Gobierno niega y Policía admite que felicitó a una infiltrada en protesta indígena

El comandante policial de Bolivia dice conocer el memorando en el que se felicita a la cabo Angélica Cáceres; mientras el ministro de Gobierno aseguró ayer que la acción de “secuestro” en contra del canciller David Choquehuanca fue planificada por la dirigencia de la VIII marcha en defensa del TIPNIS y negó que se haya infiltrado a una policía para dicho efecto.

Tensión. En Beni analizan convocar un paro cívico por las órdenes de aprehensión de tres indígenas

imageEl memorándum de felicitación a la cabo Angélica Cáceres. Foto archivo Página Siete.



Policía admite que felicitó a infiltrada de Chaparina

DENUNCIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA. El comandante de la Policía, Alberto Aracena, adelantó que el caso de la uniformada infiltrada en la columna indígena será investigado al interior de la institución del orden

IVÁN PAREDES / RUY D’ALENCAR | EL DEBER

Aunque aclaró que no la conoce personalmente, el comandante de la Policía, general Alberto Aracena, admitió ayer que la cabo Angélica Cáceres recibió un memorando de felicitación por la labor que cumplió en Chaparina, cuando supuestamente se infiltró en la octava marcha indígena y luego participó del presunto secuestro al canciller David Choquehuanca, en septiembre de 2011.

Según la autoridad policial, este caso pasó a la Inspectoría de la institución del orden para abrir un sumario de investigación. En caso de que se compruebe la infiltración se procederá a sanciones internas, dijo.

“Conozco de un memorando de felicitación por el trabajo que fue cumpliendo (la cabo), pero, en su momento accederán a cualquier información”, recalcó Aracena, quien acotó que la información que se recaude será transferida al Ministerio Público.

imageCaso

El comandante de la institución ha prometido que dará respuesta si hubo actuaciones irregulares

El comandante admitió que Cáceres recibió felicitaciones el 29 de septiembre de 2011, cuatro días después de la represión a indígenas. El memorando señala que la cabo realizó una “eficiente labor” en Chaparina. Este documento fue firmado por el mayor José Pacheco, en esa época director del Centro Especial de Seguridad del Estado (CESE), dependiente de Inteligencia.

“Debo conocer a la cabo (Cáceres), pero no la ubico, si es que se trata de una policía como dice la prensa, será convocada. (En ese entonces) yo era director de Inteligencia y no tenía conocimiento de este hecho”, detalló Aracena.

Consultado por EL DEBER, el coronel Víctor Maldonano, que en septiembre de 2011 fungía como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de la Policía, evitó responder sobre la infiltración de la cabo Cáceres durante la octava marcha. “Voy a ser claro, quien debe responder por este tema es la Fiscalía”, dijo.

Waldo Albarracín, abogado de los indígenas, presentó entre otros documentos un memorando fechado el 14 de septiembre de 2011, 10 días antes del ‘secuestro’ del canciller, en el que aparece el nombre de Maldonado como autoridad que dispone la designación de la cabo Cáceres al CESE.

Luego de ocupar la DNI, Maldonando fue elevado al cargo de comandante nacional, antecesor de Aracena. Imágenes divulgadas por la televisión muestran a Maldonado en Chaparina durante la represión a la octava marcha; sin embargo, él negó responsabilidad por lo ocurrido allí mientras era jefe de Inteligencia.

Repercusión política

Sobre el tema, la diputada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes deploró el hecho y pidió a la Fiscalía tomar cartas en el asunto. Por su parte, el diputado Luis Felipe Dorado, de Convergencia Nacional (CN), condenó el “espionaje gubernamental a los defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Sécure (Tipnis)” y añadió que con esa operación “se buscó crear un escenario de confrontación”. El Gobierno no ha tocado este tema en profundidad

SOBRE ESPIONAJE E INFILTRACIÓN 

OPOSICIÓN CUESTIONA ESPIONAJE

Se critica doble moral. Parlamentarios dijeron que el Gobierno no puede observar el espionaje mundial y actúe igual.

Era una ‘choca’

Adolfo Chávez, de la Cidob, dijo que recuerda haber echado a la infiltrada. “Era una choca”, dijo.

Piden testimonio del canciller

Isabel García, indígena de la octava marcha, pidió que el canciller David Choquehuanca dé su versión sobre la infiltración.

Schwartz analiza respuesta

El fotógrafo Samy Schwartz dijo que estudia medidas legales contra la dirigente que lo acusó.

El ‘vice’ pide una investigación rápida

Ha sido el primer pronunciamiento del Gobierno sobre las revelaciones de una infiltración policial en la octava marcha indígena. Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera, desde Santa Cruz, ha hecho el pedido de que la justicia convoque rápidamente a quienes se vea conveniente para esclarecer esa denuncia.

