La prensa de Bolivia vivió su peor año en democracia

La prensa independiente boliviana es considerada por el presidente Evo Morales como “la única oposición” a su Gobierno. Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), durante 2012 se registraron 15 agresiones físicas, 14 amenazas verbales, un atentado contra un radialista y una demanda judicial contra tres medios.

La Paz, 30 Dic. (ANF) – Considerada por el presidente Evo Morales como “la única oposición” a su Gobierno, la prensa independiente boliviana vivió durante 2012 su peor año en democracia, con tres medios acusados judicialmente, agresiones físicas a periodistas y una abierta hostilidad de parte del oficialismo.

Los 14 adjetivos calificativos que le dedicaron dos ministros a la Agencia de Noticias Fides (ANF) con motivo del “caso de los flojos y la flojera”, son una muestra de la animadversión de muchos funcionarios gubernamentales hacia la prensa independiente, teniendo en cuenta que ninguna autoridad utilizó tal lenguaje para referirse ni siquiera a los protagonistas de hechos delincuenciales y escándalos de corrupción ocurridos durante la presente gestión.



Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), durante 2012 se registraron 15 agresiones físicas, 14 amenazas verbales, un atentado, el perpetrado contra el director de radio Popular, Fernando Vidal, en la localidad fronteriza de Yacuiba, además de la demanda judicial contra tres medios.

Ha sido precisamente la demanda contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), “Página Siete” y “El Diario” una de las agresiones más significativas contra la libertad de prensa en democracia.

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En oficinas de la Fiscalía de La Paz, el director de ANF, José Gramunt, presta su declaración el pasado mes de octubre. Foto archivo La Razón

La imagen del padre Gramunt de Moragas, maestro de varias generaciones de periodistas, ante la fiscal Claudia Pasten, dio la vuelta al mundo como en una figura emblemática de la defensa de la libertad de expresión.

Fundador y director de ANF desde hace 49 años, Premio Libertad y Premio Nacional de Periodismo, el sacerdote jesuita de 90 años de edad reiteró el 29 de octubre pasado ante la fiscalía que la agencia no cometió “ni error ni delito” en el caso que le endilga el Gobierno de Evo Morales por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”.

El gobierno acusa a la agencia Fides y a los diarios “Página Siete” y “El Diario” de haber “tergiversado” en sus titulares el discurso que pronunció el presidente Morales el 15 de agosto pasado en Tiahuanacu, en el que el mandatario afirmó que a, diferencia de la región altiplánica, donde las condiciones climáticas son poco propicias para la agricultura, el oriente boliviano produce todo el año y “sólo por flojos (los cruceños) podemos hambrear”.

Las palabras del mandatario provocaron enérgicas protestas en el departamento oriental de Santa Cruz, tradicionalmente opositor al régimen. El Gobierno responsabilizó a Fides de las protestas por haber sustituido el adjetivo “flojo” por el sustantivo “flojera” en el titular de su información, aunque transcribió el párrafo polémico completo en el texto y utilizó en el título el condicional empleado por Morales para referirse a la cruceños que pasan hambre: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”, tituló ANF.

Los ministros de Comunicación y Gobierno, Amanda Dávila y Carlos Romero, respectivamente, acusaron a ANF de haber difundido una versión con “sentido malicioso, tendencioso y provocador” y de realizar “una campaña claramente dirigida a debilitar la imagen del presidente, basada en mentiras, en calumnias”. Finalmente, el abogado de la Presidencia acusó a los tres medios de buscar “un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos” y “poner en peligro la unidad del Estado”.

ANF transmitió la noticia horas después de que se produjeran las protestas en Santa Cruz y difundió el polémico párrafo precisamente para explicar la causa del malestar, ya que el discurso había sido transmitido en vivo por el canal oficial y retransmitido casi inmediatamente por otras estaciones.

El “caso de los flojos y la flojera” provocó una gran polémica, en la que intervino hasta el director de la Academia de la Lengua, Mario Frías Infante, para señalar que flojo deriva de flojera y que el sustantivo es incluso “menos duro” que el adjetivo. La prensa nacional ha publicado casi un centenar de editoriales y artículos de opinión sobre el tema, en los que se respalda unánimemente a los medios procesados.

El Observatorio Nacional de Medios (Onadem) de la Fundación UNIR, una institución independiente de gran prestigio académico, emitió un fallo inapelable: “La interpretación periodística de las expresiones del presidente presente en la nota informativa de la agencia Fides no supuso distorsión, tergiversación o incitación al racismo”.

Onadem sostiene su conclusión tanto en el análisis del titular que motivó la demanda como en la Constitución, que consagra la libertad de expresión y la libre interpretación, análisis y comunicación de la información. Pero, además, en la Ley de Imprenta.

José Gramunt y los directores de “Página Siete” y “El Diario”, Raúl Peñaranda y Jorge Carrasco, respectivamente, sostienen que no han cometido delito, pero al mismo tiempo rechazan la jurisdicción de la justicia ordinaria y, en todo caso, reclaman la aplicación de la Ley de Imprenta.

Ni los alegatos de los acusados ni las razones que esgrimen sus defensores han sido tomados en cuenta hasta ahora por el Gobierno. Cuando el abogado de la Presidencia presentó la demanda, los tres medios ya habían sido virtualmente condenados por varios funcionarios gubernamentales y el propio presidente Morales, quien ha dicho en varias ocasiones que la prensa independiente es la “única oposición” a su gobierno.

El “caso de los flojos y la flojera” no es el único en la escalada del oficialismo contra la prensa independiente, a la que el Gobierno acusa de servir a intereses “derechistas” y “neoliberales”, una escalada que va desde las agresiones verbales, como las acusaciones formuladas por el vicepresidente Álvaro García Linera contra los directivos de “Página Siete”, hasta medidas de presión, como el proyecto de Ley de Seguro Privado de Vida para los trabajadores de la prensa, cuyo objetivo central, según las asociaciones de prensa, no es tanto beneficiar a los periodistas cuanto acosar a los medios independientes.

Mientras tanto, permanecen impunes atentados como el perpetrado el 29 de octubre pasado contra el radialista Fernando Vidal en la ciudad de Yacuiba, donde un grupo de sicarios intentó quemarlo vivo. Vidal acusa del hecho a elementos vinculados al masismo.

Otros tres periodistas, los hermanos Víctor Hugo y Verónica Peñasco, y Eugenio Aduviri, fallecieron por acción de bandas del crimen organizado que operan en El Alto y La Paz.

“Un año de dificultades, amenazas y de incertidumbre por la constante estigmatización de parte de las altas esferas del Gobierno”, resumió el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo.