Rechazo a nueva ley de información; dicen que Evo busca proteger la corrupción

El proyecto de ley restringe el acceso a información pública en Bolivia; también vulneraría las normas internacionales. Representantes de organizaciones de la prensa, entidades de la sociedad civil y legisladores criticaron ayer el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su aprobación, porque consideran que la propuesta vulnera la Constitución Política del Estado y en lugar de abrir el acceso a la información pública, cierra y restringe ese derecho.

Surgen críticas contra ley que restringe derecho a informar

Opositores advierten que se busca proteger la corrupción.

Análisis. El proyecto de ley en proceso de aprobación también vulneraría las normas internacionales, que en Bolivia tienen carácter de ley, como el Pacto de San José.



image Página Siete / La Paz.

Un camarógrafo en una protesta por libertad de expresión. Archivo.

El Gobierno pretende crear un instrumento de protección a la corrupción con el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información que presentó el Ministerio de Transparencia, según un experto constitucionalista y asambleístas de la oposición.

El proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa señala que la información será de acceso público, “excepto la que se encuentra en proceso hasta tenerla incluida”.

El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor explicó que la norma es un instrumento para “ocultar” actos de corrupción porque no permitiría a la ciudadanía conocer los avances de un determinado caso.

Aseveró que de aprobarse esta norma no se podrían investigar las presuntas irregularidades del programa Evo Cumple, como denunció Unidad Nacional.

Además, el ex senador consideró que se estaría vulnerando el artículo 21, numeral seis, de la Constitución Política del Estado que proclama que es un derecho civil el acceso a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva.

El precepto legal en cuestión indica que el Estado boliviano “garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información” y “garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

La norma en proyecto también vulneraría las normas internacionales, que tienen en Bolivia carácter de ley, como el Pacto de San José, que señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación”.

También establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

El diputado opositor Andrés Ortega (CN) advirtió que de concretarse esta norma elaborada por el Ministerio de Transparencia se estaría incurriendo en la apología del delito y el Gobierno utilizaría la ley como escudo ante la ley anticorrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Punto de vista

JUAN LEÓN; Director ejecutivo de la ANP

Los afanes de consolidar el poder total, por eso de que el fin justifica los medios, generan tendencia a adecuar cualquier norma a los intereses políticos coyunturales. Mejor aún, según esa tendencia, si adecuar la norma a esos intereses genera imagen de respeto a principios y derechos legales. No importa dejar el espíritu de la norma en el camino.Eso más o menos parece que busca un proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estudia la Asamblea, a propuesta del Ministerio de Lucha contra la Corrupción.

Empresas petroleras, mineras o madereras, por ejemplo, estarán felices. Será difícil conocer qué daño ocasionan a la Pachamama con la explotación irracional de sus recursos. Estarán también felices quienes tengan esa información “valiosa” para esas empresas. Demorar su procesamiento u olvidarla en un cajón puede ser rentable. Igual que aprobar un decreto para prohibir otro tipo de información. Coartar la información conculca derechos constitucionales. Pero sobre todo, abre puertas a la corrupción cuya erradicación, según los argumentos oficiales, busca ese proyecto.

Objetan ley de información por vulnerar derechos

La norma plantea 12 excepciones para no acceder a datos públicos.

Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia

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Periodistas de diferentes medios de comunicación durante una conferencia de prensa. – José Rocha Los Tiempos.

Representantes de organizaciones de la prensa, entidades de la sociedad civil y legisladores criticaron ayer el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su aprobación, porque consideran que la propuesta vulnera la Constitución Política del Estado y en lugar de abrir el acceso a la información pública, cierra y restringe ese derecho.

El proyecto de ley plantea al menos 12 excepciones, casos en los cuales no se puede acceder a la información pública, además de la prohibición a divulgar la información que “está en proceso”, debido a que sólo puede ser publicada cuando esté concluida.

Por su parte, la diputada oficialista Marianela Paco dijo que este proyecto de ley no coarta la libertad de información, salvo en casos referidos al “resguardo de la seguridad o defensa del Estado” y otras.

A criterio de la diputada del MAS, Rebeca Delgado, la Constitución Política del Estado (CPE) ya establece excepciones referidas a la seguridad interna y externa del país.

El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública enviado a la Asamblea Legislativa el jueves pasado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, está agendado para ser tratado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para la próxima semana.

Los Tiempos se comunicó con el Ministerio de Transparencia para conversar con la ministra Nardi Suxo sobre los fundamentos del proyecto de ley, sin embargo, desde el departamento de comunicación de ese Ministerio señalaron que éste ya se encontraba en la Asamblea Legislativa, por tanto debían ser los diputados quienes se refieran al contenido de la normativa porque habría sido modificado.

La ministra Suxo, en declaraciones a Cadena A, ratificó esa posición y anotó que el debate sobre su contenido estaba abierto.

El gerente ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, lamentó que el proyecto no haya sido trabajado a las entidades y organizaciones de la prensa o, por los menos, difundido antes de su presentación al Legislativo.

Anotó que si bien la idea original es un modelo de ley de transparencia y acceso a la información de la OEA para sus países miembros, con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso libre irrestricto a toda la información que está en poder de las instituciones públicas, este proyecto contradice esos fines.

“Lo que está haciendo este Gobierno es adecuar este modelo a su propio interés y controlar la información porque limita el acceso a la información y que se dará solo cuando ésta este totalmente elaborada”, dijo.

