Defensor: En Policía, Justicia y Fiscalía hay más violaciones a DDHH

El Sistema Judicial,  Ministerio Público y  Policía son las instancias donde se vulneran más los derechos humanos en Bolivia, según el informe anual 2012 del Defensor del Pueblo. 

Para el Defensor, los derechos se vulneran en tres instancias

Informe. La Policía, Sistema Judicial y Fiscalía tienen más denuncias.

image Conferencia. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, brindó su informe anual para esta gestión. Foto APG.



La Razón / La Paz

El Sistema Judicial,  Ministerio Público y  Policía son las instancias donde se vulneran más los derechos humanos, debido a la crisis que atraviesan en cuanto a transparencia, independencia y eficiencia, según el informe anual 2012 del Defensor del Pueblo. 

“La ausencia de justicia es tan peligrosa como su manipulación, politización o tergiversación y constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos. El caso denominado “red de extorsión” afecta la credibilidad de las instituciones involucradas; ministerios de Gobierno y Presidencia, la Policía y el Ministerio Público”, expresó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

En conmemoración a los 64 años del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó su informe anual 2012, donde se resalta que la crisis en la Policía, los ministerios Público y de Gobierno, así como la ausencia de sistemas y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la transparencia de instituciones públicas son causa directa de la vulneración sistemática y sostenida de derechos humanos.

Villena citó como ejemplo al caso denominado “red de extorsión”, el cual afirmó afecta la credibilidad de las instituciones involucradas, además de constituir uno de los más grandes escándalos de corrupción pública sumado al caso del exjefe antidrogas René Sanabria. “Es una señal de alerta respecto a la imperiosa necesidad de un cambio profundo de estos espacios”.

Agregó que no es menos preocupante la lentitud con que avanzan los procesos de juzgamiento de los casos Octubre Negro, Porvenir, La Calancha, Caranavi y Chaparina, que se generaron en movilizaciones sociales con saldo de muertos y heridos. Este medio trató de contactarse con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pero informaron que se encontraban ocupados.

Proceso. El respeto a los pueblos y naciones indígenas es otro punto abordado por el Defensor en su informe, pues sostiene que el mismo se constituye en la base de la construcción del nuevo Estado.

“Si esta condición no se cumple corremos el riesgo de retroceder hacia un Estado discriminador y excluyente, que termine por sentenciar la desaparición de las naciones indígenas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Villena.

No obstante, el Defensor destacó que nunca antes en la historia republicana, el Estado había promulgado tantas leyes que favorecen a los derechos humanos, sin embargo, dijo que los resultados, en términos de vulneraciones, no acompañan la eficiencia y la rapidez con que se legisla.

En cuanto a conflictos sociales, el documento indica que en 2012 existió una tendencia fuertemente vinculada a la demanda ciudadana por gozar de mejores condiciones de vida, traducida principalmente en reclamos por dotación de servicios y obras públicas, exigencias de tipo laboral salarial o relativas a la situación económica así como movilizaciones por distribución y disfrute de recursos naturales.

Villena también cuestionó las sanciones que reciben los agresores de mujeres, que a su criterio, están mediadas por toda la estructura discriminatoria de género y ello se refleja en que las medidas cautelares actúan a favor de los agresores. “El mismo sistema judicial es maltratador, patriarcal y descalificador de los testimonios de las mujeres”, aseguró.

Denuncias a entidades en este año

El Defensor registra 580 denuncias contra la Policía, 315 contra el Órgano Judicial, 294 contra el Ministerio Público. La Dirección Departamental de Educación de Oruro 267, la de La Paz, 244. El Ministerio de Educación 230 y la Alcaldía de El Alto, 221.