Caso Ostreicher. Red de extorsión salpica a exministros y funcionarios. El Ministro de Gobierno dice que seguirá los casos atendidos por Fernando Rivera, exasesor legal de su despacho. Las pérdidas del estadounidense Ostreicher llegarían a $us 44 millones.
El exfiscal cruceño Isabelino Gómez es llamado a declarar y hablan de convocar a exautoridades de Gobierno y Presidencia con los que trabajaban los funcionarios Rivera y Antezana.
Romero no descarta que la red haya extorsionado en otros casos
El Ministro de Gobierno dice que seguirá los casos atendidos por Fernando Rivera, exasesor legal de su despacho. Las pérdidas de Ostreicher llegarían a $us 44 millones
Info red de corrupción.
La Razón / Santa Cruz.- El Ejecutivo no descarta que la red de corrupción y extorsión desarticulada en dos ministerios haya contaminado a otros procesos penales en los que Fernando Rivera, detenido el martes, cumplía la función de asesor legal del Ministerio de Gobierno.
El titular de esta cartera de Estado, Carlos Romero, se trasladó ayer a la capital oriental donde se investiga a la red de corrupción y extorsión que estaba incrustada en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Esta banda fue descubierta esta semana, durante la investigación abierta al estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, ya que habría vendido los bienes confiscados al extranjero y le habría extorsionado para que obtenga libertad condicional.
Romero se comprometió a hacer un seguimiento a todos los casos en los que Rivera —uno de los ocho detenidos de la red— fungía como representante gubernamental, pero evitó profundizar en los mismos por tareas de investigación.
Al referirse al caso Terrorismo que se trata en Tarija, uno de los que Rivera atendía, indicó que con otros abogados seguirá el juicio. “Si en este caso u otro proceso hay algún hecho de extorsión, amenazas o presiones ejercidas desde la red desbaratada, estamos prestos para coadyuvar en el esclarecimiento de los mismos”, agregó.
Según la autoridad, ahora no se puede precisar la cantidad de personas involucradas en esta red de corrupción. “Habrá que establecer en el curso de las indagaciones si hay la participación de gente vinculada al Órgano Judicial, Ministerio Público o aparecen más funcionarios del Ministerio de Gobierno”, declaró.
Pérdidas. Las pérdidas económicas por el curso que tuvieron los bienes incautados a Ostreicher llegan a $us 44 millones, entre los que están incluidos alrededor de $us 27 millones que trajo de inversión y las utilidades, según uno de los abogados defensores del extranjero, Jerjes Justiniano (hijo).
Tras la desarticulación de la red de corrupción y extorsión, la defensa de Ostreicher adelanta que la primera fase de su trabajo será sacarlo del penal de Palmasola y demostrar la inocencia de los cargos que pesan en su contra.
La segunda etapa del proceso, añadió Justiniano, estará enfocada a recuperar los bienes que les fueron decomisados al extranjero, entre 20 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado. Habla también de una demanda penal contra personeros de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) para la reposición de los activos. El exjuez Fernando Orellana admitió que autorizó la venta de los bienes “perecibles” a la Dircabi, pero no se responsabilizó del proceso de comercialización.
Tras los últimos acontecimientos y 18 meses de detención preventiva en Palmasola, Ostreicher dijo sentirse “un poco más tranquilo”, reportó la agencia ABI. Tras la desarticulación de la red de extorsión, la defensa espera que la situación jurídica de Ostreicher pueda mejorar porque ya no habrá presiones de la banda a los administradores de justicia, lo que permitirá recuperar su libertad en la próxima audiencia de medidas cautelares que aún no tiene fecha.
El juicio y cómo se lo indagó
Inicio
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que la visita de José Antezana Pinaya, entonces exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, a Jacob Ostreicher permitió avanzar con la investigación para desarticular la red de corrupción y extorsión de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.
Despido
Romero indicó que otra acción para descubrir a la banda fue el alejamiento del Ministerio de Gobierno del exasesor jurídico Dennis Rodas, como una estrategia para hacer el seguimiento de los otros miembros de la red.
Sean Penn
Ostreicher declaró a la Red Uno que tras la visita del actor Sean Penn, a inicios de noviembre, los periodistas hicieron seguimiento a su caso. El Ministro de Gobierno dijo que abordó este caso con Penn, según un reporte de ANF.