Además, señaló faculta a los cuatro órganos del Estado, Fuerzas Armadas, municipios y la Policía para fijar los temas de información restringida.

“A nosotros nos parece tremendamente negativo (el proyecto) en ese aspecto que en lugar de cumplir la finalidad de trasparentar la información del Estado y en lugar de ser una fuente de lucha contra la corrupción será una fuente de alta corrupción”, sostuvo, pues si no se tiene información, se está restringiendo la libertad de expresión y opinión.

El ejecutivo de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, coincidió en varios criterios con León y anotó que existen bastantes observaciones y críticas venidas de las limitaciones que se incluyen en el proyecto para acceder a la información pública, vulnerando por lo menos dos derechos constitucionales el primero el derecho a ser informado que tiene todo ciudadano, y segundo, el de libertad  de expresión.

“Lamentamos de sobremanera que otra vez la diputada Marianela Paco, en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, no haya leído la Constitución, que señala el derecho que tenemos los bolivianos y las bolivianas a ser informados desde los medios de comunicación”, manifestó Vargas.

Agregó que la Asociación envió ayer una carta a las presidencias de Senadores y Diputados, pidiendo información acerca del estado del proyecto y manifestando la disposición de la organización a coadyuvar en el diseño de esta política pública. “Esperemos que no hagan oídos sordos”, dijo.

El diputado Alex Orozco, de Convergencia Nacional (CN), dijo que el proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Transparencia, podría afectar indirectamente al trabajo de los medios de comunicación.

“Creemos que este proyecto tiene dos intenciones, el primero afectar indirectamente la labor de los medios de comunicación porque se les restringiría la información referida a la administración pública y la otra razón es para intimidar a los funcionarios de bajo rango, para que no den información gubernamental”, señaló Orozco.

La diputada Paco dijo que este proyecto de ley no coartaría la libertad de información salvo en casos referidos al “resguardo de la seguridad o defensa del Estado”. “Tiene que ver con acciones estratégicas respecto de recursos naturales, sobre la intimidad, privacidad de las personas”, señaló.

Vulnera la CPE, según Delgado

A criterio de la diputada Rebeca Delgado, del MAS, la Constitución Política del Estado (CPE) establece las excepciones para el acceso a la información, y están referidas a la seguridad interna y externa del país, por lo que solicitará información al Ministerio de Transparencia para conocer en detalle las excepciones planteadas en el proyecto de ley presentado.

La legisladora considera que en vez de restringir el acceso a la información pública se debería publicar en los portales web de cada institución el trabajo que se realiza como una forma de transparentar sus labores ante la ciudadanía. “Por ejemplo, para la construcción de la carretera del Tipnis, todo el mundo debería tener esa información”, señaló la diputada.

Las excepciones planteadas en el proyecto

La información será de público acceso, excepto en los siguientes casos:

a) Que ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado, interna o externa;

b) La referida a acciones estratégicas sobre recursos naturales;

c) La referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas;

d) La que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas;

e) La protegida por el secreto profesional;

f) El secreto o reserva de fuente en materia de prensa;

g) Aquella obtenida de los sujetos pasivos por las administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido por normativa tributaria;

h) Aquella cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público. Esta información será restringida por 6 meses, tiempo en el cual se realizará un procedimiento de calificación como información reservada;

i) Información estratégica a nivel de competitividad comercial y know how de las empresas públicas o en las que el Estado tenga mayoría del patrimonio;

j) Información respecto a estudios de impacto ambiental;

k) Información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida;

l) Otras determinadas por Ley o Decreto Supremo.

Opiniones sobre el proyecto de ley

Aunque es una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se conoce el contenido del proyecto públicamente, no ha sido socializado, es un primer contrasentido.

Lo que está haciendo este Gobierno es adecuar el modelo de la OEA a su propio interés, de controlar la información, porque hasta lo que yo conozco tiene algunos aspectos que limita el acceso a la información que son muy serios y muy graves como por ejemplo sé que se  limitará el acceso a la información sobre estudios de impacto sobre el medio ambiente.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la relatoría de la libertad de expresión, determina que todos los países tienen que trabajar en la transparencia y acceso a la información considerando los principios de máxima publicidad y transparencia en los temas, salvo que sean temas reservados por prioridad nacional. Ese es el principio, de protección a la privacidad, protección a temas que podrían afectar a la seguridad nacional  y en lo demás máxima transparencia de toda la gestión, inclusive hay una ley modelo para que los países puedan trabajar su propia ley.

Existen bastantes observaciones y críticas venidas de las limitaciones que se estarían dando al acceso a la información, vulnerando por lo menos dos derechos constitucionales, el primero el derecho a ser informado que tiene todo ciudadano de nuestro país, y segundo, el de la libertad de expresión.

En este sentido, el argumento que tiene por ejemplo la diputada (Marianela)Paco en donde señala que una información en proceso no puede ser divulgada, es simple y llanamente un absurdo porque el manejo  de los recursos públicos que hacen en el gobierno va generando flujos de información.

Lo importante sería que en este proyecto que se está trabajando se tomen en cuenta aspectos que hacen al modelo de ley interamercicana y al marco jurídico interamericano que marcan los lineamientos sobre los cuales los Estados deberían conformar sus leyes, por ejemplo criterios como que aquellas restricciones que deben estar establecidas mediante ley previa y una serie de otros parámetros que garantizan la efectividad de este derecho.

Uno de los aspectos importantes que establece la Constitución Política del Estado es que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información pública.