La Justicia Indígena, en cuestión por el caso de oficialista Pradel

Líderes del Tipnis están perseguidos con órdenes de detención por supuesta agresión al dirigente Gumercindo Pradel, afín al gobierno. Para unos, el chicote es uso y costumbre; para otros, una forma de violencia. Exdefensor del Pueblo lamenta manejo “dual” de la justicia para los indígenas.

Agresión a Pradel abre debate: Justicia Ordinaria o Comunitaria

Conflicto. Para unos, el chicote es uso y costumbre; para otros, una forma de violencia.

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Atrincherados. Los dirigentes Pedro Nuni y Fernando Vargas (tras el escritorio) en el Beni, ayer. AFKA.

La Razón / La Paz, Bolivia

Los azotes propinados por un sector de indígenas del TIPNIS al cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel, derivaron en el debate de si el hecho (y la sanción a los agresores) debe ser tratado por la Justicia Comunitaria o si debe resolverse por la vía penal ordinaria.

El 22 de junio, un grupo de originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) azotó a Pradel porque éste y otros dirigentes intentaron realizar una reunión de corregidores en la comunidad San Pablo; esa asamblea anunció que iba a desconocer a los actuales dirigentes Fernando Vargas (subcentral TIPNIS) y Adolfo Chávez (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob).

Tras la golpiza, Pradel, junto a la Cidob dirigida por Melva Hurtado, acusó de intento de asesinato a Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni. Éstos, alegando que el azote se aplicó en el marco de la Justicia Comunitaria, no se presentaron a declarar ante la Fiscalía; de aquí que ahora pese sobre ellos mandamientos de aprehensión.

Conflicto. “No nos presentamos (ante el fiscal) porque enviamos un recurso ante los juzgados de turno para que vean que este tema es de jurisdicción indígena, ya que se realizó en San Pablo (comunidad del TIPNIS)”, argumentó Nuni en referencia al alcance territorial de la justicia indígena.

Agregó que los azotes contra Pradel fueron una determinación del pueblo de San Pablo, además que él y Chávez no se encontraban en el lugar ese día. El agredido y denunciante Gumercindo Pradel insiste en que lo que le sucedió no es Justicia Comunitaria, sino intento de asesinato, por la gravedad de la agresión. Dice sufrir secuelas de la golpiza que han mellado su salud.

“Esto no es Justicia Comunitaria, aceptaría que me hayan hecho eso en consenso de todo el pueblo, pero eso no es castigo comunitario, es un intento de asesinato a mi persona y no lo vamos a perdonar”, advirtió Pradel.

Para el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, el azote “se dio en el marco de un conflicto indígena, ya que se dio una sanción a Pradel de acuerdo a sus usos y costumbres. Hace un par de años se dio un castigo similar al dirigente Marcial Fabricano, y el Gobierno y la Justicia no dijeron nada”.

Añadió que los dirigentes están a la espera de un recurso de “excepción de incompetencia”, por lo que usan su derecho de no asistir a la Fiscalía.

En contrario, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, aseguró que si la Fiscalía emitió la orden de aprehensión es por “la gravedad que tuvieron (los hechos) entre indígenas; la Fiscalía estaría calificando eso, ya que debió ser muy grave”. 

Sobre el conflicto, la viceministra de Justicia Indígena, Isabel Ortega, dijo que cuando existen problemas de tierras en una comunidad, es ésta la que tiene que resolverlos. “Del asesinato a una persona se hace cargo la Justicia Ordinaria aun cuando esté en la jurisdicción indígena; pero cuando hay algún problema de tierras, ya eso las autoridades (originarias) tienen que solucionar, cuando es comunal, cuando es TCO”, afirmó.

Ley de deslinde

Norma

Según la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la justicia indígena tiene tres ámbitos de vigencia: el personal (son sujetos los indígenas); el material (asuntos o faltas que históricamente conocieron); y el territorial (lo que pasa en su territorio).

García dice que el tema es de Justicia Ordinaria

En una declaración escueta, el vicepresidente Álvaro García dijo que el Gobierno no se involucrará en el proceso penal abierto por la Fiscalía a los dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, acusados de intento de homicidio a Gumercindo Pradel.

“El tema está en manos de la Justicia Ordinaria, hay escenarios de investigación sobre la agresión que sufrió un dirigente”, subrayó el segundo mandatario.

En Cochabamba, el exviceministro de Tierras Sergio Almaraz, hoy opuesto al Gobierno, anunció ayer que si se lleva a efecto la aprehensión de los dirigentes indígenas, se desplegará una huelga de hambre “a nivel nacional, que incluso trascenderá en otras acciones internacionales”.

Con respecto a las acciones que ha llevado a cabo la Fiscalía contra los dirigentes Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, dijo que es llamativo el poco avance del proceso contra quienes intervinieron la marcha indígena en Chaparina en 2011.  La agencia ANF reportó que el Comité Cívico del Beni anunció que iniciará un paro cívico en la región si la Policía ejecuta la aprehensión de los dirigentes de la marcha indígena por el TIPNIS.

Dirigentes protestan por la actitud dual de la Justicia

Líderes del Tipnis perseguidos con órdenes de detención. Ministro de Gobierno dice que no hubo “infiltración de agentes” en la marcha. Defensoría del Pueblo recuerda que la “Justicia Comunitaria” es constitucional.