El juez Zubieta convoca a audiencia cautelar
El juez 6° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, convocó para hoy a la audiencia de medidas cautelares para los detenidos en el caso de la red de corrupción y extorsión ligada al proceso en contra de Jacob Ostreicher. “Como es mi obligación, y dentro de las 24 horas que señala el artículo 226 del procedimiento penal, se ha señalado audiencia para mañana (jueves) a las 10.00. Son cinco las personas imputadas, de las que cuatro están pidiendo detención preventiva y de una medidas sustitutivas”, declaró el juez a la Red ATB en Santa Cruz.
La autoridad indicó que la solicitud de audiencia la recibió a partir del mediodía y por eso fijó el desarrollo de la misma para mañana. El martes, la jueza 5ª de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores, se excusó de este caso.
El exfiscal Gómez dice que irá a declarar
El exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, fue citado para hoy por sus excolegas cruceños que investigan a la presunta red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos de los ministerios de Gobierno y la Presidencia, conjuntamente a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bie-nes Incautados (Dircabi).
La exautoridad aseguró que se presentará a declarar en la ciudad de Santa Cruz, donde, dijo, demostrará que no cometió ningún tipo de irregularidad. Versiones dan cuenta de que Gómez habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez para que deje sin efecto la cesación de detención del estadounidense Jacob Ostreicher.
Asistencia. “Ahí voy a prestar mi declaración informativa, en calidad de testigo, ya se me ha comunicado por vía telefónica y ahí voy a aclarar los hechos. Voy a prestar la declaración y seguramente iremos a contrastar los hechos con realidad, lo que corresponde es presentarse como cualquier ciudadano”, precisó Gómez. El fiscal anticorrupción Ángel Álvarez confirmó que además será citado el abogado Abraham Quiroga (que asistió al exministro Sacha Llorenti) y el exjuez Fernando Orellana.
Red de extorsión salpica a exministros de 7 gestiones
El caso Ostreicher mueve cimientos de dos ministerios.
Escándalo. El exfiscal cruceño Isabelino Gómez es llamado a declarar y hablan de convocar a exautoridades de Gobierno y Presidencia con los que trabajaban Rivera y Antezana.
EL DÍA, Santa Cruz.- La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardío y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida en La Paz y Santa Cruz.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió ayer que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.
"Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica", dijo.
"Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de la red Erbol.
Convocar a exministros. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sugirió que la red de extorsión y corrupción de funcionarios del Gobierno de Evo Morales no solo habría cometido sus ilícitos con el empresario Jacob Ostreicher sino en otros casos.
La autoridad de Gobierno brindó una entrevista a la red ATB en la que describió que la banda conformada por funcionarios del Ministerio de Gobierno, de la Presidencia, Dirección de Registro y Control y Administración Bienes Incautados (Dircabi) y según Quintana incluso participaban jueces y fiscales.
Quintana reveló que cuando se desarrollaron esas acciones irregulares, Sacha Llorentty se desempeñaba como ministro de Gobierno y dijo que “si fuera necesario” se lo convocará con fines informativos.
Reacciones, audiencia y declaraciones . Ayer el juez Fernando Orellana se presentó a declarar a la Fiscalía para defender su fallo de remate de 20 mil toneladas de arroz.
En La Paz el exfiscal de distrito, Isabelino Gómez, anunció que se presentará a declarar por el caso. Es acusado de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que revoque un fallo de libertad en favor de Ostreicher.
Los siete detenidos del caso, entre ellos los dos asesores legales, Rivera y Manuel Antezana, serán presentados hoy a una audiencia cautelar ante el juez Juan José Subieta.
"Deben declarar Isabelino Gómez y los fiscales Roberto Echalar y Janeth Velarde. Ellos presionaron al juez Zenón Rodríguez para que revoque su fallo de libertad de Ostreicher".
Jerjes Justiniano
Abogado de Ostreicher
Recuento
Los diez casos más sonados en la era Evo
1. Visas Chinas. En el 2006 se denunció la falsificación de esos documentos e implicó a los senadores del MAS, Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.
2. ‘Dolce vita de ministro’. Fotografiaron al ministro de aguas, Abel Mamani con su representante legal en Europa.
3. 33 camiones de contrabando. En el 2008 pasaron la frontera por Pando.
