Extorsión. Fiscal general pide no politizar el caso; Gómez tiene otras 3 causas penales

El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero cree que no es buena idea conformar una comisión en el Legislativo y deja todo en manos de jueces y fiscales.

La exautoridad tiene otras tres causas penales

Es investigado por extorsión, uso indebido de influencias y cohecho.

imageEl momento en que la ex autoridad judicial llega a la Fiscalía cruceña para declarar en el caso Ostreicher



El Deber

El ex hombre fuerte del Ministerio Público en Santa Cruz, Isabelino Gómez, está siendo procesado en tres casos diferentes, sin que hasta el momento tengan una conexión jurídica entre ellos.

Gómez es investigado por desobediencia a resoluciones judiciales y amparos, cohecho y extorsión y uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, esta última acusación vinculada al caso del estadounidense Jacob Ostreicher.

Olvis Égüez, uno de los fiscales que están llevando adelante las pesquisas de la supuesta red de extorsionadores, indicó que más de una docena de personas, entre sindicados, presuntos cómplices, testigos y supuestas víctimas de extorsión, ya dieron sus versiones ante la comisión de fiscales.

Ayer poco después de las 18:00, Gómez se presentó ante la comisión del Ministerio Público para responder por el caso Ostreicher. Pasada las 23:00 seguía declarando.

Reo denuncia

Crescencio Pinto, detenido preventivamente en el penal de Palmasola acusado de violación y trata de personas con fines de explotación sexual, ratificó que el exfiscal Gómez le pidió a mediados de este año $us 500.000 y una vagoneta a cambio de su libertad condicional.

“Isabelino me pidió a través de Guillermo Menacho y Rosario Espada el dinero y que pusiera a nombre de una tercera persona mi vagoneta”, cosa que el no hizo, señaló ayer Pinto, por teléfono a EL DEBER, gestionado por su abogado Roberto Parada.

El reo dijo que el video donde se ve a dos abogados pidiendo dinero y en el que se menciona a Gómez, fue grabado por su hija Sonia 

LA SITUACIÓN DE GÓMEZ  

Declaraciones ante comisión

Uno de los fiscales dijo que al menos una docena de personas han declarado ante la comisión

Confirma supuesta extorsión

Crescencio Pinto, detenido en Palmasola, aseguró ayer que el exfiscal trató de extorsionarlo.

Fiscal general pide no politizar el caso

Cree que no es buena idea conformar una comisión en el Legislativo y deja todo en manos de jueces y fiscales.

El Deber

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidió ayer no politizar la investigación sobre la red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos que operaba en el país con extensiones en el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

El fiscal respondió así a la sugerencia de la oposición de crear una comisión legislativa que coadyuve en la investigación de la red de extorsión y corrupción, según la agencia ABI.

"Hay que trabajar de manera objetiva, no se puede politizar y no se puede buscar otro tipo de réditos, sino la investigación tiene que ser objetiva; si hay fiscales, si hay jueces, si hay funcionarios o ciudadanos involucrados en esto (la red) tendrán que ser sometidos (a la justicia), yo lo que pido es que no hay que politizar", manifestó tras brindar un informe a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

Imputación

El Ministerio Público imputó formalmente por legitimación de ganancias ilícitas a Pedro Cresencio Pinto Costas, quien el año pasado se salvó de esa situación. En 2011 la fiscal Margoth Vargas, que lo acusó de violación, requirió su procesamiento por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en diciembre de ese año, esa investigación fue rechazada por el fiscal Adán Arteaga cuando se desempeñaba como fiscal de Distrito Isabelino Gómez.

Pinto, según la Policía, es dueño de la empresa Comercial Amboró con más de 120 propiedades en Santa Cruz por un valor superior a $us 500.000 cada una. 

En noviembre de este año, el fiscal Mario Mercado imputó a Pinto, recluido en Palmasola. Se fijará hora y fecha para su audiencia.

El acusado aparece en un video en el que se habla de tráfico de influencias por parte de algunas autoridades