De alcaldes a líderes de presidiarios en las cárceles

Les tocó sufrir la dureza de la reclusión en cárceles de Bolivia. Municipios: Tres exalcaldes narran su vida en prisión, tras ser detenidos por diferentes delitos de corrupción y narcotráfico.

image OPINIÓN, Cochabamba.

Pacífico Otalora, de Vinto, consiguió su libertad en un juicio oral en enero de este año. ARCHIVO.



El encarcelamiento de algunos alcaldes por diferentes delitos no fue una limitante para que continúen conduciendo -de diferente manera- a una pequeña población de privados de libertad que se ven agobiados por una interminable lista de necesidades. Los exalcaldes de Quillacollo, Hugo Miguel Candia, y el de Vinto, Pacífico Otalora, pasaron de ser las máximas autoridades del municipio y les tocó sentir de cerca la dureza de la reclusión en cárceles bolivianas.

Pacífico Otalora, permaneció recluido preventivamente en el penal de San Sebastián-Varones, luego de que una multitudinaria concentración exigiera su renuncia por supuestos delitos de corrupción. En los archivos quedan grabados los momentos en que tuvo que abandonar la Alcaldía disfrazado de policía.

En sus tres años y dos meses en la cárcel, fue víctima de una de las consecuencias más trágicas de la reclusión. “Perdí mi familia. Hasta el primer año mi esposa venía a visitarme, pero cuando salí la encontré con otro. Vendió la casa, mis autos, y se fue abandonando a mis tres hijos”, contó.

Pese a esta pérdida, él recuerda con satisfacción los cambios en los que pudo aportar cuando fue elegido delegado interno. “Eliminamos el pago del derecho de vida”, dijo explicando que en este recinto él tuvo que pagar mil dólares para resguardar su integridad. “Habían unos colombianos que si no pagábamos nos sacaban la m…”, denunció. Esta situación se habría eliminado con el traslado de más de 20 reclusos al penal de máxima seguridad de El Abra.

La necesidad lo obligó a trabajar en la sección de carpintería para enviar algo de dinero a sus hijos. “Nosotros nos esforzábamos por sacar abundante producción pero no nos servía de nada si no hay dónde vender”, dijo.

Junto al Consejo de Delegados gestionaron la ayuda de ferreterías y otras empresas para la construcción de un tanque y bombas de agua, el equipamiento con sillas, mesas, y la compra de computadoras para la capacitación de los internos, entre otras cosas. “Todo conseguíamos haciendo oficios y los reclusos ponían la mano de obra si era necesario”, acotó.

Ahora Otalora está en libertad y no piensa volver a la palestra pública. “Me han ofrecido ser viceministro, pero no quiero saber nada de la política”, dijo. Se dedica a una actividad más tranquila. “Soy chofer en la línea 208 y 209 de Vinto”, pero también está pensando incursionar en el transporte pesado interdepartamental.

HUGO MIGUEL SIGUE PRESO

Por su parte, Hugo Miguel Candia continúa recluido en el penal de San Pablo de Quillacollo desde agosto de 2010. Se lo acusa de haber realizado pagos a una empresa que no cumplió con el avance de obras previsto en la construcción de un matadero.

En medio de un abrumador hacinamiento de su reclusión, las necesidades de agua, de recojo de basura y la mala iluminación impulsaron su liderazgo en el penal. A los seis meses de estar detenido fue elegido delegado interno, desde donde aprovechó sus contactos y su conocimiento de la gestión de servicios básicos. “Tenía contactos en la Alcaldía y con la ayuda del Gobernador de la cárcel pudimos agilizar varias cosas”, afirma.

La Alcaldía se comprometió a proveer de agua dos veces por semana y a recoger la basura los días lunes, miércoles y viernes. “A veces se olvidaban, pero los llamábamos por teléfono para insistir”, cuenta.

Las obras continuaron gracias al aporte propio de todos los internos. Se habilitaron los espacios para la ferretería, zapatería, peluquería, la oficina del Consejo de Delegados, la sala de niños y un dormitorio más.