“Hay un escenario de investigación. Las imágenes, las denuncias, las grabaciones tienen que pasar al ámbito de la justicia y la justicia hará las convocatorias que vea convenientes y tomará la decisión”, respondió el ‘vice’, consultado por la infiltración policial. A propósito de grabaciones y denuncias, en días pasados se conoció que el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas hizo conocer, a través de sus allegados, que tiene al menos  20 grabaciones que revelan cómo trató el Gobierno algunos temas políticos calificados como cuestiones de seguridad del Estado.

“Nuestro único pedido es que (las convocatorias) sean rápidas”, sostuvo García Linera. Por su parte, el presidente de la subcentral Tipnis, Fernando Vargas, pidió que la Fiscalía incluya de nuevo a García Linera en el proceso del caso Chaparina.

Policía felicitó a la cabo acusada de infiltrarse en marcha indígena

Anuncian que la policía será investigada por la Inspectoría General.

TIPNIS. El jefe policial anuncia que la cabo Cáceres será convocada. Romero negó infiltración de la Policía cuando el canciller era supuestamente “secuestrado” en Chaparina.

PÁGINA SIETE / La Paz

El comandante de la Policía Boliviana, Alberto Aracena, reconoció ayer que una mujer policía, supuestamente infiltrada en la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, recibió un “memorándum de felicitación” por su labor e instruyó una investigación del caso.

“Conozco de un memorándum de felicitación (a la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez) por el trabajo que ha ido cumpliendo; ustedes van a poder acceder a (esta) información en cualquier momento”, admitió el jefe policial.

Los dirigentes y activistas del TIPNIS denunciaron que una policía se hizo pasar por indígena y fue quien agredió al canciller David Choquehuanca el 24 de septiembre de 2011, un día antes de la intervención violenta de la Policía a la marcha que se encontraba bloqueada en Chaparina por colonizadores y uniformados.

Cáceres, denunciada por activistas como infiltrada en la marcha indígena y con grado de cabo, habría estado destinada a la Dirección Nacional de Inteligencia en 2011. “Yo debo conocer a la cabo, pero no la ubico, si es que se trata de una policía como dice la prensa, va ser convocada (entonces) yo era director de inteligencia y no tenía conocimiento de este hecho”, sostuvo Aracena.

El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín ratificó que Cáceres se mimetizó como una indígena más entre los marchistas en el momento en el que obligaban al canciller a caminar, y criticó que por sus “fechorías” en la marcha por el TIPNIS haya sido felicitada.

El también abogado de los líderes indígenas recordó que el supuesto “secuestro” al canciller se constituyó en un argumento para que efectivos intervinieran violentamente la marcha con el saldo de mujeres y hombres golpeados, además de niños asustados. “El objetivo era desmovilizar a los indígenas con ayuda de la infiltrada”, manifestó. Por esta causa, el Ministerio Público también abrió investigación contra diez dirigentes indígenas por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Aracena precisó que el inspector general de la Policía realizará la investigación en el nivel interno de la entidad. Dijo que está dispuesto a facilitar la información requerida por la comisión de fiscales que indaga el caso Chaparina. “Nosotros vamos a investigar este caso dentro de la investigación y ponernos a disposición de la Fiscalía, que ya tiene conocimiento del tema”. A casi dos años de los hechos de la intervención, el fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, dijo en días pasados que el caso se encuentra en la fase preparatoria para el juicio y reconoció la dilación del caso por la complejidad del tema.

Romero niega infiltración

El ministro de Gobierno Carlos Romero aseguró ayer que la acción de “secuestro” en contra del canciller David Choquehuanca fue planificada por la dirigencia de la VIII marcha en defensa del TIPNIS y negó que se haya infiltrado a una policía para dicho efecto.

“Me parece muy bien que se transparente quiénes estaban alrededor de esa movilización, porque nos vamos a encontrar con muchos extranjeros que se camuflaban como ONG”.

Dijo que no se puede desvirtuar el “secuestro” del jefe de la diplomacia, con argumentos como la infiltración de policías.

En su criterio, los indígenas están estrechamente vinculados por lazos familiares y de parentesco por lo que no es posible que en la marcha haya ingresado una persona ajena a dicho movimiento. Los activistas denunciaron que una mujer policía se infiltró disfrazada de indígena en la movilización por el TIPNIS.

Validan arresto a indígenas y Beni amenaza con paro cívico

TENSIÓN. Vargas, Chávez y Nuni se encuentran parapetados en Trinidad. Un juez les negó su apelación. Indígenas y activistas de cuatro regiones se movilizan.