4. Santos Ramírez. Era jefe de YPFB y cae el 27 de enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O’Connor que destapó el mayor escándalo de corrupción en esa institución.
5. Aduana. Descubren sobresueldos, viajes, contratos irregulares, en el 2010.
6. Caso Lotex. Una ministra fue destituida por otorgar permiso a la lotería.
7. Extorsión a menonitas. En el 2010 cayó un viceministro de Gobierno.
8. Vías Bolivia. Vendieron boletas de peajes sin enumeración.
9. Planta de separación de líquidos. En junio de 2012, descubren irregularidades en la adjudicación. Gerson Rojas el exgerente cae detenido.
10. Caso Ostreicher. Hay corrupción y extorsión.
Cívicos
‘Que denuncien a los jinetes de la corrupción’
El vicepresidente cívico de Santa Cruz, Luis Alberto Áñez, aplaudió ayer la decisión del ministro de Gobierno Carlos Romero, que destituyó y mandó apresar al abogado Fernando Rivera, asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, quien participó de un acto de extorsión y chantaje a Jacob Ostreicher.
“Esta limpieza moral, que incluye haber destituido y apresado a otros abogados como Dennis Rodas también del Ministerio de Gobierno y Manuel Antezana del Ministerio de la Presidencia, son una señal de que se quiere – por fin- librar al país del abuso, del chantaje y de la extorsión de estos altos funcionarios, quienes aprovechando su autoridad presionaron a jueces y fiscales con el único fin de llenar sus bolsillos de dinero”, dijo.
Áñez dijo que conoce que más de una familia, las madres, esposas e hijos de los presos y perseguidos políticos del caso Rózsa, del caso Porvenir, del caso Chaparina, del caso Ostreicher y varios otros, han sido víctimas de estos malos abogados que abusando de su poder y su investidura, amedrentaron, chantajearon, extorsionaron y cobraron millonarias sumas de dinero a cambio de la manipulación, amenazas y hostigamiento a los jueces y fiscales que estaban en su mira.
Indicó que personalmente recibirá las denuncias contra los "jinetes de la corrupción" que presionaron a jueces y fiscales por algún fallo.
Investigan más casos que involucran a red
SURGEN OTRAS DENUNCIAS CONTRA LOS EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO QUE EXTORSIONARON A ESTADOUNIDENSE.
Los Tiempos – 29/11/2012
Nuevas denuncias de extorsión que involucran a la presunta red de corrupción integrada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, se dieron a conocer ayer y en las que se identifica como responsable al exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivero, aprehendido el martes por el caso de extorsión al empresario estadounidense Jabob Ostreicher.
Además de los siete aprehendidos el lunes y martes pasado, por este caso, habrían más implicados, razón por la cual el Ministerio Público amplió las indagaciones al exjuez Fernando Orellana, al exasesor del Ministerio de Gobierno Abraham Quiroga y el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gomez, informó ayer el fiscal anticorrupción, Ángel Álvarez.
Según la información, Gómez tuvo actuaciones detrás de los abogados claves del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, habría presionado y realizado una supuesta amenaza al juez Zenón Rodríguez para que deje sin efecto la cesación de detención planteada por la defensa de Ostreicher.
Gómez, citado para hoy a declarar, aseguró que se presentará y que la citación es en calidad de testigo. Dijo que demostrará que no cometió ningún tipo de irregularidades.
Para las 10:00 de hoy, está fijada la audiencia de medidas cautelares para cinco de los siete aprehendidos entre el lunes y martes pasados y remitidos por la Fiscalía, imputados por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros delitos.
La red de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y medio a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que Rivera trabajaba hace cinco años como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno. “Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica”, dijo.
Fernando Rivera, según datos del ministro Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, quienes tuvieron activa participación en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, teniente Julio Navia y otros.
La madre del teniente Julio Navia, preso por narcotráfico en Chonchocoro, denunció que el abogado Rivera le pidió 35.000 dólares para conseguir el traslado del inculpado al penal de Palmasola.
Los familiares de “Vinchita”, un delincuente que fue muerto este año por 60 puñaladas en Chonchocoro, también precisaron que se les pidió 15.000 dólares para su traslado a la cárcel de Santa Cruz.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, reveló a medios televisivos que se denunció que Rivera y su equipo realizaron otras extorsiones que serán investigadas.
Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder especial representaban al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos.
