Injerencia. Los agentes del Gobierno se camuflaron de aborígenes para provocar disturbios y acusar a los indígenas en la octava marcha por la defensa del TIPNIS, según reveló la abogada del MSM. El ministro Quintana dijo que hacían labor de prevención.
Denuncian a 15 infiltrados en la marcha indígena
EL MSM DICE QUE HUBO ESPIONAJE. El MAS ve que la justicia ordinaria debe juzgar a Chávez, Nuni y Vargas.
A la izquierda, una mujer que fue subida por la Policía a un jeep verde petróleo de Inteligencia durante la represión de 2011.
EL DEBER, Santa Cruz
Surgen nuevas versiones sobre infiltración policial en la octava marcha indígena. La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció ayer que hubo al menos 15 infiltrados en la movilización de defensa del Tipnis.
Camacho aseguró que hay indicios y que la cabo de Policía Angélica Cáceres fue solo una de las infiltradas, por lo que instó a la Fiscalía a investigar la denuncia dentro del caso Chaparina, proceso que lleva casi dos años y no tiene avance.
Sin embargo, Camacho no ha detallado cuál es el sustento de sus acusaciones. La Policía instruyó una investigación sobre la participación de agentes entre agosto y octubre de 2011.
El MAS apoya aprehensión
El abogado y diputado del MAS Héctor Arce salió al paso a justificar la orden de aprehensión dictada por el Ministerio Público de Beni en contra de los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, a raíz del enfrentamiento ocurrido en el Tipnis el 20 de junio, donde se castigó y expulsó al líder de Conisur, Gumercindo Pradel.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que la competencia del juzgamiento de los dirigentes debe ser definida por “instancias competentes”, ya sea el juzgado ante el cual se tramita la incompetencia o los tribunales de garantías.
Sobre el tema, el jefe del MSM, Juan del Granado, aseguró que la justicia aplica la ‘ley del embudo’ a los originarios, porque actúa con celeridad para ordenar el arresto de los tres dirigentes originarios, pero lleva meses sin esclarecer el caso Chaparina.Ç
Encubiertos
un ‘secuestro’ vigilado
La cabo Angélica Cáceres se infiltró el 24 de septiembre de 2011 en el ‘secuestro’ del canciller David Choquehuanca.
un tratamiento especial
Imágenes de televisión revelan que durante la represión algunos ‘marchistas’ recibieron un trato especial de la Policía
Denuncian 15 infiltrados en VIII marcha indígena
Abogada del MSM hace esas revelaciones. Injerencia. Los agentes del Gobierno se camuflaron de aborígenes para provocar disturbios y acusar a los indígenas.
EL DÍA
Ref. Fotografia: Infiltrada. Así aparece la mujer policía al lado del canciller David Choquehuanca en la XVII marcha.
La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció ayer que hubo un total de 15 infiltrados en la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
En entrevista con Cadena A, la jurista dijo que la cabo de policía, Angélica Dayana Cáceres Ramírez, es solo una de las infiltradas en esta marcha, por lo que instó a que estas acciones puedan ser investigadas por el Ministerio Público.
"El infiltramiento realizado no solamente ha sido por parte de la cabo Dayana Cáceres, estamos hablando de 15 personas denominadas agentes provocadores que han ingresado a la marcha y que tenían como único objetivo dar a conocer al Ministerio de Gobierno cuáles eran las acciones, la planificación de todo el desarrollo de la marcha para que sucesivamente pudieran llegar a la represión", denunció la abogada.
La pasada semana se conoció una denuncia de la dirigencia indígena del Tipnis que hace alusión a la cabo Cáceres, quien habría participado como una indígena infiltrada en la VIII marcha y habría sido, denuncian, la que agredió al canciller David Choquehuanca, día antes de la intervención policial, acaecida el 25 de septiembre de 2011.
Tras conocerse la noticia, el comandante de la Policía, general Alberto Aracena, confirmó que Cáceres fue reconocida por su labor desempeñada en esta movilización. No obstante, anunció que la aludida sería investigada por la Inspectoría General de la Policía.
Hay culpables. A criterio del líder del MSM, Juan del Granado, este hecho es una prueba más de que el principal responsable por la intervención a la VIII marcha es el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorentty por encargo de altas autoridades de gobierno.