EL DIARIO, La Paz

Dirigentes del Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure y su abogado, Waldo Albarracín, protestaron ayer contra “la actitud dual de la justicia ordinaria”, afirmando que acelera los trámites para aprehender a dirigentes de los pueblos de las tierras bajas y retarda el proceso instaurado por los delitos cometidos en la violenta intervención policial contra indefensos niños, ancianos y mujeres que marchaban en defensa del Tipnis.

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado por el respeto a la “justicia originaria” aplicada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el caso del dirigente cocalero del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada, Gumercindo Pradel, porque está como norma en la Constitución Política del Estado, y rechaza el acelerado proceso judicial iniciado contra tres dirigentes del Tipnis.

Un segundo tema analizado por esas organizaciones fue el referido a la “infiltración de agentes del gobierno” en la marcha indígena que recorrió su territorio hasta llegar a La Paz, en defensa del Tipnis y su naturaleza virgen que constituye un pulmón en el territorio boliviano.

Mientras el Comandante de la Policía admitía que “la policía infiltrada” sí recibió un memorándum de felicitaciones, dijo que ordenó una inmediata investigación sobre los hechos denunciados por las comunidades originarias con pruebas clara y concretas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a su vez, negó que en la VIII marcha indígena del Tipnis se haya infiltrado policías para incitar las agresiones al canciller del Estado, David Choquehuanca, el pasado 24 de septiembre de 2011, en Chaparina, Beni.

El argumento del Ministro, de que los indígenas se conocen entre ellos y no permiten el ingreso de extraños a sus comunidades, cayó en su esencia debido a que los periódicos y los canales de televisión difundieron imágenes de la Policía con vestimenta de originaria y mezclada en la multitud que rodeaba al canciller Choquehuanca, en la zona de Chaparina.

Las organizaciones originarias de las tierras bajas, consideran que debe ser el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que determine si la justicia ordinaria puede tratar un caso dado dentro de una jurisdicción indígena.

Exdefensor del Pueblo lamenta manejo “dual” de la justicia para los indígenas

La represión a la octava marcha, el “secuestro” del Canciller, el tema de los infiltrados y la querella por las agresiones a delegados del Conisur han judicializado las tierras bajas.

image EL DIARIO

Foto: Agresión a Pradel se investiga con celeridad y llega al mandamiento de aprehensión en menos de 20 días, mientras el caso Chaparina no tiene avance procesal ni responsabilidades identificadas desde 2011.

El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, lamentó el manejo doble que realizan los operadores de justicia, pues por un lado se aceleran los mandamientos de aprehensión contra los dirigentes indígenas del Tipnis, bajo la figura de tentativa de homicidio, mientras se actúa con extrema retardación en la represión de Chaparina. En ambos asuntos hubo un caso de aborto provocado, pero sólo con los primeros se activan los mecanismos de coerción legal.

Albarracín se presentó a los medios de comunicación para manifestar su extrañeza por la celeridad que el Ministerio Público realizó en el caso de la confrontación en la comunidad de San Pablo en junio pasado, cuando el cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercino Pradel, junto a dos delegados más fueron agredidos por los comunarios que rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

El exdefensor recordó que hasta la fecha no existe ningún avance procesal ni mucho menos un mandamiento expedido para los implicados en la represión policial al campamento indígena de Chaparina del 25 de septiembre de 2011, cuando los uniformados actuaron con violencia ante los hombres, mujeres y niños marchistas.

Según la denuncia aceptada desde la gubernamental Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), los dirigentes del Tipnis provocaron el aborto de una de las agredidas y por ello se asume las figuras de “tentativa de homicidio y feminicidio” en la querella.

Sin embargo, durante la represión a la octava marcha también se produjo un aborto cuando la delegada de la Central de Pueblos Indígenas (CPIB), Nazareth Flores, no pudo aguatar la presión y golpes que derivaron de ese fatídico domingo.

En esa línea, Flores en entrevista con Erbol se refirió al tema de la infiltración de policías en la movilización y la presunta agresión al canciller David Choquehuanca como estrategia para intervenir la movilización del Tipnis.

“Cuando vino el Canciller se recurrió a él porque se pensaba que él podría dar solución a la marcha. Las mujeres lo obligamos a caminar, en ningún momento fue un secuestro (…) llegaba mucha gente con credenciales de medios de comunicación de otras instituciones, estudiantes, activistas que entraban a la marcha. Mucha gente ingresaba a las filas de la marcha con esas credenciales”, puntualizó.

El comandante de la Policía, general Alberto Aracena, confirmó que una uniformada fue reconocida con un memorando de felicitación, pero negó la figura de “infiltración”. Así, el comandante del verde olivo dijo que se indagarán esas acciones mediante los canales internos correspondientes. “Este hecho ya fue puesto en conocimiento del señor inspector general para que canalice esta investigación al interior de la investigación”, citó.

El Gobierno se manifestó sobre este caso, rechazando la versión de una persecución e incluso el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó la presencia de “infiltrados” como se dio a conocer en los últimos días.

“Entre los pueblos indígenas de tierras bajas es muy difícil infiltrar gente porque ahí todos se conoces y yo he trabajado muy cerca de ellos y son grupos familiares que tienen una relación estrecha entre ellos así es que el desvirtuar la acción de secuestro del Canciller con ese tipo de argumentos es salido por las ramas y no ve el fondo de la cuestión, ahí hubo una acción de mucha torpeza”, afirmó a Fides.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Silvestre Bonifaz, deslindaba responsabilidades al Movimiento Sin Miedo (MSM) por la difusión de las imágenes donde se muestra la presencia de la uniformada en la llegada del canciller David Choquehuanca a Yucumo el pasado 24 de septiembre de 2011.