aplicar esta norma no sólo afectan a las víctimas de acoso y amenaza, pues tampoco es viable cuando el delito ya fue consumado. Eso ocurrió con Haase y con las difuntas Juana Quispe y Daguimar Ribera.

El caso de esta última es más reciente, sin embargo recibió mucha menos atención de parte de autoridades y medios de comunicación.

Quien fuera concejala del municipio beniano de Guayaramerín murió por tres disparos en el rostro en la madrugada del 19 de junio. Si bien existen hipótesis diversas y un detenido, el hecho tampoco se trata a través de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política.

Ideas conversó con otras cinco concejalas de municipios de Oruro, Santa Cruz y La Paz, quienes también sufrieron y sufren diferentes tipos de violencia en su contra, sin embargo las involucradas pidieron mantener sus nombres en el anonimato para evitar represalias.

Una de ellas, de Puerto Suárez, comuna cruceña con alto índice de criminalidad, relató cómo los demás concejales no le permiten el ingreso a su despacho. Desde el año pasado, las dos únicas autoridades mujeres fueron víctimas de “una serie de agresiones verbales y hasta físicas”.

Otro caso, esta vez denunciado a Acobol, es el de una concejala que relató cómo fue obligada a abandonar su cargo por parte de otras autoridades de su municipio.

“Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firme mi renuncia”, señala el testimonio. Acobol prefirió no especificar el municipio o departamento al que pertenece la mujer.

El amedrentamiento y la violencia no son las únicas vías. También hay casos en los que las autoridades municipales recurren a chicanerías judiciales para retirar a las concejalas de sus cargos.

Así sucedió con Beatriz Parihuana Copa, del municipio paceño de Chulumani. La concejala fue elegida presidenta al inicio de la gestión, pero cuando convocaba a sesiones los concejales no se presentaban.

En marzo tuvo problemas de salud que le obligaron a solicitar un permiso temporal. A pesar de esto, los concejales le iniciaron un proceso administrativo por abandono de sus funciones y hasta ahora no la dejan sesionar.

Distinta es la situación de Gladys Viaña Moreno, quien fue obligada a renunciar a la presidencia del Concejo en San Ignacio de Moxos, Beni. Ella denuncia que fue presionada por una organización indígena y una autoridad de Gobierno.

Diversos motivos, las mismas víctimas

Oficialismo lamenta que la ley aún no dé resultados

El Movimiento Al Socialismo lamenta que la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia la Mujer todavía no frene los casos de amedrentamiento e intimidación hacia autoridades públicas, sin embargo destaca la implementación inicial de este instrumento legal.

La diputada Betty Tejada manifestó que si bien la norma todavía no se aplica en todas las instancias estatales, ya es un instrumento para frenar el fenómeno del acoso.

“Hay un importante avance. La Ley contra la Violencia es una herramienta que nos sirve a las mujeres. Lamentablemente aún no se la está ejecutando como quisiéramos. Ha habido casos que se han hecho públicos de agresiones a mujeres y no se ha hecho nada. Lo importante es que ahí está la herramienta, tiene que haber un proceso en el cual las funcionarias nos apropiemos de esta legislación. Es un gran avance”, respondió la autoridad consultada por Ideas  sobre los casos que se presentaron durante los últimos meses.

Tejada indicó que se deberá socializar la Ley contra el Acoso entre las autoridades y en las instituciones judiciales, como el Ministerio Público, para que la norma sea aplicada. 

El fenómeno del amedrentamiento político a las mujeres  es permanente y el acoso viene desde los partidos políticos, complejo mediático y movimientos sociales, indicó Coty Cauna, presidenta de la Asociación de Concejalas de La Paz.

“Se utilizan los medios de comunicación y relaciones de poder para difundir difamaciones como forma de hacer renunciar a muchas concejalas y a mujeres autoridades. Las denuncias falsas van siendo difundidas en la sociedad, en ampliados con organizaciones sociales y se genera una situación complicada. Muchas mujeres en el país, por la falta de respaldo ante este tipo de situación, terminan renunciando por miedo. Se hieren sus dignidades, se violan sus derechos”, diagnosticó.

Boris Miranda Espinoza

“Se utilizan los medios de comunicación y relaciones de poder para difundir difamaciones como forma de hacer renunciar a muchas concejalas y a mujeres autoridades. Las denuncias falsas van siendo difundidas en la sociedad”.

Algunos testimonios

Kary MiddagH

Concejala de San Ignacio

Yo tuve un problema al interior del Concejo, por observar algo que no estaba correcto. Tuvimos una discusión con un concejal. Cuando salimos, el concejal me siguió con un arma de fuego. Insultándome con palabras irreproducibles. Gracias a Dios mi esposo estaba presente. El concejal le apuntó a mi esposo y por suerte no reventó la bala en el pecho de mi esposo. (‘) Nos quiso matar a mi esposo y a mí en plena vía pública. Nunca pensé vivir eso.

Vilma Tintaya

Concejala de Ixiamas

Comenzó a agredirme verbalmente diciéndome que yo soy una “mercadera”; yo le dije que por qué me estaba hablando así (‘) y ahí ha empezado a agredirme físicamente; me ha empujado y me ha pegado, me ha tirado al suelo, me ha revolcado en el piso. Ahí estaban los cinco concejales y ha empezado a agredirme verbalmente y físicamente y estaban presentes todos los concejales y nadie hizo nada. No podía creer eso.

Mónica Tudela

Concejala Puerto Quijarro

Estoy peleando sola contra cinco concejales y el entorno del alcalde; yo sólo quiero proteger los bienes del Estado y por eso estoy siendo perseguida y me amenazaron de muerte. Por eso pido garantías, frente a estas cinco autoridades corruptas, porque incluso el fiscal levantó un allanamiento que se tenía que realizar en Puerto Quijarro. A pesar de que la demanda la presentó el 18 de julio en el Ministerio Público, hasta la fecha no han actuado.

Magda Haase

Ex concejala de Tarvita

Hubo un cabildo desde las 8:00, rodeado por la policía sindical. Los otros concejales me dijeron que ya estaba todo planeado y yo tenía que renunciar. Nos bajaron a la plaza que estaba cercada. Yo lloraba, toda la tarde. Nos tenían ahí parados. Soltaron dinamitas, petardos. En la testera con micrófonos empezaron a pedir la renuncia. A las tres de la mañana recién acepté firmar y no querían dejarme ir. Querían que lleve mi carta en la mañana.

Reportaje multimedia y en serie

Testimonios. Los testimonios de las autoridades que sufrieron amenazas de muerte, intimidaciones, presiones o alguna clase de amedrentamiento se encuentran en http://www.paginasiete.bo

Caso Quispe. También están disponibles denuncias por amenazas que hizo la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, meses antes de ser asesinada.

Videos Imágenes y filmaciones de los casos de violencia y acoso político, además de entrevistas a representantes de organizaciones de mujeres están disponibles en YouTube y en las redes sociales (Facebook y Twitter) de Página Siete.

Datos Estadísticas sobre los casos de violencia a mujeres en cargos públicos, opiniones y análisis de autoridades y especialistas se publicarán en los siguientes días.

Fuente: Página Siete