Video muestra a la infiltrada y Boris Villegas. Asimismo, un video difundido ayer muestra a la policía infiltrada al lado del canciller Choquehuanca, el 21 de septiembre del 2011 y más adelante al entonces abogado del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, ahora detenido por el caso extorsión y quien ha revelado que actuaba por órdenes de un gabinete jurídico que planificaba todo desde el Palacio de Gobierno, especialmente los procesos contra los líderes opositores al actual régimen.
Órdenes vigentes. Mientras tanto en el Beni, la fiscal Willma Blazz aseguró que hará cumplir la ley y sancionará a los responsables de las agresiones que propinaron a Pradel en el Tipnis y consideró que se está haciendo mucho show por los medios de comunicación social.
Pradel desconoce la justicia comunitaria. Por otro lado, el cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del Tipnis, Gumercindo Pradel, desconoció la justicia indígena originaria y denunció que solo intentaron asesinarlo, pero el dirigente Fernando Vargas señaló que los habitantes de la zona ecológica decidieron castigar con chicotazos a un indígena del pueblo yuracaré y que esta forma de justicia está enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE) y que por lo tanto no cometieron ningún delito.
"Gumercindo Pradel es un indígena, es un yuracaré, eso nadie se lo saca. Y los pobladores de Gundonovia decidieron darle chicotazos como una forma de castigo".
Fernando VargasDgte. del Tipnis
Denuncian que 15 agentes asistieron a marcha indígena
TIPNIS. El ministro Quintana dijo que hacían labor de prevención.
La Razón / La Paz
La abogada del MSM, Aida Camacho, denunció que en la VIII Marcha Indígena por el TIPNIS, en septiembre de 2011, el Ejecutivo infiltró al menos a 15 agentes para azuzar un enfrentamiento y así justificar la intervención de Chaparina. El Gobierno se dispensó de referirse a este tema.
“Estamos hablando de 15 personas denominadas agentes provocadores que han ingresado a la marcha y que tenían como único objetivo el de dar a conocer al Ministerio de Gobierno cuáles eran las acciones, la planificación de todo y el desarrollo de la marcha para que pudieran llegar a la represión de la manera como lo hicieron”, declaró, aunque no identificó a los infiltrados.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, se excusó de responder a la nueva denuncia y pidió que se solicite la información al Comando General de la Policía.
Hechos. El miércoles 10 de julio, activistas en derechos humanos e indígenas que participaron en la citada marcha denunciaron que la Policía infiltró a la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, a quien responsabilizaron por la agresión que sufrió el canciller David Choquehuanca, que viajó a Chaparina el 24 de septiembre de 2011, para dialogar con los marchistas, un día antes de la intervención policial.
El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, justificó la presencia de esa policía porque aseguró que para ejercer funciones coercitivas sujetas a la ley, la entidad del orden debe desarrollar con anticipación acciones de prevención.
Camacho aseguró que los 15 hombres y mujeres que se infiltraron en la marcha ingresaron como “agentes provocadores”, que además de informar a la Dirección de Inteligencia qué es lo que sucedía, realizaban actos de instigación y agresión contra los uniformados, ello con el fin de justificar la represión. La abogada Camacho espera que la actuación de esos funcionarios sea investigada por la comisión de fiscales que está a cargo del caso Chaparina.
Aguarda que esas diligencias prosperen, así como su requerimiento de que Boris Villegas —exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno que tiene detención preventiva en el penal de Palmasola, acusado de conformar una red de extorsión— emita su declaración ampliatoria.
El fiscal del Distrito de La Paz, José Ponce, explicó que para que se pueda tomar las declaraciones a Villegas, los fiscales del caso deben determinar si lo hacen en Santa Cruz o trasladan a la exautoridad a la sede de gobierno.
Informó que con esa finalidad, la comisión envió una nota a la fiscal de La Paz suplente, para que ella determine qué es lo que se debe hacer porque la comisión ya cumplió con tomar las declaraciones a Villegas en dos ocasiones. “Se le tiene que tomar (la declaración), es parte del ejercicio de su derecho a la defensa. Se verá si es que los fiscales van allá o él se traslada aquí (el acusado)”, indicó Ponce.
Consultado sobre si el exministro de Gobierno Sacha Llorenti pueda declarar otra vez en este caso, Ponce aclaró que éste tendría que hacer esa solicitud, ya que de otro modo no es posible.
Caso en indagación
Pedido
La abogada Aida Camacho informó que cada semana solicita que se realicen investigaciones en el caso Chaparina. Empero, según la jurista del MSM, el Ministerio Público no hace caso a su pedido.