Bolivia está a punto de realizar un nuevo Censo de Población y Vivienda, luego de que el mismo fuera postergado por la administración de Evo Morales.
El diseño del relevamiento, plagado de imposiciones unilaterales del gobierno, nos lleva a usar la expresión acuñada por el analista Álvaro Riveros Tejada: se trata de un Censo sin consenso.
Consideramos que un estudio tan importante, que debe arrojar una imagen de la realidad boliviana, debería haber contado con los máximos acuerdos previos en cuanto a su estructura y metodología, pero no ha sucedido así.
Primero, el Órgano Ejecutivo se empeñó en ningunear a la población mestiza del país, negando la posibilidad de incluir una categoría de autoidentificación étnica en ese sentido, violando la Declaración de Durban de las Naciones Unidas. Finalmente, aceptó registrar las respuestas de quienes se declaren mestizos, pero solamente “como anécdota”.
Después, el gobierno eliminó la pregunta sobre la religión, probablemente con el ánimo de invisibilizar las creencias cristianas ampliamente mayoritarias, para abrirle el camino al nuevo culto oficial pachamamista.
Por otra parte, varios municipios del país han elevado su queja por la cartografía a utilizarse.
La última perla autoritaria es el anuncio de que los municipios donde haya conflictos no serán censados y recibirán recursos de acuerdo al estudio poblacional del 2001, cuando perfectamente podría aplicarse un Censo diferido en esas zonas para no perjudicarlas.
De cualquier manera, y a pesar del rosario de errores gubernamentales, el Censo permitirá planificar las políticas públicas de acuerdo a una imagen algo más aproximada a la realidad, por lo que se impone participar y abrirle la puerta a los censadores…