EL DEBER, Santa Cruz

Todo coincide. La revelación de que en 2011, durante la octava marcha indígena, se infiltró una agente de la Policía en Chaparina sucede al mismo tiempo en que la justicia de Beni ha activado y revalidado una orden de aprehensión en contra de los tres líderes del movimiento originario, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, acusados por el conflicto de San Pablo del Isiboro del 20 de junio, que se han parapetado en las oficinas de la subcentral Tipnis de Trinidad bajo custodia de la guardia indígena y a la espera de su arresto. Mientras que originarios y cívicos amenazan con medidas de presión.

Ayer, el juzgado segundo de Instrucción Cautelar rechazó el segundo intento de apelación de los tres dirigentes, quienes argumentan a su favor que las acusaciones en su contra deberían tratarse en el marco de la justicia por usos y costumbres indígenas y que ellos ni siquiera estuvieron en San Pablo (Tipnis) cuando sucedió el conflicto en el que resultó castigado y expulsado el dirigente de Conisur Gumercindo Pradel.

Frente a eso, la amenaza más dura viene de Beni. El presidente cívico, David Coca, y los titulares de la COD dieron el toque de alerta. “Beni no va a dejar solos a sus indígenas, estamos en la posición clara de que si ejecutan esa orden de aprehensión, inmediatamente convocaremos un paro cívico”, advirtió, tras ver a Vargas.

“Es un tema que está en manos de la justicia, el Gobierno no se involucra, no se inmiscuye en esta temática”, respondió el vicepresidente Álvaro Gracía Linera, desde Santa Cruz, en un foro con empresarios en la Cainco.

En Trinidad

“Activistas de Cochabamba y La Paz me están confirmando que arrancan en movilizaciones”, dijo Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, que reclama a la Fiscalía por la disparidad con la actuó entre los casos Chaparina, que lleva dos años sin avances, y  el castigo a Pradel.

Los tres dirigentes con orden de arresto son acusados bajo cargos de tentativa de feminicidio, esterilización forzosa y organización criminal debido al incidente ocurrido el 20 de junio en San Pablo del Isiboro (Tipnis), donde un grupo de originarios castigó y expulsó a Pradel. Según Melva Hurtado, dirigente de la Cidob afín al Gobierno, dos personas más resultaron afectadas, entre ellas una mujer que dice haber perdido un hijo en gestación. Pero una versión médica recabada en la clínica donde fueron atendidas ambas personas dice que los daños sufridos son anteriores a San Pablo.

En Santa Cruz, un grupo de originarios se ha declarado en emergencia y hasta el cierre de esta edición (22:00) planeaban organizar una huelga de hambre para exigir a la Fiscalía beniana que retire la orden de arresto. “Se tomarán acciones mañana (hoy)”, aseguró José Parapaino

Se desencadena un lío

1  La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia actúe conforme a la CPE, que estable la justicia consuetudinaria.

2  Una escuadra de guardias indígenas custodia desde ayer las oficinas de la subcentral Tipnis, en Trinidad.

3  En Santa Cruz se alista una movilización que incluye a juventudes de Cidob y universitarios en rechazo al arresto.

4  La dirigente guaraní Nelly Romero responsabiliza al Gobierno por cualquier incidente que ocurra en Beni.

Hay una escalada del conflicto del Gobierno hacia los indígenas

Róger Cortes | ANALISTA POLÍTICO

Hay una escalada de tensiones de parte del Gobierno hacia el movimiento indígena. Tras revelarse que hubo una infiltración policial en la octava marcha indígena, se agiliza un proceso judicial contra tres dirigentes originarios. No es para nada casual.

Lo que se ha visto es que el camino ahora viene del lado judicial y se prevé que Vargas, Chávez y Nuni sean tratados con la misma dureza con la que fueron tratados los rivales políticos del MAS en anteriores ocasiones, como ocurrió en 2008 y 2009. No por nada el viceministro de Cooordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, ha comparado la movilización del Tipnis con un brazo operativo del bloque cívico-prefectural del oriente, de la ‘medialuna’.

Lo que ahora sucede es un periodo de evaluación de cómo va a impactar la medida de un arresto contra los tres dirigentes, si provocará reacciones de protesta en el país.

Sobre la defensa de los tres indígenas, el argumento más sólido que hay es que ninguno de ellos estuvo presente en el lugar de los hechos que se les acusa, por ende se presume que no tienen responsabilidades. Llama la atención cómo el Gobierno no dijo nada por el flagelo al que sometieron a Marcial Fabricano (2009) y ahora monta un drama.