El gobierno de Evo Morales tiene listo un proyecto de nueva Ley de Servicios Financieros que impone el intervencionismo estatal sobre el sistema bancario, incluyendo la fijación de las tasas de interés por decreto supremo y el control político sobre el crédito.El diputado Javier Leigue (CN), integrante de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, opina que el proyecto oficialista es “extremadamente largo” (tiene 548 artículos), “desorganizado” (incluye normas que serían más propias de una Ley Marco del Sistema Económico) e “inconsulto”, ya que sólo fue presentado a los actores del ámbito financiero luego de ser aprobado por el gabinete ministerial.De acuerdo al parlamentario, hay tres grandes observaciones para cuestionar la iniciativa:1)Desprotege al ahorrista. Según Leigue, ningún artículo de la nueva Ley proyectada garantiza la devolución de los ahorros de los ciudadanos. “Son 6 a 7 millones de ahorristas con cuentas en las entidades financieras de Bolivia que no tendrán una garantía legal”, comenta.2)Instaura el intervencionismo. El Ministro de Hacienda decidirá las tasas de cambio y el destino del crédito, en el marco de una amplia discrecionalidad.3)Implementa la competencia desleal. El banco público (Banco Unión) competiría con reglas privilegiadas. El diputado opositor considera que se presionará a los proveedores y contratistas del Estado para que operen sólo a través de esa entidad.Lo cierto es que, en medio del creciente dirigismo estatal de los últimos años, el sistema bancario se había salvado de la larga mano de la burocracia gubernamental, situación que podría cambiar, con el obvio corolario de distorsión de los mercados financieros, clientelismo, corrupción e incertidumbre…[email protected]