“Regimen Penitenciario no nos da ni un clavo”, reprochó la exautoridad destacando que, en su condición de privados de libertad, los internos deben restar el poco ingreso generado por su trabajo para invertirlo en mejoras de su propia cárcel que pasa indiferente a las autoridades.

Hugo Miguel cumplió dos años de detención preventiva y ante la incertidumbre, le toca repetir lo que antes sólo escuchaba en televisión, “Quiero que la justicia cumpla con los tiempos procesales. Quiero saber si soy culpable y no seguir en esta incertidumbre”. Según el exalcalde, el 85 por ciento de sus compañeros continúa en la misma incertidumbre sin una sentencia.

Datos.

Pacífico Otalora

El exalcalde de Vinto estuvo detenido preventivamente tres años y dos meses en el penal de San Sebastián, por denuncias de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. En una audiencia de juicio oral se determinó su liberación. Él dice haber sido víctima de una venganza de exconcejales.

Hugo Miguel Candia

El exalcalde de Quillacollo cumplió ayer dos años de detención preventiva por los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y tráfico de influencias. Aguarda un juicio oral.

José Ignacio Rodríguez

El exalcalde de Villa Rivero, es el único que tiene sentencia condenatoria. A diferencia de Candia y Otalora, que fueron detenidos por delitos de corrupción, Rodríguez paga una pena por delitos del narcotráfico.

Todo preso pierde su familia dice exalcalde de Villa Rivero

“Yo no quería meterme en la política”, contó el exalcalde de Villa Rivero, José Ignacio Rodríguez.

Explicó que su candidatura a la Alcaldía responde a una disposición orgánica del Movimiento Al Socialismo (MAS) y no una decisión personal. En las elecciones presidenciales un ampliado campesino determinó su postulación como diputado, posteriormente fue Evo Morales quien lo invitó a ser candidato a la Alcaldía.

Rodríguez tenía un tema judicial pendiente del año 1999, por el que estuvo detenido dos años, cuatro meses y ocho días, pero consiguió su libertad bajo fianza.

Según la norma y por sus antecedentes penales, él no podría haber sido habilitado como candidato, sin embargo una aparente inclusión del nombre ‘Ignacio’ permitió que sus antecedentes se muestren limpios para su habilitación.

Su sentencia fue dada en 2003 y desde entonces fue buscado por la Policía. La duda sobre su verdadera identidad habría impedido a la Fiscalía ejecutar la orden de aprehensión. Finalmente, en enero de 2012 fue detenido y enviado al penal de San Sebastián.

Desde entonces, trabaja en artesanía y otras actividades menores. “Por mi salud ya no puedo dedicarme a la carpintería u otros trabajos más fuertes”, explicó. A diferencia de los exalcaldes de Vinto y Quillacollo, Rodríguez prefiere mantenerse al margen de todo liderazgo. “Estoy cansado. No quiero saber nada”, dijo.

En la cárcel se reencontró con algunos amigos que tuvo cuando cumplía una primera condena.

También compartió la celda con los exalcaldes de Vinto, Pacífico Otalora, y de Arque, Luis Alberto Mérida, éste último estuvo detenido preventivamente por incumplimiento de deberes.

Desde su experiencia y la de sus compañeros, Rodríguez concluyó que lo peor de estar preso no es perder la libertad sino la familia. “Todo preso pierde a la familia”, aseveró.

Él explica que, casi como una generalidad para todos los reclusos, sólo el primer año se reciben visitas y luego los hijos y la esposa se olvidan de uno.

Tiene seis hijos, pero sólo una -la menor- vive con su madre, el resto ya formó su familia o está en el exterior.

“Al salir quiero tener mi granja de pollos y dedicarme sólo a mi familia”, dijo. Su mayor miedo es que el dolor en su vientre se agrave estando aún preso. “Quiero salir lo más antes posible y operarme, porque aquí uno puede morirse por falta de atención”.