Mientras que José Manuel Antezana se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Óscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Quintana (2012).
“Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales”, sostuvo Romero.
Piden renuncia de Romero
Tras la desarticulación de una red de corrupción y extorsión conformada por ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y la Presidencia la oposición solicitó a Carlos Romero y a Juan Ramón Quintana someterse a las investigaciones como ciudadanos comunes y dejar su cargo por ética y transparencia a fin de no recibir el proteccionismo del gobierno central.
La bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), solicitó al presidente Evo Morales alejar a los dos ministros en cuestión para que los hechos corrupción en torno al destino de más de 300 quintales de arroz incautados tras la aprehensión del ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, sean esclarecidos y no queden en la impunidad.
“Los hechos de corrupción a partir de la administración del Estado deben ser sancionados (…) consideramos oportuno que las cabezas de estos ministerios deben ser parte de la investigación y un requisito fundamental para que exista una investigación transparente sin manoseo político”, dijo Alex Orosco, diputado por CN.
OTROS CASOS
Entre los casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso. Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político y era de conocimiento de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del año pasado por presunto secuestro del canciller David Choquehuanca, acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno.
Detienen a funcionarios implicados en red
La red incrustada en el Órgano Ejecutivo presuntamente recaudó 10.000 dólares por la venta irregular del arroz incautado al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher y, por otro, pidió 50.000 dólares a cambio de una decisión judicial que lo deje en libertad.
Entre los 14 acusados hay dos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, un director del Ministerio de la Presidencia, un juez, otro jurista que se hacía pasar por empleado estatal y seis exfuncionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló ayer en La Paz que los casos se investigaron hace tres meses.
Fuentes revelaron a El Deber que ambos hechos son sólo la punta del ovillo, porque se trata de una megarred conformada por consorcios de juristas que “dicen ser representantes del Gobierno”, de fiscales y de posiblemente jueces.
Citan a exfiscal de Distrito de Santa Cruz
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz amplió la investigación. El fiscal anticorrupción Ángel Álvarez confirmó que será citado el exfiscal de distrito Isabelino Gómez; el abogado Abraham Quiroga (que durante un tiempo asistió al exministro de Gobierno Sacha Llorenti); el exjuez y asesor legal del Consejo de la Judicatura en Sucre Fernando Orellana, y otros.
Según la información, Gómez tuvo actuaciones detrás de los abogados claves del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas. Rivera, que llevaba el caso Rósza, fue detenido ayer en Tarija tras declararse un cuarto intermedio en ese juicio por presunto terrorismo. La detención causó sorpresa, pues ni Rivera conocía las razones.
Por otro lado, se conoce que el exjuez Orellana emitió una resolución sobre el destino de las 20.000 toneladas del arroz incautado al estadounidense.
Delgado y Romero superan impasse
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, dieron ayer por superado el impasse que tuvieron por el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes.
Ambas autoridades habrían limado sus asperezas en una reunión, realizada la tarde de ayer, convocada por el vicepresidente Álvaro García Linera, de la que también participaron el Ministro de la Presidencia, la Presidenta del Senado y los jefes de bancada del oficialismo en Diputados y Senadores, en el Legislativo.
A la conclusión de esa reunión, Delgado informó escuetamente que el de la ley “es un tema que lo hemos resuelto”. “Vamos a dar un compás de espera, es todo lo que puedo decir”, complementó. El presidente de la bancada oficialista en Diputados, Roberto Rojas, dijo que la reunión posibilitó aclarar algunas “malas interpretaciones” que surgieron entre Delgado y Romero.
Evo pide no quemar instalaciones policiales
El presidente Evo Morales afirmó ayer que de acuerdo con la información recibida de los gobiernos municipales y departamentales se requiere de 400 millones de bolivianos para invertir en la construcción de una adecuada infraestructura y dotar de equipamiento a la Policía Boliviana para que brinde un servicio apropiado a la población en procura de reducir los niveles de inseguridad ciudadana.
El jefe de Estado, quien entregó el proyecto de construcción del nuevo edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Policía en la ciudad de Cobija, pidió a los movimientos sociales y a sus dirigentes no dañar ni quemar las instalaciones policiales existentes en diferentes regiones del país, como ocurrió en Potosí y Sucre.
Dijo que oficiales y policías si bien pueden cometer errores en sus labores, “no por eso se va destrozar las infraestructuras”.