Al ver a las exautoridades presas aconsejó a los actuales funcionarios que trabajen por lo que los eligieron.

“Otros compañeros están desesperados de entrar a algún cargo para enriquecerse, sin darse cuenta que aquí uno pierde todo”, finalizó.

Exautoridades dicen haber sido víctimas de la política

Los tres exalcaldes, de Vinto, Quillacollo y Villa Rivero, coinciden en que fueron víctimas de la política y de sus mismos compañeros de partido.

“Yo no pienso volver a la política, porque es una cochinada. Tus mismos compañeros te arruinan”, aseveró el exalcalde de Villa Rivero, José Ignacio Rodríguez.

Esta situación es corroborada por el entonces alcalde de Quillacollo, Hugo Miguel Candia, quien prefirió no ser fotografiado ni vertir muchos detalles al respecto. Sin embargo señaló que existen intereses políticos que dificultan su liberación.

Explicó que de diez audiencias fijadas sólo dos o tres fueron realizadas. “Me dicen que no estaba el fiscal, que no había secretaria, que pusieron una bomba o que la suspendieron porque había otra audiencia”, dijo.

Asimismo, un actual funcionario de la Municipalidad -que prefiere mantener en reserva su identidad- señaló que en las tres oportunidades que Candia fungió como alcalde muchos otros trabajadores “metieron mano” a los recursos del pueblo y sin embargo sólo Candia está preso.

Por su parte Pacífico Otalora, de Vinto, afirmó que fueron utilizados. “La verdad es que nosotros hemos sido utilizados”. Desde sus 18 años fue dirigente en el trópico y ve como una traición que un excandidado del MNR ahora sea su sucesor.

EL MÁS FUERTE

El Gobernador del penal San Pablo de Quillacollo, Alfredo Arce, dijo que no sólo alcaldes, sino también muchos profesionales deben cumplir condenas o detenciones preventivas ingresando a un mundo donde no prima la capacidad o el liderazgo, sino “la ley del más fuerte”.

“En el pasado nunca se puso en evidencia este tipo de delitos, pero ahora con la ley vemos incluso a policías que por acción u omisión están en la misma celda que los verdaderos delincuentes”, dijo explicando que muchos de los internos en su recinto pagan culpas junto a asesinos y atracadores peligrosos.

“La ley se aplica para todos, sin fueros ni privilegios”

Antes existían definitivamente ciertos privilegios y fueros que implicaban muchas condiciones de autoridad para ser excluidos de la justicia, o en su defecto, para que su investigación o procesamiento en la justicia ordinaria no sea muy llana o fácil.

Este panorama ha cambiado a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la incorporación del sistema oral. Esto debido a nuevos paradigmas del acceso a la justicia y de quienes tienen que ver con la comisión de actos delictivos. Ahora, la justicia, en definitiva, involucra a todos los ciudadanos.

Existen tal vez menos trabas para ser investigado y procesado que antes, pero la situación de estos alcaldes nos muestra que todavía hay problemas estructurales en la parte operativa, refiriéndonos principalmente a la dilación o retraso en la sustentación de las causas.

Todavía la justicia arrastra características que tienen que ver con una justicia onerosa y que no ha llegado aún a las provincias y el área rural. Falta compatibilizar la justicia indígena originaria campesina con la ordinaria, incluir sus usos y costumbres, pero también a sus instituciones.

Todos estos elementos han contribuido a que se reconozca como sujeto activo de un hecho delictivo a todos los ciudadanos sin excepción, que no implica fuero ni privilegio para ningún ciudadano, más allá del cargo que ocupe.

Ahora, las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios no reconocen tampoco las particularidades de que sea autoridad o no, todos sufren el hacinamiento. Los problemas de salubridad, salud, educación, de clasificación de los internos todavía son temas a resolver. Se han acelerado los tiempos con el sistema oral, pero faltan los recursos para una investigación pronta y oportuna para superar las largas detenciones preventivas.